Marlaska desmonta una red de extorsión de ETA que seguía activa tras la tregua
21-06-06
ALTO EL FUEGO / La Policía francesa intervino un recibo fechado este mes de junio por el pago por parte de dos empresarios de 64.000 euros / Entre los detenidos se encuentran 'históricos' como Madariaga y el 'Señor Robles'
Marlaska desmonta una red de extorsión de ETA que seguía activa tras la tregua
La Policía francesa encuentra un recibo del cobro del 'impuesto revolucionario' fechado este mismo mes de junio por valor de 64.000 - La trama estaba coordinada desde Francia por el hermano de 'Txomin', Angel Iturbe Abasolo, y por el dueño del bar Faisán de Irún, Elosúa Urbieta - Los históricos Julen Madariaga y 'Señor Robles', acusados de intermediar entre los extorsionados y los miembros en activo de la banda
ANGELES ESCRIVA
MADRID.- Doce presuntos miembros de ETA dedicados a la extorsión económica a los empresarios vascos fueron arrestados ayer en una operación conjunta dirigida desde España y Francia por el juez Fernando Grande-Marlaska y por la magistrada Laurence Le Vert.
Las pruebas encontradas en los registros demuestran que la red se encontraba en activo y que al menos una parte de los detenidos ha desarrollado su labor de recaudación en los meses posteriores a la tregua. De hecho, en una de las intervenciones policiales realizadas en Francia fue encontrado un recibo fechado en junio de 2006.
(.../...)
Aunque corresponde a una extorsión realizada por primera vez en 2001, el citado documento implica que ETA no ha renunciado, al menos, a seguir cobrando los plazos de deudas actuales y antiguas. El recibo está a nombre de dos empresarios que habrían pagado hace escasos días un total de 64.000 euros.
[Las conversaciones grabadas a algunos de los detenidos han sido filtradas a los diarios El Periódico y El País. En una de ellas, uno de los colaboradores de ETA detenidos dice precisamente que la dirección de la banda le ha ordenado dejar de enviar cartas a empresarios aunque le permite recaudar dinero de extorsiones anteriores. «Txorilla (dinero) puedes coger, pero cuidado»].
En otra de las inspecciones, la efectuada en Irún en el domicilio del empresario hostelero Joseba Elosua, propietario del hostal Faisán, que ha sido clausurado, fueron halladas dos tandas de dinero de más de 40.000 euros, en billetes pequeños -que es el modo como ETA suele solicitar que los pagos le sean entregados-, y un listado de matrículas de coches de policía. Según fuentes de la investigación, estos datos no estarían destinados a la preparación de atentados, sino que formarían parte de la información distribuida por la banda entre sus aparatos para facilitarles la detección de agentes que pudieran estar investigándoles.
Estos elementos fueron localizados después de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asegurase que, entre los indicios de los que disponía, no había «ninguno significativo que impida continuar con el proceso de paz que el Gobierno pretende seguir desarrollando». Y después de que el fiscal portavoz de la Audiencia Nacional, Juan Moral, asegurase que no había ninguna prueba de extorsión posterior al anuncio de tregua.
Las detenciones, los registros -14 en Guipúzcoa y dos en Alicante-, los embargos por valor superior a 700.000 euros y el bloqueo de los saldos de más de medio centenar de cuentas constituyen un importante golpe a uno de los aparatos de extorsión de ETA, si bien los expertos sostienen que puede haber varios. Incluso el ministro admitió desconocer si los detenidos son los máximos dirigentes de la actividad extorsionadora. «No sé si hay cúpula de extorsión de ETA», añadió a este respecto.
En cualquier caso, las identidades de algunos de los arrestados llamaron de inmediato la atención por tratarse de veteranos de la banda que, o bien llevaban mucho tiempo aparentemente al margen de la organización, o la dejaron hace tiempo e incluso han condenado el modo de proceder de ETA, aunque en público hayan avalado el cobro del llamado impuesto revolucionario.
Es el caso de Julen Madariaga, de 74 años, fundador de la organización terrorista y miembro de la Ejecutiva de Aralar, el partido que se escindió de Batasuna cuando ETA rompió la tregua del 98. Su función habría sido la de «enlace», la de orientador para los empresarios extorsionados que habrían reclamado sus contactos para saber a quién dirigirse dentro de la organización. Una función que también se le atribuye a Eloy Uriarte, Señor Robles, uno de los principales responsables de la extorsión de ETA a lo largo de los años 80.
En un nivel distinto se encuentran, presuntamente, Angel Iturbe, el hermano de Txomin; José Luis Cau, y Joseba Imanol Elosua.
A los dos primeros -en especial a Iturbe-, el Ministerio del Interior les atribuye responsabilidades directas en el liderazgo de los arrestados en Francia. Al hermano de Txomin las fuerzas de seguridad le venían atribuyendo en los últimos meses un papel de cierta relevancia dentro de la estructura actual de ETA. A su lado, «coordinando y canalizando las exigencias del pago del impuesto», estarían Cristina Larrañaga, Izaskun Gantxegi y José Ramón Badiola.
En el territorio español, la función de organizar la actividad recaudatoria se le atribuye a Joseba Elosua, un hombre sobre cuya función favorable a la banda se ha especulado desde hace unos 20 años y que se ha encargado, según la investigación, de «establecer contacto con los extorsionados, articular plazos y vías de pago, entregar los recibos, poner en circulación las cartas de extorsión y, en algunos casos, recibir el dinero». Participaban en estas actividades su yerno, Karmelo Luquín, y los legales Ramón Sagarzazu, Jean Pierre Harocarene e Ignacio Aristizabal.
En el sumario judicial también se les atribuye el desvío a «paraísos fiscales» del dinero obtenido para ETA. Se les acusa de «invertir los beneficios obtenidos de su actividad criminal y hacer desaparecer el capital obtenido de manera ilícita de los circuitos financieros regulares fiscalizables en España». En principio no trascendieron mayores detalles sobre este punto, si bien uno de los arrestados, Sagarzazu, fue relacionado en su día con las actividades en Cuba de Gadusmar, una de las empresas investigadas en el sumario abierto sobre la financiación de ETA.
La operación es producto de investigaciones relacionadas con el sumario abierto en 1998 por la Audiencia Nacional relativos al Gezi, o aparato de extorsión de la banda, y que se han visto encauzadas desde hace dos años por el equipo conjunto de trabajo hispano-francés creado al efecto. Un sumario en el que también consta el nombre de Jon Salaberria, el miembro de la antigua mesa de Batasuna que se dio a la fuga cuando fue reclamado por la Audiencia Nacional para declarar.
Rubalcaba no pudo precisar si los detenidos tienen algo que ver con las cartas denunciadas la semana pasada, y se limitó a señalar que esas misivas «se están investigando». Y después de detallar que fueron los jueces los que decidieron hace una semana llevar a cabo la operación, dijo que no sabía cuántos años llevaba funcionando el aparato desarticulado ni hasta cuándo lo había estado haciendo. «El Estado de Derecho funciona así; así son las reglas», concluyó tras negarse a responder a Arnaldo Otegi, que dijo que los arrestos «atacan la esperanza de paz».
Por cierto, que la Fiscalía informó de que Marlaska no le consultó sobre la operación, sino que se limitó a comunicar que iba a ser efectuada. No obstante, el fiscal Juan Antonio García Jabaloy consideró conveniente desplazarse al País Vasco para seguir de cerca el despliegue. Por la tarde, Marlaska y Le Vert se reunieron para seguir compartiendo información.
Marlaska desmonta una red de extorsión de ETA que seguía activa tras la tregua
La Policía francesa encuentra un recibo del cobro del 'impuesto revolucionario' fechado este mismo mes de junio por valor de 64.000 - La trama estaba coordinada desde Francia por el hermano de 'Txomin', Angel Iturbe Abasolo, y por el dueño del bar Faisán de Irún, Elosúa Urbieta - Los históricos Julen Madariaga y 'Señor Robles', acusados de intermediar entre los extorsionados y los miembros en activo de la banda
ANGELES ESCRIVA
MADRID.- Doce presuntos miembros de ETA dedicados a la extorsión económica a los empresarios vascos fueron arrestados ayer en una operación conjunta dirigida desde España y Francia por el juez Fernando Grande-Marlaska y por la magistrada Laurence Le Vert.
Las pruebas encontradas en los registros demuestran que la red se encontraba en activo y que al menos una parte de los detenidos ha desarrollado su labor de recaudación en los meses posteriores a la tregua. De hecho, en una de las intervenciones policiales realizadas en Francia fue encontrado un recibo fechado en junio de 2006.
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Aunque corresponde a una extorsión realizada por primera vez en 2001, el citado documento implica que ETA no ha renunciado, al menos, a seguir cobrando los plazos de deudas actuales y antiguas. El recibo está a nombre de dos empresarios que habrían pagado hace escasos días un total de 64.000 euros.
[Las conversaciones grabadas a algunos de los detenidos han sido filtradas a los diarios El Periódico y El País. En una de ellas, uno de los colaboradores de ETA detenidos dice precisamente que la dirección de la banda le ha ordenado dejar de enviar cartas a empresarios aunque le permite recaudar dinero de extorsiones anteriores. «Txorilla (dinero) puedes coger, pero cuidado»].
En otra de las inspecciones, la efectuada en Irún en el domicilio del empresario hostelero Joseba Elosua, propietario del hostal Faisán, que ha sido clausurado, fueron halladas dos tandas de dinero de más de 40.000 euros, en billetes pequeños -que es el modo como ETA suele solicitar que los pagos le sean entregados-, y un listado de matrículas de coches de policía. Según fuentes de la investigación, estos datos no estarían destinados a la preparación de atentados, sino que formarían parte de la información distribuida por la banda entre sus aparatos para facilitarles la detección de agentes que pudieran estar investigándoles.
Estos elementos fueron localizados después de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asegurase que, entre los indicios de los que disponía, no había «ninguno significativo que impida continuar con el proceso de paz que el Gobierno pretende seguir desarrollando». Y después de que el fiscal portavoz de la Audiencia Nacional, Juan Moral, asegurase que no había ninguna prueba de extorsión posterior al anuncio de tregua.
Las detenciones, los registros -14 en Guipúzcoa y dos en Alicante-, los embargos por valor superior a 700.000 euros y el bloqueo de los saldos de más de medio centenar de cuentas constituyen un importante golpe a uno de los aparatos de extorsión de ETA, si bien los expertos sostienen que puede haber varios. Incluso el ministro admitió desconocer si los detenidos son los máximos dirigentes de la actividad extorsionadora. «No sé si hay cúpula de extorsión de ETA», añadió a este respecto.
En cualquier caso, las identidades de algunos de los arrestados llamaron de inmediato la atención por tratarse de veteranos de la banda que, o bien llevaban mucho tiempo aparentemente al margen de la organización, o la dejaron hace tiempo e incluso han condenado el modo de proceder de ETA, aunque en público hayan avalado el cobro del llamado impuesto revolucionario.
Es el caso de Julen Madariaga, de 74 años, fundador de la organización terrorista y miembro de la Ejecutiva de Aralar, el partido que se escindió de Batasuna cuando ETA rompió la tregua del 98. Su función habría sido la de «enlace», la de orientador para los empresarios extorsionados que habrían reclamado sus contactos para saber a quién dirigirse dentro de la organización. Una función que también se le atribuye a Eloy Uriarte, Señor Robles, uno de los principales responsables de la extorsión de ETA a lo largo de los años 80.
En un nivel distinto se encuentran, presuntamente, Angel Iturbe, el hermano de Txomin; José Luis Cau, y Joseba Imanol Elosua.
A los dos primeros -en especial a Iturbe-, el Ministerio del Interior les atribuye responsabilidades directas en el liderazgo de los arrestados en Francia. Al hermano de Txomin las fuerzas de seguridad le venían atribuyendo en los últimos meses un papel de cierta relevancia dentro de la estructura actual de ETA. A su lado, «coordinando y canalizando las exigencias del pago del impuesto», estarían Cristina Larrañaga, Izaskun Gantxegi y José Ramón Badiola.
En el territorio español, la función de organizar la actividad recaudatoria se le atribuye a Joseba Elosua, un hombre sobre cuya función favorable a la banda se ha especulado desde hace unos 20 años y que se ha encargado, según la investigación, de «establecer contacto con los extorsionados, articular plazos y vías de pago, entregar los recibos, poner en circulación las cartas de extorsión y, en algunos casos, recibir el dinero». Participaban en estas actividades su yerno, Karmelo Luquín, y los legales Ramón Sagarzazu, Jean Pierre Harocarene e Ignacio Aristizabal.
En el sumario judicial también se les atribuye el desvío a «paraísos fiscales» del dinero obtenido para ETA. Se les acusa de «invertir los beneficios obtenidos de su actividad criminal y hacer desaparecer el capital obtenido de manera ilícita de los circuitos financieros regulares fiscalizables en España». En principio no trascendieron mayores detalles sobre este punto, si bien uno de los arrestados, Sagarzazu, fue relacionado en su día con las actividades en Cuba de Gadusmar, una de las empresas investigadas en el sumario abierto sobre la financiación de ETA.
La operación es producto de investigaciones relacionadas con el sumario abierto en 1998 por la Audiencia Nacional relativos al Gezi, o aparato de extorsión de la banda, y que se han visto encauzadas desde hace dos años por el equipo conjunto de trabajo hispano-francés creado al efecto. Un sumario en el que también consta el nombre de Jon Salaberria, el miembro de la antigua mesa de Batasuna que se dio a la fuga cuando fue reclamado por la Audiencia Nacional para declarar.
Rubalcaba no pudo precisar si los detenidos tienen algo que ver con las cartas denunciadas la semana pasada, y se limitó a señalar que esas misivas «se están investigando». Y después de detallar que fueron los jueces los que decidieron hace una semana llevar a cabo la operación, dijo que no sabía cuántos años llevaba funcionando el aparato desarticulado ni hasta cuándo lo había estado haciendo. «El Estado de Derecho funciona así; así son las reglas», concluyó tras negarse a responder a Arnaldo Otegi, que dijo que los arrestos «atacan la esperanza de paz».
Por cierto, que la Fiscalía informó de que Marlaska no le consultó sobre la operación, sino que se limitó a comunicar que iba a ser efectuada. No obstante, el fiscal Juan Antonio García Jabaloy consideró conveniente desplazarse al País Vasco para seguir de cerca el despliegue. Por la tarde, Marlaska y Le Vert se reunieron para seguir compartiendo información.
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