Entre las filtraciones ilegales y la negligencia policial

18-07-04

11-M LA INVESTIGACION / BALANCE DE LA COMISION PARLAMENTARIA

Entre las filtraciones ilegales y la negligencia policial

Las comparecencias en la segunda semana han sido eclipsadas por la polémica sobre los papeles del CNI y las declaraciones del confidente

CAYETANA ALVAREZ DE TOLEDO

MADRID.- Cuánta razón tenía el filósofo griego Juan Estobeo cuando amargamente repetía aquéllo de que «desgraciadamente la opinión tiene más fuerza que la verdad». La segunda semana de la Comisión de Investigación del 11-M ha corroborado las sospechas de que sus ilustres señorías -divididas en dos grandes bloques: los defensores de Angel Acebes y todos los que no lo son- están mucho menos interesadas en averiguar quién y cómo se organizó la masacre, que en convencer a su cada vez más confundido y escandalizado cuerpo de representados de que su versión particular de los acontecimientos es la veraz.
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Si los protagonistas de la primera semana de comparecencias fueron las mentiras, los testimonios teledirigidos y las incongruencias, lo más destacable de la segunda han sido la filtración parcial e interesada de documentos del CNI, las contradicciones entre mandos policiales, la egolatría de Garzón, la ironía de Fungairiño y el tiempo perdido. Porque si bien fascinantes para todos aquellos que ansíaban ampliar sus conocimientos sobre el Islam y sus desviaciones, las ponencias a las que los diputados dedicaron horas de su atención fueron absolutamente irrelevantes para la investigación de la peor masacre terrorista de la Historia de España.

Y mientras los comisionados incurrían en la banalidad y en el delito de filtrar documentos no desclasificados, en la calle la atención se centraba en la impactante declaración del confidente de la UCO Rafá Zouhier, de que había avisado de los atentados a sus controladores sin que éstos moviesen un dedo para impedirlos.

Filtraciones ilegales y negligencia policial: éstos son los dos ejes sobre los que ha girado una Comisión de Investigación que, lamentablemente, sigue sin hacer justicia a los muertos.

JUSTIFICACIONES INVEROSIMILES

El pistoletazo de salida a una semana de filtraciones interesadas la dio el propio Ministerio del Interior con la intención de exculpar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de cualquier responsabilidad -se trataría de negligencia culposa- en la matanza de Madrid. El tiro, sin embargo, le salió por la culata.

Los informes que llegaron el sábado a manos de los medios gubernamentales, y cuyo contenido completo El País publicó el martes, están plagados de incongruencias y omisiones, pese a lo cual corroboran dos hechos clave: el primero es que Rafá Zouhier no sólo alertó a sus controladores de la UCO de que Antonio Castro Toro y Emilio Suárez Trashorras -que hoy está entre rejas por proporcionar la dinamita al comando de Leganés- andaban traficando con explosivos, sino que además llegó a entregarles una muestra de la Goma 2.El segundo es que la policía de Oviedo también sabía a lo que se dedicaba Trashorras, y se lo comunicó a su controlador, el inspector jefe de estupefacientes de la comisaría de Avilés, Manuel García Rodríguez.

Pero hay más. Según el informe policial, Manolón, como se le conoce al inspector, llegó a admitir que en enero de 2004 -es decir, menos de dos meses antes del macroatenta- Trashorras le comentó que tenía una relación con unos «moritos» que traficaban con droga y que en una ocasión incluso le vio con dos de ellos. Lejos de exculpar a la Policía y la Guardia Civil, pues, lo que los informes filtrados por Interior han puesto de manifiesto es hasta qué punto eran muchas y evidentes las señales de alarma.Por eso resulta imposible de creer -como grandilocuentemente alega el documento remitido por Gómez Arruche- que la UCO realizó «un vasto y extenso operativo policial» que, sin embargo, no le permitió descubrir absolutamente nada. ¿No interrogaron los agentes de la Benemérita a sus colegas de Avilés? ¿No se enteraron de que Trashorras y Toro eran confidentes de Manolón y que la policía de Oviedo sospechaba de que traficaba con dinamita?

Estas son incógnitas clave que los altos mandos de la Guardia Civil que comparecen esta semana -señaladamente, el responsable de la UCO, Félix Hernando, y el ex jefe de la Benemérita, Santiago López Valdivielso- tienen la obligación de despejar.

LAS ACUSACIONES DE ZOUHIER

El principal argumento para rebatir los informes policiales filtrados por -o con el plácet de- Alonso no lo ha dado ningún miembro de la oposición ni tampoco ningún medio de comunicación. Lo ha dado el propio Zouhier, quien el miércoles compareció ante el juzgado de Valdemoro que investiga si fue presionado por sus controladores para que bajo ninguna circunstancia revelara nada sobre la trama de los explosivos.

La primera imagen pública de Zouhier -su torso de portero de discoteca (que es efectivamente lo que era) enfundado en una camiseta impresa con un oportunamente orwelliano 1984- causó una honda impresión, que se multiplicó exponencialmente cuando a su salida del juzgado fue interpelado por un periodista sobre si había avisado de los atentados del 11-M y afirmó: «Sí, avisé, y no me han hecho caso».

Vaya por delante que Zouhier es un presunto delincuente cuyos testimonios, además, adolecen de importantes contradicciones.Y, sin embargo, sería absurdo desacreditar por ello todo lo que dice y escribe. La pregunta clave es si sus palabras deben o no interpretarse literalmente. ¿Alertó Zouhier a la UCO de que Trashorras, El Chino y su banda preparaban un gran golpe en Madrid? De momento, sólo sabemos a ciencia cierta, porque consta en el auto del juez Del Olmo, que les puso sobre la pista de los explosivos.Que no es poco. Sin embargo, Zouhier asegura que tiene más información que quiere exhibir ante la Comisión, a la que esta semana remitió dos cartas. En la última, añade que también alertó a sus controladores cinco meses después del primer aviso, lo que nos situaría ya en octubre de 2003. Seis meses antes de la masacre. En el mejor o menos grave de los casos, estamos ante un hecho que la Comisión tiene la obligación de estudiar. Pero para ello es imprescindible que el grupo parlamentario socialista deje de vetar sistemáticamente la comparecencia de los confidentes, actitud que, en definitiva, no hace más que acentuar la impresión entre la opinión pública de que algo tiene que ocultar. La mejor forma de acabar con las especulaciones es llamarlos a declarar y, si el juez lo autoriza, interrogarles para averiguar cuánto en su versión hay de verdad.

LA INDISCRECION DE SUS SEÑORIAS

El problema está en que sus señorías no parecen decididas a acabar con las especulaciones. Eso al menos se desprende de la manera burda y descarada con la que filtraron a los medios el contenido de los papeles del CNI que el Gobierno inicialmente había puesto en manos de la Comisión de Secretos Oficiales y que, bordeando la Ley, se les entregó también a los miembros de la Comisión de Investigación. Los diputados ni siquiera se tomaron las molestias de ocultarse en algún rincón del Congreso o de acercarse a un bar aledaño para reunirse con los periodistas, como hicieron en su día los delegados de la Comisión Roldán. No. A simple vista, incluso ante las cámaras de televisión, vulneraron el deber de secreto al que les obliga no sólo la Ley del CNI y el reglamento del Congreso, sino también el Código Penal.

¿Y todo ello para qué? Pues muy sencillo: para difundir la versión que más convenía a sus respectivos partidos. Así es como los ciudadanos se enteraron de que para el CNI la furgoneta hallada en Alcalá era «una reivindicación en sí misma del atentado» y que el 15 de marzo -es decir, tres días después de que el Instituto Anatómico Forense descartara por completo que hubiera habido algún kamikaze- informó de que en los trenes «podía haber uno o varios terroristas suicidas».

La indiscreción de los diputados al menos sirvió para despejar la incógnita sobre el origen del macabro error de la Ser. En cuanto al informe sobre la furgoneta, fue manipulado por algunos medios no sólo para dar a entender que la pista etarra estaba descartada desde el momento en el que se encontró la cinta coránica, sino también para reivindicar la increíble versión del portero Garrudo de que los detonadores habían sido hallados durante la mañana del 11-M.

Nada más alejado de la realidad, como bien aclaró el inspector jefe de la Policía Científica de Alcalá, que realizó la primera inspección ocular de la furgoneta, antes de que fuera trasladada al complejo policial de Canillas. Luis Martín Gómez afirmó categóricamente ante la Comisión que «no había nada a la vista», ni cintas ni explosivos ni mucho menos detonadores, ya que si los hubiera habido él mismo habría insistido en que se acercaran los Tedax.Su testimonio coincide con el de todos los demás mandos policiales que han desfilado ante la Comisión.

¿EN QUE PENSABA DEZCALLAR?

Pero además la idea de que el CNI sabía desde un primer momento que el atentado era obra de islamistas choca con el documento -desclasificado en su día por el Gobierno del PP- que constata que el día 11 los servicios secretos creían «casi seguro» que el autor era ETA. Y también con el desmentido que el propio jefe de los espías, Jorge Dezcallar, hizo público la tarde del 13 de marzo a una información que aseguraba que el CNI ya había abandonado por completo la pista etarra. A no ser, claro está, que los servicios secretos o alguno de sus miembros estuviera jugando a dos bandas o sencillamente engañando al Gobierno.

En este sentido, cobra especial relevancia el testimonio de Dezcallar, previsto para el próximo lunes por la tarde. El ex director del CNI debería despejar las dudas que giran en torno a la actuación de los servicios de inteligencia, empezando por su pasmosa incapacidad para prever un atentado de las dimensiones del 11-M. ¿Cómo es posible que Dezcallar, que conoce Marruecos como la palma de su mano, no tuviera ni un sólo dato que le permitiera pensar lo que se traían entre manos varios ciudadanos de aquel país? Hay quienes consideran que el enfriamiento de su relación con Aznar es un elemento clave. Por otra parte, fuentes del actual Gobierno aseguran que Zapatero le nombró al cotizadísimo cargo de embajador ante el Vaticano a pesar de las presiones de miembros de la vieja guardia socialista y del Rey, que querían que Dezcallar permaneciera al frente del CNI.

En cualquier caso, el testimonio del ex director del Centro no será todo lo revelador que podría ser. El Ejecutivo ha descartado habilitar una fórmula equivalente a la que permitió a los comisionados ver los documentos secretos. Dezcallar no podrá hablar, pues, de muchas cuestiones clave ante la Comisión. Y esto incluye la interesante conversación que mantuvieron el 13 de marzo Arnaldo Otegi y Josep Lluís Carod-Rovira.

JORNADA DE DESESTABILIZACION

La existencia de dicha conversación se desprende de una nota enviada por el CNI al Gobierno el 13 de marzo y publicada por este periódico el pasado miércoles. El papel -que el Gobierno no incluyó en la partida que los comisionados tenían derecho a ver pero no a desvelar- revela que los líderes de ERC y Batasuna concertaron una estrategia para provocar «la mayor anormalidad posible» e influir sobre el resultado de las elecciones generales.

La iniciativa partió de Carod, quien se puso en contacto con Otegi por la mañana del día de reflexión para sugerirle que divulgara la falaz especie de que si el PP volvía a ganar, el Gobierno pondría fin a la autonomía vasca. se haría con el control de la Ertzaintza y detendría a los principales líderes de la izquierda abertzale. Carod convenció a su interlocutor de que se pusiera en contacto con Ibarretxe y con el dirigente de EA, Rafael Larreina, a quienes el lehendakari transmitió el mensaje e instó a presionar al PSOE para que se echara a la calle.

El Gobierno justifica la ocultación de este importante documento a la Comisión -entre cuyas tareas, cabe subrayar, está investigar también lo sucedido durante la jornada de reflexión- con dos argumentos: el primero es que el artículo 11 de la Ley del CNI resguarda del control parlamentario a todas «las materias relativas a las fuentes y los medios del Centro», y eso incluye, según el Ejecutivo, las fuentes que vigilaron a Otegi. El segundo es la absoluta falta de respeto que han mostrado los diputados por los secretos del CNI.

Ambas son sin duda razones de peso. Y, sin embargo. la historia nos ha enseñado a desconfiar de los gobiernos que recurren a la defensa de la Seguridad Nacional para justificar la ocultación de documentos. No en vano es la misma coartada que sirvió para mantener bajo llave los papeles del Cesid sobre los GAL. A esto se añade la sospechosa circunstancia de que el Gobierno de Zapatero sólo parece dispuesto a permitir una interpretación flexible de la Ley y a otorgar a sus señorías un amplio margen de confianza cuando se trata de información sensible que puede perjudicar al PP y no cuando pone en entredicho el respeto a los valores democráticos y la catadura moral de los socios de Maragall.

EL ENGIMA DEL TITADINE

Si la segunda semana de comparecencias no ha servido para avanzar en el esclarecimiento de la autoría de la masacre, tampoco ha contribuido a aclarar quién cometió el desafortunado error de sustituir el genérico «dinamita» por el significativo «titadine».El comisario de Seguridad Ciudadana negó de forma categórica que él hubiese pronunciado en su conversación con el entonces subdirector general operativo de la Policía la palabra mágica que persuadió a casi todos de que la carnicería de Atocha era obra de ETA. Nunca se sabrá, pues, si el error lo cometió Cuadro o si la confusión fue de Díaz Pintado. Y, sin embargo, lo cierto es que tampoco es demasiado importante ya que cualquiera de las dos posibilidades sitúa la equivocación en el ámbito policial y descarta que fuera Acebes quien deliberadamente introdujo un dato falso para dotar de mayor credibilidad a la hipótesis de la autoría de ETA.

Por otra parte, lo que sí ha quedado corroborado es que el jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, se precipitó al asegurar ante la Comisión que «ningún miembro» de su unidad había dicho Titadine.El juez Garzón reveló que al menos un Tedax sí lo hizo, a las 12.20 horas del 11-M junto a las vías de Atocha. El PP ha solicitado que el magistrado identifique al agente en cuestión para que luego se le interrogue sobre si trasladó su percepción a su superior.Esto es fundamental para determinar si Sánchez Manzano -cuya explicación de por qué su nombre figuraba en la agenda de la confidente Carmen Toro, resultó poco verosímil- engañó o no a la Comisión.

EL AMOR PROPIO DE GARZON

El testimonio de Baltasar Garzón también sirvió para comprobar cuánto le cuesta a este prestigioso y valiente magistrado reconocer sus limitaciones. El juez aseguró que desde el primer momento intuyó que el atentado era obra de Al Qaeda y que su convicción «quedó claramente establecida» cuando se enteró del hallazgo de una cinta con versos coránicos en la furgoneta de Alcalá.

En primer lugar, sorprende que el juez llegara a primerísima hora a la conclusión de que era Al Qaeda -posibilidad que, de hecho, parece cada vez más remota- cuando tanto por la proximidad de las elecciones y los precedentes inmediatos -Baqueira, Cuenca y Chamartín- lo razonable era apuntar en dirección de ETA. Garzón tiene razón en que para dicha organización terrorista suponía un salto cualitativo y que Otegi negó tajantemente que tuviera algo que ver. Y, sin embargo, ya sabemos, por el propio CNI, que el líder abertzale llegó a pensar que la organización terrorista vasca estaba implicada.

Por otra parte, causa un cierto asombro escuchar a Garzón decir que sus escasísimas dudas quedaron definitivamente despejadas la misma noche del 11-M, cuando habló con Díaz Pintado y éste le dijo que barajaba las dos hipótesis «en un 50 por cierto», aunque menos la que apuntaba hacia la norte que la que lo hacía hacia el sur. Y es que a varias personas con las que el juez habló tanto el 11 de Marzo como durante buena parte del 12 les aseguró que él mantenía abiertos ambos supuestos. Curiosamente, lo expresó utilizando las mismas palabras -«en un 50 por ciento»- que ahora dice utilizó el policía. O Garzón entonces no se quiso mojar o ahora no está reconociendo que durante esos turbulentos días titubeó tanto como los demás.

LA LECCION DE FUNGAIRIÑO

Eduardo Fungairiño, por su parte, protagonizó la anécdota de la semana al afirmar con flema británica que no había oído hablar de la furgoneta hasta este mismo jueves por la mañana. O tal vez fue más que anécdota. Cuesta muchísimo creer que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional no conociera la existencia de una prueba clave de un sumario que está siendo instruido en ese mismo Tribunal. Si fuera cierto, sería una muestra de incompetencia inconfesable y menos aún ante una Comisión parlamentaria.

Todo indica, por el contrario, que Fungairiño decidió darles a sus señorías una lección. Quería dejarles claro su desprecio por una Comisión que no está sirviendo para esclarecer la verdad, sino para saldar cuentas políticas. En las formas, pues, se equivocó: su obligación era responder de forma puntual y sincera a las preguntas del Parlamento. En el fondo, sin embargo, tal vez tenía razón. La Comisión del 11-M está siendo una tremenda decepción para los ciudadanos. Sobre todo para las familias de los 192 muertos.

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