«La superioridad le dijo a nuestro jefe que había que eliminar lo de ETA»
20-10-06
11-M / Ramírez es el primero en comparecer de los mandos policiales querellados por falsedad documental / Firmó el dictamen incorporado al sumario por los atentados islamistas en el que se suprimió la referencia a ETA
«La superioridad le dijo a nuestro jefe que había que eliminar lo de ETA»
MARIA PERAL
11-M / Ramírez es el primero en comparecer de los mandos policiales querellados por falsedad documental / Firmó el dictamen incorporado al sumario por los atentados islamistas en el que se suprimió la referencia a ETA
«La superioridad le dijo a nuestro jefe que había que eliminar lo de ETA»
MARIA PERAL
MADRID.- El policía Francisco Ramírez, jefe de los tres peritos que elaboraron un informe sobre el 11-M en el que mencionaron a ETA, deberá comparecer hoy como imputado ante la juez Gemma Gallego.
Ramírez es uno de los mandos policiales contra los que pesa una querella por presuntos delitos de falsedad documental, presentación en juicio de documento falso y encubrimiento. Se le atribuye haber alterado el dictamen de sus subordinados, suprimiendo las observaciones que hacían referencia a ETA y figurando él como autor de las pruebas analíticas que, en realidad, hicieron Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique. El informe así manipulado fue remitido al sumario del 11-M.
(.../...)
Manrique y Escribano declararon ante el juez Garzón que, cuando Ramírez rechazó su informe, manifestó que «la superioridad le dijo que había que eliminar lo de ETA».
Gemma Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, tramita unas diligencias previas abiertas a raíz de una querella presentada el 22 de septiembre por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.
La querella se dirige, entre otros, contra el ex comisario general de Información Telesforo Rubio; el secretario general de la Comisaría General de Policía Científica Pedro Luis Mélida, y el jefe de sección de esta última comisaría Francisco Ramírez. Éste será el primero de los querellados en declarar ante la juez instructora, que lo ha citado para hoy como imputado por un presunto delito de falsedad documental.
Ramírez, jefe de los peritos que elaboraron un informe sobre el 11-M en el que se mencionaba a ETA, figuraba como querellado en otra querella interpuesta por la Plataforma Justicia y Libertad en la Audiencia Nacional y que la Fiscalía envió específicamente al juez Garzón.
En una llamativa actuación, el juez de la Audiencia Nacional imputó por falsedad documental a los peritos autores del informe y exoneró a los mandos policiales que lo manipularon y que eran los querellados.
Garzón acabó inhibiéndose de este asunto después de dos pronunciamientos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en los que indicó que este órgano no era competente para investigar un presunto delito de falsedad documental sin vinculación con actuaciones terroristas.
La propia Gemma Gallego, que requirió a Garzón para que se inhibiera, llegó a plantear una cuestión de competencia ante el Supremo, de la que desistió cuando, finalmente, el juez de la Audiencia Nacional le envió sus actuaciones.
No obstante, Gallego tuvo que devolver los papeles al Juzgado de Garzón puesto que eran una simple fotocopia y no el testimonio adverado por la secretaria judicial que exige la ley.
Antes de eso, la juez de la Plaza de Castilla tomó declaración como testigos a Manuel Escribano e Isabel López, peritos facultativos autores de un informe sobre el ácido bórico hallado en diciembre de 2004 en el domicilio del marroquí Hasan Haski, procesado por el 11-M. El tercer firmante del dictamen, el perito técnico Pedro Manrique, aún no ha sido citado. La juez rechazó una petición de la Fiscalía de tomar declaración a Escribano y López como imputados a la vista de las acusaciones de Garzón contra ellos.
En una actuación diametralmente opuesta a la del juez de la Audiencia Nacional, Gallego mantuvo las comparecencias de Escribano y López como testigos. Ahora tendrá que resolver los recursos que los peritos interpusieron contra el auto de imputación dictado por Garzón y que éste dejó sin resolver.
Manuel Escribano e Isabel López declararon ante Gallego que el 21 de marzo de 2005 elaboraron junto a Manrique un informe sobre el ácido bórico (1,3 kilos) intervenido a Haski y que éste dijo que era «para matar cucarachas». Los peritos indicaron que esa misma sustancia fue hallada en 2001 en un piso franco de ETA y en 1999 en la vivienda de un joven antisistema.
Los peritos llamaban la atención sobre «lo poco frecuente» que era la aparición de esta sustancia y citaban que puede ser utilizada como conservante de explosivos o como sustancia que impide su detección por los perros, «lo que nos lleva a la posibilidad de que los autores de estos hechos estén relacionados». Estas observaciones fueron suprimidas por Ramírez en el informe enviado al juez del 11-M.
Ramírez es uno de los mandos policiales contra los que pesa una querella por presuntos delitos de falsedad documental, presentación en juicio de documento falso y encubrimiento. Se le atribuye haber alterado el dictamen de sus subordinados, suprimiendo las observaciones que hacían referencia a ETA y figurando él como autor de las pruebas analíticas que, en realidad, hicieron Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique. El informe así manipulado fue remitido al sumario del 11-M.
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Manrique y Escribano declararon ante el juez Garzón que, cuando Ramírez rechazó su informe, manifestó que «la superioridad le dijo que había que eliminar lo de ETA».
Gemma Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, tramita unas diligencias previas abiertas a raíz de una querella presentada el 22 de septiembre por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.
La querella se dirige, entre otros, contra el ex comisario general de Información Telesforo Rubio; el secretario general de la Comisaría General de Policía Científica Pedro Luis Mélida, y el jefe de sección de esta última comisaría Francisco Ramírez. Éste será el primero de los querellados en declarar ante la juez instructora, que lo ha citado para hoy como imputado por un presunto delito de falsedad documental.
Ramírez, jefe de los peritos que elaboraron un informe sobre el 11-M en el que se mencionaba a ETA, figuraba como querellado en otra querella interpuesta por la Plataforma Justicia y Libertad en la Audiencia Nacional y que la Fiscalía envió específicamente al juez Garzón.
En una llamativa actuación, el juez de la Audiencia Nacional imputó por falsedad documental a los peritos autores del informe y exoneró a los mandos policiales que lo manipularon y que eran los querellados.
Garzón acabó inhibiéndose de este asunto después de dos pronunciamientos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en los que indicó que este órgano no era competente para investigar un presunto delito de falsedad documental sin vinculación con actuaciones terroristas.
La propia Gemma Gallego, que requirió a Garzón para que se inhibiera, llegó a plantear una cuestión de competencia ante el Supremo, de la que desistió cuando, finalmente, el juez de la Audiencia Nacional le envió sus actuaciones.
No obstante, Gallego tuvo que devolver los papeles al Juzgado de Garzón puesto que eran una simple fotocopia y no el testimonio adverado por la secretaria judicial que exige la ley.
Antes de eso, la juez de la Plaza de Castilla tomó declaración como testigos a Manuel Escribano e Isabel López, peritos facultativos autores de un informe sobre el ácido bórico hallado en diciembre de 2004 en el domicilio del marroquí Hasan Haski, procesado por el 11-M. El tercer firmante del dictamen, el perito técnico Pedro Manrique, aún no ha sido citado. La juez rechazó una petición de la Fiscalía de tomar declaración a Escribano y López como imputados a la vista de las acusaciones de Garzón contra ellos.
En una actuación diametralmente opuesta a la del juez de la Audiencia Nacional, Gallego mantuvo las comparecencias de Escribano y López como testigos. Ahora tendrá que resolver los recursos que los peritos interpusieron contra el auto de imputación dictado por Garzón y que éste dejó sin resolver.
Manuel Escribano e Isabel López declararon ante Gallego que el 21 de marzo de 2005 elaboraron junto a Manrique un informe sobre el ácido bórico (1,3 kilos) intervenido a Haski y que éste dijo que era «para matar cucarachas». Los peritos indicaron que esa misma sustancia fue hallada en 2001 en un piso franco de ETA y en 1999 en la vivienda de un joven antisistema.
Los peritos llamaban la atención sobre «lo poco frecuente» que era la aparición de esta sustancia y citaban que puede ser utilizada como conservante de explosivos o como sustancia que impide su detección por los perros, «lo que nos lleva a la posibilidad de que los autores de estos hechos estén relacionados». Estas observaciones fueron suprimidas por Ramírez en el informe enviado al juez del 11-M.
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