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21.10.06

 

Ramírez reconoce que firmó como autor unos análisis que nunca hizo

 

21-10-06



LA JUEZ MANTIENE COMO IMPUTADO AL JEFE DE LOS PERITOS QUE VINCULARON ETA Y 11-M

Ramírez reconoce que firmó como autor unos análisis que nunca hizo



El jefe de sección de la Policía Científica revela a la magistrada Gemma Gallego que antes de eliminar las referencias a ETA lo consultó con el secretario general de la
unidad, Pedro Mélida

MARIA PERAL

MADRID.- Francisco Ramírez, jefe de los tres peritos de la Policía Científica que hicieron referencia a ETA en un informe sobre el 11-M, admitió ayer durante su declaración como imputado ante la juez Gemma Gallego que no realizó ninguna de las pruebas analíticas que se indican en el dictamen enviado al magistrado Juan del Olmo.

En ese documento oficial, Ramírez asegura que «se hizo cargo» de las muestras de ácido bórico (1,3 kilos) hallado en casa de Hasan Haski, procesado como inductor del 11-M, y «procedió a utilizar las siguientes técnicas analíticas:...», lo que, en realidad, hicieron Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique.
(.../...)
Los peritos Escribano, López y Manrique incluyeron en su informe sobre Haski unas observaciones para destacar que ese mismo tipo de ácido apareció en un piso franco de ETA desmantelado en Salamanca en 2001 y, dos años antes, en la vivienda de un joven antisistema acusado de volar cajeros automáticos.

El jefe de sección Francisco Ramírez eliminó esas observaciones, que, por tanto, no pudieron ser conocidas ni valoradas por el juez Del Olmo, instructor del sumario del 11-M.

Preguntado ayer por la titular del Juzgado de Instrucción número 35, Gemma Gallego, por qué actuó así, Ramírez explicó que tras recibir las muestras de ácido bórico él asignó el dictamen a Escribano, que lo realizó con su equipo.

Cuando se lo entregaron, lo leyó y se dio cuenta de que contenía «apreciaciones personales» que podían generar confusión y que no se ajustaban a las normas de control de calidad existentes en la Comisaría General de Policía Científica.

Ramírez desveló a la juez que, en ese momento, hizo una consulta con un superior -el secretario general, Pedro Luis Mélida-, quien también consideró que el informe debía ser modificado.

El jefe de sección pidió a los peritos que cambiaran el dictamen, a lo que se negaron.

Aseguró que también les ofreció hacer constar sus observaciones en una minuta (documento interno) dirigida a la Comisaría General de Información, si de lo que se trataba era de advertir que podía seguirse una línea de investigación por esa vía. Los peritos indicaron que ellos querían que esas observaciones figuraran en el propio informe pericial.

Entonces Ramírez se reasignó a sí mismo la pericia que, en contra de lo que exige la ley, sólo lleva una firma, la suya. Aunque el documento finaliza con una alusión a la «rúbrica de los firmantes», únicamente figura la de Ramírez. Al ser preguntado por esta discrepancia, el funcionario contestó que no quiso comprometer a ningún otro perito del laboratorio.

Durante un «respetuoso» y «exhaustivo» interrogatorio -según lo describieron fuentes de la defensa- que duró algo menos de tres horas, Gallego preguntó a Ramírez por otras diferencias entre el informe original elaborado por los peritos y el dictamen que finalmente se envió, a través de la Comisaría General de Información, al juez del 11-M.

En el primer documento, Escribano, López y Manrique certifican que han realizado ocho pruebas para determinar que se trata de ácido bórico, además de un «estudio bibliográfico». En el informe remitido a la autoridad judicial, Ramírez suprime dos de esas pruebas (los ensayos a la llama y la formación del éster metilbórico) y elimina el «estudio bibliográfico», que es el que permite a Escribano, a través de las fichas que guarda, recordar los casos precedentes de terrorismo en los que se halló la misma sustancia.

Sobre esta diferencia, Ramírez apuntó que para ese tipo de análisis hubieran bastado dos o tres pruebas y que el resto no eran relevantes para determinar de qué sustancia se trataba, por lo que no consideró trascendente su supresión.

El jefe de sección admitió, no obstante, que él no hizo ninguna prueba, aunque lo certificara así en el documento oficial remitido al juez Del Olmo. Manifestó que él «asumió el resultado» de los análisis efectuados por Escribano, López y Manrique porque eran correctos, fueron realizados por peritos competentes y con las técnicas adecuadas.

Cuando se le preguntó por la alteración del sobre en el que se refleja a qué perito se asigna el estudio, el jefe de sección dijo no recordar quién sustituyó el nombre de Escribano por el suyo. La juez hizo que se le mostrara el sobre y Ramírez acabó reconociendo que lo hizo él y que era su letra.

Francisco Ramírez salió del Juzgado manteniendo la condición de imputado con la que entró a declarar. No se trata de una imputación judicial (esto es, Gallego no ha dictado ningún auto atribuyendo al funcionario una conducta delictiva), sino una imputación formal derivada del hecho de que Ramírez está denunciado por falsedad documental por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

Fuentes jurídicas indicaron que otros mandos policiales, y en concreto Mélida, tendrán que acudir a declarar a la Plaza de Castilla también como imputados.


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Ramírez admite que firmó en falso e implica a su superior

 

21-10-06



Impresiones

Ramírez admite que firmó en falso e implica a su superior


Francisco Ramírez declaró ayer como imputado ante la juez que estudia la presunta falsificación a que fue sometido el informe que vinculaba a ETA con el 11-M y su declaración arrojó algunos datos de extraordinaria relevancia para la investigación. En primer lugar, Ramírez admite que estampó su firma en el documento como autor de unos análisis que nunca hizo. Con estas palabras, el jefe de los peritos está reconociendo tácitamente la falsedad. Es inútil que trate de justificar la manipulación invocando unas supuestas «normas de calidad» que le facultan para modificar los informes de sus subordinados. De ser esto cierto, ¿por qué entonces a los peritos Escribano y Manrique se les ha mutilado éste y no ningún otro informe? Por otra parte, esas normas de calidad podrían justificar la poda de alguna de las observaciones finales del documento, pero en ningún caso pueden servir de coartada para eliminar elementos fácticos como los dos antecedentes en los que la policía había hallado ácido bórico o para falsear el sobre, la firma y el libro de registro de un informe técnico. Y si Ramírez llevó a cabo esta cadena de falsificaciones, fue -según admitió ayer ante la juez- después de consultarlo con el secretario general de la comisaría, Pedro Mélida, al frente en aquellos días de la Policía Científica por hallarse de vacaciones el comisario Santano. Ramírez confirma así lo dicho por sus subordinados a Garzón y deja la pelota en el tejado de sus superiores, que tendrán que aclarar qué les llevó a ordenar una falsificación tan burda precisamente en un informe que vinculaba a ETA con el 11-M. La declaración de Ramírez es una prueba más de que Interior ha intentado orientar la instrucción del juez Del Olmo y eliminar cualquier indicio que pusiera en duda la versión oficial de los hechos.


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El abogado del Estado pide la nulidad de las diligencias

 

21-10-06



El abogado del Estado pide la nulidad de las diligencias

M. P.

MADRID.- La Abogacía del Estado presentó ayer en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid un recurso contra la decisión de la juez Gemma Gallego de declarar secretas las diligencias.

La instructora decretó el secreto sumarial nada más iniciar el procedimiento, entre otros motivos porque el juez Garzón alegó que sus actuaciones estaban secretas para resistirse a enviar a la Plaza de Castilla un testimonio de las diligencias que estaba llevando a cabo en la Audiencia Nacional. (.../...)

La medida hizo que sólo la representante del Ministerio Fiscal y la defensa de Ramírez pudieran asistir ayer a la declaración de éste. No pudieron estar presentes ni los abogados de las organizaciones denunciantes (la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación Víctimas del Terrorismo) ni tampoco la Abogacía del Estado. El secreto sumarial deja al Gobierno sin información directa e inmediata sobre los pasos de la juez Gallego.

Una representante de la Abogacía del Estado se presentó a primera hora de ayer en el Juzgado para hacer constar su protesta por no poder presenciar la declaración de Ramírez como imputado. En una airada comparecencia, la abogada del Estado sostuvo que «no hay razón» para declarar secretas las investigaciones y llegó a afirmar que «el secreto únicamente tiene por objeto la comodidad del Juzgado».

Imputación de Santano

Poco después presentó un recurso en el que insta la nulidad de las actuaciones por la «indefensión total y absoluta» que el secreto le genera.

Por su parte, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M presentó ayer un escrito en el que se adhiere al recurso que los peritos han presentado contra su imputación por Garzón.

La asociación también solicita que declare como imputado Angel Santano, responsable de la Comisaría General de Policía Científica.



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La madre de Pagaza: «Mandaré a ETA mi sangre y mi maldición»

 

21-10-06



La madre de Pagaza: «Mandaré a ETA mi sangre y mi maldición»


EFE

VITORIA.- Pilar Ruiz, madre del socialista Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA, dijo ayer que si los terroristas «terminan acercándose a sus objetivos, deberían firmar los papeles en las mesas con la propia sangre de los asesinados» y si firman y se atreven a sonreír «les mandaré mi sangre de madre rota y mi maldición».


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20.10.06

 

La juez Gallego ratifica la imputación del jefe de los peritos tras tomarle declaración

 



POR FALSIFICAR EL INFORME DEL ÁCIDO BÓRICO
La juez Gallego ratifica la imputación del jefe de los peritos tras tomarle declaración
La perito Isabel López.
El jefe de los peritos estaba citado para este viernes por la juez Gallego. Tras escuchar su declaración, ha decidido mantener la condición de imputado por un delito de falsedad documental. Se certifica así el vuelco en una investigación que antes de abandonarla Garzón, obligado por su incompetencia, había convertido en imputados a los que denunciaron la falsificación del informe del ácido bórico. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que se querelló contra Francisco Ramírez, ha pedido que también sea imputado el jefe de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano. Con Gabilondo, y de uniforme, reconoció que la orden para eliminar las referencias a ETA había partido de él. El director de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, ha justificado la manipulación.

Leer el resto de la noticia aqui.


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«La superioridad le dijo a nuestro jefe que había que eliminar lo de ETA»

 

20-10-06



11-M / Ramírez es el primero en comparecer de los mandos policiales querellados por falsedad documental / Firmó el dictamen incorporado al sumario por los atentados islamistas en el que se suprimió la referencia a ETA

«La superioridad le dijo a nuestro jefe que había que eliminar lo de ETA»


MARIA PERAL

MADRID.- El policía Francisco Ramírez, jefe de los tres peritos que elaboraron un informe sobre el 11-M en el que mencionaron a ETA, deberá comparecer hoy como imputado ante la juez Gemma Gallego.

Ramírez es uno de los mandos policiales contra los que pesa una querella por presuntos delitos de falsedad documental, presentación en juicio de documento falso y encubrimiento. Se le atribuye haber alterado el dictamen de sus subordinados, suprimiendo las observaciones que hacían referencia a ETA y figurando él como autor de las pruebas analíticas que, en realidad, hicieron Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique. El informe así manipulado fue remitido al sumario del 11-M.
(.../...)

Manrique y Escribano declararon ante el juez Garzón que, cuando Ramírez rechazó su informe, manifestó que «la superioridad le dijo que había que eliminar lo de ETA».

Gemma Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, tramita unas diligencias previas abiertas a raíz de una querella presentada el 22 de septiembre por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

La querella se dirige, entre otros, contra el ex comisario general de Información Telesforo Rubio; el secretario general de la Comisaría General de Policía Científica Pedro Luis Mélida, y el jefe de sección de esta última comisaría Francisco Ramírez. Éste será el primero de los querellados en declarar ante la juez instructora, que lo ha citado para hoy como imputado por un presunto delito de falsedad documental.

Ramírez, jefe de los peritos que elaboraron un informe sobre el 11-M en el que se mencionaba a ETA, figuraba como querellado en otra querella interpuesta por la Plataforma Justicia y Libertad en la Audiencia Nacional y que la Fiscalía envió específicamente al juez Garzón.

En una llamativa actuación, el juez de la Audiencia Nacional imputó por falsedad documental a los peritos autores del informe y exoneró a los mandos policiales que lo manipularon y que eran los querellados.

Garzón acabó inhibiéndose de este asunto después de dos pronunciamientos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en los que indicó que este órgano no era competente para investigar un presunto delito de falsedad documental sin vinculación con actuaciones terroristas.

La propia Gemma Gallego, que requirió a Garzón para que se inhibiera, llegó a plantear una cuestión de competencia ante el Supremo, de la que desistió cuando, finalmente, el juez de la Audiencia Nacional le envió sus actuaciones.

No obstante, Gallego tuvo que devolver los papeles al Juzgado de Garzón puesto que eran una simple fotocopia y no el testimonio adverado por la secretaria judicial que exige la ley.

Antes de eso, la juez de la Plaza de Castilla tomó declaración como testigos a Manuel Escribano e Isabel López, peritos facultativos autores de un informe sobre el ácido bórico hallado en diciembre de 2004 en el domicilio del marroquí Hasan Haski, procesado por el 11-M. El tercer firmante del dictamen, el perito técnico Pedro Manrique, aún no ha sido citado. La juez rechazó una petición de la Fiscalía de tomar declaración a Escribano y López como imputados a la vista de las acusaciones de Garzón contra ellos.

En una actuación diametralmente opuesta a la del juez de la Audiencia Nacional, Gallego mantuvo las comparecencias de Escribano y López como testigos. Ahora tendrá que resolver los recursos que los peritos interpusieron contra el auto de imputación dictado por Garzón y que éste dejó sin resolver.

Manuel Escribano e Isabel López declararon ante Gallego que el 21 de marzo de 2005 elaboraron junto a Manrique un informe sobre el ácido bórico (1,3 kilos) intervenido a Haski y que éste dijo que era «para matar cucarachas». Los peritos indicaron que esa misma sustancia fue hallada en 2001 en un piso franco de ETA y en 1999 en la vivienda de un joven antisistema.

Los peritos llamaban la atención sobre «lo poco frecuente» que era la aparición de esta sustancia y citaban que puede ser utilizada como conservante de explosivos o como sustancia que impide su detección por los perros, «lo que nos lleva a la posibilidad de que los autores de estos hechos estén relacionados». Estas observaciones fueron suprimidas por Ramírez en el informe enviado al juez del 11-M.



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TRAS LA CORTINA DE HUMO, LA JUEZ SE CENTRA EN LOS MANDOS DE INTERIOR

 

20-10-06



Editorial

TRAS LA CORTINA DE HUMO, LA JUEZ SE CENTRA EN LOS MANDOS DE INTERIOR


La juez Gallego ha citado para hoy a declarar como imputado a Francisco Ramírez, jefe de los tres peritos de la Policía Científica. Sin anticipar las decisiones que pueda adoptar la juez en las próximas horas, parece lógico que Ramírez tenga que comparecer como imputado, ya que lo que se está investigando es una querella por falsificación contra los mandos policiales.

La iniciativa de la juez natural de este caso disipa definitivamente la cortina de humo del incompetente Garzón y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que quisieron dar la vuelta al asunto inculpando a los peritos y eximiendo de responsabilidad a sus jefes. Por decirlo de otra manera, este caso vuelve al principio, tal y como debería haber comenzado sin la interferencia de Garzón. La juez va a interrogar a Ramírez y sus jefes para intentar esclarecer si cometieron un delito de falsedad. Hay que recordar que la magistrada ya tomó declaración a los peritos como testigos y consideró que no había indicio de delito alguno en su comportamiento.

Los tres peritos han pedido a la juez de instrucción que levante las imputaciones realizadas por Garzón antes de inhibirse, a lo cual accederá muy probablemente. Mucho más oscuro resulta el horizonte penal de Ramírez y sus superiores, que tendrán que explicar por qué entregaron al juez Del Olmo un informe repleto de falsedades. Ramírez fue el único firmante del documento que sustituyó al realizado por los peritos y que llevaba la misma referencia.

Parece evidente que la intención de los mandos policiales era ocultar el primer informe, sustituyéndolo por otro falso, ya que Ramírez se atribuía en ese segundo informe la recepción de unas muestras de ácido bórico que no pasaron por él y un análisis que jamás efectuó. Ramírez buscó otro técnico que firmara el documento pero no lo encontró. Por eso, firmó en solitario el informe falso. Pero además la alteración fue chapucera porque se cambió el sobre que contenía el primer informe, se hizo desaparecer una nota informativa de los peritos sobre su trabajo, se alteró el libro de custodia y ni siquiera coincidían las firmas y el número de páginas.

Levantado parcialmente el secreto del sumario, EL MUNDO publica hoy las declaraciones de los peritos que fueron manipuladas por el periódico gubernamental que las divulgó tras ser filtradas por Garzón o la Fiscalía, que eran los únicos que tenían acceso a ellas.

Sus testimonios demuestran que los peritos Escribano y Manrique facilitaron a Garzón datos suficientes para actuar contra los mandos policiales, ya que ambos coincidieron en que Ramírez les dijo que los jefes de la Policía Científica -entre ellos, el comisario Santano- habían ordenado suprimir cualquier rastro de ETA en sus informes.

Ello demuestra la tesis que siempre hemos sostenido: que lo relevante no es el uso del ácido bórico, ni tampoco si su tenencia servía para establecer una conexión más o menos sustancial entre ETA y los islamistas. Lo relevante es la voluntad del Ministerio de Interior de excluir de la investigación del 11-M cualquier vínculo con la banda por débil e indiciario que fuera. Esto sí ha quedado en evidencia y pone de manifiesto el ánimo de engañar de los autores de la falsedad.


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«La superioridad dijo 'hay que eliminar lo de ETA'»

 

20-10-06



MANUEL ESCRIBANO

«La superioridad dijo 'hay que eliminar lo de ETA'»


El inspector jefe Escribano ratificó ante Garzón la afirmación de Pedro Manrique de que los jefes de la Comisaría General de Policía Científica no querían que apareciese ETA en el informe sobre los 1,3 kilos de ácido bórico hallados en la casa de un procesado por el 11-M. El testimonio de Escribano sobre el particular es el siguiente:

«Preguntado si fue él quien redactó las observaciones, contesta que sí, sus compañeros se limitaron a firmarlo».


(.../...)

«Preguntado de dónde sacó esos datos, contesta que como lleva tantos años con informes de explosivos, al encontrarse con el ácido bórico y ser poco frecuente, sacó de sus notas otros casos».

«Preguntado por qué establece la conclusión de que 'nos lleva a la posibilidad de que el autor o autores de estos hechos estén relacionados', contesta que al sólo tener conocimiento de la existencia de ácido bórico en tres ocasiones en los numerosos casos de terrorismo relacionados con explosivos, la presencia de dicho ácido le pareció tan excepcional que por eso lo hizo constar».

«Preguntado por la base científica para afirmar eso, contesta que la casualidad y se reitera en esa afirmación»

«Preguntado si no le parece más bien una elucubración, contesta que sí, que una elucubración es una reflexión. Que lo hizo para que el instructor o quien tenga que llevar una investigación tenga conocimiento del hecho y valore su importancia o no».

«Preguntado si Ramírez le dijo que la superioridad le dijo que había que eliminar lo de ETA, etc., del informe, contesta que sí. Que el compareciente le dijo que no entendía por qué había que eliminarlo y que lo hecho, hecho estaba y que él no estaba dispuesto a rehacerlo».


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«Los jefes dijeron que el informe no podía salir así»

 

20-10-06



PEDRO MANRIQUE

«Los jefes dijeron que el informe no podía salir así»


El perito Pedro Manrique afirmó ante Garzón que, según Ramírez, el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, y el secretario general, Pedro Luis Mélida, dijeron que «el informe no podía salir así». Lo esencial de la declaración judicial es lo que sigue:

«Preguntado sobre si las observaciones [del informe sobre el ácido bórico] las redacta Escribano, contesta que es costumbre suya poner ese tipo de observaciones relacionando otros informes. Escribano suele poner observaciones que puedan tener relación con actos terroristas. También lo hace en delincuencia común».

(.../...)

«Preguntado en qué se basan para establecer la relación entre tres hechos distintos por la presencia del ácido bórico, contesta que afirman una posibilidad, no lo establecen como hecho cierto».

«Preguntado de quién es la idea de firmar el documento el 11 de julio de 2006, contesta que de Escribano».

«Preguntado por qué lo firman y no entregan simplemente el disquete, contesta que cree que lo dijo Escribano y no les pareció mal».

«Preguntado por qué Ramírez dijo que esas observaciones no eran asumibles, contesta que él dijo que los jefes habían dicho que ese informe no podía salir así. Cuando dice los jefes se refiere al comisario general o al secretario general. Entonces Ramírez le preguntó si estaba dispuesto a asumir las modificaciones y firmar el informe, a lo que él contestó que no».

«Preguntado por el fiscal si cuando elaboran un informe tienen algún tipo de orden de sus superiores sobre cosas que no se deben poner, contesta que no. En 10 años que lleva en la Comisaría General nunca ha visto instrucciones en ese sentido»


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«Comunicamos a Andradas que el informe no estaba»

 

20-10-06



ISABEL LOPEZ

«Comunicamos a Andradas que el informe no estaba»


En la declaración que prestó ante el juez Garzón el 28 de septiembre, la perito facultativa Isabel López explicó por qué el pasado julio volvieron a entregar a sus superiores una copia del informe de 21 de marzo de 2005, sustituido por el que firmó Ramírez.

«El 11 de julio de 2006, José Andradas [jefe de la Unidad Central de Análisis Científicos] le dice a Escribano que le haga una relación de todos los asuntos en los que aparece él, junto con otros peritos, que tengan relación con la investigación del 11-M».
(.../...)

«Cuando Escribano examina el sobre del archivo número 48-Q3-05 [relativo al ácido bórico intervenido a Hasan Haski] observa que no aparece el sobre sepia con la identificación 'Estudio asignado a...' y se da cuenta de que en vez de poner su apellido pone 'Ramírez'».

«Dentro del sobre tendría que estar la copia del informe realizado por los tres peritos de fecha 21 de marzo de 2005 y no estaba. También tendría que haber una nota informativa que habitualmente se confecciona en casos de relevancia (...) y que se entregó a Ramírez».

«Cuando Escribano comprobó que el informe no estaba, éste decidió que había que comunicarlo al jefe. Elaboraron una nota informativa dirigida a Andradas y decidieron la impresión del informe [de 21 de marzo de 2005], que Escribano tenía guardado en un disquete que guarda en un cajón abierto en su mesa, al que tiene acceso cualquier persona del laboratorio».

«Como no nos habíamos guardado una copia [del original firmado], la única forma de hacérselo llegar a Andradas firmado como si hubiese sido firmado en esa fecha era imprimirlo de nuevo y firmarlo nuevamente los tres peritos».



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El PPE aprueba una resolución en contra de pagar a ETA un precio político

 

20-10-06



El PPE aprueba una resolución en contra de pagar a ETA un precio político



HELSINKI.- El Partido Popular Europeo (PPE) aprobó ayer una resolución de apoyo a la posición del PP ante el proceso de diálogo con ETA en la que subraya que «no es aceptable pagar ningún precio político para que los terroristas cesen toda acción violenta».

El presidente del PP, Mariano Rajoy, informó de esa resolución al término de la reunión del PPE a la que asistió en Helsinki y convocada de forma previa a la cumbre informal de la UE que se celebrará hoy en la ciudad finlandesa de Lahti. El líder popular expresó su satisfacción por ese respaldo del PPE, cuya resolución señala que «en ningún caso el cese de la violencia se debe condicionar a la obtención de contrapartidas políticas».
(.../...)

«Eso supondría una grave violación de los principios y valores sobre los que se fundamenta la UE y, especialmente, en lo que respecta a la integridad territorial de los Estados miembros», prosigue el texto.



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El etarra Bilbao al juez: «Aquí el único juez y ejecutor soy yo»

 

20-10-06



ALTO EL FUEGO / La actuación judicial

El etarra Bilbao al juez: «Aquí el único juez y ejecutor soy yo»

Andreu le estaba comunicando su procesamiento por las amenazas que lanzó a los jueces Garzón y Guevara durante un juicio también por amenazas

MANUEL MARRACO

MADRID.- Como se podía pronosticar por sus abundantes precedentes, el etarra Iñaki Bilbao volvió a amenazar. Lo hizo ayer, al juez de instrucción Fernando Andreu, que le comunicaba su procesamiento por las amenazas a jueces que profirió en su anterior visita a la Audiencia Nacional. Visita que, a su vez, se produjo para juzgarle por otras amenazas previas...

«¿Usted quién es?», preguntó Bilbao nada más sentarse frente a la mesa de Andreu. «Soy el juez», fue la respuesta, a la que el etarra replicó: «Tú no eres juez. Aquí el único juez y ejecutor soy yo. Tú eres un cobarde y un fascista, un fascista represor».

(.../...)


Tras esa respuesta, los dos agentes que se encontraban al fondo del despacho se situaron junto a Bilbao. También estaban presentes la fiscal Blanca Rodríguez y el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Juan Carlos Rodríguez Segura.

Nueva acusación

El juez le preguntó si quería conocer las acusaciones que se formulaban contra él. «No quiero escuchar nada ni firmar nada. Te digo lo que te dije la última vez», respondió, antes de que los policías volvieran a esposarle y se lo llevaran. Lo que le había dicho la última vez a Andreu era que le quedaba «menos que a Melitón Manzanas», en referencia al comisario franquista asesinado por ETA.

Tanto el letrado de la AVT como la fiscal pidieron a Andreu que iniciara un nuevo procedimiento por lo ocurrido. La respuesta del abogado de Bilbao fue: «¡Pero es que así no vamos a acabar nunca!». Entre los jueces instructores, Garzón lidera actualmente el ranking de amenazas de Bilbao (3), seguido por Andreu (2) y Teresa Palacios (1).

Las amenazas por las que acaba de ser procesado se produjeron el pasado 7 de septiembre, cuando Bilbao fue juzgado por otras amenazas vertidas contra Garzón en 2003. Nada más entrar en el habitáculo blindado, el etarra se dirigió al presidente del tribunal, Alfonso Guevara: «Te voy a arrancar la piel a tiras. Te voy a dar siete tiros, fascista de mierda», dijo. A Garzón, que declaró como testigo, le espetó: «No me olvido de ti, fascista, viva la lucha armada, ahora me abres otro sumario, cabrón, voy a cumplir lo que te digo».

Su actuación en aquel juicio le ha valido un nuevo procesamiento por «dos delitos de amenazas terroristas» y uno de desórdenes públicos. El Código Penal castiga las amenazas terroristas con penas de entre 10 y 15 años de prisión. Sin embargo, en los dos juicios que ya ha tenido sólo ha sido condenado a sendas penas de dos años, porque la Fiscalía optó por acusarle del delito básico de amenazas -no terroristas-, que conlleva un máximo de dos años de cárcel.

En el último juicio, la Fiscalía rebajó su petición inicial de 12 años a dos, al considerar que el Código Penal regulaba de manera «deficiente» la materia y que el mínimo de 10 años era desproporcionado. En su sentencia, el Tribunal criticó esa decisión y afirmó que los hechos «deberían haber sido calificados como inicialmente se hizo». Es decir, como amenazas terroristas.

La actuación de la Fiscalía podría ser un anticipo de lo que ocurrirá el próximo día 27 con José Ignacio de Juana Chaos. El fiscal pidió inicialmente 96 años de prisión al considerar que cometió seis delitos de amenazas terroristas pero, tras el abandono de su huelga de hambre, el Ministerio Público mantuvo que aquella petición era desproporcionada y que se rebajaría en el juicio.

La AVT afirmó ayer que lo sucedido con Bilbao «supone un nuevo insulto a todas las víctimas» y demuestra que las negociaciones con ETA «suponen una rendición del Estado».


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Rubalcaba acusa al PP de comportarse con «vileza»

 

20-10-06



Rubalcaba acusa al PP de comportarse con «vileza»


Torme dice que lo «vil» fue negociar con ETA, Rosa Díez exige al PSOE un desmentido y García-Escudero se ratifica


MADRID.- El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó ayer de «vileza» a los populares por su ofensiva parlamentaria en contra del llamado proceso de paz y, muy en particular, por la intervención de su portavoz en el Senado, Pío García-Escudero, al reprochar al presidente del Gobierno que autorizase contactos con Batasuna mientras ETA asesinaba a su compañero de partido Joseba Pagazaurtundua.

Además, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aseguró, por su parte, que en junio de 1996, mientras ETA mantenía secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, el Gobierno del PP «acercaba presos» de la banda terrorista a cárceles del País Vasco.
(.../...)


La reacción de los socialistas vino precedida por la propia ratificación del popular García-Escudero, quien, en declaraciones a Onda Cero, explicó que la víspera se refirió «a contactos que ellos mismos [los socialistas] han reconocido, con todo lujo de detalles y en múltiples declaraciones». «El señor Otegi, el señor Eguiguren y el señor Barrena han justificado y reconocido contactos permanentes a lo largo de cinco años», afirmó.

García-Escudero sí admitió haber dudado antes de contraponer dichos contactos con el asesinato de Pagazaurtundua. «Fue duro, y yo dudé si hacer mención a ello», dijo ayer, «pero claro, es mucho más duro, asistir a cómo se está marginando de este mal llamado proceso al partido de la oposición, que representa a más de 10 millones de españoles; cómo se está marginando a las víctimas, los familiares de casi 1.000 muertos, que están empezando a pensar si ese sacrificio ha merecido la pena; cuando resulta que a quien se está contentando es a una organización ahora ilegal y que cuando era legal tenía 154.000 votos...».

El número dos socialista, José Blanco, rememoraba luego en su página web y en un comentario bajo el título Frente a la indignidad, la memoria, las semanas que transcurrieron entre el 12 de junio y el 4 de julio de 1996, cuando ETA declaró una tregua de siete días (entre el 23 y el 30 de junio), a la que el Ejecutivo «responde acercando a 32 presos etarras a cárceles próximas al País Vasco».

Según insistía Blanco, el delegado del Gobierno en Euskadi, Enrique Villar, relacionó el reagrupamiento con el intento de lograr un desenlace feliz al secuestro de Ortega Lara, y el 18 de junio el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, afirmó que la política penitenciaria, que incluye el acercamiento de algunos etarras, quitaría argumentos a la banda terrorista.

Las palabras de Rubalcaba y de Blanco tuvieron en todo caso la réplica popular, primero de la mano de la portavoz en la comisión de Interior del Congreso, Ana Torme, quien se refirió a Rubalcaba como el «portavoz del Gobierno de los GAL», y argumentó que son esos contactos denunciados ahora por el PP los que constituyen una «vileza», e insistió en que se llevan a cabo desde 2002.

Luego fue el propio portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, quien definió el comportamiento del Grupo Parlamentario Popular y del partido en este caso como «ejemplar». «Estamos actuando con una gran responsabilidad», dijo. «Y yo les recomendaría al Gobierno y al PSOE que no tentaran la suerte, porque cuando se meten con nuestras iniciativas, a lo mejor lo que están haciendo es provocar», añadió.

Zaplana acusó también al propio Blanco de «provocador» y calificó sus declaraciones de «intolerables». «No solamente por su mal gusto, sino también por lo que tienen de inoportunidad y de provocación», explicó.

La eurodiputada socialista Rosa Díez entró también de lleno en la polémica y dijo desde Gijón que el PSOE debe responder a las «gravísimas acusaciones» del PP. «Lo fuerte es que, cuando subía y bajaba la persiana Joseba, sabemos hoy que dirigentes del PSOE estaban hablando con Batasuna. Si no es verdad, hay que desmentirlo radicalmente», exhortó Rosa Díez.



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19.10.06

 

La juez Gallego cita como imputado al jefe de los peritos por falsedad documental

 



VUELCO AL AUTO DICTADO POR GARZÓN
La juez Gallego cita como imputado al jefe de los peritos por falsedad documental
La perito Isabel López.
La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gema Gallego, ha citado para este viernes en calidad de imputado por un delito de falsedad documental al jefe de Analítica de la Policial Judicial, Francisco Ramínez, superior directo de los tres peritos que elaboraron un informe que relacionaba a ETA con los atentados del 11-M, confirmaron fuentes jurídicas. La decisión de la magistrada es totalmente contraria a la que adoptó el pasado día 5 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien imputó a los subordinados Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique por falsificación. La juez ha devuelto a los peritos su condición de testigos.


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18.10.06

 

Cuando lo habitual es lo poco común Por CASIMIRO Gª-ABADILLO

 

18-10-06



Cuando lo habitual es lo poco común

Por CASIMIRO Gª-ABADILLO

El Ministerio del Interior ha vuelto a hacer otro ejercicio de cinismo en su batería de respuestas a las preguntas realizadas por los diputados del PP Jaime Ignacio del Burgo y Alicia Castro sobre aspectos relevantes y no aclarados del 11-M.

Aun con todo, lo que queda claro tras la lectura del documento remitido al Congreso (y filtrado el pasado lunes a los medios afines al Gobierno: El País y ABC) es que, tras dos años y medio de investigación, Interior es incapaz de responder a cuestiones tan determinantes como quién, dónde, cómo y cuándo se montaron los teléfonos móviles que sirvieron de temporizadores para las bombas o cuál fue el explosivo que estalló en los trenes de cercanías.

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La información que aporta Interior sobre la posible vinculación de ETA con el atentado de Madrid es igualmente parca, cuando no contradictoria. Pero hay un aspecto que llama la atención: la referencia a la fórmula de la cloratita hallada en un papel localizado en la celda de Abdelkrim Bensmail, el conocido como lugarteniente de Allekema Lamari, uno de los terroristas muertos en Leganés.

Dice Interior que la cloratita «es una mezcla explosiva comúnmente conocida, de tal manera que la información relativa a su composición es accesible». Es decir, que Interior rebaja la importancia de que un condenado por pertenecer a un grupo terrorista tenga en la cárcel, en un papel escrito de su puño y letra, la fórmula para obtener un potente explosivo. Después de ese párrafo, reproduce literalmente lo que aparece en dicho escrito: «EXP.V. Cloratita=80 gramos; Clorato potásico=10 gr.; Azufre=10 gr.; Azufre=10 gramos». Y, de ahí, Interior concluye que «dicho contenido no coincide con la fórmula encontrada en los manuales de ETA».

Desde hace años, la Policía y la Guardia Civil saben que las proporciones que emplea ETA para fabricar la cloratita son: clorato (de sodio o potásico) en un 80%; azufre, en un 10%, y azúcar en un 10%.

Por ejemplo, esa fórmula se encontró en la documentación incautada al etarra Fermín Sánchez Agurruza.

Es más, la anotación que sigue en el papel manuscrito de Bensmail («Tiendas agrícolas x=10») concuerda con documentos de ETA en los que se recomienda la compra de los cloratos en tiendas agrícolas o de jardinería.

Lo increíble de este caso es que estamos hablando de un terrorista al que se le han encontrado en su celda direcciones y teléfonos de cuatro miembros de ETA encarcelados y de otras dos personas en libertad que mantienen contactos con etarras.

La conclusión evidente es que si ha habido alguien que le ha podido proporcionar esa fórmula a Bensmail hayan sido sus amigos de ETA. Pero no. Interior, con tal de romper cualquier vínculo entre ETA y el 11-M, es capaz de negar la evidencia y desbaratar la más elemental lógica. Por un lado, afirma que es una mezcla «comúnmente conocida» y, por otro, que «no coincide con la fórmula de la cloratita encontrada en los manuales de ETA».

Si Interior da por hecho que la fórmula que aparece en el papel de Bensmail es la «comúnmente conocida» y, como es sabido, ETA es la organización terrorista que más utiliza la cloratita para sus atentados, cabe deducir que sea ésa la mezcla que utilice habitualmente ETA. Interior nos quiere convencer de un absurdo: que lo habitual es lo poco común.


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Interior responde al PP que se desconocen datos clave del 11-M

 

18-10-06



Interior responde al PP que se desconocen datos clave del 11-M


Contradice a un jefe de los Tedax y dice que las explosiones sí corresponden a las de Goma 2

MANUEL MARRACO

MADRID.- El Gobierno ha comunicado al Partido Popular que «ningún informe asevera de forma concluyente datos tales como: lugar, fecha y/o autores del montaje de los artefactos explosivos utilizados en los atentados del 11 de marzo». Así consta en una de las respuestas remitidas por el Ejecutivo a la diputada popular Alicia Castro.

Más evasiva es la respuesta sobre la autoría material e intelectual de los atentados. «No corresponde al Ministerio del Interior determinar quién es o no el autor de unos hechos, sino que será la sentencia judicial que en su momento se dicte quien determinará y fijará el grado de participación de cada uno de los imputados en relación con los hechos del 11-M».
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Las respuestas también recogen otros aspectos sin aclarar: «No se puede acreditar el origen de la metralla», se afirma en una de ellas. Las Fuerzas de Seguridad recogieron metralla de la Mina Conchita, donde supuestamente se robó el explosivo, pero no pudieron certificar que fuera la que se encontró en la mochila de Vallecas y en algunos focos del atentado. Por otra parte, «todavía no han sido identificados» los ocho ADN anónimos que han aparecido en diversos lugares de la investigación.

Gran parte de las respuestas se centran en la identificación del explosivo empleado. El Ejecutivo acude a un reciente auto de la Audiencia Nacional para dar por resueltas las dudas. «Se señala que, tal como informa la Audiencia Nacional en auto del 25 de septiembre de 2006, 'figura perfectamente acreditado en los dos autos recurridos que la sustancia explosiva utilizada provenía de la Mina Conchita y respondía a la denominación de Goma 2 ECO'».

Sin embargo, en una respuesta posterior las posibilidades son más amplias: «La realidad del auto [del juez Juan del Olmo] es que sólo se habla de un tipo de explosivos -Goma 2 ECO- perfectamente identificable o dinamita, de la que la Goma 2 es una de sus variantes». Otros tipos de dinamita han sido empleados por ETA. Éstos contenían nitroglicerina, un elemento que, según lo declarado por el jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, ante la Comisión del 11-M, apareció en focos de los atentados. «Se señala que, como ha declarado ante la autoridad judicial, fue un error», dice Interior.

El Gobierno también intenta minimizar las dudas planteadas por el jefe provincial de los cuatro equipos de Tedax que acudieron a los focos, quien dijo ante Del Olmo que los destrozos apuntaban a un explosivo de tipo militar. «En las prácticas reales que el colectivo Tedax-NRBQ realiza dentro de su formación y entrenamiento», dice Interior, «se ha comprobado en numerosas ocasiones su alta capacidad, constatando efectos similares a los observados en los trenes».

«Por último, se señala que se llevaron a cabo todas aquellas pruebas que la autoridad judicial competente consideró conveniente realizar», añade. Sin embargo, Del Olmo sugirió reproducir en un vagón las explosiones con la misma cantidad de Goma 2 que supuestamente se empleó, para arrojar luz sobre las dudas planteadas. Manzano se opuso alegando que no tenían datos para efectuar una explosión similar.

Respecto a la relación de ETA con los atentados o sus autores, el Gobierno insiste en que nunca se ha encontrado. Tras advertir que su tarea no es «desmentir o confirmar las informaciones periodísticas», reconoce que, como informó EL MUNDO, ETA «ha utilizado en algunos atentados» teléfonos móviles para activar explosivos.


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La juez Gallego resolverá el recurso de los tres peritos

 

18-10-06



La juez Gallego resolverá el recurso de los tres peritos


MARIA PERAL

MADRID.- La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha levantado parcialmente el secreto de las diligencias de las que se tuvo que inhibir el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con los peritos del 11-M.

Gallego tramita unas diligencias previas abiertas a raíz de una querella interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra diversos mandos policiales. Entre estos mandos figura Francisco Ramírez, firmante de un informe sobre el ácido bórico hallado en la casa de un procesado por los atentados islamistas ocurridos en Madrid.

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Las pruebas analíticas que Francisco Ramírez firmó haber realizado fueron efectuadas, en realidad, por otros tres miembros de la Policía Científica: los facultativos Manuel Escribano e Isabel López y el técnico Pedro Manrique.

Los tres peritos hicieron constar en su informe que en un piso franco de la banda terrorista ETA, desmantelado en 2001, también se encontró ácido bórico. La referencia a ETA fue suprimida totalmente en el dictamen remitido por Ramírez al juez encargado del 11-M.

La juez Gallego debe resolver el recurso interpuesto por Escribano, López y Manrique contra la decisión del juez Garzón de imputarles por falsedad documental por haber vuelto a firmar, el pasado mes de julio, el mismo informe que elaboraron sobre el ácido bórico.

La instructora ha levantado ahora en parte el secreto de sus actuaciones a fin de que las partes puedan tener conocimiento del contenido de las declaraciones que los tres peritos realizaron ante Baltasar Garzón y, de esta manera, formular las alegaciones que consideren oportunas sobre su recurso.


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17.10.06

 

ETA proporcionó documentación falsa a los terroristas islamistas que atentaron contra el World Trade Center en 1993

 



NUEVAS CONEXIONES ENTRE ETA Y EL TERRORISMO ISLÁMICO

ETA proporcionó documentación falsa a los terroristas islamistas que atentaron contra el World Trade Center en 1993
Atentado contra el World Trade Center en 1993

Madrid. Javier Oyarzábal (Servicios Informativos de CITY FM) - Eusebio Arzalluz “Paticorto”, actual miembro del Comité Ejecutivo de ETA y uno de los hombres fuertes del líder etarra “Txeroki”, proporcionó documentación falsa a los terroristas islamistas que atentaron contra las Torres del World Trade Center, en 1993.

El 23 de mayo de este año, una serie de explosiones sacudieron un taller de reparación de coches en el barrio de Santa Rosa, en las afueras de Managua. El resultado fue: tres muertos y 16 casas del vecindario destruidas. Entre los escombros, oculto en un subterráneo perfectamente acondicionado, apareció un enorme arsenal de armas y una gran cantidad de documentos comprometedores, entre los que destacaba un detallado archivo con datos para secuestrar y obtener el rescate de toda una serie de millonarios latinoamericanos. También se encontraron cientos de pasaportes de 23 nacionalidades, y documentos de identidad en blanco, tanto nicaragüenses como de otros países.


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La Policía Científica no pudo acceder durante varias horas a los cadáveres de los “suicidas” de Leganés

 



SE LO IMPIDIÓ EL FORENSE QUE EL PSOE LLEVÓ A LA COMISIÓN 11-M
La Policía Científica no pudo acceder durante varias horas a los cadáveres de los “suicidas” de Leganés
Nadie ha sido capaz de explicar todavía por qué no se hicieron autopsias a los supuestos suicidas de Leganés, a pesar de que la Ley exige su práctica en toda muerte violenta. Pero no es esto lo único extraño en lo que respecta al tratamiento que se dio a los cuerpos encontrados en Leganés. Cuando la Policía Científica se personó en el Instituto Anatómico Forense para examinar los restos y tomar muestras de los cadáveres de los “suicidas”, se les impidió hacerlo. La Policía Científica no pudo acceder a los cuerpos hasta más de siete horas después, durante las cuales los cuerpos estuvieron bajo control del especialista en antropología forense que el PSOE llevó a la Comisión de Investigación del 11-M.

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El Gobierno dice que ha cumplido lo que le pidieron tras el 11-M

 

17-10-06



El Gobierno dice que ha cumplido lo que le pidieron tras el 11-M


Hasta el pasado mes de junio ha pagado más de 61 millones de euros a las víctimas de la mayor masacre cometida en España

AGUSTIN YANEL

MADRID.- El Gobierno asegura que ha cumplido las recomendaciones que aprobó la Comisión del Congreso de los Diputados tras los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, cometidos en Madrid, tanto las referidas a atender a las víctimas de esa masacre como las encaminadas a mejorar la seguridad de España frente al terrorismo internacional.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció en mayo de 2004 que el Ejecutivo iba a llevar a la práctica lo que dijera el Congreso. En cumplimiento de esa promesa, ahora ha enviado un informe a esa Cámara en el que, entre otras cosas, indica que en los Presupuestos Generales del Estado ha subido a casi 900.000 euros los 600.000 que se habían destinado en el año anterior para atender a las víctimas y a sus familiares.

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Además, según ese informe del Gobierno -al que ha tenido acceso EL MUNDO- el Ministerio del Interior ha autorizado conceder 642 ayudas económicas por un total de más 1.170.000 millones de euros.

Se trata de tercer informe de cumplimiento de esos compromisos parlamentarios que el Gobierno envía al Congreso. Y, en él, la vicepresidenta asegura que el Gabinete de Rodríguez Zapatero ha cumplido sus compromisos, entre ellos el de aprobar «pensiones excepcionales» para las víctimas de esos atentados.

Entre los datos que el informe del Gobierno incluye se encuentra también el de que hasta el mes de junio del año 2006 se habían pagado más de 61 millones de euros a las víctimas de los atentados del 11-M.

La Comisión que analizó esos atentados en el Congreso durante casi un año también recomendó que se facilitara a las víctimas extranjeras del 11-M la posibilidad de que adquirieran la nacionalidad española o que obtuvieran un permiso de residencia o de trabajo. El Gobierno ha explicado que, hasta el pasado verano, ha tramitado 338 expedientes.

Pero el Gobierno también incluye otros datos en el informe que ha remitido al Congreso de los Diputados. Entre ellos, por ejemplo, las medidas que ha puesto en marcha para que las víctimas del 11-M tengan preferencia respecto a otros ciudadanos a la hora de obtener ayudas directas para préstamos o para alquilar viviendas, entre otras medidas.

Más seguridad

El Congreso -a propuesta del PSOE y con el apoyo de CIU, ERC, PNV y el Grupo Mixto- también recomendó al Gobierno que adoptara otras medidas para mejorar la seguridad de España frente a la posibilidad de ataques por parte del terrorismo internacional. En este sentido, el Ejecutivo socialista ha comunicado al Parlamento que ha cumplido esas propuestas.

Una de las cuestiones que el Gobierno ha llevado a cabo, según su respuesta, ha sido la constitución de un mando unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, entre otras cosas, se ha acordado que los distintos cuerpos y fuerzas policiales dispongan de bases de datos conjuntas a las que puedan acceder sin ninguna dificultad.

Pero la propuesta del Gobierno, en cumplimiento de las recomendaciones que adoptó en su día la Comisión parlamentaria, no se ha quedado en eso. También plantea la elaboración de un nuevo plan para combatir el terrorismo, que incluye la necesidad de preparar con una especialización a jueces y fiscales para que intervengan en los asuntos de terrorismo.

Una de las cuestiones a las que hace referencia el Gobierno en su escrito remitido al Congreso consiste en el hecho de que se ha elaborado un plan de control sobre los explosivos, por parte de la Guardia Civil, que ha permitido realizar casi 200 inspecciones cada día.

El Gobierno también ha indicado en su informe que ha llevado a cabo otras recomendaciones aprobadas por la Comisión de Investigación del 11-M, que fueron ratificadas por el Pleno del Congreso de los Diputados el día 30 de junio del año pasado.

Entre esas propuestas figuran más de 130 medidas que fueron aprobadas por todos los grupos parlamentarios, con excepción del PP, todas ellas encaminadas a mejorar la protección a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 y, al mismo tiempo, a adoptar medidas para evitar que se pudiera repetir un ataque terrorista de características similares.


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Pumpido dice que jueces y fiscales deben «buscar la paz social» en los procesos a ETA

 

17-10-06



ALTO EL FUEGO / El fiscal general niega que el Ministerio Público haya ralentizado su labor desde la tregua / El PP asegura que el etarra De Juana ha ganado «un pulso al Estado» al conseguir una rebaja de la acusación

Pumpido dice que jueces y fiscales deben «buscar la paz social» en los procesos a ETA


MARIA PERAL

MADRID.- Cándido Conde-Pumpido dijo ayer en el Senado que «no consentirá» que el Ministerio Fiscal «deje pasar la ocasión» de aplicar la ley «para que no haya más muertos», lo que contrapuso a una «Justicia de trinchera que, en lugar de buscar la paz social, alimente la venganza o el enfrentamiento».

El PP hizo acudir al fiscal general del Estado a la Cámara Alta para que explicase sus polémicas manifestaciones de que los jueces deben aplicar la ley conforme a la realidad social de cada momento. El portavoz popular, Agustín Conde, vapuleó a un fiscal general que, según dijo, «se rinde» ante el etarra José Ignacio de Juana Chaos, «que hace una dieta de jamón york y yogur y le rebajan la petición de pena de 96 años de cárcel a seis». «¿Ha pensado en dimitir?», le espetó.

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El fiscal general mantuvo el tipo durante más de dos horas de comparecencia hasta que, ya al final, acusó al parlamentario de «utilizar las cuestiones [del proceso de paz] como instrumento político de desgaste». «Aplicaremos la ley para que no haya más muertos, aunque a algunos se les noten las ganas de que los haya», manifestó.

En una primera intervención, más medida e incluso poética, Conde-Pumpido defendió con cifras que la institución que dirige «no sólo no ha ralentizado su labor en la persecución penal de los atentados terroristas, sino que la ha incrementado sustancialmente» tras el alto en fuego. Durante los 10 primeros meses de 2006, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó 66 escritos de acusación contra terroristas, cuando en todo 2005 formuló 39.

«Hemos tratado de evitar que, incluso teniendo cumplida su pena, salieran de la cárcel terroristas condenados que nosotros estimábamos que habían seguido delinquiendo durante su estancia en prisión», dijo. «En ocasiones lo hemos conseguido, incluso exacerbando en un momento inicial el rigor de la calificación jurídica provisional de la imputación», añadió, en referencia al caso de De Juana, autor de 25 asesinatos, condenado a 3.000 años de cárcel (de los que ha cumplido 18) y ahora acusado de nuevos delitos por los que el Ministerio Público solicitó en mayo 96 años de prisión. La pasada semana, en coincidencia con el fin de la huelga de hambre del etarra, la Fiscalía anunció que bajará a unos seis años la petición de pena que hará en el juicio.

Conde-Pumpido aseguró que siempre ha procurado que el ordenamiento se aplique con rigor. «Pero, precisamente por eso, voy a ser muy claro: el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino. Nuestra aproximación a la realidad social debe ser imparcial, pero no ajena a esa realidad».

A partir de ahí, el fiscal general se adentró en planteamientos de apoyo al llamado proceso de paz señalando que «en la medida en que la ley aprobada en este Parlamento, interpretada sin trampas, aplicada sin inventos y sin atajos, sirva para que no haya más muertos, no consentiré que el Ministerio Fiscal deje pasar la ocasión de aplicarla con ese fin».

«Igual que no consentiré trampas, inventos ni atajos al servicio de una Justicia de trinchera que, en lugar de buscar la paz social, alimente la venganza o el enfrentamiento, en pro del interés de quien quiera que sea. La Justicia no está para favorecer procesos políticos. Pero no está tampoco para obstaculizarlos», defendió.

El senador Agustín Conde expresó su «asombro» por escuchar que hay que aplicar la ley «para que no haya más muertos». «¡Yo pensaba que lo que el fiscal debe intentar es la condena de los asesinos de esos muertos!», exclamó. Conde sostuvo que los fiscales deberían «perseguir, atosigar, acosar» a los terroristas «para que cumplan hasta el último día de sus condenas, aunque sea corriendo el riesgo de que pueda haber algún acto posterior».

A su juicio, la ley tiene que ser interpretada «del modo más favorable al interés social, es decir, para evitar que la sociedad se encuentre en la calle con elementos que no han dado visos de reinserción y que no se han arrepentido». «Un etarra ha querido echar un pulso al Estado y lo ha ganado. Ustedes se han rendido», le reprochó Conde, que también sacó a relucir el pacto entre la Fiscalía y varios acusados de kale borroka por el que se redujo de 400 años de cárcel a 13 la petición de pena.

«Dice que no le gusta cómo ejerzo mi función. El sentimiento es mutuo», contestó Conde-Pumpido.

El fiscal general consideró desproporcionada la pena solicitada para De Juana en el escrito de acusación provisional, que fue la respuesta al «clamor social» contrario a su excarcelación. Aseguró que la pena que instará la Fiscalía tras el juicio «se ajustará a la ley, sin atender otros fines ajenos», pero se opuso a la pretensión de que esa pena «compense el efecto de la ley que ha dado por cumplida una condena anterior», ya cancelada conforme al ordenamiento jurídico aplicable al terrorista.




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Hernando dice que cumplir la Ley de Partidos es «imprescindible»

 

17-10-06



Hernando dice que cumplir la Ley de Partidos es «imprescindible»


MADRID.- El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, subrayó ayer la vigencia de la Ley de Partidos Políticos y recalcó que, en virtud de esta norma, «la renuncia a la violencia» es «requisito sine qua non para poder funcionar en las instituciones políticas del Estado».

En una rueda de prensa en el Congreso, Hernando se pronunció así al ser preguntado sobre la posible vuelta a la legalidad de la formación abertzale. El presidente del Supremo se remitió a las declaraciones realizadas el pasado viernes tras el Consejo de Ministros por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien condicionó la legalización al cumplimiento de la Ley de Partidos.

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«La futura actuación de Batasuna debe hacerse necesariamente conforme a la Ley de Partidos, [que] está plenamente vigente y con arreglo a ella tiene que producirse la permisividad de la actuación de Batasuna», señaló Hernando.

El presidente del Supremo explicó que «la situación de Batasuna es irreversible, en la medida en que hay una resolución jurisdiccional firme y definitiva» por la que se acordó su ilegalización.

Hernando acudió al Congreso para entregar a su presidente, Manuel Marín, la lista de los 36 candidatos que el CGPJ propone para cubrir las 12 vocalías ocupadas por jueces que deben ser designadas por el Congreso y el Senado. El presidente del Consejo expresó su deseo de que se renueve «en plazo» el órgano de gobierno de los jueces, que concluye su mandato en noviembre.

El Congreso y el Senado tienen también que nombrar a los otros ocho vocales, entre juristas de reconocido prestigio.



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Reunión de etarras con un cargo de Prisiones

 

17-10-06



Reunión de etarras con un cargo de Prisiones


BILBAO.- Un alto cargo de Instituciones Penitenciarias recibió hace algo más de un año a dos representantes de los presos de ETA, según afirma uno de ellos, el etarra Juan Lorenzo Lasa Mitxelena 'Txikierdi'. Los representantes de los presos de la banda reclamaron que se reconociera su «estatus político», informa la agencia Vasco Press.

Según 'Txikierdi', hace algo más de un año solicitaron una entrevista a la administración penitenciaria con el objetivo de plantear «de manera oficial y directa al Gobierno español la tabla de reivindicaciones del colectivo» y abrir al mismo tiempo «un canal de relación política para abordar cuestiones relativas al colectivo».

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«Un alto cargo de Instituciones Penitenciarias nos recibió a dos miembros de la interlocución [el propio 'Txikierdi' y Ana Egüés] y le expusimos la cuestión del estatus político», asegura Lasa Mitxelena en una entrevista concedida el domingo a 'Berria' y que ayer resumió 'Gara'. También explica que, «lamentablemente, la única respuesta recibida hasta el momento del Gobierno español ha sido seguir por la senda de la represión».

'Txikierdi' y la también presa de ETA Argi Perurena se presentan en esta entrevista como «miembros de la interlocución del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK)», y anuncian una nueva campaña en favor del reconocimiento de su «estatus político».

Así, anuncian para los días 19 y 20 de este mes un ayuno de presos de ETA «en demanda del reconocimiento del estatus político y para reivindicar la autodeterminación y la amnistía».


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16.10.06

 

Un 67% de españoles cree que aún no se sabe la verdad sobre el 11-M

 

16-10-06



SONDEO SIGMA DOS / Incluso los votantes del PSOE piensan que quedan incógnitas por despejar / El 39,2% cree que la Policía y los jueces no han seguido las pistas que relacionaban a los islamistas con ETA

Un 67% de españoles cree que aún no se sabe la verdad sobre el 11-M


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SONDEO SIGMA DOS-EL MUNDO.- El 75% pide que la prensa siga investigando los atentados Un 50% piensa que «no está claro» qué fue lo que explotó en los trenes y un 29%, que sí lo está El 39% opina que «se han desdeñado los indicios» relacionados con ETA Un 38% considera que los mandos falsificaron el documento enviado al juez y sólo un 12% cree culpables a los peritos

VICTORIA PREGO

MADRID.- No todos se lo creen todo. Los ciudadanos están muy lejos de darse por satisfechos con la versión oficializada sobre lo que sucedió en los atentados del 11 de Marzo de 2004. En el sondeo elaborado por Sigma Dos para EL MUNDO, y preguntados sobre si, en su opinión, ya se conoce toda la verdad sobre el atentado, hay una clarísima mayoría, un 67,5%, que contesta que no. Incluso los votantes del PSOE consideran, aunque en menor porcentaje (55,1%,), que sigue sin conocerse todo lo ocurrido.

La consecuencia lógica a esta respuesta es el aplastante respaldo (75%) que los españoles otorgan al trabajo de los periodistas que se esfuerzan por encontrar algún tipo de explicación a tantas incógnitas. Una de ellas es, precisamente, la que se refiere al tipo de explosivo que estalló en los trenes, de cuya composición exacta sigue sin haber noticia. El 50% considera que ese dato no ha sido aclarado aún.
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La aplastante mayoría que se muestra convencida de que todavía quedan cosas por saber en torno al 11-M, se mantiene en los tramos establecidos por género y por edad. La variación más llamativa se produce cuando las respuestas se agrupan por recuerdo de voto: los que apoyaron al PSOE están de acuerdo en que aún no se sabe lo sucedido, pero lo están en una proporción mucho más pequeña (55,1%,) que se contrapone además con un 36,3% de esos votantes de izquierda que aseguran que ya está todo claro. Más evidente todavía es la respuesta cosechada entre los seguidores de Izquierda Unida, que opinan por una ajustada mayoría (47,2%) que no hay nada más que averiguar, frente a un 46,1% de esos mismos votantes de IU que piensan que las cosas no están definitivamente despejadas.

Éste es un caso en el que las posiciones se dividen, no tanto por criterios basados en la lógica ciudadana sino por espacios ideológicos. Por eso mismo, son los votantes del PP los que responden abrumadoramente (84,2%) que no se sienten satisfechos con los resultados de la investigación y quieren «saber más». Y en esa línea están también los ciudadanos que se agrupan en el epígrafe «Otros», y que responden a los votantes de otras formaciones y, quizá a los abstencionistas electorales.

¿Qué dicen los jóvenes a esto? Los que tienen de 18 a 29 superan con creces la tónica general y opinan, en un 74,1% que los vericuetos de la investigación sobre la trastienda de aquella matanza deben ser todavía recorridos a fondo.

Hay división de criterios, sin embargo, en la consideración ciudadana sobre el interés que pueda tener el Gobierno en que se conozca toda la verdad sobre el 11-M. Aquí las opiniones están muy repartidas. Es decir, muy divididas. El 46,3% del cómputo general cree que el presidente Zapatero es el primer interesado en el esclarecimiento de los hechos. Lo que sucede es que la media general queda condicionada por ese 72,2% de los votantes socialistas que responden en ese sentido y que, como es natural, no están dispuestos a dudar de la voluntad democrática de su líder. También los partidarios de IU refuerzan en un 68,3% esa posición. Pero, en términos generales, esa es la tónica de todas las repuestas: aunque por un margen muy estrecho, de dos o tres puntos máximo de diferencia, la mayoría concede al presidente la voluntad de ayudar a esclarecer todos los aspectos del atentado.

En sentido contrario, son los votantes del PP los que condicionan la proporción total de las respuestas negativas a esta pregunta: el 73,3% de los seguidores de Rajoy dicen estar convencidos de que Zapatero no quiere seguir adelante con las investigaciones sobre el atentado. Y, como resumen perfecto de la división de opiniones sobre esta cuestión precisa, aparecen los agrupados en el epígrafe «Otros» que reparten sus respuestas equitativamente: el 42,3% piensa que el presidente está interesado en que se conozca toda la verdad y el 42,1% piensa que no. Una perfecta división de opiniones, como decíamos antes.

En lo que tienen pocas dudas los ciudadanos consultados es en quién tiene el mayor interés en investigar los hechos. Dejando subrayado de antemano que aparece un altísimo porcentaje ( 22,1%) de los que confiesan no tener ni idea de quién es el que tiene la determinación de averiguar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, aparece una mayoría de un 43,7% que opina que es la prensa, o alguna prensa, la que está husmeando más a fondo entre los pliegues de aquella matanza.

Esa mayoría se debilita claramente en las respuestas de los votantes socialistas que, aunque sí le reconocen a la prensa ese papel investigador (33,6%), no dejan de señalar, con un 23,5% que es la Justicia quien más se esfuerza en investigar los hechos. Proporción que, en el caso de los votantes de IU, se invierte (30,3% a favor de la Justicia y 21,% a favor de la prensa) porque, una vez más, como en casi todos los sondeos, son los seguidores de la izquierda comunista quienes defienden con mayor rotundidad las tesis que originalmente proceden del PSOE.

Por descontado, los españoles consultados en este sondeo, consideran que la prensa debe seguir investigando lo ocurrido el 11-M. Ahí el porcentaje de síes es masivo (75%) porque, ciertamente, no debe de resultar fácil atreverse a sostener que los periodistas deben dejar de meter la nariz y la pluma en los asuntos más importantes de la vida nacional. Todos están de acuerdo, pues, en que los periodistas deben investigar, y lo están en proporciones altísimas. Con un matiz y con una excepción. El matiz corresponde a los votantes socialistas que, aunque muy mayoritarios, se muestran mucho menos entusiastas con la idea (67,2%). Y la excepción la encarna de nuevo el votante de IU que reparte sus opiniones sobre este asunto entre el 48,5% que está de acuerdo en que alguna prensa cumpla su función natural, y el 46,2% que lo que quiere es que se deje de husmear en las incógnitas del atentado.

De todas las preguntas que EL MUNDO ha hecho y se ha hecho sobre lo ocurrido aquella trágica mañana, hay una que parece haber calado firmemente en la opinión de los ciudadanos. Preguntados sobre si creen que ha quedado claro qué tipo de explosivo estalló en los trenes, la mayoría, el 50,4% dice que no. Y, aunque también en este punto hay que consignar una elevada tasa de abstención (20,4%), los consultados coinciden en afirmar que este dato esencial se desconoce por el momento. Incluso entre los simpatizantes del PSOE hay serias dudas. El 38,7% de ellos dice que sí se sabe qué explotó, pero hay un muy significativo 36,7% que, aún votando al PSOE y participando, suponemos, de su línea política, reconoce que esa pregunta sigue todavía sin respuesta. Por supuesto, los seguidores de Izquierda Unida son quienes lo tienen más claro y van en sentido contrario al de la opinión general: el 48,9% no tiene dudas de lo que explotó aquel día y sólo un 27% cree que esa incógnita sigue sin despejar.

Entrando en el asunto del caso de los peritos policiales que acudieron al juzgado de Garzón como testigos y salieron como imputados de falsedad mientras sus mandos quedaban exonerados de toda responsabilidad penal por parte del juez que no tenía competencias para abrir diligencias sobre el caso, la ciudadanía ha pasado por su propio tamiz todo el zafarrancho de acusaciones cruzadas y de confusiones buscadas y ha llegado a una conclusión: el 35,5% opina que quienes falsificaron el documento que conectaba eventualmente a ETA con el 11-M no fueron los peritos sino que fueron los mandos policiales que enviaron al juez un texto distinto al auténtico.

Tan sólo un 12,2% cree que los responsables de la falsificación fueron los peritos que hicieron el análisis y el informe técnico. Esa mayoría que adjudica la presunta falsedad a los jefes de la Policía Científica es, de todos modos, relativa, porque lo más llamativo de esta respuesta es que cuenta con un aplastante porcentaje de quienes no saben o no pueden contestar a la pregunta. El 52,4% prefiere no pronunciarse, cosa nada sorprendente, habida cuenta de la tela de araña tejida por el juez y por otros medios sobre la cuestión.

De todos modos, y manteniéndose en todos los segmentos esa mayoría que se declara superada por los datos y no se siente capaz de tener opinión, lo llamativo de esta respuesta es que en ninguno de los tramos, ni siquiera entre los votantes del PSOE y hasta de Izquierda Unida, hay discrepancias sobre la conclusión de quienes sí opinan: los falsarios fueron los mandos, no los peritos.

La siguiente cuestión que Sigma Dos ha planteado a los ciudadanos consultados recibe una respuesta muy repartida. Se trataba de pulsar la opinión de la ciudadanía sobre si la Policía y los jueces han indagado en todas las pistas que se les han abierto en el transcurso de sus investigaciones o si, por el contrario, se ha desdeñado sistemáticamente todo indicio que, directa o indirectamente, pudiera vincular los acrónimos ETA y 11-M.

Y las respuestas han sido éstas: el 39,2% del cómputo total se inclina por la segunda hipótesis, la de que en este asunto sólo se ha investigado en una dirección y se han ignorado todos los indicios que desviaran la atención hacia las posibles connivencias entre los islamistas y los etarras. Quienes opinan lo contrario suman un 35,5%. Lo que sucede es que, si se observan los porcentajes tramo por tramo, se encuentran muchos saltos en la opinión expresada por los consultados.

Los hombres, las mujeres, los jóvenes y los votantes del PP, éstos de forma mayoritaria (56,5%), creen que se ha huido de investigar cualquier relación entre el atentado y la banda terrorista. Pero quienes tienen entre 30 y 64 años, los votantes del PSOE (51,6%), y los de Izquierda Unida (61,7%) piensan que la investigación ha sido amplia y exhaustiva. Y aquí aparece también un muy alto porcentaje de abstención en las respuestas, cosa no sorprendente en la medida en que no es fácil para un ciudadano no especializado el apreciar tal cúmulo de datos, de matices y de deliberadas confusiones.

Finalmente, se le hacen a los electores dos preguntas muy concretas. La primera, si creen que existe alguna relación entre el atentado del 11-M y los servicios secretos de Marruecos. La respuesta mayoritaria es «no sé» (44,9% en el cómputo global) y, fuera de esa mayoría, son más quienes creen que uno y otro elemento no tienen relación entre sí, que quienes creen que los servicios de inteligencia marroquíes estaban de alguna manera enterados de los preparativos del atentado. Sólo el votante del PP despunta en esta respuesta de hipotética vinculación, pero lo hace en un porcentaje pequeño (36%) en relación con la proporción de los simpatizantes populares que realmente son incapaces de tener opinión al respecto (44,6%).

Otra cosa es la pregunta en torno a la posible relación entre ETA y el 11-M. Aquí el porcentaje de quien no sabe o no contesta es relativamente bajo (15,2%) pero la mayoría (52,3%) piensa que esa relación no ha existido. Esa mayoría se mantiene en todos los tramos, se incrementa de manera muy notable entre los votantes del PSOE (76,6%) y mucho más entre los seguidores de IU (86,8%). Pero cambia de signo cuando quien responde es simpatizante del PP porque ahí la mayoría (65,2%) dice estar convencida de que algún nexo ha habido entre la matanza de Madrid y las acciones de la banda terrorista.


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11-M: AUN NO SE SABE LA VERDAD

 

16-10-06



Editorial

11-M: AUN NO SE SABE LA VERDAD


La última entrega de la encuesta de Sigma Dos arroja algunos datos reveladores sobre la actitud de la opinión pública española en torno a la investigación del 11-M y es un estímulo para quienes seguimos y seguiremos empeñados en esclarecer qué ocurrió aquella mañana. Pese a la chapucera instrucción del juez Del Olmo, al descarado obstruccionismo de Interior y al nutrido coro mediático que da por cerrado el caso, más de dos tercios de los españoles están convencidos de que en lo esencial no se conoce la verdad sobre los atentados. Contra lo que pudiera parecer, esta opinión no es patrimonio de los simpatizantes del PP: el 55,1 de los socialistas y el 46,1% de los de IU comparten el convencimiento de que no se ha aclarado lo ocurrido.

De la encuesta se deduce también que la opinión pública no canaliza sus dudas hacia una hipótesis alternativa. Apenas un tercio cree que ETA tuvo alguna vinculación con los atentados y tan sólo un 26,3% involucran a miembros de los servicios secretos marroquíes. Pero el hecho de que aún no haya arraigado mayoritariamente una tesis que explique globalmente los hechos hace aún más llamativo el convencimiento general de que quedan datos relevantes por descubrir.

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En el terreno de los detalles, los resultados del sondeo son todavía más significativos. Un 50,4% de los encuestados sigue creyendo que no está claro qué tipo de explosivo estalló en los trenes. Y en cuanto a la polémica de la manipulación del informe que vinculaba 11-M y ETA, la mayoría de los que tienen una opinión formada piensan que los falsificadores no fueron los peritos (12,2%) sino sus jefes (35,5%).

Más dividida se halla la opinión pública en torno al papel del Gobierno. Apenas hay diferencia entre quienes defienden su empeño en esclarecer la masacre (46,3%) y quienes no lo hacen. Sin embargo, sólo un 35% cree que la policía y el juez han investigado las pistas sin prejuicios y hasta un 39,2% cree que se han desdeñado aquéllas que vinculan los atentados con ETA.

De lo que no cabe duda es de que los ciudadanos saben dónde buscar las piezas que todavía faltan para completar el complicado rompecabezas del 11-M. Preguntados sobre quién ha mostrado más interés por averiguar la verdad -y frente al raquítico 8,4% del Parlamento, el 10,1% de la policía y el 15,8% de la Justicia-, el 43,7% de los escuestados dice que la prensa. Se refieren a los pocos medios que investigamos la masacre, no a quienes prefieren apuntalar la desdentada versión oficial. Aun sin los datos de este sondeo, seguiríamos empeñados en saber la verdad, pero este fuerte respaldo social hace nuestra labor doblemente estimulante. Advertimos de nuevo que no cejaremos. Digan lo que digan el Gobierno y nuestros rivales y sea cual sea el resultado de la vista oral.


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16-10-06



La verdad sólo inquieta a los que la temen


Por CASIMIRO Gª-ABADILLO

La gran mayoría de los ciudadanos españoles (un 67,5%, según el sondeo de Sigma Dos) sigue pensando, dos años y medio después del 11-M, que aún se desconoce la verdad sobre aquel monstruoso atentado.

A pesar de que desde el Gobierno, desde la inmensa mayoría de los partidos políticos, y desde casi todos los medios de comunicación se insiste machaconamente en que ya se sabe todo lo esencial sobre lo que ocurrió ese trágico día, los ciudadanos, incluidos la mayoría de los que votan al PSOE, siguen sin tragarse la versión oficial. A saber, que un grupo de islamistas radicales de carácter local provocó la mayor matanza de la historia de España y, como consecuencia de ello, un cambio de gobierno inesperado en las elecciones del 14-M.
(.../...)

Para los que seguimos haciéndonos preguntas sobre lo ocurrido y nos negamos a cerrar página sobre un suceso tan importante como oscuro, no deja de ser reconfortante que el 75% de los ciudadanos quiera que la Prensa continúe investigando los hechos.

Es a esos ciudadanos, que votan a distintas opciones políticas pero a los que no asusta la verdad, es a los que la prensa no puede decepcionar.

Lo que pone de manifiesto esta encuesta es que no es tan fácil engañar a la gente como parece. Un ejemplo. Desde los medios afines al Gobierno, cada vez más numerosos, se ha lanzado una campaña feróz contra quienes han denunciado la falsedad documental de sus superiores con tal de ocultar una conexión (ETA y 11-M) que no cuadra con la tesis oficial. Se les ha lapidado públicamente bajo la cínica bandera de la «defensa de las instituciones». Pero, ¡hay que ver cómo se apalean las instituciones cuando éstas no se rígen por los valores que marca el imperio Polanco! ¿O es que no es parte de las instituciones el Consejo General del Poder Judicial?

El caso de los peritos de la Policía Científica es paradigmático de lo que cuesta saber la verdad. Quien se atreve a denunciar una irregularidad, se ve condenado al averno. Las medallas pensionadas sólo se conceden a los que dan por bueno lo que concuerda con la tesis oficial.

A los que tantos elogios hacen a los mandos de la Policía, les recomiendo que se lean el sumario del 11-M para que comprueben hasta qué punto algunos de ellos (la palma se la lleva el señor Manzano) han intentado tomarle el pelo al juez Del Olmo.

Otra enseñanza de la encuesta. Los pusilánimes dirigentes del PP a los que les pone nerviosos el 11-M porque quieren salir indemnes de las llamadas guerras mediáticas, que miren y vean lo que piensa la inmensa mayoría de los votantes de su partido sobre el asunto.

Las amenazas de los que agitan la mierda, aunque sea de toro, sólo amedrentan a los que temen la verdad o a los que no se creen que vivimos en una democracia.


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Zapatero no quiere estar entre los grandes

 

16-10-06



Impresiones

Zapatero no quiere estar entre los grandes


El Ejecutivo ha dado marcha atrás en una reivindicación histórica de los gobiernos de España. Según señala Zapatero en una entrevista al Corriere della sera, ha descartado solicitar la entrada en el G8 (el grupo de los ocho países más ricos e industrializados del mundo) con el argumento de que «hay que mirar más allá» en la búsqueda de soluciones a los problemas del planeta. Su declaración de intenciones se contradice con los pasos que, para el ingreso en ese club, comenzó González en los 90 y siguió después Aznar. La revelación de Zapatero choca con la realidad (España ya ha superado en PIB a Canadá) y también con la posición que se ha mantenido en esta legislatura. En junio, Moratinos apadrinaba el nacimiento del Observatorio de Gobierno de la Economía Internacional, que tiene entre sus objetivos promover la entrada de España en el G8. En el acto de presentación, el ministro decía que ese posible ingreso «es una reivindicación que este Gobierno mantiene de una manera serena». También el mes pasado Solbes solicitaba un aumento del voto de España en los órganos de gobierno del FMI, una reivindicación coherente con aumentar nuestro peso político en el concierto internacional. «Estamos contentos donde estamos», señala Zapatero en la entrevista, pero estamos fuera, y la lógica dice que es dentro de los principales organismos internacionales donde mejor se pueden defender los intereses.


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JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO / Presidente del Gobierno «No pediremos entrar en el G8, hay que mirar más allá

 

16-10-06



JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO / Presidente del Gobierno

«No pediremos entrar en el G8, hay que mirar más allá»


MINO VIGNOLO. Corriere della Sera

EL PESO DE ESPAÑA. Hoy recibirá en Madrid a su colega de Italia, Romano Prodi, con quien hablará de la inmigración y de la cooperación económica entre los dos países. Antes, en una entrevista al diario Corriere della Sera, el mandatario español afirma que España no va a pedir el ingreso en el G8, el club los países más poderosos del mundo, a pesar de que ya ha superado a Canadá y es la octava economía mundial. Esta afirmación contrasta con la postura de los ex presidentes Felipe González y José María Aznar, que en junio pasado dijeron que van a presionar para que entre en ése y en otros organismos internacionales. El vicepresidente Pedro Solbes también ha pedido que España tenga más peso en el Fondo Monetario Internacional.

PREGUNTA.- Hace pocos días dijo que España superará a Italia en renta per capita y que, al ritmo actual, gracias a la tasa de crecimiento española, el doble de la italiana, la superación se producirá dentro de cuatro años. Esto ha disgustado a los italianos que, sin embargo, sienten gran simpatía por España. ¿Cuáles son los secretos de un crecimiento sostenido sin interrupción desde hace 11 años?

RESPUESTA.- Estamos orgullosos de alcanzar la renta per cápita de un gran país como Italia en 2010. Era nuestro objetivo cuando entramos en la Unión Europea. Tuvimos 40 años de dictadura y llegamos más tarde a la libertad y más tarde a la Unión Europea (UE). Durante estos últimos 30 años hemos estado corriendo para recuperar el tiempo perdido. Hay dos aspectos positivos que explican el crecimiento: un sector público saneado, con unas cuentas públicas con superávit, y unos sindicatos que colaboran. Éstas son las claves del éxito.
(.../...)

P.- ¿Pedirán entrar en el G8 [los ocho países más poderosos del mundo] al haber superado a Canadá?

R.- No lo pediremos. Estamos tranquilos donde estamos. Quizá hoy el mundo necesite mirar más allá del G8 para afrontar los grandes problemas, como las enormes desigualdades y las consecuencias del cambio climático. Ocho países son pocos.

P.- La inmigración clandestina será uno de los temas principales de su encuentro con Romano Prodi. Es la principal preocupación de los españoles: el 76% cree que su Gobierno «está improvisando» sobre el tema. Usted y Prodi, junto a Chirac y los demás líderes del sur de Europa, han pedido a la UE una movilización colectiva de todos los Estados miembros. Europa, que parece hacer oídos sordos a su petición, ¿adoptará una política común y medidas concretas sobre el tema?

R.- Es lógico que nuestros ciudadanos miren con inquietud a este fenómeno, tras meses difíciles marcados por la llegada de muchos clandestinos a nuestras costas. Creo que Europa dará una respuesta común a este fenómeno. La UE afrontará, lenta pero segura, los grandes problemas, y la inmigración es uno de nuestros retos. No se trata sólo del control de fronteras. Hay que canalizar una inmigración ordenada y ayudar a los países de origen. Europa es un continente rico y viejo. Para mantener su riqueza y su sistema de jubilaciones necesita a los inmigrantes, pero hay que dirigir positivamente esta necesidad. Si alguien piensa que el problema es sobre todo español o italiano, se equivoca. Me pregunto si llegan más inmigrantes en barcas a nuestras costas o por tierra a Alemania. No se sabe. Se habla de llegadas en barcas porque tienen más impacto mediático.

P.- La regularización de 580.000 clandestinos el año pasado fue muy criticada por algunos socios europeos, que hablan de efecto llamada. Ahora, el PSOE habla de expulsar a la mayoría de los clandestinos, porque el mercado laboral está saturado. ¿La realidad se impuso a la ideología?

R.- El mercado laboral no está saturado. Todavía necesita trabajadores, pero legales, porque un país democrático no puede permitir la presencia de cientos de miles de clandestinos sin derechos y sin deberes. Los que nos criticaron por la regularización deben hacerse preguntas sobre el modelo de sociedad que quieren. El problema central es cómo canalizar ordenadamente la oferta y la demanda de trabajo.

P.- En cuanto a la cooperación económica, creo que discutirán ustedes sobre el proyecto de fusión Abertis-Autostrade. ¿Está de acuerdo con sus compatriotas, que hablan de obstruccionismo por parte del Gobierno italiano? ¿Las reticencias italianas no son las mismas que las de su Gobierno con la OPA alemana de E.ON sobre Endesa?

R.- Queremos campeones europeos, pero campeones con fair play. Algo que no se tuvo en cuenta en la OPA de E.ON. En este caso hubo una OPA por sorpresa y eso creó tensiones. Por el contrario, con Italia existe el fair play. España es uno de los países de Europa más abiertos a las inversiones extranjeras. Estamos, junto a Gran Bretaña, por delante de todos los demás en este capítulo. Pero, cuando se trata de sectores sensibles, es bueno que exista un comportamiento amistoso y leal, como debe ser entre países hermanos. Manteniendo que la primera y la última palabra son de las empresas, los Gobiernos pueden ayudar y mejorar el marco de las relaciones. La voluntad del Gobierno es que haya más inversiones españolas en Italia y más inversiones italianas en España. La reunión con Prodi la afrontaré con este espíritu.

P.- Las relaciones con la Iglesia Católica, que atravesaron momentos tempestuosos con la aprobación del matrimonio gay, parecen mejorar. Se alcanzó un acuerdo sobre financiación y fuentes bien informadas dicen que usted y su entorno no ahorran elogios al Papa. ¿Se pasa de la frialdad a la convivencia?

R.- Tengo respeto por la figura del Papa. Un país aconfesional como España, con una sociedad laica, debe ser un ejemplo de convivencia. Una parte de la jerarquía católica movilizó a los ciudadanos que no están de acuerdo con la política del Gobierno. Está en su derecho de hacerlo, pero la fe no se legisla, pertenece a la esfera individual

P.- Usted está considerado un icono de la izquierda laica europea. En Italia, una parte de la izquierda es pródiga en elogios hacia su persona y otra parte dice que su Gobierno es burgués desde el punto de vista de las políticas sociales y laborales. Un Gobierno burgués iluminado en el campo de los derechos civiles. ¿Puede trazar un breve autorretrato político suyo?

R.- Nuestro proyecto es de extensión de los derechos ciudadanos. Hemos extendido los derechos individuales, como el matrimonio homosexual o la ley de igualdad entre los sexos, y estamos extendiendo los derechos sociales. Acabamos de aprobar la Ley de Dependencia para los portadores de alguna minusvalía y para los ancianos no autónomos. Todos los que dependan de otros para su supervivencia tendrán derecho a la atención pública. Después de la escuela gratuita hasta los 16 años, de la sanidad y de las pensiones para todos, éste es el cuarto pilar de nuestro Estado social y nos coloca a la cabeza del bienestar en la UE. Si la izquierda tuvo problemas serios en las últimas décadas, se debe a que no puso suficiente énfasis en lo que representa la democracia, en los derechos de los ciudadanos, en las formas.

P.- Un sondeo del Financial Times lo coloca en el primer puesto entre los líderes del mundo, gracias sobre todo a la elevada puntuación que logra en Italia y España. ¿Sabía que es muy popular en Italia?

R.- Sí, lo sabía. Me di cuenta en las vacaciones, al participar en un mitin, en el que había más italianos que españoles. Y participaban con una pasión y un afecto enormes.

P.- ¿Cuál es la explicación?

R.- Italia vive desde hace tiempo en busca de una izquierda coherente y fuerte. Esperemos que Prodi pueda satisfacer esa exigencia. Yo creo que si un líder es de izquierdas, debe hacer una política de izquierdas. Moderna. Una izquierda moderna significa cuentas públicas saneadas, apertura de la economía a las inversiones extranjeras y no proteccionismo. Significa democracia social. Primero vienen los valores, los principios democráticos, los derechos de la persona, la igualdad, el respeto de la diversidad. Después, lo social. Cuando hay una sociedad consciente de los principios democráticos, se le puede explicar a la gente el valor del Estado del bienestar, que cuesta mucho dinero. La gente lo entiende y acepta los costes.




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15.10.06

 

CARTA DEL DIRECTOR «Por quien caduca ya su valentía» PEDRO J. RAMIREZ

 

15-10-06



CARTA DEL DIRECTOR

«Por quien caduca ya su valentía»


PEDRO J. RAMIREZ

Cuando a mediados de los 90 mi excompañero de colegio José Manuel Soares Gamboa me escribió para contarme cómo el comando Madrid había intentado asesinarme unos años antes, enseguida descarté la idea de emprender acciones penales, sin tan siquiera tomarme la molestia de echar cuentas para saber si el delito estaba o no prescrito. Aunque ni entonces ni ahora -cuando grabando un programa de televisión volvió a utilizar la palabra «ejecución» para expresar lo que pretendían hacer conmigo esos autonombrados verdugos- podía sentir la menor simpatía o comprensión hacia Soares Gamboa, era indiscutible que, en mi caso, él me había contado lo que sabía movido por el arrepentimiento y que, en los de aquellas de sus víctimas que ya nunca podrían recibir confidencias parecidas, al menos había tratado de paliar el irreparable daño causado, testificando contra los restantes asesinos.

Pero junto a su responsabilidad, cuando se presentó en el polideportivo Magariños a comprobar si yo había acudido a aquel partido del Estudiantes -afortunadamente no fue el caso-, estaba también la de los otros dos terroristas que aguardaban su aviso en el piso franco de la calle Carranza con el artefacto explosivo preparado para insertarlo mediante el sistema de anzuelo en las llantas de mi coche. Sin embargo uno de ellos -Esteban Esteban Nieto- estaba ya afectado en prisión por la devastadora enfermedad que le llevaría a la tumba y el otro -José Ignacio de Juana Chaos- acumulaba condenas de hasta 3.000 años por nada menos que 25 asesinatos consumados. Añadir a todas aquellas sentencias una más, por un delito conexo en grado de tentativa, hubiera supuesto algo así como derramar un vaso de agua desde el ojo de buey del camarote de un barco en medio del océano.

(.../...)

Una congénita dificultad para el odio y el rencor me impedía por otra parte somatizar lo que podía haber ocurrido, pero no ocurrió: en definitiva mi vida había sido muy fértil desde entonces y él no tenía otro horizonte, o al menos eso era lo que yo creía, que pudrirse entre rejas para siempre. En realidad yo no fui consciente de la verdadera calaña de aquel detrito humano hasta que uno de nuestros periodistas tuvo acceso un par de años más tarde a la carta que escribió a una amiga, inmediatamente después del asesinato en Sevilla del matrimonio Jiménez Becerril.

La más tristemente célebre de sus abyectas expresiones dirigidas a los familiares y amigos de aquella joven pareja que dejaba tres huérfanos -«En la cárcel, sus lloros son nuestras sonrisas y terminaremos a carcajada limpia»- todavía resuena en la memoria espantada de muchos españoles. Pero no voy a ahorrar ni al presidente del Gobierno, ni a los ministros del Interior y Justicia, ni al Fiscal General del Estado algunos de los restantes comentarios que retratan al individuo infame en cuyo beneficio todo indica que acaban de negociar y pactar:

«Me estoy tragando todas las noticias de la ekintza de Sevilla (así llaman los etarras a los asesinatos). Me encanta ver las caras desencajadas que tienen... Con esta ekintza ya he comido yo para todo el mes. ¡Perfecta! Ahora están recogiendo el sufrimiento que desde hace décadas vienen repartiendo entre los presos, y eso que todavía seguimos siendo monjitas de la caridad. El día, que sin duda llegará, aunque todavía falte un poco, en que actuemos como lo hacía el Irgun judío contra los ingleses, el FLN argelino contra los franceses, o el IRA contra los británicos, ese día ganaremos como ganaron ellos. ¿Acaso les importan a ellos los niños cuando son los nuestros? Pues no tenemos nosotros hijos huérfanos o que no pueden ver a sus padres por la dispersión... Y los nuestros no tienen pensiones ni la vida resuelta como la de ellos. ¡Qué asco!».

De acuerdo en las dos últimas palabras. Al margen del sentido que pueda tener en pleno fragor de las polémicas del 2006 recordar cómo un emblemático gerifalte etarra auguraba en el 98 que pronto llegaría el día en el que su organización provocaría masacres indiscriminadas de civiles -y que ese sería el germen de su victoria-, la inigualable vileza de estas líneas, probablemente escritas con pleno conocimiento de que iban a ser controladas y difundidas, debería hacer palidecer a cuantos han participado ahora en la inmoral componenda que ha puesto fin a la huelga de hambre del autor.

Ignoro si la destinataria de esta misiva en la que un fanático monstruoso se permitía emprenderla simbólicamente a puntapiés con los cráneos de las últimas víctimas de sus conmilitones era la misma mujer de apariencia frágil, con un vestido azul de tirantes y los hombros al aire, cuyos contornos borrosos quedaron plasmados, junto al saludo puño en alto del propio De Juana, en la fotografía de la ventana del Hospital de Algeciras publicada hace 11 días en la portada del Gara. Ignoro incluso si la difusión de esa imagen, como la propia presencia allí y en el 12 de Octubre de Madrid de la «compañera» del cabecilla etarra no fueron sino dos renglones más de todo lo acordado por el Gobierno y la dirección de Batasuna para hacerle desistir de su coacción pasiva.

Lo que sí conozco a ciencia cierta es que ni la familia Jiménez Becerril, ni las familias de los 25 asesinados directamente por De Juana pudieron hacer nada por preservar la vida de sus seres queridos. De lo que no me cabe por desgracia la menor duda es de que ninguna de esas víctimas tuvo la opción postrera de aferrarse a la existencia en el momento en que la guadaña del tiro en la nuca o el coche bomba se cernía sobre su tránsito desprevenido. Y su memoria y su dignidad -que en definitiva es la de todos cuantos les hemos sobrevivido- es lo que me hace sentir el hondo desgarro por lo ocurrido ahora como la mayor afrenta que hemos sufrido los demócratas desde aquella tarde de enero de 2005 en que Zapatero recibió la anhelada carta de Batasuna que le permitió abrir el proceso.

¿A quién sentará el juicio de la Historia en el banquillo de ese proceso? Cada día que transcurre, cada umbral que se franquea, cada velo que se rasga, cada espacio legal que se entrega, la mezcla de esperanza e inquietud con que asistíamos a la interpretación de los primeros compases de esta partitura va abriendo paso a la más alarmada de las zozobras. No hay asesinatos, es cierto, ¿pero qué es lo que se está gestando a cambio?

El anuncio de la drástica rebaja de la petición fiscal, reduciendo a una dieciseisava parte -¡de 96 a 6!- los años de cárcel que se solicitaban a De Juana por sus nuevos delitos de amenazas terroristas e integración en banda armada, como premio por haber desistido de interponer su propio cadáver en el camino del proceso, es desde luego la mayor humillación a que ha sido sometido el Estado de Derecho en España en las casi tres décadas de vigencia de la Constitución. Algo infinitamente más grave que la foto de Patxi López con Batasuna, en la medida en que implica poner también el Código Penal en tregua y hacerlo en pro del más aborrecible de los seres.

A este Gobierno le faltan los principios, pero le sobran los juglares. ¡Cuánto sonrojo produce leer que lo planteado hace un año, cuando López Aguilar sacaba pecho por la contundencia de la Fiscalía, era insostenible «por su manifiesta exageración y falta de proporcionalidad»! ¿No ha sido acaso mucho más «exagerado» y mucho más «falto de proporcionalidad» que aquellos 3.000 años de merecida reclusión hayan podido subsumirse en 18 y que, a la hora del finiquito, a este individuo ni siquiera le venga a salir por un año de cárcel el precio de cada asesinato? Claro, pero la ley es la ley. De acuerdo: la de entonces y la de ahora. El atolondrado Código Penal franquista incapaz de prever lo que se nos venía encima en materia terrorista y el escarmentado Código Penal de la democracia que, reforma tras reforma, ha terminado por cogerles la medida a nuestros más mortales enemigos.

Lo que además de estúpido resulta indecente es pedir que no recaigan todos los nuevos rigores legales sobre quien se encuentra a punto de beneficiarse tan escandalosamente de las viejas laxitudes. Máxime cuando no hay dos De Juana Chaos, separados -como en el caso de Soares Gamboa- por el don de la contrición, sino un único canalla, contumazmente rebozado en el fango de su iniquidad.

La rendición del Ministerio Público -ergo del poder ejecutivo- bajo el peso de un chantaje, a mitad de camino entre el delirio compulsivo del criminal capaz de terminar asesinándose a si mismo y la farsa de las lonchas de jamón de york y zumos de frutas que hoy desvela nuestro suplemento Crónica, no puede ser interpretada sino como un espeluznante síntoma de la debilidad con que se enfoca cuanto comenzará a suceder ahora. Con este rasero y antecedente, échense a temblar cada vez que vuelvan a escuchar la palabra «mesa», pues sólo quedará por ver qué principio constitucional les servirá a los ávidos comensales de aperitivo, cuál devorarán como plato principal y cuáles reservarán para el postre o para acompañar el café, la copa y el puro antes de acceder a levantarse.

Hace exactamente un cuarto de siglo Margaret Thatcher tuvo que afrontar un reto similar con tres importantes diferencias: Bobby Sands era mucho menos sanguinario que De Juana (sólo estaba condenado a 14 años por participar en un tiroteo contra la policía), perseguía algo relativamente simbólico (el derecho a vestir ropas civiles como expresión de su pretendido carácter de preso político) y la suya era una huelga de hambre sin trampa ni jamón (a sus 28 años entró en coma en menos días de los que ha aguantado sin demasiadas complicaciones este Aníbal Lecter cincuentón). Pues bien, la Dama de Hierro ni parpadeó: «El crimen es el crimen. Conceder ese status político supondría otorgar una licencia para matar a hombres, mujeres y niños. Por eso no se lo daremos nunca».

Eso no significaba que fuera insensible a la tragedia en marcha. De hecho Thatcher no se quedó cruzada de brazos sino que logró movilizar al Gobierno de Dublín y al propio Vaticano para que convencieran a la familia de Sands de que le instaran a deponer su actitud o al menos pidieran su alimentación obligatoria. Todo fue en vano -porque no había contrapartidas políticas- y los recuerdos que la Primera Ministra dejó en sus memorias sobre el primado irlandés Cardenal O'Fiaich podrían muy bien ser de aplicación a nuestro monseñor Uriarte, que de nuevo ha vuelto a ser perejil en esta salsa y al que yo nunca podré dejar de denominar el obispo pardo en recuerdo de su conducta durante el funeral por López de Lacalle: «No era un mal hombre, pero era un republicano romántico cuyo nacionalismo parecía prevalecer sobre su deber cristiano de ofrecer una indiscriminada resistencia al terrorismo y al crimen».

A los tres días de la muerte del militante del IRA, loado ya por Castro y por Mandela, convertido ya en protagonista de canciones y poemas, la Primera Ministra advirtió a los que estaban secundando su autodestructivo método de presión que la vida de Sands se había perdido «de forma innecesaria y fútil». «Y digo fútil -añadió- porque el status político que pretenden los huelguistas de hambre nunca les será concedido, porque el asesinato nunca es otra cosa sino asesinato».

No había ni siquiera transcurrido un mes cuando el saldo de nuevos activistas abocados a esa estéril tragedia era ya de nueve y Thatcher realizaba su cuarta visita al Ulster. En una entrevista en televisión dijo, refiriéndose al IRA: «Es a ellos a quienes les corresponde acabar con esto. Son ellos los que están siendo inflexibles, intransigentes, en la forma fría y brutalmente cínica en que se están comportando». Y como quiera que el periodista insinuara que también podía percibirse la misma «inflexibilidad» por parte del Gobierno, ella remachó: «Sí, en el respaldo del imperio de la ley, en la defensa imparcial de las personas, en la determinación de hacer frente a la violencia, es cierto que soy inflexible». Fin de las citas.

Dieciséis años después de su salida del poder la firmeza de Mrs. Thatcher ante este y otros dramáticos desafíos al Estado -la huelga de los mineros, la invasión de las Malvinas- continúa siendo fuente de inspiración incluso para sus adversarios políticos. Sólo llevando a las filas del IRA el convencimiento de que jamás obtendrían nada por la fuerza -aunque recurrieran incluso a la modalidad que más simpatía podía suscitar alrededor del orbe- fueron posibles los acuerdos de Stormont que implican la restauración en Irlanda del Norte de un nivel de autonomía infinitamente menor que la que nadie se ha atrevido a cuestionar al País Vasco ni siquiera durante los espasmos más sangrientos de ETA. En el fondo el IRA ha abandonado las armas a cambio de muy poco más que la reinserción de sus presos. «El IRA ha hecho lo que queríamos que hiciera», proclamó Blair en Madrid con las riendas de la situación en la mano.

Si se quieren equiparar ambos procesos, empecemos por nivelar las competencias de uno y otro parlamento autónomo porque en España la «devolution» tendría que ser a favor del Gobierno central. Y con gusto respaldaríamos muchos las selecciones nacionales vasca y catalana si a cambio se nos permitiera disfrutar del espectáculo de ver al Athletic disputando su Campeonato Nacional de Liga con el Azkoyen y al Barça el suyo con el Martorell. Lo que no es de recibo es pretender estar al plato y a las tajadas, acogiéndose a cada comparación sólo en lo favorable.

Mrs. Thatcher será siempre recordada como una estadista valiente -«The lady is not for turning» («la dama no se echa atrás»), decía su más reputado eslogan- y su largo mandato quedará como la base de la era de prosperidad e influencia neovictoriana que el Reino Unido viene disfrutando desde entonces. En la España de Zapatero se ha primado la vida de un ser repulsivo con la vana pretensión de proteger el proceso de los tantarantanes de la kale borroka, y al hacerlo se ha transmitido al enemigo un terrible mensaje de debilidad. ¿Qué fue de aquella presunta firmeza moral del promotor del pacto antiterrorista que prometía a sus compañeros vascos que jamás traicionaría la memoria de las víctimas?

La transigencia ante De Juana, unida a la imparable escalada de la violencia política en Cataluña y al paulatino desistimiento de la defensa de los valores constitucionales por parte de casi todas las instituciones del Estado son síntomas del prematuro envejecimiento de nuestro proyecto democrático. Y quien lo lidera, cada vez más prisionero de las consecuencias de sus propios actos, bien merece, dentro de este diagnóstico de acomodado pesimismo -sólo nos salva la economía de la zona euro-, el último verso del primer cuarteto de aquel soneto que tan bien expresó la decadencia de España y el desaliento de Quevedo:

«Miré los muros de la patria mía,/

si un tiempo fuertes ya desmoronados/

de la carrera de la edad cansados/

por quien caduca ya su valentía»

Comprendo que no es una referencia simpática, pero mucho peor será el día en que haya que dedicarle el último verso del poema.

pedroj.ramirez@el-mundo.es




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