MADRID.- Cuánta razón tenía el filósofo griego Juan Estobeo cuando amargamente repetía aquéllo de que «desgraciadamente la opinión tiene más fuerza que la verdad». La segunda semana de la Comisión de Investigación del 11-M ha corroborado las sospechas de que sus ilustres señorías -divididas en dos grandes bloques: los defensores de Angel Acebes y todos los que no lo son- están mucho menos interesadas en averiguar quién y cómo se organizó la masacre, que en convencer a su cada vez más confundido y escandalizado cuerpo de representados de que su versión particular de los acontecimientos es la veraz.
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Si los protagonistas de la primera semana de comparecencias fueron las mentiras, los testimonios teledirigidos y las incongruencias, lo más destacable de la segunda han sido la filtración parcial e interesada de documentos del CNI, las contradicciones entre mandos policiales, la egolatría de Garzón, la ironía de Fungairiño y el tiempo perdido. Porque si bien fascinantes para todos aquellos que ansíaban ampliar sus conocimientos sobre el Islam y sus desviaciones, las ponencias a las que los diputados dedicaron horas de su atención fueron absolutamente irrelevantes para la investigación de la peor masacre terrorista de la Historia de España.

Y mientras los comisionados incurrían en la banalidad y en el delito de filtrar documentos no desclasificados, en la calle la atención se centraba en la impactante declaración del confidente de la UCO Rafá Zouhier, de que había avisado de los atentados a sus controladores sin que éstos moviesen un dedo para impedirlos.

Filtraciones ilegales y negligencia policial: éstos son los dos ejes sobre los que ha girado una Comisión de Investigación que, lamentablemente, sigue sin hacer justicia a los muertos.

JUSTIFICACIONES INVEROSIMILES

El pistoletazo de salida a una semana de filtraciones interesadas la dio el propio Ministerio del Interior con la intención de exculpar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de cualquier responsabilidad -se trataría de negligencia culposa- en la matanza de Madrid. El tiro, sin embargo, le salió por la culata.

Los informes que llegaron el sábado a manos de los medios gubernamentales, y cuyo contenido completo El País publicó el martes, están plagados de incongruencias y omisiones, pese a lo cual corroboran dos hechos clave: el primero es que Rafá Zouhier no sólo alertó a sus controladores de la UCO de que Antonio Castro Toro y Emilio Suárez Trashorras -que hoy está entre rejas por proporcionar la dinamita al comando de Leganés- andaban traficando con explosivos, sino que además llegó a entregarles una muestra de la Goma 2.El segundo es que la policía de Oviedo también sabía a lo que se dedicaba Trashorras, y se lo comunicó a su controlador, el inspector jefe de estupefacientes de la comisaría de Avilés, Manuel García Rodríguez.

Pero hay más. Según el informe policial, Manolón, como se le conoce al inspector, llegó a admitir que en enero de 2004 -es decir, menos de dos meses antes del macroatenta- Trashorras le comentó que tenía una relación con unos «moritos» que traficaban con droga y que en una ocasión incluso le vio con dos de ellos. Lejos de exculpar a la Policía y la Guardia Civil, pues, lo que los informes filtrados por Interior han puesto de manifiesto es hasta qué punto eran muchas y evidentes las señales de alarma.Por eso resulta imposible de creer -como grandilocuentemente alega el documento remitido por Gómez Arruche- que la UCO realizó «un vasto y extenso operativo policial» que, sin embargo, no le permitió descubrir absolutamente nada. ¿No interrogaron los agentes de la Benemérita a sus colegas de Avilés? ¿No se enteraron de que Trashorras y Toro eran confidentes de Manolón y que la policía de Oviedo sospechaba de que traficaba con dinamita?

Estas son incógnitas clave que los altos mandos de la Guardia Civil que comparecen esta semana -señaladamente, el responsable de la UCO, Félix Hernando, y el ex jefe de la Benemérita, Santiago López Valdivielso- tienen la obligación de despejar.

LAS ACUSACIONES DE ZOUHIER

El principal argumento para rebatir los informes policiales filtrados por -o con el plácet de- Alonso no lo ha dado ningún miembro de la oposición ni tampoco ningún medio de comunicación. Lo ha dado el propio Zouhier, quien el miércoles compareció ante el juzgado de Valdemoro que investiga si fue presionado por sus controladores para que bajo ninguna circunstancia revelara nada sobre la trama de los explosivos.

La primera imagen pública de Zouhier -su torso de portero de discoteca (que es efectivamente lo que era) enfundado en una camiseta impresa con un oportunamente orwelliano 1984- causó una honda impresión, que se multiplicó exponencialmente cuando a su salida del juzgado fue interpelado por un periodista sobre si había avisado de los atentados del 11-M y afirmó: «Sí, avisé, y no me han hecho caso».

Vaya por delante que Zouhier es un presunto delincuente cuyos testimonios, además, adolecen de importantes contradicciones.Y, sin embargo, sería absurdo desacreditar por ello todo lo que dice y escribe. La pregunta clave es si sus palabras deben o no interpretarse literalmente. ¿Alertó Zouhier a la UCO de que Trashorras, El Chino y su banda preparaban un gran golpe en Madrid? De momento, sólo sabemos a ciencia cierta, porque consta en el auto del juez Del Olmo, que les puso sobre la pista de los explosivos.Que no es poco. Sin embargo, Zouhier asegura que tiene más información que quiere exhibir ante la Comisión, a la que esta semana remitió dos cartas. En la última, añade que también alertó a sus controladores cinco meses después del primer aviso, lo que nos situaría ya en octubre de 2003. Seis meses antes de la masacre. En el mejor o menos grave de los casos, estamos ante un hecho que la Comisión tiene la obligación de estudiar. Pero para ello es imprescindible que el grupo parlamentario socialista deje de vetar sistemáticamente la comparecencia de los confidentes, actitud que, en definitiva, no hace más que acentuar la impresión entre la opinión pública de que algo tiene que ocultar. La mejor forma de acabar con las especulaciones es llamarlos a declarar y, si el juez lo autoriza, interrogarles para averiguar cuánto en su versión hay de verdad.

LA INDISCRECION DE SUS SEÑORIAS

El problema está en que sus señorías no parecen decididas a acabar con las especulaciones. Eso al menos se desprende de la manera burda y descarada con la que filtraron a los medios el contenido de los papeles del CNI que el Gobierno inicialmente había puesto en manos de la Comisión de Secretos Oficiales y que, bordeando la Ley, se les entregó también a los miembros de la Comisión de Investigación. Los diputados ni siquiera se tomaron las molestias de ocultarse en algún rincón del Congreso o de acercarse a un bar aledaño para reunirse con los periodistas, como hicieron en su día los delegados de la Comisión Roldán. No. A simple vista, incluso ante las cámaras de televisión, vulneraron el deber de secreto al que les obliga no sólo la Ley del CNI y el reglamento del Congreso, sino también el Código Penal.

¿Y todo ello para qué? Pues muy sencillo: para difundir la versión que más convenía a sus respectivos partidos. Así es como los ciudadanos se enteraron de que para el CNI la furgoneta hallada en Alcalá era «una reivindicación en sí misma del atentado» y que el 15 de marzo -es decir, tres días después de que el Instituto Anatómico Forense descartara por completo que hubiera habido algún kamikaze- informó de que en los trenes «podía haber uno o varios terroristas suicidas».

La indiscreción de los diputados al menos sirvió para despejar la incógnita sobre el origen del macabro error de la Ser. En cuanto al informe sobre la furgoneta, fue manipulado por algunos medios no sólo para dar a entender que la pista etarra estaba descartada desde el momento en el que se encontró la cinta coránica, sino también para reivindicar la increíble versión del portero Garrudo de que los detonadores habían sido hallados durante la mañana del 11-M.

Nada más alejado de la realidad, como bien aclaró el inspector jefe de la Policía Científica de Alcalá, que realizó la primera inspección ocular de la furgoneta, antes de que fuera trasladada al complejo policial de Canillas. Luis Martín Gómez afirmó categóricamente ante la Comisión que «no había nada a la vista», ni cintas ni explosivos ni mucho menos detonadores, ya que si los hubiera habido él mismo habría insistido en que se acercaran los Tedax.Su testimonio coincide con el de todos los demás mandos policiales que han desfilado ante la Comisión.

¿EN QUE PENSABA DEZCALLAR?

Pero además la idea de que el CNI sabía desde un primer momento que el atentado era obra de islamistas choca con el documento -desclasificado en su día por el Gobierno del PP- que constata que el día 11 los servicios secretos creían «casi seguro» que el autor era ETA. Y también con el desmentido que el propio jefe de los espías, Jorge Dezcallar, hizo público la tarde del 13 de marzo a una información que aseguraba que el CNI ya había abandonado por completo la pista etarra. A no ser, claro está, que los servicios secretos o alguno de sus miembros estuviera jugando a dos bandas o sencillamente engañando al Gobierno.

En este sentido, cobra especial relevancia el testimonio de Dezcallar, previsto para el próximo lunes por la tarde. El ex director del CNI debería despejar las dudas que giran en torno a la actuación de los servicios de inteligencia, empezando por su pasmosa incapacidad para prever un atentado de las dimensiones del 11-M. ¿Cómo es posible que Dezcallar, que conoce Marruecos como la palma de su mano, no tuviera ni un sólo dato que le permitiera pensar lo que se traían entre manos varios ciudadanos de aquel país? Hay quienes consideran que el enfriamiento de su relación con Aznar es un elemento clave. Por otra parte, fuentes del actual Gobierno aseguran que Zapatero le nombró al cotizadísimo cargo de embajador ante el Vaticano a pesar de las presiones de miembros de la vieja guardia socialista y del Rey, que querían que Dezcallar permaneciera al frente del CNI.

En cualquier caso, el testimonio del ex director del Centro no será todo lo revelador que podría ser. El Ejecutivo ha descartado habilitar una fórmula equivalente a la que permitió a los comisionados ver los documentos secretos. Dezcallar no podrá hablar, pues, de muchas cuestiones clave ante la Comisión. Y esto incluye la interesante conversación que mantuvieron el 13 de marzo Arnaldo Otegi y Josep Lluís Carod-Rovira.

JORNADA DE DESESTABILIZACION

La existencia de dicha conversación se desprende de una nota enviada por el CNI al Gobierno el 13 de marzo y publicada por este periódico el pasado miércoles. El papel -que el Gobierno no incluyó en la partida que los comisionados tenían derecho a ver pero no a desvelar- revela que los líderes de ERC y Batasuna concertaron una estrategia para provocar «la mayor anormalidad posible» e influir sobre el resultado de las elecciones generales.

La iniciativa partió de Carod, quien se puso en contacto con Otegi por la mañana del día de reflexión para sugerirle que divulgara la falaz especie de que si el PP volvía a ganar, el Gobierno pondría fin a la autonomía vasca. se haría con el control de la Ertzaintza y detendría a los principales líderes de la izquierda abertzale. Carod convenció a su interlocutor de que se pusiera en contacto con Ibarretxe y con el dirigente de EA, Rafael Larreina, a quienes el lehendakari transmitió el mensaje e instó a presionar al PSOE para que se echara a la calle.

El Gobierno justifica la ocultación de este importante documento a la Comisión -entre cuyas tareas, cabe subrayar, está investigar también lo sucedido durante la jornada de reflexión- con dos argumentos: el primero es que el artículo 11 de la Ley del CNI resguarda del control parlamentario a todas «las materias relativas a las fuentes y los medios del Centro», y eso incluye, según el Ejecutivo, las fuentes que vigilaron a Otegi. El segundo es la absoluta falta de respeto que han mostrado los diputados por los secretos del CNI.

Ambas son sin duda razones de peso. Y, sin embargo. la historia nos ha enseñado a desconfiar de los gobiernos que recurren a la defensa de la Seguridad Nacional para justificar la ocultación de documentos. No en vano es la misma coartada que sirvió para mantener bajo llave los papeles del Cesid sobre los GAL. A esto se añade la sospechosa circunstancia de que el Gobierno de Zapatero sólo parece dispuesto a permitir una interpretación flexible de la Ley y a otorgar a sus señorías un amplio margen de confianza cuando se trata de información sensible que puede perjudicar al PP y no cuando pone en entredicho el respeto a los valores democráticos y la catadura moral de los socios de Maragall.

EL ENGIMA DEL TITADINE

Si la segunda semana de comparecencias no ha servido para avanzar en el esclarecimiento de la autoría de la masacre, tampoco ha contribuido a aclarar quién cometió el desafortunado error de sustituir el genérico «dinamita» por el significativo «titadine».El comisario de Seguridad Ciudadana negó de forma categórica que él hubiese pronunciado en su conversación con el entonces subdirector general operativo de la Policía la palabra mágica que persuadió a casi todos de que la carnicería de Atocha era obra de ETA. Nunca se sabrá, pues, si el error lo cometió Cuadro o si la confusión fue de Díaz Pintado. Y, sin embargo, lo cierto es que tampoco es demasiado importante ya que cualquiera de las dos posibilidades sitúa la equivocación en el ámbito policial y descarta que fuera Acebes quien deliberadamente introdujo un dato falso para dotar de mayor credibilidad a la hipótesis de la autoría de ETA.

Por otra parte, lo que sí ha quedado corroborado es que el jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, se precipitó al asegurar ante la Comisión que «ningún miembro» de su unidad había dicho Titadine.El juez Garzón reveló que al menos un Tedax sí lo hizo, a las 12.20 horas del 11-M junto a las vías de Atocha. El PP ha solicitado que el magistrado identifique al agente en cuestión para que luego se le interrogue sobre si trasladó su percepción a su superior.Esto es fundamental para determinar si Sánchez Manzano -cuya explicación de por qué su nombre figuraba en la agenda de la confidente Carmen Toro, resultó poco verosímil- engañó o no a la Comisión.

EL AMOR PROPIO DE GARZON

El testimonio de Baltasar Garzón también sirvió para comprobar cuánto le cuesta a este prestigioso y valiente magistrado reconocer sus limitaciones. El juez aseguró que desde el primer momento intuyó que el atentado era obra de Al Qaeda y que su convicción «quedó claramente establecida» cuando se enteró del hallazgo de una cinta con versos coránicos en la furgoneta de Alcalá.

En primer lugar, sorprende que el juez llegara a primerísima hora a la conclusión de que era Al Qaeda -posibilidad que, de hecho, parece cada vez más remota- cuando tanto por la proximidad de las elecciones y los precedentes inmediatos -Baqueira, Cuenca y Chamartín- lo razonable era apuntar en dirección de ETA. Garzón tiene razón en que para dicha organización terrorista suponía un salto cualitativo y que Otegi negó tajantemente que tuviera algo que ver. Y, sin embargo, ya sabemos, por el propio CNI, que el líder abertzale llegó a pensar que la organización terrorista vasca estaba implicada.

Por otra parte, causa un cierto asombro escuchar a Garzón decir que sus escasísimas dudas quedaron definitivamente despejadas la misma noche del 11-M, cuando habló con Díaz Pintado y éste le dijo que barajaba las dos hipótesis «en un 50 por cierto», aunque menos la que apuntaba hacia la norte que la que lo hacía hacia el sur. Y es que a varias personas con las que el juez habló tanto el 11 de Marzo como durante buena parte del 12 les aseguró que él mantenía abiertos ambos supuestos. Curiosamente, lo expresó utilizando las mismas palabras -«en un 50 por ciento»- que ahora dice utilizó el policía. O Garzón entonces no se quiso mojar o ahora no está reconociendo que durante esos turbulentos días titubeó tanto como los demás.

LA LECCION DE FUNGAIRIÑO

Eduardo Fungairiño, por su parte, protagonizó la anécdota de la semana al afirmar con flema británica que no había oído hablar de la furgoneta hasta este mismo jueves por la mañana. O tal vez fue más que anécdota. Cuesta muchísimo creer que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional no conociera la existencia de una prueba clave de un sumario que está siendo instruido en ese mismo Tribunal. Si fuera cierto, sería una muestra de incompetencia inconfesable y menos aún ante una Comisión parlamentaria.

Todo indica, por el contrario, que Fungairiño decidió darles a sus señorías una lección. Quería dejarles claro su desprecio por una Comisión que no está sirviendo para esclarecer la verdad, sino para saldar cuentas políticas. En las formas, pues, se equivocó: su obligación era responder de forma puntual y sincera a las preguntas del Parlamento. En el fondo, sin embargo, tal vez tenía razón. La Comisión del 11-M está siendo una tremenda decepción para los ciudadanos. Sobre todo para las familias de los 192 muertos.

Sólo el presidente de la Comisión podrá ver desde ahora los documentos sin tachaduras - Fernández de la Vega califica, en carta a Marín, de «no razonable» y «poco responsable» que haya habido filtraciones

FERNANDO GAREA

MADRID.- El Gobierno puso de manifiesto ayer su enfado con el Congreso por la indiscreción de la Comisión de Investigación del 11-M al tratar los documentos secretos y ha decidido castigar a los parlamentarios para el futuro.
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El malestar fue trasladado por el Ejecutivo en una carta remitida al presidente del Congreso, Manuel Marín. Y el castigo se concreta en que no se producirá por el momento una sesión similar a la del miércoles, tras la cual, diputados de casi todos los grupos informaron del contenido de los documentos secretos. Es decir, los comisionados no verán más documentos íntegros por su indiscreción.

Ayer, el Consejo de Ministros aprobó utilizar una fórmula distinta mucho más restrictiva que la anterior: El Congreso mantiene la clasificación de secreto para un nuevo documento reservado solicitado y, a lo más que accede, es a enviarlo a los diputados de la Comisión de Investigación con tachaduras que eliminen los elementos que considera comprometedores.

Además, «para el caso en que los miembros de la Comisión de Investigación entiendan que las fotocopias con tachaduras facilitadas no sean suficientes a efectos de la investigación en curso y pidan la exhibición de los originales íntegros», se permitirá que lo vea sólo el presidente de dicha Comisión.

Se da la circunstancia de que Paulino Rivero, presidente de la Comisión del 11-M y diputado de Coalición Canaria, es el único miembro de ésta que también pertenece a la de secretos oficiales.

El castigo es, pues, que ya no verán los documentos secretos íntegros todos los portavoces de la Comisión, sino sólo el presidente.

En la anterior ocasión, el Gobierno dijo a los grupos que no tenía inconveniente en que se bordeara la Ley del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y se permitiera que los miembros de la Comisión de Investigación actuaran como la de secretos oficiales y vieran los documentos.

Sin embargo, la sesión del miércoles provocó malestar en destacados miembros del Gobierno, encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como informó ayer EL MUNDO.

Según estos ministros los diputados incumplieron la ley del CNI, el Código Penal y el Reglamento del Congreso al hacer público el contenido de los papeles nada más consultarlos en secreto y sin reserva alguna.

Por eso, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el envío de una carta de protesta al presidente del Congreso, Manuel Marín.

Según dijo la número dos del Gobierno, «se expone la preocupación por el hecho de que se hagan públicas infomaciones contenidas en los documentos clasificados como secretos».

María Teresa Fernández de la Vega añadió que «no ha sido razonable que documentos secretos entregados al Parlamento por el Gobierno para conocimiento exclusivo de los miembros de la Comisión se hayan visto reproducidos públicamente. Es poco responsable y razonable filtrar y transcribir documentos secretos, lo haga quien lo haga».

El documento secreto que los diputados verán ahora con tachones responde a la petición genérica de «informes, notas informativas o cualquier comunicación oficial elaborada durante los días 11, 12 y 13 de marzo donde se recojan actuaciones sobre presuntos miembros de ETA en relación a los atentados del 11-M o, en su caso, confirmación oficial de que no existen».

A esa petición genérica, el Gobierno responde que «existen dos notas informativas de las comisarías provinciales de León y Guadalajara, elaboradas los días 11 y 12 de marzo de 2004, así como una comunicación recibida el 12 de marzo en la Comisaría General de Información vía email, que tienen que ver con seguimientos de personas sospechosas o supuestas identificaciones relacionadas con miembros de ETA».

Lo sorprendente es que una nota secreta del Ministerio del Interior sitúe las investigaciones sobre ETA el 11-M en León y en Guadalajara, provincias en las que no ha trascendido en los últimos años que la policía o la guardia civil haya detectado algún comando terrorista.

De ese documento, mediante las tachaduras, «se han omitido todos los datos que permitirían conocer detalles de la investigación, las fuentes utilizadas para su obtención, las personas que han dado noticia de supuestas identificaciones de terroristas, el nombre de los sospechosos y los lugares donde se han producido las investigaciones y/o supuestas identificaciones».

El malestar del Gobierno afecta también a las comparecencias el lunes por la tarde ante la Comisión del actual director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Sáiz, y el anterior, Jorge Dezcallar.

En esta ocasión, el Gobierno no ha comunicado al Congreso de los Diputados que no tiene inconveniente en que se produzca a puerta cerrada para que pueda versar sobre temas clasificados.Y, por el momento, la Comisión mantiene que las comparecencias deben ser a puerta abierta.

Por ello, Dezcallar y Sáiz no podrán hablar sobre temas secretos, ni siquiera aunque en el momento se dediera que sean a puerta cerrada. La vicepresidenta primera explicó ayer que el Gobierno aceptará la fñormula de comparecencia que decida el Parlamento.


Pero, en todo caso, tal y como adelantó ayer EL MUNDO, el Ministerio de Defensa ha dado instrucciones verbales a ambos para recordarles su obligación legal de guardar secreto sobre materias clasificadas.La obligación se mantiene también cuando se abandona el cargo.

Fernández de la Vega explicó ayer que Jorge Dezcallar y Alberto Sáiz «han preguntado al ministro de Defensa y tengo noticias de que les ha contestado con la ley en la mano, la ley establece lo que es secreto, y, por tanto, con el cumplimiento estricto de la legalidad».

La Ley del CNI explica que sus responsables sólo rinden cuentas de materias clasificadas ante la comisión de secretos oficiales, sin que en esta ocasión se haya habilitado a la del 11-M.

El Ejecutivo valoró la posibilidad de dar esas instrucciones por escrito al director del CNI y su antecesor, ahora embajador de España en el Vaticano.

Obviamente, el Gobierno no informa públicamente de la nota secreta del CNI publicada en EL MUNDO que hacía referencia a una conversación entre Arnaldo Otegi y Josep Lluis Carod-Rovira el 13 de marzo.Dezcallar y Sáiz no podrán abrir la boca sobre ese tema.


Sí podrán declarar sobre asuntos colaterales como el desmentido que firmó Jorge Dezcallar el 13-M a una información sobre la pista islámica o su ausencia del Gabinete de Crisis.

Ni siquiera podrán hablar del número de efectivos o medios materiales dedicados a combatir el terrorismo islámico, ya que estas informaciones están expresamente protegidas por el artículo 5 de la Ley del CNI. Es información sobre los medios del CNI no está sometida tampoco al control de la Comisión de Secretos Oficiales, según dicha norma.

A una pregunta sobre la intención de Otegi de querellarse por supuestas escuchas ilegales, la vicepresidenta respondió que «todo español, incluido el señor Otegi, tienen derecho a acudir a los tribunales».

Por otra parte, el Gobierno remitió ayer varios documentos de Interior no calificados como secretos solicitados por la Comisión de Investigación. Hasta el momento el Gobierno ha recibido 99 peticiones de documentos que han sido remitidos al Congreso o que han podido ser consultados en su práctica totalidad, según la Vicepresidencia primera del Ejecutivo.

MADRID.- El Gobierno no quiere que Jorge Dezcallar, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), declare el lunes por la tarde ante la Comisión de Investigación del 11-M sobre temas clasificados como secretos.

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Por supuesto, esto incluye la nota con la conversación entre Arnaldo Otegi y Josep Lluís Carod-Rovira que publicó EL MUNDO y que el Ejecutivo ni siquiera permitió que examinara en secreto la Comisión del 11-M.

No quiere que declare sobre las actividades del CNI porque la propia ley lo impide claramente y porque el Gobierno está muy molesto por la forma en que los diputados trataron el martes los documentos secretos que se les mostraron, con obligación de no hacerlos públicos.

Fuentes del Gobierno explicaron a EL MUNDO que Dezcallar podría acudir al Congreso con instrucciones de Defensa para no hablar sobre esos asuntos. La forma que utilizará el Ejecutivo para transmitir esas instrucciones al anterior responsable del CNI estaba ayer por decidir y podría ser tratada hoy mismo en el Consejo de Ministros.

No se descarta que haya un escrito del Gobierno al Congreso sobre la obligación de guardar secreto o que sea una instrucción verbal de Defensa. Un precedente de orden por escrito se produjo durante la investigación de los GAL, cuando el centro se denominaba Cesid, y los agentes acudieron ante el juez con escritos del Gobierno invocando la obligación de guardar secreto.

En todo caso, Dezcallar no podrá hacer referencia a documentos como el publicado el pasado miércoles en EL MUNDO con los contactos de Arnaldo Otegi con Josep Lluis Carod-Rovira y Juan José Ibarretxe.

Ese documento ni siquiera fue entregado por el Gobierno a la Comisión de Investigación para que lo viera en secreto y, por supuesto, no fue desclasificado. La razón, según fuentes del Gobierno, es que afectaba a la seguridad en la medida en la que se habla del control de los servicios secretos sobre el dirigente de la izquierda abertzale. Esa limitación legal sirve también para impedir que Dezcallar hable de la nota del CNI y que el Gobierno públicamente ni siquiera admita su existencia.

El secreto que mantiene el Gobierno sobre esa nota está amparado por el artículo 11 de la Ley del CNI, que establece el control parlamentario de los servicios secretos con la excepción de «las materias relativas a las fuentes y los medios del Centro y aquéllas que proceden de servicios extranjeros u organizaciones internacionales».Esa protección de las fuentes afecta, según el Gobierno, al documento sobre el control a Otegi.

Fuentes del Gobierno aseguran que fue el propio secretario general del CNI el que informó en contra de permitir a la Comisión del 11-M acceder a la nota secreta.

Se da la circunstancia de que en la única comparecencia de Dezcallar como director del CNI ante la Comisión de Secretos Oficiales, a preguntas del entonces diputado Iñaki Anasagasti, negó cualquier seguimiento o vigilancia a dirigentes de partidos.

Si se impone la posición de destacados miembros del Gobierno, Dezcallar no podrá hablar en la Comisión de Investigación sobre ninguno de los documentos del CNI vinculados al atentado, ni siquiera en sesión secreta. En expresión gráfica de un miembro del Gobierno, «el director del CNI es en sí mismo materia clasificada, incluso después de dejar el cargo».

En ese caso, Dezcallar no podrá hablar de los documentos elaborados por el CNI sobre el 11-M, dado que ninguno de ellos ha sido desclasificado por el Gobierno. Incluso, hay seis referentes a las informaciones recibidas de servicios secretos extranjeros que el Gobierno ni siquiera ha permitido que los viera en secreto la Comisión, porque el artículo 11 de la Ley del CNI lo impide.

Dezcallar, nombrado embajador en el Vaticano por el Gobierno de Zapatero, tiene la instrucción de no pronunciar palabra sobre ellos.

La ley del CNI explica que «las actividades del Centro, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada con el grado de secreto».

Su comparecencia, entonces, tendría que centrarse sólo en algunos aspectos colaterales de la investigación. Por ejemplo, sobre las circunstancias del desmentido que hizo público él mismo la tarde del 13 de marzo a una información que aseguraba que el CNI había descartado totalmente la vía de ETA para centrarse en el terrorismo islamista.

También podrá explicar, si lo sabe, por qué no fue convocado en La Moncloa el día 11 de marzo a lo que aparentaba ser una reunión del Gabinete de Crisis pero que, en realidad, no llegó a serlo formalmente.

MADRID.- El confidente marroquí Rafá Zouhier, en prisión por su presunta relación con la trama de explosivos del 11-M, indicó el pasado miércoles en su declaración ante la juez de Valdemoro que «se siente como una pelota» entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, ya que la primera «me dijo que no dijera nada de los explosivos» y la segunda «me dijo que dijera al juez que había ayudado a la Guardia Civil».
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Zouhier testificó como perjudicado en un procedimiento penal abierto para aclarar si fue amenazado por agentes de la Guardia Civil, lo que negó. Según manifestó en el Juzgado, los guardias civiles que le detuvieron -que fueron los mismos para los que trabajaba como confidente- «me trataron bien para que no dijera nada al juez [Juan del Olmo, que investiga los atentados del 11-M] de que el declarante les había dicho hace un año quién vendía explosivos, con nombres y apellidos, con los coches que tenían, y cómo la Policía no había hecho nada para evitar el atentado. Es por lo que le trataron bien, para que no dijera nada».

Zouhier fue detenido el 19 de marzo por sus «controladores» a petición de la Policía Nacional, que dos días antes había interceptado una conversación telefónica entre el confidente y el guardia civil Víctor. Tras su paso por las dependencias de la Benemérita, fue entregado a la Policía. «Me dijeron que [los guardias civiles] me habían abandonado y que me iban a joder».

La juez insistió: «Preguntado nuevamente en qué consistieron las amenazas, manifiesta que no recibió amenazas directamente, que sólo le dijeron que no dijera nada, que, si no, él se iba a comer los 200 muertos», consta en el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso este periódico.

Zouhier confirmó que tres guardias civiles -uno al que identifica como Rafa, el segundo como Paco «y otro que sólo escribía»- le visitaron en la prisión de Valdemoro. «Preguntado si le dijeron que iban a mandar a un sicario a la cárcel para matarle, manifiesta que no».

La pregunta estaba relacionada con la carta que Rafá Zouhier remitió hace dos meses al ministro del Interior, José Antonio Alonso, de la que informó este periódico en su edición del 31 de mayo pasado. En esa misiva, el marroquí afirmaba que «temo por mi vida, puesto que se me ha puesto de manifiesto que los miembros de la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil] podrían enviar a la cárcel un sicario para asesinarme».

En su declaración judicial en Valdemoro, lo que Zouhier dijo sobre este punto fue que «recibió una llamada en la prisión de un tal Mario [otro confidente de la Guardia Civil, cuya identidad ha sido revelada por Rafá en sus cartas a distintas instituciones] que le dijo que era un chivato por lo que había salido en los periódicos y le iba a mandar a alguien para matarle».

En su turno, la fiscal volvió sobre la reunión carcelaria: «Preguntado si los miembros de la Guardia Civil le informaron para qué le visitaron, manifiesta que le preguntaron si sabía más datos sobre los asturianos y sobre la investigación del 11-M en general y le dijeron que no dijera nada de los explosivos, de que les avisó en el 2003, que estaban con él y que le iban a sacar de la cárcel».

«Preguntado si hasta ese momento denunció a algún agente por malos tratos, amenazas o coacciones, contesta que se sintió abandonado y tirado, que lo único que hizo fue avisarles y le dijeron que iba a tener problemas y se iba a comer los 200 muertos».

Pero «¿contra qué personas concreta las amenazas?», reiteró la fiscal. «El declarante contesta que Mario y que también contra los agentes que le han dicho que no diga nada (...) y contra la Policía Nacional, que le dijeron que dijera al juez que había ayudado a la Guardia Civil». «Me siento como una pelota que va de un lado a otro», dijo Zouhier en otro momento de su comparecencia.

«Entonces, ¿lo que aparece en los medios de comunicación es mentira?», interrogó la fiscal. «Lo que pone Interviu es mentira parte sí y parte no. Lo que publica El País es mentira porque él no se ha chivado de nadie que trafique con hachís. Exhibido el periódico EL MUNDO del 31 de mayo, manifiesta que la cabecera del artículo no es cierta, ya que él no ha denunciado a nadie de la Guardia Civil. Que ha denunciado las amenazas recibidas por teléfono a través de Mario. Que se encuentra muy presionado y mal y que quiere saber por qué está en la cárcel, ya que ha dicho la verdad.Que le dejen salir y entonces no escribirá a los periódicos».

MADRID.- El Partido Popular pidió ayer al presidente de la Comisión del 11-M que el juez Baltasar Garzón identifique al experto de los Tedax que horas después de la masacre le comentó que el explosivo utilizado por los terroristas en el atentado era Titadine.
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El magistrado de la Audiencia Nacional afirmó ayer que, sobre las 12.20 horas del 11-M, un artificiero de los Tedax le comentó: «Creemos que puede ser Titadine». El dato le fue proporcionado en la estación de Atocha por un especialista en desactivación de explosivos que había inspeccionado los vagones de los trenes.El magistrado señaló que conocía al policía de otros atentados anteriores de ETA, pero que no podía decir su nombre porque no lo sabía.

El PP dio entrada en el registro del Congreso un escrito por el que solicita al Gobierno «con carácter urgente» que muestre al juez de la Audiencia Nacional «una identificación fotográfica de los tedax que fueron a Atocha, para que pueda determinar y comunicar quién fue el que le dio la información».

El PP basa su solicitud en las declaraciones de Sánchez Manzano, el jefe de los Tedax, quien en su comparecencia dijo que «ninguno de mis hombres» pudo informar de la existencia de Titadine.

Las palabras de Garzón, que comparecía ante la Comisión en calidad de experto, ponían en evidencia al comisario Sánchez Manzano.El jefe de los Tedax negó que su unidad tuviera cualquier relación con el error de la identificación del Titadine y señaló que desconocía de dónde podía proceder la equivocación.

«La Unidad Central de los Tedax tiene una normativa específica en la que se incluye la gestión de la información. Es un principio de actuación básico de los especialistas. Los restos de los explosivos llegaron a la unidad a las 12.30 horas y los primeros resultados se obtuvieron a las 14.00 horas. A partir de ahí ya sabíamos que era dinamita, pero sin poder precisar la clase. Es posible que, por encima de mí, en la cadena de mando, cuando dijimos dinamita lo asociaran con Titadine y se confundieran», afirmó.

Sánchez Manzano indicó categóricamente: «Ningún miembro de mi unidad dijo Titadine».

La versión del magistrado de la Audiencia Nacional pone en entredicho estas afirmaciones y da credibilidad a lo ya manifestado ante la comisión por Pedro Díaz-Pintado, el subdirector operativo de la policía durante el 11-M. El máximo responsable de la escala de mando de la policía también señaló que el comisario Santiago Cuadro (aunque éste lo negó después) le había comentado que un tedax le había dicho que el explosivo era Titadine.

Las manifestaciones de Garzón avalan la versión de Díaz-Pintado.El magistrado aseguró que, sobre las 13.15 horas, recibió una llamada telefónica de Pedro Díaz-Pintado para decirle que el explosivo era Titadine.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional señaló que esa información sobre el Titadine le llevó a cambiar su idea inicial de que la masacre había sido provocada por un grupo de terroristas islamistas. ¿Por qué? Por las amenazas integristas realizadas con anterioridad, por las investigaciones propias desde 1995, porque desde el 7 de octubre Al Qaeda había fijado España como objetivo de sus acciones, porque la revista Terrorismo Global colocaba a nuestro país en el puesto número dos del ranking de riesgo, por la indiscriminación de la matanza, por el elevado número de personas que requería el atentado, entre 10 o 15...

Garzón recalcó que, a favor de la autoría de ETA, en aquel momento sólo tenía el dato del Titadine. No obstante, recordó que meses antes había realizado una reflexión con Jesús de la Morena, el ex comisario general de Información, sobre la posibilidad de que ETA estuviera preparando un salto cualitativo en su estrategia terrorista: «Tras la masacre, recordé unas palabra del comisario Felices sobre Belén González Peñalva, quien, en cierta ocasión, manifestó que ETA estaba dispuesta a poner encima de la mesa de la negociación 100 muertos».

No obstante, el magistrado descartó definitivamente la vía de la autoría de ETA cuando apareció la cinta con los versos coránicos en la furgoneta, el 11 de marzo por la tarde.

Garzón despejó definitivamente sus dudas cuando, horas después, Pedro Díaz-Pintado le aseguró que barajaban las dos hipótesis en un 50%. El magistrado le preguntó: «¿Hacia el norte o hacia el sur?». Y el alto cargo policial le respondió: «Hacia el sur».

Sobre la intencionalidad del atentado, Garzón afirmó que posee un componente de «reivindicación ideológica y política».

«Los terroristas pretenden aterrorizar y poner en cuestión a las autoridades. Quienes diseñaron el atentado tuvieron en cuenta estas circunstancias. Buscan resultados traumáticos, no porque pretendan cambiar el signo electoral», explicó.

El diputado Manuel Atencia preguntó a Garzón por las relaciones entre los agentes policiales y los confidentes y si éstos solían ocultar información a sus protectores.

«El trato de los policías con los confidentes es particular en cada caso, desde el momento en que existe una relación íntima entre el que da y el que recibe. Existe mucha confianza. Y esa información se protege hasta el momento en que se decide explotar», contestó Garzón.

El magistrado de la Audiencia Nacional declaró que no se podía establecer una relación definitiva entre el atentado y la presencia de las tropas españoles en Irak: «Es una concausa objetivamente importante. ¿Habría sido España objetivo si no hubiéramos estado en Irak? Posiblemente, sí».

MADRID.- Se sabe que es dinamita y ese dato es y será incuestionable.Pero el examen de los expertos nunca podrá ser concluyente sobre el explosivo que detonó en los atentados del 11-M. «Sabemos que era dinamita, pero nunca podremos saber de qué tipo».
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Los expertos policiales consultados por este periódico no tienen duda: todo el explosivo utilizado por los terroristas era Goma Dos de la marca Eco, pero no podrá ser certificado este dato de forma científica, porque no se han localizado restos que permitan un análisis tan específico del material que detonó en los vagones y que provocó la muerte de 192 personas.

Según estos especialistas, en ninguno de los lugares de los atentados se pudo controlar ni un solo trozo intacto de los explosivos que estallaron en la fatídica mañana del 11-M. Sí lograron los especialistas aislar uno de los componentes del explosivo. El análisis de ese componente sirvió para que los técnicos en desactivación de explosivos pudieran acreditar que era dinamita, pero no su marca.

Sin dudas técnicas

«Pero no hay dudas de que era Goma 2». Los expertos así lo mantienen.Ni se lo preguntan. Los resultados del análisis de la mochila localizada en la comisaría de Vallecas y que fue desactivada rompieron cualquier conjetura. Esa mochila estaba cargada con una docena de kilos de Goma 2 de la marca Eco. También se pudo llegar a concluir que el explosivo que había en la furgoneta localizada en la mañana del día 11 en Alcalá tenía restos de un cartucho de Goma 2 de la marca Eco. Lo mismo ocurrió en Leganés, donde se localizaron envoltorios de este material.

Los análisis fueron entonces concluyentes. Además, en posteriores investigaciones sobre la trama que sirvió a los terroristas para adquirir el explosivo, se pudo concretar una cifra aproximada del número de kilos de dinamita que se llevaron: alrededor de 200. Las cifras, los análisis de los químicos policiales... todo concluyó en que el material utilizado por los terroristas islamistas el 11-M era Goma 2. Este dato es incuestionable. Pero la certeza científica sobre el explosivo que estalló no se tendrá nunca, según explicaron estas mismas fuentes.

Estos especialistas policiales describieron las escasas diferencias que existen entre las polémicas marcas de dinamita: Titadine y Goma 2 Eco. La primera es que una marca está fabricada en Francia y la otra, en España. El tipo de explosivo ha centrado gran parte de los trabajos de la Comisión de Investigación sobre el 11-M en las casi dos semanas que lleva funcionando. Tal es así que por el Parlamento han pasado algunos de los que fueron máximos responsables policiales durante el 11-M y las preguntas de los parlamentarios se han centrado en la marca de la dinamita.

Titadine y Goma 2 Eco. Son dos marcas de un mismo tipo de explosivo, la dinamita. Especialistas, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, consideran que las diferencias entre ambos modelos son mínimas. «De hecho, si no hay trozos intactos, que se pueden analizar por completo, es muy difícil discernirlas».

Aspecto y color

El aspecto exterior y el color son diferentes. Cada una tiene una textura y un grado diferente de flexibilidad.

No obstante, los elementos básicos de la composición son los mismos en ambos casos. Unicamente varía, aunque mínimamente, el porcentaje de los elementos, según explicaron estos analistas de material explosivo.

Otro de los componentes de los explosivos son los denominados aglutinantes. Aquí, las diferencias entre ambos materiales son mucho más significativas. Según explicaron estos expertos, cada una de las dinamitas tiene componentes que le permiten ser más o menos gelatinosos, más o menos resistentes al frío o al calor...Estos elementos en los análisis completos de los materiales son clave a la hora de discernir completamente si la dinamita pertenece a uno u a otro modelo.

DIAZ-PINTADO: «Santiago Cuadro, el jefe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, me dijo que, según un 'tedax', el explosivo era Titadine»

SANTIAGO CUADRO: «Nunca mencioné la palabra Titadine. Dije que los indicios que manejaban los artificieros inducían a pensar que era dinamita»

SANCHEZ MANZANO: «Es posible que por encima de mí, en la cadena de mando, se confundieran. Ningún miembro de mi unidad dijo Titadine»

BALTASAR GARZON: «Un experto de los Tedax, al que conocía de otros atentados, me comentó, sobre las 12.20 horas, que era Titadine»

López Garrido justifica al Gobierno y dice que, si no envió el informe desvelado por EL MUNDO, es «porque afecta a la seguridad del Estado o no es objeto de la investigación de la Comisión»

MANUEL SANCHEZ

MADRID.- El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, pidió al Gobierno la desclasificación de todos los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) emitidos entre el 11 y el 14 de marzo, incluido el informe publicado ayer por EL MUNDO relativo a las conversaciones del líder de ERC, Josep Lluis Carod-Rovira, y el dirigente batasuno Arnaldo Otegi.
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Zaplana recordó que la Comisión de Investigación del 11-M pidió todos los documentos al Ejecutivo, «pero estamos viendo que la documentación enviada por el Gobierno es incompleta, porque no están todos los informes, o está sesgada, con tachaduras en muchos escritos», afirmó.

Para el dirigente popular, es «intolerable» la actuación del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista en esta Comisión: «Filtran documentos interesadamente, no se aceptan comparecencias básicas para la investigación, no se remiten todos los documentos, no se admiten pruebas documentales... ¿qué quieren ocultar el PSOE y el Gobierno?», se preguntó Zaplana.

En cuanto al documento publicado por EL MUNDO, Zaplana indicó que es una prueba más de que el atentado se utilizó «para ver cómo podía perder el PP» y, por ello, aseguró que el Gobierno no ha enviado a la Comisión de Investigación dicho informe. «Pero si había una trama para que el Partido Popular perdiera, hay que traerla aquí e investigarla», dijo.

Zaplana añadió que su grupo parlamentario sólo busca el objetivo de «llegar a toda la verdad», y denunció que las víctimas del 11 de Marzo «no se merecen un comportamiento como el que están viendo».

Nada más acabar Eduardo Zaplana, el PSOE se apresuró a contestarle en una conferencia de prensa que dio el secretario general del Grupo Parlamentario, Diego López Garrido.

El dirigente socialista no quiso hacer referencia política alguna sobre el documento y su contenido -«habrá que preguntarle a quien lo ha filtrado», dijo-, pero sí justificó al Gobierno por no haberlo enviado a la Comisión.

«El Gobierno ha enviado a la Comisión de Investigación todos los documentos que no afectan a la seguridad del Estado y que son objeto del contenido de esta Comisión. Y el PSOE cree que ha seguido fielmente las peticiones realizadas por la Comisión de Investigación», apuntó López Garrido.

De esta forma, el diputado del PSOE dio a entender que las conversaciones entre Carod-Rovira y Otegi impulsando la movilización tras el 11-M no forman parte de las tareas de dicha Comisión de Investigación.

De hecho, López Garrido insistió en que Zaplana sólo está lanzando cortinas de humo y «consideraciones extravagantes» por un motivo: «Es ya incontrovertible que el Gobierno decidió políticamente que la autora del atentado era ETA», afirmó.

El dirigente socialista basó esta dura afirmación en las comparecencias de ayer relativas a la composición del explosivo utilizado, que, en su opinión, ponen de manifiesto «que el Gobierno del PP no tiene ya ningún pretexto, ni siquiera el primer día, para haber dicho que el atentado terrorista era obra de ETA».

MADRID.- Primero fue el agente de la policía que inspeccionó con su guía canino la furgoneta de Alcalá abandonada por los terroristas. Después, el inspector jefe de grupo zonal de la Policía Científica de Alcalá de Henares, encargado de la custodia de dicho vehículo hasta que fue trasladado a las dependencias policiales de Canillas.
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Ambos fueron dos de los policías que realizaron una revisión del vehículo desde el exterior y no vieron en ningún momento que allí hubiera detonadores. Ninguno de los dos, cuando estaban en la zona acordonada en torno a la furgoneta, vio o escuchó en ningún momento que hubiera detonadores en la misma.

En el caso del inspector jefe, Luis Martín Gómez, se da la circunstancia de que, para que el vehículo pudiera ser retirado por la grúa, tuvo que abrir la puerta trasera, acceder a su interior para quitar el seguro de la puerta del conductor, salir, y entrar en la cabina para quitar la marcha que la furgoneta tenía metida.En ningún momento observó absolutamente nada extraño en su interior.

Sí quedó claro que, en contra de algunos informes policiales previos, entró un agente de la policía en el interior del vehículo, aunque únicamente lo hizo para quitar la marcha.

Luis Garrudo, el portero que alertó a la policía, señaló en su comparecencia en el Congreso -en reiteradas ocasiones como recordó ayer el portavoz popular Vicente Martínez-Pujalte- que fue en la misma zona donde estaba aparcado el vehículo donde se escuchó que en el interior había detonadores.

El resto de grupos interpretó estas contradicciones como un error en la declaración del portero, al que no se le puede, a su entender, atribuir ninguna intencionalidad.

La bolsa de basura

Los datos facilitados tanto por Luis Martínez como por el guía canino, el agente Francisco Javier Alemán, contrastaron también con alguno de los informes del CNI que los comisionados pudieron revisar en sesión cerrada el pasado martes. En ellos se aseguraba que la furgoneta era una reivindicación de los autores en sí misma y que los detonadores estaban a la vista. Ambos policías negaron que hubiera algo a la vista en dicha furgoneta. Tras su inspección en Canillas, se detectó debajo de uno de los asientos una bolsa de basura con los detonadores en su interior.

La anécdota de la jornada la protagonizó el guía canino. La Presidencia de la Comisión, de acuerdo con los grupos, había decidido citar al agente cuyo perro inspeccionó por dentro la furgoneta utilizada por los terroristas. Sin embargo, el policía que compareció fue el que examinó con su perro Hanibal el exterior del vehículo.El perro que reconoció el interior se llama Loby.

Este hecho fue denunciado por los portavoces de los grupos catalán y vasco, que eran los solicitantes. La Presidencia se comprometió a aclarar esta confusión y a llamar a declarar a quien correspondía.

Rafá Zouhier pasó ayer como una ráfaga ante la marea de periodistas que le aguardaban a la entrada del juzgado de Valdemoro, pero esos segundos bastaron y sobraron para demostrar hasta qué punto es absolutamente imprescindible su comparecencia ante la Comisión del 11-M. En primer lugar, porque el confidente de la UCO ratificó la información que en su día remitió por carta a este periódico de que, estando en la cárcel, sus controladores le presionaron para que bajo ninguna circunstancia revelara nada sobre la trama de los explosivos. También declaró ayer a la juez que recibió amenazas telefónicas a través de otro confidente. Estamos, pues, ante la primera denuncia formal de que personas teóricamente encargadas de velar por la seguridad ciudadana coaccionaron a un imputado por el 11-M ante las mismísimas narices y con la probable complicidad de las autoridades penitenciaras. Acusación de suma gravedad -incluida también en una misiva a Paulino Rivero divulgada ayer- que el Ministerio del Interior y la propia Dirección General Penitenciaria intentaron desacreditar con su falaz desmentido sobre las fechas.
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Pero más inquietante aún que la sospecha, cada vez más avalada, de que miembros de la UCO amenazaron a Zouhier es la acusación que el marroquí lanzó a su salida del juzgado. Interrogado por un periodista sobre si había avisado de los atentados del 11-M, afirmó categóricamente: «Sí, avisé y no me han hecho caso». Tanto si se interpretan literalmente -es decir, que alertó específicamente a la UCO de la preparación de la masacre- como si se entienden como una ratificación de lo publicado por EL MUNDO, las palabras de Zouhier añaden otro argumento contundente para que él y toda la jerarquía de la UCO comparezcan de inmediato ante la Comisión.¿O es que a sus señorías no les parece relevante para la investigación que Zouhier advirtiera en reiteradas ocasiones a miembros de la UCO sobre la existencia en Avilés de una trama dedicada al tráfico de explosivos y que dicha unidad no hiciera nada para desbaratarla? La actitud del PSOE, que insiste en bloquear la comparecencia de los confidentes, es injustificable, toda vez que está demostrado que Zouhier incluso llegó a entregar a sus controladores una muestra de la dinamita que vendían Toro y Suárez Trashorras, quien está en la cárcel acusado de proporcionar los explosivos al comando de Leganés.

Al lado de lo que podrían aportar personas como Zouhier o Suárez Trashorras a la investigación de la autoría de la matanza de Madrid, las comparecencias de ayer resultan muy poco relevantes.¿De qué sirve descubrir si fue Díaz Pintado o por el contrario Cuadro Jaén quien cometió el desafortunado error de sustituir el genérico dinamita por el significativo Titadine? Tampoco parece particularmente útil para esclarecer quién y con qué complicidades organizó el 11-M el revuelo causado a raíz de la burda filtración y posterior manipulación por parte de los medios gubernamentales de algunos documentos del CNI. Como bien apuntaba ayer la oposición, la única forma de acabar con la utilización sectaria de los papeles del 11-M es una desclasificación completa de todos aquellos que puedan ayudar a esclarecer la verdad. Y eso incluye informes como el publicado ayer por este diario, cuya interesada ocultación López Garrido ha intentado hacer pasar como una decisión prudente tomada en aras de la seguridad nacional. La misma coartada utilizada en su día para mantener bajo llave los papeles del Cesid sobre los GAL

Contradice la versión facilitada por su superior Díaz-Pintado sobre los primeros datos de los Tedax - El ex subdirector operativo insiste en que fue Cuadro quien le dijo que era este tipo de dinamita

FERNANDO LAZARO

SANTIAGO CUADRO JANE

Ha estado al frente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana desde 1996 hasta fechas recientes.

Actualmente forma parte del Consejo Asesor de la Policía Nacional.

Niega haber hablado a su superior de Titadine la mañana del 11 de marzo.

Ha dirigido la seguridad de la boda real.

MADRID.- Firme, seguro, contundente. El que fuera comisario general de Seguridad Ciudadana Santiago Cuadro Jaén compareció ayer ante la Comisión parlamentaria que investiga el 11-M y afirmó de forma tajante que en ningún momento comunicó a su superior que el explosivo utilizado por los terroristas fuera Titadine con cordón detonante.(.../...)

Esta es una de las polémicas más encarnizadas que los diputados han mantenido en la Comisión durante los primeros días. Ayer, la declaración de Cuadro Jaén fue un peldaño más, que no el último, sobre esta polémica.

Su superior el 11-M, el entonces subdirector general de la Policía, Pedro Díaz-Pintado, declaró en la Comisión que informó al Ministerio, en la misma mañana del día de los atentados, que el explosivo era Titadine (material utilizado habitualmente por ETA durante los últimos años) porque se lo había dicho el comisario Santiago Cuadro Jaén, del que depende el servicio de desactivación de explosivos.

Esa comunicación se produjo sobre las 12.45 horas del mismo día 11. El subdirector estaba reunido en el Ministerio con la cúpula de Interior. Cuadro estaba en la zona cero.

Cuadro Jaén informó -tras recibir una primera llamada de Díaz-Pintado preguntándole por la composición de las bombas- de la posibilidad de que se tratara de dinamita con cordón detonante después de consultar con los Tedax.

Cuadro insistió en que no mencionó Titadine y que sólo comunicó que los indicios que manejaban los artificieros «inducían a pensar» que se trataba de dinamita, «posiblemente reforzada» con cordón detonante.

«Lo digo de manera categórica», sentenció. Manifestó que no sabía en qué momento se produjo el error. «Yo no dije Titadine, yo dije dinamita. Estoy seguro al 100%», aseveró. Tal fue su contundencia que la mayor parte de los portavoces parlamentarios señalaron que se creían plenamente su versión. «No me bajo ni un ápice de lo que he dicho», afirmó. Según sus palabras, hasta las 14.30 o 14.40 horas no se comprobó en los laboratorios de la Policía que efectivamente se trataba de dinamita. Sólo después del análisis del explosivo hallado en la mochila bomba desactivada en Vallecas, se pudo conocer que la marca era Goma 2 ECO.

Cuadro relató sus movimientos y conversaciones a lo largo de la mañana del día 11 y confirmó que, en torno a las 12.00 o 12.30 horas, recibió una llamada de Díaz-Pintado en la que se le requería de forma «urgente» que le informara del tipo de explosivo utilizado.

Según dijo a los diputados, insistió «con firmeza en la necesidad de no ir con prisa para evitar errores». Acto seguido, contactó con los artificieros que estaban trabajando en la zona de los atentados y, en virtud de sus experiencias «empíricas de los efectos de la explosión y del cráter que dejaron las bombas en el suelo» pensó que podía tratarse de dinamita con cordón detonante.Telefoneó a Díaz-Pintado y le dijo que aparecían «indicios que inducen a pensar que podemos estar ante un tipo de dinamita, posiblemente reforzada con cordón detonante».

Santiago Cuadro expresó su «gran respeto» por Díaz-Pintado, a quien calificó de «extraordinario profesional», y aseguró que han tenido «muy buena sintonía» y que la seguirán teniendo. Añadió que ayer coincidió con él en el Congreso.

Horas después, Díaz-Pintado, en declaraciones a Europa Press, insistía en que fue Cuadro el que le habló de Titadine. Añadió, además, que tiene testigos. «No me lo voy a inventar. ¿Cómo voy a decir que es Titadine si nadie me lo dice?», se preguntó.

Indicó que, posiblemente, Santiago Cuadro quiere evitar «quedar como el malo de la película» por la repercusión posterior que ha tenido el tipo de explosivo utilizado a la hora de investigarse la autoría del atentado. Explicó que, si tiene que someterse a un careo con Cuadro mantendrá lo que declaró.

Texto íntegro de la carta del 8 de junio en la que el confidente solicitó comparecer ante la Comisión

«D. RAFA ZOUHIER, interno en el centro Penitenciario Madrid VI, Aranjuez, con carácter preventivo como consecuencia del Sumario 20/04 instruido por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, DIGO:(.../...)


Que a los efectos de aclarar mi colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la cual es objeto de investigación por la Comisión del Congreso que usted preside, vengo a poner de manifiesto los siguientes extremos:

I.- Entre los meses de abril y mayo de 2003, puse en conocimiento de dos miembros de la UCO de la Guardia Civil, con los que colaboraba habitualmente y que se hacen llamar Rafa y Víctor (ostentando este último el grado de capitán), que el Sr. Castro Toro, residente en Asturias, y cuñado de José Emilio Suárez Trashorras, disponía de material explosivo y lo estaba ofreciendo en el mercado negro, tras lo que dichos agentes me proporcionaron fondos para que me desplazase a Asturias -previa firma del correspondiente recibí que seguramente obrará en los archivos de la UCO- y allí les señalase exactamente al referido Antonio Castro Toro y consiguiese muestras del explosivo ofertado.

Una vez que Antonio Castro Toro me facilitó una muestra del explosivo, yo se la hice llegar en un frasco a los Sres. Rafa y Víctor, en una cita concertada con estos últimos en el centro comercial de Las Rozas, y tras someter a análisis dichas muestras, me propusieron a su vez que intermediase con alguna organización interesada en la adquisición del material explosivo y así mediante una entrega controlada, la Guardia Civil detuviese a todos los intervinientes en dicha transacción. Finalmente, dado que no encontré a nadie interesado en la adquisición de explosivos, no se pudieron llevar a cabo los planes de dichos miembros de la Benemérita, si bien éstos procedieron a la detención del Sr. Castro Toro, al encontrarle en posesión de 150 gramos de cocaína, quedando en libertad al mes por razones que desconozco.

Es de destacar que sí informé a la UCO de la existencia del mercado negro de explosivos, de haber intervenido en la compraventa de dicha mercancía, lógicamente también habría comunicado dicha circunstancia a la Guardia Civil.

II.- Mi relación con los miembros de la UCO de la Guardia Civil se remonta a unos dos años y medio atrás, y por intermediación de un conocido mío llamado Mario [...], con DNI [...] y teléfono móvil [...] y quien colabora con la policía desde hace varios años, si bien me he enterado que trata de abandonar España a los efectos de eludir cualquier responsabilidad derivada de los hechos.

Los miembros de la UCO me aseguraron que como recompensa a los servicios prestados obtendría la nacionalidad española y un piso.

Hay que destacar que en alguna ocasión ha estado presente en mis encuentros con Víctor y Rafa un superior de ellos que se hacía llamar Paco.

III.- Tras los hechos del 11-M, se me hizo saber a través del referido Mario que sería conveniente que abandonase España, pero como no lo creí conveniente Víctor y Rafa, los miembros de la UCO con quien colaboraba, me citaron por teléfono en el centro comercial de la Ermita en Madrid y yo nada debía temer dado que no tenía relación alguna con los criminales atentados, acudí voluntariamente y confiado al lugar de la cita, donde los susodichos me pidieron que les acompañase a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, lugar en el que ya había estado yo con ellos en ocasiones anteriores.

En dichas dependencias policiales, mis interlocutores me comentaron que debían proceder a mi detención, pero que no me preocupase puesto que inmediatamente quedaría en libertad al mediar ellos con el juez competente, si bien me sugerían que no comentase a nadie que yo había avisado a la policía de la existencia de los explosivos.

IV.- Actualmente, temo por mi vida, puesto que se me ha puesto de manifiesto que los miembros de la UCO podrían enviar a la cárcel un sicario para asesinarme.

V.- No entiendo cómo, habiendo colaborado lealmente con España y su policía, se me trata como un terrorista, con el riesgo de sufrir una larga condena por la sola razón de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tratan de ocultar su ineficacia.

VI.- He remitido otras cartas autógrafas exponiendo mi situación, tanto a Su Majestad el Rey, como al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.

VII.- Deseo comparecer en la Comisión de Investigación que usted preside con el único fin de facilitar y aclarar cualquier información al respecto que sea preciso».

Ratifica ante la juez de Valdemoro que fue presionado por los agentes de la Guardia Civil que le visitaron en la cárcel para que no hablara con nadie sobre los explosivos - Declara que recibió amenazas telefónicas a través de otro confidente y que su novia también ha sido coaccionada

MANUEL MARRACO

MADRID.- El confidente de la Guardia Civil Rafá Zohuier no comparecerá ante la Comisión de Investigación del 11-M, pero ayer tuvo dos oportunidades para hablar en público. A su llegada al Juzgado número 3 de Valdemoro (Madrid), el marroquí defendió su inocencia y afirmó: «Me han presionado».
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Tras prestar declaración, fue introducido en el furgón policial y, entre gritos de «asesino», le preguntaron: «¿Avisaste de los atentados?». «Sí, avisé y no me han hecho caso», respondió. «¿Qué quieren, que los detenga yo?», añadió.

Zouhier, en prisión desde el 24 de marzo por colaboración con banda armada, declaró ante la juez sobre las presiones y amenazas que ha recibido en la cárcel para que no hablara del 11-M. El confidente acusó públicamente a varios miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de haberle advertido que sería peor para él si contaba lo que sabía sobre los explosivos.

11-M Ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Valdemoro, Verónica Caravantes, el marroquí confirmó ayer que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para los que había trabajado como confidente le visitaron en prisión y le presionaron para que guardara silencio.

También relató a la juez las amenazas que vía telefónica le había dirigido otro confidente del Instituto Armado, así como las coacciones que había sufrido su novia.

Según la defensa de Zouhier en el proceso por el 11-M, el detenido explicó que los agentes le advirtieron de que, si hacía público lo que conocía sobre la dinamita usada en los atentados, le acabarían imputando los asesinatos y no podría salir de la cárcel. «¿A usted eso le parece una amenaza»?», le preguntó la juez. «No me parece ninguna broma», respondió Zouhier.

La visita de tres miembros de la UCO que fueron sus contactos se produjo el 14 de abril en la cárcel de Valdemoro. «Tú eres de los nuestros y te vamos a sacar de aquí. Pero para lograr eso no tienes que hablar con nadie. Ni con la prensa, ni con el juez, ni con tu abogado, ni con la Comisión del 11-M. Los únicos que te podemos sacar de aquí somos nosotros», le dijeron los agentes a Zouhier, como ya adelantó este diario.

El marroquí también relató que había recibido amenazas de otro amigo y confidente de la Guardia Civil llamado Mario. Fue éste, precisamente, quien le puso en contacto por primera vez con agentes del Instituto Armado y le convenció para actuar como confidente.

Según Zouhier, en algunas de las conversaciones telefónicas que mantuvo desde la cárcel con Mario, éste le había hecho llegar amenazas en el caso de que hablase sobre su relación con los explosivos. «Tu cabeza vale mucho», le dijo Mario, quien le advirtió que tuviese cuidado con lo que decía.

Este hecho fue denunciado por Zouhier en una carta que envió al ministro del Interior, José Antonio Alonso, el pasado 4 de mayo: «Se me ha puesto de manifiesto que los miembros de la UCO podrían enviar un sicario a la cárcel para asesinarme», decía el marroquí.

El 1 de junio, al día siguiente de que EL MUNDO divulgara la carta, la Fiscalía General envió un escrito a la Fiscalía de Madrid que adjuntaba la noticia. Diez días después, la Fiscalía de Madrid presentó una denuncia sobre las posibles presiones y amenazas. Tras admitir a trámite la denuncia, el Juzgado número 3 de Valdemoro llamó a declarar a Zouhier.

Esta es la única diligencia que se ha practicado hasta el momento, aunque fuentes judiciales explican que, teniendo en cuenta el contenido de la declaración y tras oír la opinión de la Fiscalía, la juez está estudiando la práctica de otras nuevas. La decisión se producirá, previsiblemente, la próxima semana.

Zouhier compareció ayer en calidad de perjudicado, por lo que pudo hacerlo sin abogado. Según fuentes judiciales, la juez le ofreció la posibilidad de que emprendiera acciones penales por las posibles amenazas, pero el marroquí no quiso hacerlo.

Respecto a las presiones recibidas por su novia, explicó ayer que el mismo confidente que le ha transmitido las amenazas entró en contacto con ella para decirle que dejara la relación. El marroquí sostiene que es un intento más de quitarle un posible respaldo para afrontar las presiones que sufre.

Zouhier, además, lamentó que funcionarios de la prisión de Aranjuez no le permitieran llevar consigo al juzgado algunas cartas de su novia, así como las instancias selladas relativas a las visitas en prisión. Según Rafá, el director de la prisión de Valdemoro le ordenó completar una instancia en la que se leía: «Deseo recibir a la policía y a cualquier persona que me quiera ayudar».

Zouhier también está preocupado por que se divulgue una imagen suya de «chivato del mundo de la noche», y cree que sólo se busca que «alguien» intente ajustar cuentas con él. «No soy un chivato», gritó ayer el marroquí al llegar al juzgado. El sostiene que es «un confidente de alto nivel», porque sus interlocutores eran agentes de la UCO.

Ante el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, Zouhier ha declarado que informó a esos contactos de que existía una trama de tráfico de dinamita en Asturias, y que llegó a proporcionarles una muestra del explosivo, que éstos analizaron. Aunque también logró hacerse con un detonador, no llegó a entregarlo a los agentes porque le estalló en las manos.

Sin embargo, en su auto del 18 de junio, el magistrado afirma que, según lo que consta en el sumario, «en modo alguno» Rafá Zouhier transmitió dato alguno «sobre los preparativos, intenciones o actuaciones que podrían estar realizando sus conocidos para la perpetración de acción alguna de carácter terrorista».

MADRID.- El propio Arnaldo Otegi, portavoz de Sozialista Abertzaleak (SA), llegó en un primer momento a pensar que ETA era la autora de los atentados del 11 de marzo.(.../...)


Así se refleja en el párrafo tachado de un documento elaborado por el CNI el mismo día de la masacre, según ha podido saber EL MUNDO de fuentes próximas a los servicios de Información.El documento fue desclasificado por el Gobierno de José María Aznar en el Consejo de Ministros del 18 de marzo, pero sin esas siete líneas.

Los miembros de la Comisión tuvieron ayer la oportunidad de estudiar este documento, entre otras 19 notas informativas reservadas del CNI, en una sesión secreta. Sin embargo, esa parte del texto siguió sin ser desclasificada por decisión del Gobierno socialista.

En el documento, los agentes del CNI informan del contenido de una conversación telefónica entre Otegi y un compañero de la izquierda abertzale. En ella, Otegi le pregunta si ETA ha sido la responsable del atentado y muestra su preocupación por esa posibilidad. Sin embargo, poco después, sobre las 13.00 horas del 11-M, el portavoz de SA compareció ante los medios de comunicación para negar la autoría de ETA y afirmar que el Gobierno mentía «deliberadamente» sobre los autores del atentado.

La nota del CNI se refiere a «las primeras conclusiones sobre la autoría y consecuencias de la cadena de atentados». El párrafo dedicado al líder de la izquierda abertzale -que no puso ser leído por los diputados, a pesar de que habían pedido su desclasificación- está intercalado entre uno que señala a ETA como la autora del atentado y otro que descarta la actuación de cualquier «organización ligada a la yihad islámica».

El portavoz del PP en la Comisión, Vicente Martínez-Pujalte, se quejó ante el resto de los grupos de que los documentos les fueran entregados con tachaduras. Le contestó Emilio Olabarria, el portavoz del PNV, que lo justificó diciendo que había que preservar la «información sensible».

Martínez-Pujalte declaró después que si Olabarria tenía conocimiento de que esa información era «sensible», era porque conocía su contenido y, por tanto, él también quería conocerlo.

Además de este documento, que ya había sido publicado por diversos medios de comunicación -excepto el párrafo eliminado-, el Gobierno remitió ayer a la Comisión del 11-M otros 19 papeles secretos, de los que los diputados pudieron tomar notas.

Faltan papeles

El Partido Popular denunció que el Gobierno no había facilitado a los diputados todos los papeles solicitados. De los tramitados por los grupos, faltaban siete: cuatro sobre las medidas antiterroristas adoptadas por el Gobierno de Aznar antes del 11-M, dos sobre el 13 de marzo y otro sobre el día 15.

A tenor de los comentarios de los portavoces de los grupos políticos, el contenido de los documentos del CNI no aportó mucha información a sus señorías. El representante de CIU, Jordi Jané, destacó el documento número 12, que hace referencia a la localización e inspección de la furgoneta encontrada en Alcalá de Henares.Para el diputado catalán, este documento puede indicar que los detonadores y los restos de explosivos fueron hallados por la mañana y no por la tarde, como mantiene toda la cúpula de Interior, incluida la del actual Gobierno socialista.

El CNI asegura en la nota que los terroristas dejaron abandonada la furgoneta con la cinta de versos del Corán como si fuera una «firma» de la autoría del atentado.

Los documentos 16 y 10 están centrados en la figura de un peligroso terrorista árabe. Los agentes del CNI afirman que el integrista Lamari era el objetivo prioritario en sus investigaciones y que preparaba acciones en España y Europa, aunque después los agentes no lograron establecer ninguna relación con los autores materiales de la masacre.

En estos documentos, el CNI adelanta que los terroristas preparan una acción violenta durante la celebración de las Fallas en Valencia en los días previos al 19 de marzo.

Los documentos uno y seis están dedicados a las medidas del anterior Gobierno en previsión de atentados terroristas por parte de grupos islamistas.

En la nota número 20, redactada en 2002, los expertos del CNI en Al Qaeda afirman que Irak cuenta con armas químicas.

En otro documento, el 15, los servicios secretos señalan que el atentado sólo tiene una motivación religiosa y que detrás de él sólo aparecen integristas marroquíes.

La nota número 11 se centra en las reivindicaciones de los grupos afines a Al Qaeda. Sobre el comunicado remitido por medio de un correo electrónico al diario Al Quds de Londres, los espías españoles afirman que es poco creíble. Sí dan valor al vídeo aparecido el sábado en las proximidades de la mezquita de Madrid.Dicen que la persona que reivindica el atentado no es árabe, sino más bien un europeo convertido al Islam.

El propio día de reflexión, los servicios secretos avisaron de que el líder de ERC estaba desarrollando una maniobra de instrumentalización política para «forzar al PSOE a entrar abiertamente en una dinámica de presión sobre el Ejecutivo» - Para ello, Carod se puso en contacto con Otegi, instándole a transmitir a Ibarretxe y a Larreina el rumor de que un PP con mayoría absoluta suspendería la autonomía vasca y detendría en masa a líderes 'abertzales'

VICTORIA PREGO

MADRID.- Carod-Rovira ataca de nuevo. Carod ataca, explicaba el CNI en la nota informativa enviada al Gobierno el 13 de marzo y a la que ha tenido acceso EL MUNDO, apoyándose en Arnaldo Otegi, al que utiliza, además de como interlocutor, como palanca. El líder de ERC llega, a través del batasuno, hasta el PNV y EA y consigue que éstos acepten presionar al PSOE para que altere el clima electoral cuando faltan pocas horas para que se abran las urnas. Lo que Carod quiere es sacar a las masas a la calle contra la supuesta manipulación informativa del PP.
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El actual Ejecutivo no ha enviado este documento a la Comisión de Investigación para ser examinado, a pesar de estar entre aquéllos cuya entrega había sido solicitada por el PP.

Si el recorrido de los contactos seguidos por el líder de ERC parece alambicado, mucho más lo es cuando se conoce el argumento empleado por Carod para movilizar el temor de los nacionalistas vascos. A saber: que tenía noticias de un rumor según el cual si, como consecuencia del trauma social padecido a raíz de la matanza terrorista del día 11, el PP lograba revalidar su mayoría absoluta, tenía el propósito de dar una suerte de golpe de estado autonómico, suspender la autonomía del País Vasco, hacerse con el control de la Ertzaintza (PAV, en el texto del CNI), y lanzarse a la detención masiva de miembros de la llamada izquierda abertzale (IA).

El intento de Carod de agitar la calle en el País Vasco requería de poco esfuerzo, porque esa agitación ya existía: la progresiva certeza por parte de los radicales de que los terroristas de ETA no eran los autores de la atroz matanza les había devuelto, según el CNI, la tranquilidad y las ganas de borroka. Así que la consigna estaba clara y la agitación servida. Pero se ve que Carod quería más: quería terminar de excitar al PSOE en sus ganas de denunciar al Gobierno y buscaba evitar por todos los medios una victoria del PP, que no convenía de ninguna manera a sus intereses políticos y personales.

Minigolpe de estado

El delirante argumento de ese proyecto de minigolpe de estado contra la autonomía vasca tuvo un recorrido inevitablemente corto en cuanto alcanzó un cierto nivel en la escala de la responsabilidad política. A Ibarretxe no le cuadró la tesis transmitida por el republicano catalán y decidió no comprar semejante mercancía.Pero sí le compró, sin embargo, la sugerencia de hacer presión sobre el PSOE. Y no es que en el Partido Socialista estuvieran ajenos a las formidables tensiones políticas y sociales que se vivieron en España en aquellos tristes días. La manifestación del viernes -«¿quién ha sido?», «¡queremos saber!»- no fue de ninguna manera el resultado de la pintoresca estrategia de la araña diseñada por Carod, que, como un espontáneo, se lanzó a la plaza sin invitación y al final de la corrida.

Es muy probable, además, que la intervención de los responsables socialistas durante el 13-M no tenga tampoco relación con los intentos de Carod, porque hay que dar por hecho que el PSOE diseña sus propias estrategias sin necesidad de que le defienda ningún compadre. Pero el contenido del documento del CNI es muy grave, por varias razones.

En primer lugar, porque lo que Carod buscaba es lo que luego efectivamente ocurrió, lo cual introduce ahora un nuevo elemento oscuro en el análisis de lo sucedido. Porque lo cierto es que los dirigentes del PSOE denunciaron en los medios de comunicación -y muchos de sus seguidores en la calle- la «supuesta ocultación de información por parte del Gobierno», como dice el CNI que Carod pretendía. La intervención, hasta hoy desconocida, del jefe de ERC no hace sino contaminar la actuación conocida del PSOE.

En segundo lugar, por el argumento que el político catalán empleó para intentar conseguir su objetivo, buscando -con esa formidable invención que sólo una mente iluminada o extraordinariamente sectaria puede considerar verosímil- provocar el miedo de los nacionalistas vascos y hacerles pasar a la acción.

En tercer lugar, por la manifiesta voluntad de manipulación de la opinión pública que los rumores esgrimidos por Carod evidencian de modo tan escandaloso y descalificatorio para un político de un mínimo nivel.

En cuarto lugar, porque quien hace estas llamadas al batasuno Otegi es el líder confirmado de un partido político que forma parte del Gobierno catalán. Y esas cosas no hay quien las pueda justificar.

Y, por último, porque este documento, enviado al Ejecutivo por el CNI, no ha sido puesto por el actual Gobierno a disposición de la Comisión, a pesar de que el PP había solicitado todas las notas enviadas por el Centro Nacional de Inteligencia al anterior Gobierno entre el 11 y el 14-M.

La aparición de documentación calificada como secreta, y pedida pero no entregada, no hace sino extender las dudas sobre los motivos de cada ocultación. La exigencia de limpieza acabará siendo un clamor.

Documento reproducido

Nota Informativa

Asunto: Situación de tensión en el País Vasco y Navarra

La posibilidad de que ETA fuese la autora del atentado ocurrido el pasado 11 de marzo sumió a su entramado de apoyo en un estado de profundo pesimismo que, tras la comunicación telefónica en la que un posible miembro de ETA exculpó a la organización terrorista de haber participado en el atentado de Madrid, se tornó en euforia y ha producido una significativa reactivación de la IA. La situación se ha complicado con el desarrollo de acciones de confrontación y violencia tras haberse producido hoy la muerte en Pamplona de un militante de la organización de apoyo a presos de ETA, Etxerat, tras una discusión con un miembro de la Policía Nacional.

Los dirigentes abertzales pretenden canalizar este estado de agitación de su militancia para «recuperar la calle» y han transmitido consignas a sus militantes para conseguir que las últimas horas previas a las elecciones discurran con la mayor anormalidad posible.Para ello han decidido convocar la celebración de movilizaciones tanto para la tarde del día de reflexión como a lo largo de la propia jornada electoral.

Paralelamente, se ha producido una maniobra de instrumentalización política por iniciativa y coordinada por el dirigente de ERC, José Luis Carod-Rovira, quien se ha puesto en contacto con el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, para transmitirle un supuesto rumor según el cual, en el caso de que el PP alcanzase la mayoría absoluta, se produciría la suspensión de la autonomía en la Comunidad Vasca, el traspaso de dependencia de la PAV al Ministerio del Interior y la detención masiva de dirigentes de la IA. Además, le ha mostrado su perplejidad por la falta de reacción del PSOE ante la supuesta manipulación informativa que estaría haciendo el Gobierno en torno al atentado del 11 de marzo.

El propósito de este contacto de Carod-Rovira sería, por una parte, impulsar la movilización de las fuerzas nacionalistas vascas en contra del Gobierno, y por otra, conseguir su colaboración para forzar al PSOE a entrar abiertamente en una dinámica de presión sobre el Ejecutivo. Con ambos propósitos el dirigente catalán pretendería obtener réditos electorales fruto de la situación de incertidumbre existente sobre la autoría del atentado.

Arnaldo Otegi se ha puesto en contacto con los dirigentes nacionalistas Juan José Ibarretxe y Rafael Larreina. Ambos le han restado credibilidad a lo comentado por Carod-Rovira, aunque se han mostrado partidarios de presionar al PSE para que denuncie la supuesta ocultación de información por parte del Gobierno.

Fecha de redacción: 13.03.2004

Los diputados de la comisión del 11-M dedicaron ayer más de cinco horas a examinar a puerta cerrada los documentos clasificados del CNI, sobre los que la ley les obliga a guardar silencio. Había, sin embargo, un informe de los servicios secretos al Gobierno que los miembros de la comisión no pudieron ver. EL MUNDO ha tenido acceso a este trascendental documento, hurtado por el Ejecutivo a los diputados.

Lo que revela este informe clasificado del CNI -fechado el día 13 de marzo, jornada de reflexión electoral- es que los líderes de ERC y de Batasuna, Carod-Rovira y Otegi, concertaron una estrategia para provocar «la mayor anormalidad posible» e influir sobre los resultados electorales.

La iniciativa partió de Carod-Rovira, que se puso en contacto en la mañana del día 13 con Otegi para que divulgara la falaz especie de que, si el PP ganaba de nuevo las elecciones, el Gobierno pondría fin a la autonomía vasca, se haría con el control de la Ertzaintza y detendría a los principales líderes de la izquierda abertzale.

Carod-Rovira convenció a Otegi para que hablara con el lehendakari Ibarretxe y con Rafael Larreina, dirigente de EA, a los que transmitió los falsos planes del PP e instó a presionar al PSOE para que se movilizara.

El documento del CNI pone de relieve que Carod-Rovira y Otegi eran partidarios de sacar a la calle a los nacionalistas y los militantes del PSOE para dañar la imagen del Gobierno y derrotar al PP en las urnas.

Al margen del éxito o del fracaso de su propósito -hay quien pensara que lo que hizo y dijo Rubalcaba encaja en esa busqueda de la «anormalidad»-, queda en evidencia la catadura moral y política de Carod-Rovira y de Otegi, embarcados en la tarea común de desestabilizar la democracia y manipular al electorado.

No es una sorpresa teniendo en cuenta la trayectoria de ambos políticos, pero sí resulta desconcertante la ocultación por parte del Gobierno de este documento a la comisión que investiga no sólo los atentados del 11-M sino además los hechos posteriores y, muy especialmente, lo sucedido en la jornada electoral.

El Gobierno ha argumentado que hay documentos del CNI que no pueden ser mostrados a los diputados porque pondrían en peligro la seguridad nacional o perjudicarían a servicios secretos de otros países. Pero ni una ni otra razón pueden ser esgrimidas para ocultar la existencia del informe de cuyo contenido damos hoy noticia.

Si el Ejecutivo ha decidido sepultar este documento entre otros cuyo secreto podría estar justificado es porque perjudica a su socio político en el Gobierno de Cataluña y a uno de sus principales apoyos en el Congreso. Sin duda, Zapatero ha querido evitar una nueva crisis con ERC, como la que se produjo cuando se filtraron los contactos de Carod-Rovira con ETA.

El Gobierno sigue insistiendo en que desea colaborar con la comisión, pero el grupo parlamentario del PSOE volvió a oponerse ayer a las comparecencias de los confidentes policiales, solicitadas por el PP.

Son demasiadas zancadillas para poder creer que Zapatero y su partido están interesados en que resplandezca toda la verdad sobre lo sucedido antes y después del 11-M, que debería ser investigado por la comisión sin restricciones ni cortapisas.