14-07-04



11-M LA INVESTIGACION / LOS CONFIDENTES


El inverosímil informe de la UCO

El documento remitido por el general Gómez Arruche a Interior está plagado de omisiones e incongruencias orientadas a exculpar a la Guardia Civil por su relación con el confidente Rafá Zouhier

CAYETANA ALVAREZ DE TOLEDO

El pasado 5 de mayo, el flamante director de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, remitió al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, un informe sobre «las circunstancias de la colaboración» de Rafá Zouhier con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
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En un estéril intento de dejar sin argumentos a quienes reclaman la comparecencia de los confidentes policiales ante la Comisión de Investigación del 11-M, el Ministerio del Interior filtró, el pasado sábado, parte de dicho informe a los medios más afines al Gobierno, la agencia Efe y la cadena Ser. El País, por su parte, ofrecía ayer la posibilidad añadida de leer y analizar detalladamente la versión completa del documento presentado por Gómez Arruche. Un ejercicio que, para desgracia de quienes esperaban que sirviera para dar carpetazo al incómodo debate que se ha abierto en torno a la implicación, por acción u omisión, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el 11-M, ha resultado tremendamente interesante y ha dado un motivo más para exigir no sólo la comparecencia de los confidentes, sino también la de sus controladores, los jefes de sus controladores y todos los policías de la llamada célula de Avilés.

Pero antes de entrar a valorar el informe párrafo por párrafo hay que apuntar que éste no es el resultado de una investigación independiente orientada a averiguar si, efectivamente, algunos agentes de la Guardia Civil pudieron conocer, antes de los atentados, la existencia de una trama de tráfico de explosivos cuyo destino eran los supuestos autores de la matanza de Madrid. No. El informe simplemente recoge la versión oficial que, a instancias de Gómez Arruche, ha dado la propia UCO, encabezada -cabe recordar- por el mismo coronel Félix Hernando que entregó en Suiza los maletines de Rafael Vera a las mujeres de Amedo y Domínguez. La veracidad de su contenido queda, pues, de antemano en entredicho.

ZOUHIER SE HACE CONFIDENTE

«Rafael Zouhier fue colaborador ocasional y esporádico, en primer lugar, desde hace varios años con diferente personal del Puesto de Las Rozas de la Comandancia de Madrid, sin que facilitara ningún dato relevante durante esa época».

El informe comienza con una vaga alusión a los remotos orígenes de la relación entre Rafá Zouhier y la Benemérita. Nada que objetar, aunque no estaría de más saber desde hace cuánto tiempo figuraba el marroquí en la aparentemente larga lista de confidentes policiales y quiénes eran sus controladores.

«El día 20 de septiembre de 2001, fue detenido, en unión de otros, por efectivos de la Comandancia de Gijón, como supuesto autor de un delito de robo con violencia en la joyería Luna de Oro del centro comercial Parque Principal de Pola de Siero (Asturias).Como consecuencia de esta detención, ingresó en la prisión de Villabona el 21 de septiembre de 2001, donde permaneció hasta febrero de 2002, cuando fue puesto en libertad por el Juzgado de Instrucción número 2 de Pola de Lena (Asturias) que conocía de dicho procedimiento penal».

El segundo párrafo ya da la pauta de las omisiones, la falta de rigor y la inexactitud del informe. Varios datos clave quedan, inexplicablemente, sin mencionar. El primero es que fue en la cárcel asturiana de Villabona donde Rafá Zouhier conoció a Antonio Toro Castro, quien había ingresado dos meses antes acusado de un delito de tráfico de estupefacientes. Toro Castro, cabe recordar, sirvió junto con Zouhier de enlace entre el ex minero y proveedor de explosivos, Emilio Suárez Trashorras, y Jamal Ahmidan, alias El Chino, uno de los presuntos autores del 11-M que murió en la brutal explosión del piso de Leganés.

Zouhier y Toro Castro habían trabajado como porteros de discoteca y ambos tenían relación con el submundo de la droga, por lo que presumiblemente no habrán tardado mucho tiempo en trabar amistad.De hecho, fue durante su estancia en dicho centro penitenciario cuando Toro Castro le dijo al marroquí que él tenía la capacidad para conseguir dinamita con bastante facilidad.

Pero no eran los únicos reclusos a los que podía interesarles la posibilidad de adquirir explosivos. También estaban presos en Villabona en esas fechas cuatro etarras, tres dirigentes de Jarrai y Abdelkrim Beresmail, un miembro del grupo terrorista argelino GIA, cuyas irrefrenables «ganas de matar yankis» le merecieron la profunda admiración del miembro de la organización juvenil abertzale, José Luis Camarero.

«En otoño de 2001 y a petición del citado Rafá, fue contactado por agentes de la UCO (...) en la prisión de Villabona, ya que quería colaborar con información a cambio de poder mejorar su situación judicial penitenciaria».

La idea de que Rafá Zouhier se puso en contacto motu proprio con la UCO resulta muy poco verosímil. A no ser, claro está, que en el mundo de la delincuencia fuera ya un secreto a voces lo provechoso que podía ser cooperar con dicha unidad de la Guardia Civil.

Mucho más probable, sin embargo, es que fuera al revés y que agentes de la Unidad Central Operativa se acercaran a Rafá Zouhier, en cuyo currículum, como bien reconoce en su primer párrafo el informe, figuraba haber sido durante años confidente en Las Rozas.

Por otra parte, el documento no concreta -aunque todo así lo indica- que fue gracias a su estrecha colaboración con la UCO que Rafá Zouhier logró salir de la prisión de Villabona tan sólo cinco meses después de poner un primer pie en ella.

LAS APORTACIONES DE RAFA

«[Rafá Zouhier] facilitó noticias que posibilitaron la iniciación y culminación de una primera operación policial, ejecutada a principios de 2002, en la que se consiguió la detención (...) de 13 personas (entre ellas el propio informador) y la incautación de seis armas cortas, munición y droga a algunos miembros de la seguridad de locales de ocio y alterne de la capital».

El informe filtrado por el Ministerio del Interior se refiere aquí a la llamada operación Hierro, llevada a cabo en febrero de 2002, que se saldó con la detención de un grupo dedicado al tráfico de armas desde Portugal.

El hecho de que Zouhier estuviera entre los detenidos demuestra claramente que la UCO le utilizó como agente infiltrado en la trama delictiva. Es la misma estrategia que presuntamente volvería a utilizar más tarde en relación con el tráfico de explosivos en Avilés, con la diferencia sustancial de que en aquella primera ocasión la estancia del confidente en la cárcel fue muy breve, lo suficiente como para que el resto de los detenidos no se percatara de su condición de topo de la Guardia Civil.

El informe permite pensar, pues, que la UCO pactó con Rafá Zouhier que su ingreso en prisión sería temporal, un acuerdo que también pudo mediar un año más tarde cuando lo que se pretendía investigar era la trama de Avilés. Ello explicaría los amargos reproches que el confidente dedica hoy a sus controladores, quienes, según ha asegurado Zouhier a EL MUNDO, le prometieron que le protegerían y, una vez dentro de la cárcel, le dijeron: «Tú eres de los nuestros y te vamos a sacar de aquí».

«Esporádicamente, en el resto del año 2002 y 2003, facilitó otro tipo de informaciones y datos concretos, todos relacionados con la pequeña delincuencia y el tráfico de estupefacientes a nivel de distribución al menudeo».

Lo que el informe despacha en un párrafo vago orientado a restar trascendencia a las aportaciones de Zouhier son, en realidad, varias actuaciones policiales de bastante envergadura, entre ellas la operación Merlín, que se saldó con la detención de 11 personas, la mayoría de origen marroquí, acusadas de robar en joyerías.

Uno de esos atracadores era Rachid Aglif, íntimo amigo del principal imputado por el 11-M, Jamal Zougam, uno de los comensales del McDonald's donde se cerró la operación de compraventa de explosivos y uno de los asistentes a la boda de Emilio Suárez Trashorras con Carmen Toro, la hermana de Antonio.

SOBRE LA PISTA DE LOS EXPLOSIVOS

«Ya en los primeros días de 2003, en contacto con agentes de la UCO (...) comentó que tenía información sobre un individuo de Avilés, que buscaba compradores para explosivos y que decía que había sustraído cierta cantidad de algún depósito de explosivos, ya que al parecer trabajó como vigilante en este sector de la industria minera. Por la UCO se trató de comprobar la información, se identificaron los supuestos vendedores y, a su vez, efectivos del Cuerpo en Asturias prosiguieron en la investigación colaborando el referenciado Rafá Zouhier en varias de las gestiones realizadas».

El «individuo de Avilés», cuyo nombre no menciona el informe, es Emilio Suárez Trashorras, el confidente de la policía -concretamente, del inspector de la Brigada de Estupefacientes de Avilés y antiguo miembro de la Brigada Central de Información, Manuel García Rodríguez- quien proporcionó los explosivos al comando de Leganés.

En cuanto a la «colaboración» a la que eufemísticamente alude el informe de Gómez Arruche, ésta consistió, nada más y nada menos, que en una estrechísima relación que el propio Zouhier ha detallado tanto al juez como en su primera carta a este periódico.En su misiva, Zouhier revela que informaba a dos agentes de la UCO -cuyos nombres en clave eran Rafa y Víctor- con quienes solía reunirse en un centro comercial cercano a la Pradera de San Isidro.«En mayo de 2003», ha explicado, «les informé de que me habían ofrecido dinamita y explosivos, y ellos me dijeron que les siguiera el juego, que me enterara de todo y que se los marcara para poder seguirlos».

No sólo eso. Los agentes también le dieron dinero para que alquilara un coche, marca Nissan, con el que se trasladó a Asturias para realizar sus pesquisas. Zouhier volvió a Avilés a mediados de mayo y, tal como le habían exigido sus superiores, trajo consigo a Madrid una muestra de los explosivos y de un detonador que Antonio Toro Castro había puesto en el mercado. En un centro comercial de las Rozas hizo entrega a sus controladores de la Goma 2. No así del detonador que, como bien recoge el auto del juez Del Olmo, le había estallado en las manos mientras lo intentaba probar.

El informe, sin embargo, elude siquiera mencionar estos datos clave, que indican que la UCO estaba al tanto del peligroso negocio en el que andaban metidos Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro Castro.

¿UN OPERATIVO VASTO Y EXTENSO?

«Esta unidad, ante lo expuesto por Zouhier, desplegó un vasto y extenso operativo policial, comprobando cada noticia que éste facilitaba sobre el particular y, en consecuencia, se realizaron seguimientos, vigilancias y reconocimientos de lugares del entorno de las personas investigadas, del que no fue posible obtener ningún dato o hecho objetivo que pudiera corroborar la verosimilitud de sus manifestaciones, ni ningún otro que tuviera entidad suficiente para poder instruir diligencias policiales de trascendencia penal».

El informe también evita concretar en qué consistió exactamente lo que primero describe grandilocuentemente como «un vasto y extenso operativo policial», para luego alegar que no permitió a la UCO descubrir absolutamente nada. ¿Interrogaron los agentes a sus colegas de la Policía de Avilés? ¿No se enteraron de que hacía tiempo que Suárez Trashorras, Antonio Toro y su hermana Carmen ejercían como confidentes del inspector Manolón? ¿Nadie les habló del informe que la Policía de Oviedo había remitido a Avilés a finales de 2002 advirtiendo de que Suárez Trashorras «andaba traficando con dinamita»? ¿Tampoco fueron informados de la denuncia interpuesta en esas mismas fechas ante la Fiscalía de Oviedo por el abogado Carlos Tejeda sobre la existencia de una trama asturiana dedicada a la venta de explosivos a ETA? ¿No llegaron a investigar en las minas de las que Suárez Trashorras y sus cómplices sustrajeron los explosivos?

Hace falta un acto de fe para creer que la UCO no se enteró de nada cuando sus colegas de la policía tenían ya sobre la mesa tantos indicios de que las denuncias de su confidente iban bien encaminadas. Más bien da la impresión de que -como apunta el propio Zouhier en su última carta a EL MUNDO- los agentes de la Guardia Civil dieron marcha atrás y regresaron a Madrid cuando se enteraron de que los individuos delatados por su confite estaban a su vez controlados por la policía.

«Visto el escaso resultado obtenido con todos los medios legales disponibles, y contando como único argumento con la credibilidad del testimonio, indirecto o de referencia, de Zouhier (...) y a fin de poder avanzar en las investigaciones, éstas fueron puestas verbalmente y en detalle a la Fiscalía de Avilés, que (...) pese a la aparente gravedad de los hechos que le eran referidos, se pronunció negativamente sobre la viabilidad del inicio de un eventual procedimiento penal».

Sorprendente resulta también la pasividad con la que, siempre según la UCO, actuó la Fiscalía de Avilés, organismo que necesariamente colaboraba estrechamente con la comisaría local y que, como tal, debía conocer también el informe de la Policía de Oviedo sobre la implicación de Suárez Trashorras en la venta de dinamita.Los responsables de la UCO tienen, pues, la obligación de aclarar con qué fiscal hablaron sus subordinados y qué información exacta le dieron.

UN PARENTESIS INVEROSIMIL

«No obstante, se continuó infructuosamente con dicho operativo, si bien a partir de marzo de 2003, al no aportar el citado Rafá nuevas noticias de interés policial, se van reduciendo sus encuentros informativos con el personal de la UCO, que siguió indagándole periódicamente sin resultado sobre si disponía de más información relativa al presunto delito de sustracción y comercio ilícito de explosivos del que había informado, llegando a contestar en alguna ocasión que seguramente no era nada».

El informe pretende dar a entender que Zouhier no facilitó durante un año información relevante a la UCO porque o bien no la tenía o bien no la quería dar. Ello, sin embargo, choca con las propias confesiones del confidente de que durante 2003 estuvo en permanente contacto con sus controladores. De hecho, fue a mediados de mayo de ese año cuando se trasladó a Avilés para traer una muestra de los explosivos de Toro Castro. Además, a instancias de sus controladores, Zouhier se puso en contacto con un grupo búlgaro al que no consiguió colocarle los explosivos. También durante los primeros meses de ese año, informó a la UCO de que Suárez Trashorras y Toro Castro vendían hachís a El Chino y a su banda a cambio de vehículos.

«El siguiente contacto, previa llamada telefónica de Zouhier, se produce el 16 de marzo de 2004, manifestando éste que, a la vista de algunas de las fotografías que aparecieron en medios de comunicación social, intentaría proporcionar datos que ayudasen en la investigación».

¿Siguiente contacto? ¿Respecto a qué fecha? El informe de la UCO se escuda en la ambigüedad para no aclarar qué contactos mantuvieron sus agentes con Zouhier en vísperas del 11-M, y eso da lugar a pensar que dicha unidad tiene algo que ocultar. Sobre todo teniendo en cuenta la larga conversación telefónica que Zouhier y su controlador Víctor mantuvieron el día 17 -reproducida íntegramente en el auto del juez-, de la que se puede deducir que habían mantenido más de una charla en los días o semanas anteriores.

La duda persiste, pues, sobre si Zouhier transmitió o no a sus controladores información relativa a la preparación del 11-M.En este sentido, parece bastante relevante que, según se desprende del auto, Carmen Toro llamara a Zouhier hasta ocho veces entre el 16 de diciembre de 2003 y el 13 de febrero de 2004.

«La Guardia Civil de Asturias, el 13 de junio de 2003, detiene a Antonio Toro Castro (...) por un delito contra la salud pública, practicándose dos registros domiciliarios con resultado negativo sobre tenencia de armas y explosivos».

Cabe preguntarse cómo es posible que la Guardia Civil de Avilés haya detenido a Toro por tráfico de drogas y no haya descubierto que sus colegas de la UCO le habían investigado apenas un par de meses antes por tráfico de dinamita. La única explicación posible es que la UCO engañara a sus compañeros asturianos respecto a las andanzas del confidente de Manolón.

LA CAIDA DE CONFIDENTE

«Una vez que se tiene noticia en el Servicio de Información (...) de que la policía estaba interesada en la detención de Zouhier por fuerzas de este servicio y de la UCO se procede a su detención y puesta a disposición de aquel cuerpo encargado del esclarecimiento de los hechos terroristas».

El informe olvida mencionar que el general José Manuel Varela -entonces máximo responsable de los servicios de Información de la Guardia Civil y, tras el 14-M, ascendido a subdirector de Operaciones- no informó en la primera reunión de la célula de crisis, constituida el 16 de marzo, de que la UCO seguía controlando a Zouhier ni tampoco de que fue gracias a una intervención telefónica de la policía como se pudo captar su conversación con el tal Víctor y proceder a su detención.

El 24 de marzo, Zouhier ingresó en la prisión de Valdemoro, donde -ha asegurado- fue objeto de presiones por parte de agentes de la UCO para que calle todos sus secretos. Mientras tanto, Antonio Toro, cuya vinculación con la venta de explosivos Zouhier delató tanto a sus controladores de la UCO como ante la Justicia, ha sido puesto en libertad.

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