Pumpido dice que jueces y fiscales deben «buscar la paz social» en los procesos a ETA
17-10-06
ALTO EL FUEGO / El fiscal general niega que el Ministerio Público haya ralentizado su labor desde la tregua / El PP asegura que el etarra De Juana ha ganado «un pulso al Estado» al conseguir una rebaja de la acusación
Pumpido dice que jueces y fiscales deben «buscar la paz social» en los procesos a ETA
MARIA PERAL
ALTO EL FUEGO / El fiscal general niega que el Ministerio Público haya ralentizado su labor desde la tregua / El PP asegura que el etarra De Juana ha ganado «un pulso al Estado» al conseguir una rebaja de la acusación
Pumpido dice que jueces y fiscales deben «buscar la paz social» en los procesos a ETA
MARIA PERAL
MADRID.- Cándido Conde-Pumpido dijo ayer en el Senado que «no consentirá» que el Ministerio Fiscal «deje pasar la ocasión» de aplicar la ley «para que no haya más muertos», lo que contrapuso a una «Justicia de trinchera que, en lugar de buscar la paz social, alimente la venganza o el enfrentamiento».
El PP hizo acudir al fiscal general del Estado a la Cámara Alta para que explicase sus polémicas manifestaciones de que los jueces deben aplicar la ley conforme a la realidad social de cada momento. El portavoz popular, Agustín Conde, vapuleó a un fiscal general que, según dijo, «se rinde» ante el etarra José Ignacio de Juana Chaos, «que hace una dieta de jamón york y yogur y le rebajan la petición de pena de 96 años de cárcel a seis». «¿Ha pensado en dimitir?», le espetó.
(.../...)
El fiscal general mantuvo el tipo durante más de dos horas de comparecencia hasta que, ya al final, acusó al parlamentario de «utilizar las cuestiones [del proceso de paz] como instrumento político de desgaste». «Aplicaremos la ley para que no haya más muertos, aunque a algunos se les noten las ganas de que los haya», manifestó.
En una primera intervención, más medida e incluso poética, Conde-Pumpido defendió con cifras que la institución que dirige «no sólo no ha ralentizado su labor en la persecución penal de los atentados terroristas, sino que la ha incrementado sustancialmente» tras el alto en fuego. Durante los 10 primeros meses de 2006, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó 66 escritos de acusación contra terroristas, cuando en todo 2005 formuló 39.
«Hemos tratado de evitar que, incluso teniendo cumplida su pena, salieran de la cárcel terroristas condenados que nosotros estimábamos que habían seguido delinquiendo durante su estancia en prisión», dijo. «En ocasiones lo hemos conseguido, incluso exacerbando en un momento inicial el rigor de la calificación jurídica provisional de la imputación», añadió, en referencia al caso de De Juana, autor de 25 asesinatos, condenado a 3.000 años de cárcel (de los que ha cumplido 18) y ahora acusado de nuevos delitos por los que el Ministerio Público solicitó en mayo 96 años de prisión. La pasada semana, en coincidencia con el fin de la huelga de hambre del etarra, la Fiscalía anunció que bajará a unos seis años la petición de pena que hará en el juicio.
Conde-Pumpido aseguró que siempre ha procurado que el ordenamiento se aplique con rigor. «Pero, precisamente por eso, voy a ser muy claro: el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino. Nuestra aproximación a la realidad social debe ser imparcial, pero no ajena a esa realidad».
A partir de ahí, el fiscal general se adentró en planteamientos de apoyo al llamado proceso de paz señalando que «en la medida en que la ley aprobada en este Parlamento, interpretada sin trampas, aplicada sin inventos y sin atajos, sirva para que no haya más muertos, no consentiré que el Ministerio Fiscal deje pasar la ocasión de aplicarla con ese fin».
«Igual que no consentiré trampas, inventos ni atajos al servicio de una Justicia de trinchera que, en lugar de buscar la paz social, alimente la venganza o el enfrentamiento, en pro del interés de quien quiera que sea. La Justicia no está para favorecer procesos políticos. Pero no está tampoco para obstaculizarlos», defendió.
El senador Agustín Conde expresó su «asombro» por escuchar que hay que aplicar la ley «para que no haya más muertos». «¡Yo pensaba que lo que el fiscal debe intentar es la condena de los asesinos de esos muertos!», exclamó. Conde sostuvo que los fiscales deberían «perseguir, atosigar, acosar» a los terroristas «para que cumplan hasta el último día de sus condenas, aunque sea corriendo el riesgo de que pueda haber algún acto posterior».
A su juicio, la ley tiene que ser interpretada «del modo más favorable al interés social, es decir, para evitar que la sociedad se encuentre en la calle con elementos que no han dado visos de reinserción y que no se han arrepentido». «Un etarra ha querido echar un pulso al Estado y lo ha ganado. Ustedes se han rendido», le reprochó Conde, que también sacó a relucir el pacto entre la Fiscalía y varios acusados de kale borroka por el que se redujo de 400 años de cárcel a 13 la petición de pena.
«Dice que no le gusta cómo ejerzo mi función. El sentimiento es mutuo», contestó Conde-Pumpido.
El fiscal general consideró desproporcionada la pena solicitada para De Juana en el escrito de acusación provisional, que fue la respuesta al «clamor social» contrario a su excarcelación. Aseguró que la pena que instará la Fiscalía tras el juicio «se ajustará a la ley, sin atender otros fines ajenos», pero se opuso a la pretensión de que esa pena «compense el efecto de la ley que ha dado por cumplida una condena anterior», ya cancelada conforme al ordenamiento jurídico aplicable al terrorista.
El PP hizo acudir al fiscal general del Estado a la Cámara Alta para que explicase sus polémicas manifestaciones de que los jueces deben aplicar la ley conforme a la realidad social de cada momento. El portavoz popular, Agustín Conde, vapuleó a un fiscal general que, según dijo, «se rinde» ante el etarra José Ignacio de Juana Chaos, «que hace una dieta de jamón york y yogur y le rebajan la petición de pena de 96 años de cárcel a seis». «¿Ha pensado en dimitir?», le espetó.
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El fiscal general mantuvo el tipo durante más de dos horas de comparecencia hasta que, ya al final, acusó al parlamentario de «utilizar las cuestiones [del proceso de paz] como instrumento político de desgaste». «Aplicaremos la ley para que no haya más muertos, aunque a algunos se les noten las ganas de que los haya», manifestó.
En una primera intervención, más medida e incluso poética, Conde-Pumpido defendió con cifras que la institución que dirige «no sólo no ha ralentizado su labor en la persecución penal de los atentados terroristas, sino que la ha incrementado sustancialmente» tras el alto en fuego. Durante los 10 primeros meses de 2006, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó 66 escritos de acusación contra terroristas, cuando en todo 2005 formuló 39.
«Hemos tratado de evitar que, incluso teniendo cumplida su pena, salieran de la cárcel terroristas condenados que nosotros estimábamos que habían seguido delinquiendo durante su estancia en prisión», dijo. «En ocasiones lo hemos conseguido, incluso exacerbando en un momento inicial el rigor de la calificación jurídica provisional de la imputación», añadió, en referencia al caso de De Juana, autor de 25 asesinatos, condenado a 3.000 años de cárcel (de los que ha cumplido 18) y ahora acusado de nuevos delitos por los que el Ministerio Público solicitó en mayo 96 años de prisión. La pasada semana, en coincidencia con el fin de la huelga de hambre del etarra, la Fiscalía anunció que bajará a unos seis años la petición de pena que hará en el juicio.
Conde-Pumpido aseguró que siempre ha procurado que el ordenamiento se aplique con rigor. «Pero, precisamente por eso, voy a ser muy claro: el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino. Nuestra aproximación a la realidad social debe ser imparcial, pero no ajena a esa realidad».
A partir de ahí, el fiscal general se adentró en planteamientos de apoyo al llamado proceso de paz señalando que «en la medida en que la ley aprobada en este Parlamento, interpretada sin trampas, aplicada sin inventos y sin atajos, sirva para que no haya más muertos, no consentiré que el Ministerio Fiscal deje pasar la ocasión de aplicarla con ese fin».
«Igual que no consentiré trampas, inventos ni atajos al servicio de una Justicia de trinchera que, en lugar de buscar la paz social, alimente la venganza o el enfrentamiento, en pro del interés de quien quiera que sea. La Justicia no está para favorecer procesos políticos. Pero no está tampoco para obstaculizarlos», defendió.
El senador Agustín Conde expresó su «asombro» por escuchar que hay que aplicar la ley «para que no haya más muertos». «¡Yo pensaba que lo que el fiscal debe intentar es la condena de los asesinos de esos muertos!», exclamó. Conde sostuvo que los fiscales deberían «perseguir, atosigar, acosar» a los terroristas «para que cumplan hasta el último día de sus condenas, aunque sea corriendo el riesgo de que pueda haber algún acto posterior».
A su juicio, la ley tiene que ser interpretada «del modo más favorable al interés social, es decir, para evitar que la sociedad se encuentre en la calle con elementos que no han dado visos de reinserción y que no se han arrepentido». «Un etarra ha querido echar un pulso al Estado y lo ha ganado. Ustedes se han rendido», le reprochó Conde, que también sacó a relucir el pacto entre la Fiscalía y varios acusados de kale borroka por el que se redujo de 400 años de cárcel a 13 la petición de pena.
«Dice que no le gusta cómo ejerzo mi función. El sentimiento es mutuo», contestó Conde-Pumpido.
El fiscal general consideró desproporcionada la pena solicitada para De Juana en el escrito de acusación provisional, que fue la respuesta al «clamor social» contrario a su excarcelación. Aseguró que la pena que instará la Fiscalía tras el juicio «se ajustará a la ley, sin atender otros fines ajenos», pero se opuso a la pretensión de que esa pena «compense el efecto de la ley que ha dado por cumplida una condena anterior», ya cancelada conforme al ordenamiento jurídico aplicable al terrorista.
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