El Gobierno 'castiga' al Congreso por su indiscreción con los papeles secretos

17-07-04

11-M LA INVESTIGACION

El Gobierno 'castiga' al Congreso por su indiscreción con los papeles secretos

Sólo el presidente de la Comisión podrá ver desde ahora los documentos sin tachaduras - Fernández de la Vega califica, en carta a Marín, de «no razonable» y «poco responsable» que haya habido filtraciones

FERNANDO GAREA

MADRID.- El Gobierno puso de manifiesto ayer su enfado con el Congreso por la indiscreción de la Comisión de Investigación del 11-M al tratar los documentos secretos y ha decidido castigar a los parlamentarios para el futuro.
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El malestar fue trasladado por el Ejecutivo en una carta remitida al presidente del Congreso, Manuel Marín. Y el castigo se concreta en que no se producirá por el momento una sesión similar a la del miércoles, tras la cual, diputados de casi todos los grupos informaron del contenido de los documentos secretos. Es decir, los comisionados no verán más documentos íntegros por su indiscreción.

Ayer, el Consejo de Ministros aprobó utilizar una fórmula distinta mucho más restrictiva que la anterior: El Congreso mantiene la clasificación de secreto para un nuevo documento reservado solicitado y, a lo más que accede, es a enviarlo a los diputados de la Comisión de Investigación con tachaduras que eliminen los elementos que considera comprometedores.

Además, «para el caso en que los miembros de la Comisión de Investigación entiendan que las fotocopias con tachaduras facilitadas no sean suficientes a efectos de la investigación en curso y pidan la exhibición de los originales íntegros», se permitirá que lo vea sólo el presidente de dicha Comisión.

Se da la circunstancia de que Paulino Rivero, presidente de la Comisión del 11-M y diputado de Coalición Canaria, es el único miembro de ésta que también pertenece a la de secretos oficiales.

El castigo es, pues, que ya no verán los documentos secretos íntegros todos los portavoces de la Comisión, sino sólo el presidente.

En la anterior ocasión, el Gobierno dijo a los grupos que no tenía inconveniente en que se bordeara la Ley del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y se permitiera que los miembros de la Comisión de Investigación actuaran como la de secretos oficiales y vieran los documentos.

Sin embargo, la sesión del miércoles provocó malestar en destacados miembros del Gobierno, encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como informó ayer EL MUNDO.

Según estos ministros los diputados incumplieron la ley del CNI, el Código Penal y el Reglamento del Congreso al hacer público el contenido de los papeles nada más consultarlos en secreto y sin reserva alguna.

Por eso, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el envío de una carta de protesta al presidente del Congreso, Manuel Marín.

Según dijo la número dos del Gobierno, «se expone la preocupación por el hecho de que se hagan públicas infomaciones contenidas en los documentos clasificados como secretos».

María Teresa Fernández de la Vega añadió que «no ha sido razonable que documentos secretos entregados al Parlamento por el Gobierno para conocimiento exclusivo de los miembros de la Comisión se hayan visto reproducidos públicamente. Es poco responsable y razonable filtrar y transcribir documentos secretos, lo haga quien lo haga».

El documento secreto que los diputados verán ahora con tachones responde a la petición genérica de «informes, notas informativas o cualquier comunicación oficial elaborada durante los días 11, 12 y 13 de marzo donde se recojan actuaciones sobre presuntos miembros de ETA en relación a los atentados del 11-M o, en su caso, confirmación oficial de que no existen».

A esa petición genérica, el Gobierno responde que «existen dos notas informativas de las comisarías provinciales de León y Guadalajara, elaboradas los días 11 y 12 de marzo de 2004, así como una comunicación recibida el 12 de marzo en la Comisaría General de Información vía email, que tienen que ver con seguimientos de personas sospechosas o supuestas identificaciones relacionadas con miembros de ETA».

Lo sorprendente es que una nota secreta del Ministerio del Interior sitúe las investigaciones sobre ETA el 11-M en León y en Guadalajara, provincias en las que no ha trascendido en los últimos años que la policía o la guardia civil haya detectado algún comando terrorista.

De ese documento, mediante las tachaduras, «se han omitido todos los datos que permitirían conocer detalles de la investigación, las fuentes utilizadas para su obtención, las personas que han dado noticia de supuestas identificaciones de terroristas, el nombre de los sospechosos y los lugares donde se han producido las investigaciones y/o supuestas identificaciones».

El malestar del Gobierno afecta también a las comparecencias el lunes por la tarde ante la Comisión del actual director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Sáiz, y el anterior, Jorge Dezcallar.

En esta ocasión, el Gobierno no ha comunicado al Congreso de los Diputados que no tiene inconveniente en que se produzca a puerta cerrada para que pueda versar sobre temas clasificados.Y, por el momento, la Comisión mantiene que las comparecencias deben ser a puerta abierta.

Por ello, Dezcallar y Sáiz no podrán hablar sobre temas secretos, ni siquiera aunque en el momento se dediera que sean a puerta cerrada. La vicepresidenta primera explicó ayer que el Gobierno aceptará la fñormula de comparecencia que decida el Parlamento.


Pero, en todo caso, tal y como adelantó ayer EL MUNDO, el Ministerio de Defensa ha dado instrucciones verbales a ambos para recordarles su obligación legal de guardar secreto sobre materias clasificadas.La obligación se mantiene también cuando se abandona el cargo.

Fernández de la Vega explicó ayer que Jorge Dezcallar y Alberto Sáiz «han preguntado al ministro de Defensa y tengo noticias de que les ha contestado con la ley en la mano, la ley establece lo que es secreto, y, por tanto, con el cumplimiento estricto de la legalidad».

La Ley del CNI explica que sus responsables sólo rinden cuentas de materias clasificadas ante la comisión de secretos oficiales, sin que en esta ocasión se haya habilitado a la del 11-M.

El Ejecutivo valoró la posibilidad de dar esas instrucciones por escrito al director del CNI y su antecesor, ahora embajador de España en el Vaticano.

Obviamente, el Gobierno no informa públicamente de la nota secreta del CNI publicada en EL MUNDO que hacía referencia a una conversación entre Arnaldo Otegi y Josep Lluis Carod-Rovira el 13 de marzo.Dezcallar y Sáiz no podrán abrir la boca sobre ese tema.


Sí podrán declarar sobre asuntos colaterales como el desmentido que firmó Jorge Dezcallar el 13-M a una información sobre la pista islámica o su ausencia del Gabinete de Crisis.

Ni siquiera podrán hablar del número de efectivos o medios materiales dedicados a combatir el terrorismo islámico, ya que estas informaciones están expresamente protegidas por el artículo 5 de la Ley del CNI. Es información sobre los medios del CNI no está sometida tampoco al control de la Comisión de Secretos Oficiales, según dicha norma.

A una pregunta sobre la intención de Otegi de querellarse por supuestas escuchas ilegales, la vicepresidenta respondió que «todo español, incluido el señor Otegi, tienen derecho a acudir a los tribunales».

Por otra parte, el Gobierno remitió ayer varios documentos de Interior no calificados como secretos solicitados por la Comisión de Investigación. Hasta el momento el Gobierno ha recibido 99 peticiones de documentos que han sido remitidos al Congreso o que han podido ser consultados en su práctica totalidad, según la Vicepresidencia primera del Ejecutivo.

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