Piden seis años de cárcel para los mandos policiales que alteraron el informe ETA/11-M
1-12-06
Piden seis años de cárcel para los mandos policiales que alteraron el informe ETA/11-M
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M solicita también la inhabilitación de Santano, Mélida, Andradas y Ramírez, y propone que Rubalcaba y Alonso declaren como testigos en el juicio
MARIA PERAL
Piden seis años de cárcel para los mandos policiales que alteraron el informe ETA/11-M
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M solicita también la inhabilitación de Santano, Mélida, Andradas y Ramírez, y propone que Rubalcaba y Alonso declaren como testigos en el juicio
MARIA PERAL
MADRID.- La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M solicita seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para cada uno de los cuatro mandos policiales acusados de falsificar un informe pericial en el que se relacionaba a ETA con los atentados islamistas de Madrid. Se trata del comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano; su número dos, Pedro Luis Mélida; el jefe de la Unidad Central de Análisis, José Andradas, y el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez.
Los cuatro intervinieron presuntamente en la alteración de un informe pericial realizado por otros tres funcionarios de la Policía Científica sobre los 1,3 kilos de ácido bórico encontrados en la vivienda de un procesado por el 11-M. Los peritos (Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique) resaltaron en su dictamen que esa misma sustancia fue hallada en 2001 en un piso franco de ETA y sugerían la «posibilidad» de una relación entre los terroristas.
(.../...)
Según la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que ejerce la acusación popular en este proceso, con la finalidad de que el «dato incómodo» -la mención a ETA- no figurase en un dictamen que tenía que ser remitido a la Audiencia Nacional, los cuatro acusados incurrieron en una cadena de falsificaciones cuya consecuencia fue «ocultar» una determinada información al juez que investigaba los atentados islamistas, a quien correspondía valorar si aquélla era relevante o no.
«Se ocultó al Juzgado Instructor, al fiscal, a las partes personadas en el sumario, a las víctimas de aquellos terribles atentados terroristas y, en definitiva, a la sociedad española en su conjunto la existencia del informe de los peritos y la posibilidad por ellos apuntada», indica la asociación en el escrito de acusación presentado ayer, en que solicita a la juez Gemma Gallego que abra el juicio oral contra Santano, Mélida, Andradas y Ramírez.
Les atribuye presuntos delitos de falsedad en documento oficial y falso testimonio que habrían cometido como inductores -en el caso de Santano, Mélida y Andradas- y como autor material en el caso de Ramírez, que fue quien manipuló el dictamen de sus subordinados y firmó el que se envió al juez Del Olmo. Subsidiariamente, Santano es acusado de un delito de encubrimiento por el que se solicitan tres años de prisión y 12 de inhabilitación.
El escrito de acusación -que destaca la cualificación de los peritos que elaboraron el informe sobre el ácido bórico y consigna los numerosos informes en los que, al igual que en éste, sugirieron conexiones a partir de casos precedentes- sostiene que «Ramírez conocía la existencia de una consigna en cierto sector de la Policía» para no informar a la Audiencia Nacional de ningún vínculo entre ETA y el 11-M.
Al conocer el dictamen de sus subordinados, Ramírez comentó con Mélida las observaciones incluidas por los peritos «y Mélida, a su vez, telefoneó a Santano, que se encontraba de vacaciones», añade.
«La orden que Santano dio a Mélida y éste transmitió a Ramírez fue contundente: que se elimine del informe todo lo referente a ETA».
Fue así como, según la citada asociación, los cuatro acusados, «de común acuerdo», decidieron sustituir el informe originario por otro que acabaría firmando en solitario Ramírez, pese a que la ley procesal penal exige la rúbrica de dos peritos.
El escrito agrega que Ramírez «buscó desesperadamente un segundo perito que se prestara a firmar con él este nuevo informe», lo que no consiguió. El jefe del laboratorio entregó el documento a Andradas, «quien, consciente de su falsedad, lo remitió a la Unidad Central de Información Exterior», organismo solicitante de la pericia, para su envío a la Audiencia Nacional.
«Los acusados buscaron confundir al instructor no sólo al ocultarle el informe original (...), sino especialmente al sustituir dicho informe por otro mutilado que pretendieron hacerse pasar por el dictamen original», sostiene la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que ve clara la intención falsaria porque «en el informe presentado al Juzgado no se menciona en absoluto la existencia de un primer informe, sino que se pretende hacer pasar aquél como si fuera el único realizado, incluso aunque ello suponga afirmar algo tan falso como que quien dice y firma haber recibido la sustancia y efectuado el análisis no es realmente quien llevó a cabo tales actuaciones».
Entre las pruebas que propone para el juicio oral se encuentra la testifical del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la de su antecesor, José Antonio Alonso.
Los cuatro intervinieron presuntamente en la alteración de un informe pericial realizado por otros tres funcionarios de la Policía Científica sobre los 1,3 kilos de ácido bórico encontrados en la vivienda de un procesado por el 11-M. Los peritos (Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique) resaltaron en su dictamen que esa misma sustancia fue hallada en 2001 en un piso franco de ETA y sugerían la «posibilidad» de una relación entre los terroristas.
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Según la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que ejerce la acusación popular en este proceso, con la finalidad de que el «dato incómodo» -la mención a ETA- no figurase en un dictamen que tenía que ser remitido a la Audiencia Nacional, los cuatro acusados incurrieron en una cadena de falsificaciones cuya consecuencia fue «ocultar» una determinada información al juez que investigaba los atentados islamistas, a quien correspondía valorar si aquélla era relevante o no.
«Se ocultó al Juzgado Instructor, al fiscal, a las partes personadas en el sumario, a las víctimas de aquellos terribles atentados terroristas y, en definitiva, a la sociedad española en su conjunto la existencia del informe de los peritos y la posibilidad por ellos apuntada», indica la asociación en el escrito de acusación presentado ayer, en que solicita a la juez Gemma Gallego que abra el juicio oral contra Santano, Mélida, Andradas y Ramírez.
Les atribuye presuntos delitos de falsedad en documento oficial y falso testimonio que habrían cometido como inductores -en el caso de Santano, Mélida y Andradas- y como autor material en el caso de Ramírez, que fue quien manipuló el dictamen de sus subordinados y firmó el que se envió al juez Del Olmo. Subsidiariamente, Santano es acusado de un delito de encubrimiento por el que se solicitan tres años de prisión y 12 de inhabilitación.
El escrito de acusación -que destaca la cualificación de los peritos que elaboraron el informe sobre el ácido bórico y consigna los numerosos informes en los que, al igual que en éste, sugirieron conexiones a partir de casos precedentes- sostiene que «Ramírez conocía la existencia de una consigna en cierto sector de la Policía» para no informar a la Audiencia Nacional de ningún vínculo entre ETA y el 11-M.
Al conocer el dictamen de sus subordinados, Ramírez comentó con Mélida las observaciones incluidas por los peritos «y Mélida, a su vez, telefoneó a Santano, que se encontraba de vacaciones», añade.
«La orden que Santano dio a Mélida y éste transmitió a Ramírez fue contundente: que se elimine del informe todo lo referente a ETA».
Fue así como, según la citada asociación, los cuatro acusados, «de común acuerdo», decidieron sustituir el informe originario por otro que acabaría firmando en solitario Ramírez, pese a que la ley procesal penal exige la rúbrica de dos peritos.
El escrito agrega que Ramírez «buscó desesperadamente un segundo perito que se prestara a firmar con él este nuevo informe», lo que no consiguió. El jefe del laboratorio entregó el documento a Andradas, «quien, consciente de su falsedad, lo remitió a la Unidad Central de Información Exterior», organismo solicitante de la pericia, para su envío a la Audiencia Nacional.
«Los acusados buscaron confundir al instructor no sólo al ocultarle el informe original (...), sino especialmente al sustituir dicho informe por otro mutilado que pretendieron hacerse pasar por el dictamen original», sostiene la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que ve clara la intención falsaria porque «en el informe presentado al Juzgado no se menciona en absoluto la existencia de un primer informe, sino que se pretende hacer pasar aquél como si fuera el único realizado, incluso aunque ello suponga afirmar algo tan falso como que quien dice y firma haber recibido la sustancia y efectuado el análisis no es realmente quien llevó a cabo tales actuaciones».
Entre las pruebas que propone para el juicio oral se encuentra la testifical del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la de su antecesor, José Antonio Alonso.
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