Dezcallar no podrá declarar sobre el 'documento Carod' ni siquiera en secreto
17-07-04
11-M LA INVESTIGACION / LAS COMPARECENCIAS
Dezcallar no podrá declarar sobre el 'documento Carod' ni siquiera en secreto
El Gobierno descarta habilitar una fórmula equivalente a la del pasado martes para que el ex director del CNI dé cuenta a la Comisión sobre el contenido de informes no desclasificados
FERNANDO GAREA
11-M LA INVESTIGACION / LAS COMPARECENCIAS
Dezcallar no podrá declarar sobre el 'documento Carod' ni siquiera en secreto
El Gobierno descarta habilitar una fórmula equivalente a la del pasado martes para que el ex director del CNI dé cuenta a la Comisión sobre el contenido de informes no desclasificados
FERNANDO GAREA
MADRID.- El Gobierno no quiere que Jorge Dezcallar, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), declare el lunes por la tarde ante la Comisión de Investigación del 11-M sobre temas clasificados como secretos.
(.../...)
Por supuesto, esto incluye la nota con la conversación entre Arnaldo Otegi y Josep Lluís Carod-Rovira que publicó EL MUNDO y que el Ejecutivo ni siquiera permitió que examinara en secreto la Comisión del 11-M.
No quiere que declare sobre las actividades del CNI porque la propia ley lo impide claramente y porque el Gobierno está muy molesto por la forma en que los diputados trataron el martes los documentos secretos que se les mostraron, con obligación de no hacerlos públicos.
Fuentes del Gobierno explicaron a EL MUNDO que Dezcallar podría acudir al Congreso con instrucciones de Defensa para no hablar sobre esos asuntos. La forma que utilizará el Ejecutivo para transmitir esas instrucciones al anterior responsable del CNI estaba ayer por decidir y podría ser tratada hoy mismo en el Consejo de Ministros.
No se descarta que haya un escrito del Gobierno al Congreso sobre la obligación de guardar secreto o que sea una instrucción verbal de Defensa. Un precedente de orden por escrito se produjo durante la investigación de los GAL, cuando el centro se denominaba Cesid, y los agentes acudieron ante el juez con escritos del Gobierno invocando la obligación de guardar secreto.
En todo caso, Dezcallar no podrá hacer referencia a documentos como el publicado el pasado miércoles en EL MUNDO con los contactos de Arnaldo Otegi con Josep Lluis Carod-Rovira y Juan José Ibarretxe.
Ese documento ni siquiera fue entregado por el Gobierno a la Comisión de Investigación para que lo viera en secreto y, por supuesto, no fue desclasificado. La razón, según fuentes del Gobierno, es que afectaba a la seguridad en la medida en la que se habla del control de los servicios secretos sobre el dirigente de la izquierda abertzale. Esa limitación legal sirve también para impedir que Dezcallar hable de la nota del CNI y que el Gobierno públicamente ni siquiera admita su existencia.
El secreto que mantiene el Gobierno sobre esa nota está amparado por el artículo 11 de la Ley del CNI, que establece el control parlamentario de los servicios secretos con la excepción de «las materias relativas a las fuentes y los medios del Centro y aquéllas que proceden de servicios extranjeros u organizaciones internacionales».Esa protección de las fuentes afecta, según el Gobierno, al documento sobre el control a Otegi.
Fuentes del Gobierno aseguran que fue el propio secretario general del CNI el que informó en contra de permitir a la Comisión del 11-M acceder a la nota secreta.
Se da la circunstancia de que en la única comparecencia de Dezcallar como director del CNI ante la Comisión de Secretos Oficiales, a preguntas del entonces diputado Iñaki Anasagasti, negó cualquier seguimiento o vigilancia a dirigentes de partidos.
Si se impone la posición de destacados miembros del Gobierno, Dezcallar no podrá hablar en la Comisión de Investigación sobre ninguno de los documentos del CNI vinculados al atentado, ni siquiera en sesión secreta. En expresión gráfica de un miembro del Gobierno, «el director del CNI es en sí mismo materia clasificada, incluso después de dejar el cargo».
En ese caso, Dezcallar no podrá hablar de los documentos elaborados por el CNI sobre el 11-M, dado que ninguno de ellos ha sido desclasificado por el Gobierno. Incluso, hay seis referentes a las informaciones recibidas de servicios secretos extranjeros que el Gobierno ni siquiera ha permitido que los viera en secreto la Comisión, porque el artículo 11 de la Ley del CNI lo impide.
Dezcallar, nombrado embajador en el Vaticano por el Gobierno de Zapatero, tiene la instrucción de no pronunciar palabra sobre ellos.
La ley del CNI explica que «las actividades del Centro, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada con el grado de secreto».
Su comparecencia, entonces, tendría que centrarse sólo en algunos aspectos colaterales de la investigación. Por ejemplo, sobre las circunstancias del desmentido que hizo público él mismo la tarde del 13 de marzo a una información que aseguraba que el CNI había descartado totalmente la vía de ETA para centrarse en el terrorismo islamista.
También podrá explicar, si lo sabe, por qué no fue convocado en La Moncloa el día 11 de marzo a lo que aparentaba ser una reunión del Gabinete de Crisis pero que, en realidad, no llegó a serlo formalmente.
(.../...)
Por supuesto, esto incluye la nota con la conversación entre Arnaldo Otegi y Josep Lluís Carod-Rovira que publicó EL MUNDO y que el Ejecutivo ni siquiera permitió que examinara en secreto la Comisión del 11-M.
No quiere que declare sobre las actividades del CNI porque la propia ley lo impide claramente y porque el Gobierno está muy molesto por la forma en que los diputados trataron el martes los documentos secretos que se les mostraron, con obligación de no hacerlos públicos.
Fuentes del Gobierno explicaron a EL MUNDO que Dezcallar podría acudir al Congreso con instrucciones de Defensa para no hablar sobre esos asuntos. La forma que utilizará el Ejecutivo para transmitir esas instrucciones al anterior responsable del CNI estaba ayer por decidir y podría ser tratada hoy mismo en el Consejo de Ministros.
No se descarta que haya un escrito del Gobierno al Congreso sobre la obligación de guardar secreto o que sea una instrucción verbal de Defensa. Un precedente de orden por escrito se produjo durante la investigación de los GAL, cuando el centro se denominaba Cesid, y los agentes acudieron ante el juez con escritos del Gobierno invocando la obligación de guardar secreto.
En todo caso, Dezcallar no podrá hacer referencia a documentos como el publicado el pasado miércoles en EL MUNDO con los contactos de Arnaldo Otegi con Josep Lluis Carod-Rovira y Juan José Ibarretxe.
Ese documento ni siquiera fue entregado por el Gobierno a la Comisión de Investigación para que lo viera en secreto y, por supuesto, no fue desclasificado. La razón, según fuentes del Gobierno, es que afectaba a la seguridad en la medida en la que se habla del control de los servicios secretos sobre el dirigente de la izquierda abertzale. Esa limitación legal sirve también para impedir que Dezcallar hable de la nota del CNI y que el Gobierno públicamente ni siquiera admita su existencia.
El secreto que mantiene el Gobierno sobre esa nota está amparado por el artículo 11 de la Ley del CNI, que establece el control parlamentario de los servicios secretos con la excepción de «las materias relativas a las fuentes y los medios del Centro y aquéllas que proceden de servicios extranjeros u organizaciones internacionales».Esa protección de las fuentes afecta, según el Gobierno, al documento sobre el control a Otegi.
Fuentes del Gobierno aseguran que fue el propio secretario general del CNI el que informó en contra de permitir a la Comisión del 11-M acceder a la nota secreta.
Se da la circunstancia de que en la única comparecencia de Dezcallar como director del CNI ante la Comisión de Secretos Oficiales, a preguntas del entonces diputado Iñaki Anasagasti, negó cualquier seguimiento o vigilancia a dirigentes de partidos.
Si se impone la posición de destacados miembros del Gobierno, Dezcallar no podrá hablar en la Comisión de Investigación sobre ninguno de los documentos del CNI vinculados al atentado, ni siquiera en sesión secreta. En expresión gráfica de un miembro del Gobierno, «el director del CNI es en sí mismo materia clasificada, incluso después de dejar el cargo».
En ese caso, Dezcallar no podrá hablar de los documentos elaborados por el CNI sobre el 11-M, dado que ninguno de ellos ha sido desclasificado por el Gobierno. Incluso, hay seis referentes a las informaciones recibidas de servicios secretos extranjeros que el Gobierno ni siquiera ha permitido que los viera en secreto la Comisión, porque el artículo 11 de la Ley del CNI lo impide.
Dezcallar, nombrado embajador en el Vaticano por el Gobierno de Zapatero, tiene la instrucción de no pronunciar palabra sobre ellos.
La ley del CNI explica que «las actividades del Centro, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada con el grado de secreto».
Su comparecencia, entonces, tendría que centrarse sólo en algunos aspectos colaterales de la investigación. Por ejemplo, sobre las circunstancias del desmentido que hizo público él mismo la tarde del 13 de marzo a una información que aseguraba que el CNI había descartado totalmente la vía de ETA para centrarse en el terrorismo islamista.
También podrá explicar, si lo sabe, por qué no fue convocado en La Moncloa el día 11 de marzo a lo que aparentaba ser una reunión del Gabinete de Crisis pero que, en realidad, no llegó a serlo formalmente.
Comentarios