14-07-04

EDITORIAL


UNA ESTRATEGIA INDECENTE DE CAROD, QUE SU SOCIO TRATA DE OCULTAR

Los diputados de la comisión del 11-M dedicaron ayer más de cinco horas a examinar a puerta cerrada los documentos clasificados del CNI, sobre los que la ley les obliga a guardar silencio. Había, sin embargo, un informe de los servicios secretos al Gobierno que los miembros de la comisión no pudieron ver. EL MUNDO ha tenido acceso a este trascendental documento, hurtado por el Ejecutivo a los diputados.

Lo que revela este informe clasificado del CNI -fechado el día 13 de marzo, jornada de reflexión electoral- es que los líderes de ERC y de Batasuna, Carod-Rovira y Otegi, concertaron una estrategia para provocar «la mayor anormalidad posible» e influir sobre los resultados electorales.

La iniciativa partió de Carod-Rovira, que se puso en contacto en la mañana del día 13 con Otegi para que divulgara la falaz especie de que, si el PP ganaba de nuevo las elecciones, el Gobierno pondría fin a la autonomía vasca, se haría con el control de la Ertzaintza y detendría a los principales líderes de la izquierda abertzale.

Carod-Rovira convenció a Otegi para que hablara con el lehendakari Ibarretxe y con Rafael Larreina, dirigente de EA, a los que transmitió los falsos planes del PP e instó a presionar al PSOE para que se movilizara.

El documento del CNI pone de relieve que Carod-Rovira y Otegi eran partidarios de sacar a la calle a los nacionalistas y los militantes del PSOE para dañar la imagen del Gobierno y derrotar al PP en las urnas.

Al margen del éxito o del fracaso de su propósito -hay quien pensara que lo que hizo y dijo Rubalcaba encaja en esa busqueda de la «anormalidad»-, queda en evidencia la catadura moral y política de Carod-Rovira y de Otegi, embarcados en la tarea común de desestabilizar la democracia y manipular al electorado.

No es una sorpresa teniendo en cuenta la trayectoria de ambos políticos, pero sí resulta desconcertante la ocultación por parte del Gobierno de este documento a la comisión que investiga no sólo los atentados del 11-M sino además los hechos posteriores y, muy especialmente, lo sucedido en la jornada electoral.

El Gobierno ha argumentado que hay documentos del CNI que no pueden ser mostrados a los diputados porque pondrían en peligro la seguridad nacional o perjudicarían a servicios secretos de otros países. Pero ni una ni otra razón pueden ser esgrimidas para ocultar la existencia del informe de cuyo contenido damos hoy noticia.

Si el Ejecutivo ha decidido sepultar este documento entre otros cuyo secreto podría estar justificado es porque perjudica a su socio político en el Gobierno de Cataluña y a uno de sus principales apoyos en el Congreso. Sin duda, Zapatero ha querido evitar una nueva crisis con ERC, como la que se produjo cuando se filtraron los contactos de Carod-Rovira con ETA.

El Gobierno sigue insistiendo en que desea colaborar con la comisión, pero el grupo parlamentario del PSOE volvió a oponerse ayer a las comparecencias de los confidentes policiales, solicitadas por el PP.

Son demasiadas zancadillas para poder creer que Zapatero y su partido están interesados en que resplandezca toda la verdad sobre lo sucedido antes y después del 11-M, que debería ser investigado por la comisión sin restricciones ni cortapisas.

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