El Gobierno vasco acusa a los jueces de «desbordar» el Estado de Derecho
28-01-07
CRISIS ANTITERRORISTA / La portavoz del Ejecutivo vasco y el consejero de Justicia leen un duro texto contra la Ley de Partidos / El PNV llama a participar en la manifestación en protesta por la actuación judicial contra Ibarretxe
El Gobierno vasco acusa a los jueces de «desbordar» el Estado de Derecho
Afirma que el «diseño legislativo de excepción ha propiciado una nueva forma de aplicar las leyes» y pone como ejemplo el caso de De Juana, la imputación al 'lehendakari' y el 'macrosumario' contra el entorno de ETA El portavoz del CGPJ dice que es una «descalificación y deslegitimación inadmisible en democracia»
O. TORRES
CRISIS ANTITERRORISTA / La portavoz del Ejecutivo vasco y el consejero de Justicia leen un duro texto contra la Ley de Partidos / El PNV llama a participar en la manifestación en protesta por la actuación judicial contra Ibarretxe
El Gobierno vasco acusa a los jueces de «desbordar» el Estado de Derecho
Afirma que el «diseño legislativo de excepción ha propiciado una nueva forma de aplicar las leyes» y pone como ejemplo el caso de De Juana, la imputación al 'lehendakari' y el 'macrosumario' contra el entorno de ETA El portavoz del CGPJ dice que es una «descalificación y deslegitimación inadmisible en democracia»
O. TORRES
VITORIA.- La esperada declaración institucional del Gobierno vasco sobre determinadas actuaciones judiciales, entre ellas el procesamiento del lehendakari, Juan José Ibarretxe, se tradujo ayer finalmente en un alegato contra la Ley de Partidos.
Esta regulación, según el Ejecutivo autonómico, ha dado lugar a «una nueva forma de legislar, interpretar y aplicar las leyes» que «desborda» el Estado de Derecho y limita los «espacios de libertad». A juicio del Gobierno vasco, esa «limitación» no sólo se causa en la izquierda abertzale, sino también en responsables institucionales como, en su momento, el presidente del Parlamento regional, Juan María Atutxa, y ahora en el lehendakari.
(.../...)
El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, y la titular de Cultura y portavoz, Miren Azkarate, fueron los encargados ayer de dar lectura al documento, redactado en vísperas de la comparecencia de Juan José Ibarretxe ante el juez Roberto Saiz, que instruye el caso de la reunión del 19 de abril con la cúpula de Batasuna.
El lehendakari acudirá el próximo miércoles al Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior vasco, y mañana mismo los tres partidos que sustentan al Gobierno -PNV, EA y EB-, junto a Aralar, han convocado una manifestación en Bilbao bajo el lema En defensa de nuestras instituciones.
La presión sobre los jueces, a la que ayer contribuyó una vez más el Gobierno vasco con su declaración, llevó, incluso, a cuatro altos magistrados vascos (los presidentes de las tres audiencias y el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV) a recordar el viernes que ninguna autoridad de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial goza en España de inmunidad penal.
La declaración del Gobierno vasco navega, a partir de las negación de la Ley de Partidos, por algunas de las decisiones judiciales anatemizadas por el nacionalismo y dibuja un panorama de «convulsión permanente y sostenida» y amplia respuesta social mientras la legislación española y su aplicación se apartan cada vez más de la separación de poderes.
No hay razonamientos novedosos en el documento, aunque llama la atención la mayor dureza de las conclusiones, al tiempo que se acerca la declaración del jefe del Ejecutivo ante el magistrado, y la acumulación de todas ellas sin más criterio que el hilo argumental que construye el propio Gobierno.
El Gabinete de Ibarretxe ya se ha manifestado en numerosas ocasiones contra la Ley de Partidos, el sumario 18/98, los cierres de Egin y Egunkaria, la condena a Ignacio de Juana, el procesamiento de Atutxa y, con más profusión y cercanía en el tiempo, contra el encausamiento de Ibarretxe. Sobre este último, la conclusión parece clara, sin Ley de Partidos no hay ilegalización de Batasuna y, por tanto, no hay procesamiento por reunirse con una formación política ilegal.
El respeto y acatamiento de las decisiones judiciales «no implica silencio ni cobertura incondicional a su contenido», dice el Ejecutivo, que achaca a estas decisiones un «efecto en el ejercicio de los derechos fundamentales» que no concreta con claridad aunque deja entrever que se traduce en vulneración de los mismos.
El Gobierno vasco dice que la Ley de Partidos no contó con el consenso de la sociedad vasca aun siendo ésta la principal destinataria de las consecuencias restrictivas que se imponían. También asegura que, lejos de buscarse el consenso, entonces se optó por un diseño legislativo de excepción, se legalizó ad hoc a Batasuna y se dejó en manos de los jueces su aplicación sin prever las consecuencias.
Ante este panorama, el Ejecutivo se confiesa alarmado porque la nueva forma de interpretar y aplicar las normas a la que, según dice, dio lugar la Ley de Partidos, ha provocado que no sea necesaria la imputación individual de responsabilidades en todo lo relacionado con el terrorismo. De esta forma, es posible juzgar la «identificación con los fines e ideologías», como ha sucedido, siempre según el Ejecutivo, de manera especial en el sumario 18/98 o con el cierre de los periódicos abertzales. El desbordamiento es tal, «la mancha de aceite» se extiende hasta el punto, según la metáfora de Azkarraga, que alcanza a Atutxa y a Ibarretxe, a los máximos representantes de los poderes legislativo y ejecutivo. La legitimidad del Estado de Derecho está en juego, según la declaración, resulta imprescindible que recupere «sus hechuras y los límites que justifican su legitimidad y superioridad moral».
«La lealtad con el estado de derecho no supone aceptar cualquier tipo de decisión judicial sin derecho a crítica», apunta el Gobierno vasco en su alegato mientras desgrana sus argumentos.
«UNA LEGISLACION DE EXCEPCION»
«El Gobierno vasco traslada a la ciudadanía su honda preocupación por el impacto y la convulsión que algunas decisiones judiciales tienen en la vida política y social de Euskadi».
«El respeto y acatamiento de las decisiones judiciales no implica silencio ni cobertura incondicional a su contenido, reiteramos nuestra alarma».
«La Ley de Partidos ha propiciado una nueva forma de interpretar y aplicar las leyes».
«El desbordamiento de los límites se ha hecho patente hasta el punto de poner bajo sospecha a la representación parlamentaria máxima de nuestra Comunidad y al propio 'lehendakari'».
«Demandamos seguridad jurídica y claridad de expectativas para que todos disfrutemos de los derechos fundamentales que nos corresponden como ciudadanos».
«Una minoría de decisiones que, por su relevancia social, pueden acabar por vaciar la credibilidad y estima social incuestionable de la Justicia».
Esta regulación, según el Ejecutivo autonómico, ha dado lugar a «una nueva forma de legislar, interpretar y aplicar las leyes» que «desborda» el Estado de Derecho y limita los «espacios de libertad». A juicio del Gobierno vasco, esa «limitación» no sólo se causa en la izquierda abertzale, sino también en responsables institucionales como, en su momento, el presidente del Parlamento regional, Juan María Atutxa, y ahora en el lehendakari.
(.../...)
El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, y la titular de Cultura y portavoz, Miren Azkarate, fueron los encargados ayer de dar lectura al documento, redactado en vísperas de la comparecencia de Juan José Ibarretxe ante el juez Roberto Saiz, que instruye el caso de la reunión del 19 de abril con la cúpula de Batasuna.
El lehendakari acudirá el próximo miércoles al Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior vasco, y mañana mismo los tres partidos que sustentan al Gobierno -PNV, EA y EB-, junto a Aralar, han convocado una manifestación en Bilbao bajo el lema En defensa de nuestras instituciones.
La presión sobre los jueces, a la que ayer contribuyó una vez más el Gobierno vasco con su declaración, llevó, incluso, a cuatro altos magistrados vascos (los presidentes de las tres audiencias y el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV) a recordar el viernes que ninguna autoridad de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial goza en España de inmunidad penal.
La declaración del Gobierno vasco navega, a partir de las negación de la Ley de Partidos, por algunas de las decisiones judiciales anatemizadas por el nacionalismo y dibuja un panorama de «convulsión permanente y sostenida» y amplia respuesta social mientras la legislación española y su aplicación se apartan cada vez más de la separación de poderes.
No hay razonamientos novedosos en el documento, aunque llama la atención la mayor dureza de las conclusiones, al tiempo que se acerca la declaración del jefe del Ejecutivo ante el magistrado, y la acumulación de todas ellas sin más criterio que el hilo argumental que construye el propio Gobierno.
El Gabinete de Ibarretxe ya se ha manifestado en numerosas ocasiones contra la Ley de Partidos, el sumario 18/98, los cierres de Egin y Egunkaria, la condena a Ignacio de Juana, el procesamiento de Atutxa y, con más profusión y cercanía en el tiempo, contra el encausamiento de Ibarretxe. Sobre este último, la conclusión parece clara, sin Ley de Partidos no hay ilegalización de Batasuna y, por tanto, no hay procesamiento por reunirse con una formación política ilegal.
El respeto y acatamiento de las decisiones judiciales «no implica silencio ni cobertura incondicional a su contenido», dice el Ejecutivo, que achaca a estas decisiones un «efecto en el ejercicio de los derechos fundamentales» que no concreta con claridad aunque deja entrever que se traduce en vulneración de los mismos.
El Gobierno vasco dice que la Ley de Partidos no contó con el consenso de la sociedad vasca aun siendo ésta la principal destinataria de las consecuencias restrictivas que se imponían. También asegura que, lejos de buscarse el consenso, entonces se optó por un diseño legislativo de excepción, se legalizó ad hoc a Batasuna y se dejó en manos de los jueces su aplicación sin prever las consecuencias.
Ante este panorama, el Ejecutivo se confiesa alarmado porque la nueva forma de interpretar y aplicar las normas a la que, según dice, dio lugar la Ley de Partidos, ha provocado que no sea necesaria la imputación individual de responsabilidades en todo lo relacionado con el terrorismo. De esta forma, es posible juzgar la «identificación con los fines e ideologías», como ha sucedido, siempre según el Ejecutivo, de manera especial en el sumario 18/98 o con el cierre de los periódicos abertzales. El desbordamiento es tal, «la mancha de aceite» se extiende hasta el punto, según la metáfora de Azkarraga, que alcanza a Atutxa y a Ibarretxe, a los máximos representantes de los poderes legislativo y ejecutivo. La legitimidad del Estado de Derecho está en juego, según la declaración, resulta imprescindible que recupere «sus hechuras y los límites que justifican su legitimidad y superioridad moral».
«La lealtad con el estado de derecho no supone aceptar cualquier tipo de decisión judicial sin derecho a crítica», apunta el Gobierno vasco en su alegato mientras desgrana sus argumentos.
«UNA LEGISLACION DE EXCEPCION»
«El Gobierno vasco traslada a la ciudadanía su honda preocupación por el impacto y la convulsión que algunas decisiones judiciales tienen en la vida política y social de Euskadi».
«El respeto y acatamiento de las decisiones judiciales no implica silencio ni cobertura incondicional a su contenido, reiteramos nuestra alarma».
«La Ley de Partidos ha propiciado una nueva forma de interpretar y aplicar las leyes».
«El desbordamiento de los límites se ha hecho patente hasta el punto de poner bajo sospecha a la representación parlamentaria máxima de nuestra Comunidad y al propio 'lehendakari'».
«Demandamos seguridad jurídica y claridad de expectativas para que todos disfrutemos de los derechos fundamentales que nos corresponden como ciudadanos».
«Una minoría de decisiones que, por su relevancia social, pueden acabar por vaciar la credibilidad y estima social incuestionable de la Justicia».
Comentarios