Afinsa y Fórum captaron 40.000 clientes cuando el Gobierno ya conocía la estafa
21-05-06
TRAMA FILATÉLICA
Afinsa y Fórum captaron 40.000 clientes cuando el Gobierno ya conocía la estafa
La Agencia Tributaria comunicó, en junio de 2005, al secretario de Estado de Hacienda que había detectado «actividad delictiva» en las dos sociedades
Por Carlos Segovia
TRAMA FILATÉLICA
Afinsa y Fórum captaron 40.000 clientes cuando el Gobierno ya conocía la estafa
La Agencia Tributaria comunicó, en junio de 2005, al secretario de Estado de Hacienda que había detectado «actividad delictiva» en las dos sociedades
Por Carlos Segovia
La Agencia Tributaria comunicó al Ejecutivo en junio de 2005 que existía «actividad delictiva» en Afinsa y Fórum Filatélico.El Gobierno no tomó entonces ninguna medida, lo que permitió que ambas sociedades captasen 40.000 nuevos clientes e ingresasen 600 millones de euros. Sanidad se limitó a avisar a las autonomías en diciembre de que había que vigilar las auditorías.
MADRID.- Afinsa y Fórum Filatélico han logrado captar 40.000 nuevos clientes desde el mes de junio de 2005 hasta ahora. Por esas fechas, el Gobierno tenía ya conocimiento de que ambas sociedades eran «presuntamente estafadoras», pero mantuvo todo lo que sabía en secreto a la espera de la actuación judicial. La Agencia Tributaria informó en esas fechas al entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez, de que las conclusiones de dos años de investigación no dejaban lugar a la duda.
(.../...)
El informe denunciaba que se había detectado «actividad delictiva» en las dos sociedades. A la vista de los resultados de las primeras investigaciones, la inspectora jefe del equipo de la Oficina Nacional de Inspección, María Teresa Yábar, recomendó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
La Inspección concluía en sus primeros informes que existía «ocultación de la situación patrimonial» en las empresas y que «su déficit patrimonial es enorme», por lo que miles de inversores estaban confiando dinero a sociedades que, presuntamente, los estafaban.
Hacienda actuó en secreto, sin levantar pesquisas de lo que estaba tramando. Al no trascender ni sus investigaciones ni su traslado a la Fiscalía, miles de españoles siguieron confiando sus ahorros a Afinsa y a Fórum. No sólo había 300.000 clientes que mantenían los suyos, sino que se fueron agregando otros nuevos, ajenos a lo que se avecinaba. Según estimaciones de directivos de Afinsa que no se encuentran detenidos, al menos 25.000 nuevos clientes se incorporaron desde el pasado julio con una inversión media de 15.000 euros. En Fórum Filatélico, aseguraron a este diario que «una estimación moderada» apunta a otros 15.000 desde entonces con una inversión similar.
Los datos definitivos se encuentran en poder de los agentes judiciales, pero se situarán por tanto en 40.000 nuevos clientes con unos 600 millones de euros depositados de forma incauta, sin ningún resquicio de sospecha mientras la Fiscalía Anticorrupción perfilaba su querella. ¿Por qué no impidió el Gobierno que continuaran entrando clientes en las oficinas de Afinsa y de Fórum si consideraba un hecho la estafa?
«Las actuaciones de la Agencia Tributaria están obligadas por ley a deber de secreto. En caso de encontrar irregularidades de tipo delictivo lo único que puede hacer es poner el caso en manos de la Justicia, que es la única que puede considerar probado si hay o no irregularidades», explicaron a este diario fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda. La legislación vigente prohíbe que se haga pública una investigación de la Agencia Tributaria.Pero permite que se sepa, por ejemplo, que organismos públicos investigan a empresas por pactar precios vulnerando la libre competencia. Ningún partido político propone cambiar esa situación.
Pero ¿tomó, al menos, alguna medida el Gobierno desde que supo lo que se avecinaba? Hacienda no ha propuesto ninguna medida legal desde junio que refuerce la protección de los inversores en bienes tangibles, ni tampoco el de Sanidad y Consumo. Ambos consideran que quien tenía que haber actuado son las comunidades autónomas desarrollando la legislación y controlando las cuentas de Afinsa y Fórum. Pero éstas aseguran que no fueron alertadas para ello y que no tienen obligación de ver auditorías hasta junio de 2006.
La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, ha admitido implícitamente en el Congreso de los Diputados que ella conoció el escándalo antes de que la Policía tomara las sedes de Afinsa y Fórum el pasado 9 de mayo. Y, aunque eludió dar una fecha, proporcionó elementos que permitían deducir que pudo ser, como muy tarde, el pasado octubre. El papel de Salgado es clave, puesto que según la legislación sobre las sociedades que comercializan bienes tangibles, heredada del PP, los supervisores son el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sino «las autoridades competentes de Consumo».
¿Qué hizo Salgado? En junio de 2005, en las mismas fechas que la Agencia Tributaria cerraba la denuncia ante la Fiscalía, editó un tríptico informativo sobre bienes tangibles en el que advertía a los ciudadanos de los riesgos de dedicar dinero a ese tipo de sociedades. «Las empresas que comercializan bienes tangibles no están registradas en estos organismos y no están sujetas a ningún tipo de supervisión que vigile su solvencia y la transparencia de su operativa. La seguridad de sus ahorros puede depender de la solvencia de las entidades implicadas en la operación», se decía en el tríptico, que nunca llegó al gran público y, de hecho, aún existen en el Instituto Nacional de Consumo multitud de ejemplares.
El folleto concluía dejando claro al ciudadano que el Ministerio no era competente. «Si lo considera necesario, acuda a un experto, a las direcciones generales de Consumo de las comunidades autónomas, los servicios municipales de información al consumidor o a las asociaciones de consumidores para que le asesoren».
¿Y el Instituto Nacional de Consumo del Ministerio? Según el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, hay jurisprudencia suficiente en el Tribunal Constitucional que fuerza al Estado a intervenir cuando un problema desborda a una comunidad autónoma, pese a que las autoridades regionales tengan competencias exclusivas.Salgado considera «sorprendentes» estas manifestaciones y considera claro que «las competencias de consumo son competencias transferidas en su totalidad a las comunidades autónomas».
Los gobiernos autonómicos de Madrid y Valencia (PP) e incluso de Castilla-La Mancha (PSOE) han asegurado que Sanidad nunca les alertó de que debían tener especial atención sobre Afinsa y Fórum.
Salgado asegura que sí. Fue el 12 de diciembre en una reunión rutinaria de la directora del Instituto Nacional de Consumo, Angeles Heras, con sus homólogos autonómicos. En ella, según el borrador confidencial de acta que posee la ministra y no ha distribuido a las autonomías, puede leerse que Heras preguntó en un momento puntual a sus homólogos si estaban controlando las auditorías de las sociedades de bienes tangibles correspondientes a 2005. Nadie respondió. según ese borrador. Al menos dos directores generales de Consumo, los de Valencia, Carlos Mazón, y de Madrid, Carmen Martínez de Sola, (PP), han negado a este diario haber escuchado eso a Heras. El Ministerio tiene grabada la reunión, pero no ha difundido su contenido.
Sea como fuere, el PP ha criticado la actuación de Salgado y ésta se ha comprometido a ayudar a coordinar a las comunidades autónomas para atender a los afectados.
El PP lanza también duros ataques contra la inoperancia por parte del equipo económico del Gobierno. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, calificó ayer de «inadmisible» que el ex secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez, sea nombrado gobernador del Banco de España «teniendo tras de sí la responsabilidad de no haber puesto los medios para que miles de familias hubieran evitado perder dinero». Pujalte declaró a Efe que quiere saber «cuándo se lo dijo al vicepresidente económico, Pedro Solbes, y a la ministra de Sanidad, y si tuvo alguna reunión para comunicárselo al presidente del Gobierno».
Por otra parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular calificó de «absolutamente insuficientes» las ayudas por valor de dos millones de euros a las asociaciones de consumidores anunciadas el pasado viernes por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en el Consejo de Ministros. Estas ayudas servirán para que las organizaciones de usuarios informen y presten asistencia jurídica gratuita a los afectados por la presunta estafa de Fórum y Afinsa.
MADRID.- Afinsa y Fórum Filatélico han logrado captar 40.000 nuevos clientes desde el mes de junio de 2005 hasta ahora. Por esas fechas, el Gobierno tenía ya conocimiento de que ambas sociedades eran «presuntamente estafadoras», pero mantuvo todo lo que sabía en secreto a la espera de la actuación judicial. La Agencia Tributaria informó en esas fechas al entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez, de que las conclusiones de dos años de investigación no dejaban lugar a la duda.
(.../...)
El informe denunciaba que se había detectado «actividad delictiva» en las dos sociedades. A la vista de los resultados de las primeras investigaciones, la inspectora jefe del equipo de la Oficina Nacional de Inspección, María Teresa Yábar, recomendó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
La Inspección concluía en sus primeros informes que existía «ocultación de la situación patrimonial» en las empresas y que «su déficit patrimonial es enorme», por lo que miles de inversores estaban confiando dinero a sociedades que, presuntamente, los estafaban.
Hacienda actuó en secreto, sin levantar pesquisas de lo que estaba tramando. Al no trascender ni sus investigaciones ni su traslado a la Fiscalía, miles de españoles siguieron confiando sus ahorros a Afinsa y a Fórum. No sólo había 300.000 clientes que mantenían los suyos, sino que se fueron agregando otros nuevos, ajenos a lo que se avecinaba. Según estimaciones de directivos de Afinsa que no se encuentran detenidos, al menos 25.000 nuevos clientes se incorporaron desde el pasado julio con una inversión media de 15.000 euros. En Fórum Filatélico, aseguraron a este diario que «una estimación moderada» apunta a otros 15.000 desde entonces con una inversión similar.
Los datos definitivos se encuentran en poder de los agentes judiciales, pero se situarán por tanto en 40.000 nuevos clientes con unos 600 millones de euros depositados de forma incauta, sin ningún resquicio de sospecha mientras la Fiscalía Anticorrupción perfilaba su querella. ¿Por qué no impidió el Gobierno que continuaran entrando clientes en las oficinas de Afinsa y de Fórum si consideraba un hecho la estafa?
«Las actuaciones de la Agencia Tributaria están obligadas por ley a deber de secreto. En caso de encontrar irregularidades de tipo delictivo lo único que puede hacer es poner el caso en manos de la Justicia, que es la única que puede considerar probado si hay o no irregularidades», explicaron a este diario fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda. La legislación vigente prohíbe que se haga pública una investigación de la Agencia Tributaria.Pero permite que se sepa, por ejemplo, que organismos públicos investigan a empresas por pactar precios vulnerando la libre competencia. Ningún partido político propone cambiar esa situación.
Pero ¿tomó, al menos, alguna medida el Gobierno desde que supo lo que se avecinaba? Hacienda no ha propuesto ninguna medida legal desde junio que refuerce la protección de los inversores en bienes tangibles, ni tampoco el de Sanidad y Consumo. Ambos consideran que quien tenía que haber actuado son las comunidades autónomas desarrollando la legislación y controlando las cuentas de Afinsa y Fórum. Pero éstas aseguran que no fueron alertadas para ello y que no tienen obligación de ver auditorías hasta junio de 2006.
La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, ha admitido implícitamente en el Congreso de los Diputados que ella conoció el escándalo antes de que la Policía tomara las sedes de Afinsa y Fórum el pasado 9 de mayo. Y, aunque eludió dar una fecha, proporcionó elementos que permitían deducir que pudo ser, como muy tarde, el pasado octubre. El papel de Salgado es clave, puesto que según la legislación sobre las sociedades que comercializan bienes tangibles, heredada del PP, los supervisores son el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sino «las autoridades competentes de Consumo».
¿Qué hizo Salgado? En junio de 2005, en las mismas fechas que la Agencia Tributaria cerraba la denuncia ante la Fiscalía, editó un tríptico informativo sobre bienes tangibles en el que advertía a los ciudadanos de los riesgos de dedicar dinero a ese tipo de sociedades. «Las empresas que comercializan bienes tangibles no están registradas en estos organismos y no están sujetas a ningún tipo de supervisión que vigile su solvencia y la transparencia de su operativa. La seguridad de sus ahorros puede depender de la solvencia de las entidades implicadas en la operación», se decía en el tríptico, que nunca llegó al gran público y, de hecho, aún existen en el Instituto Nacional de Consumo multitud de ejemplares.
El folleto concluía dejando claro al ciudadano que el Ministerio no era competente. «Si lo considera necesario, acuda a un experto, a las direcciones generales de Consumo de las comunidades autónomas, los servicios municipales de información al consumidor o a las asociaciones de consumidores para que le asesoren».
¿Y el Instituto Nacional de Consumo del Ministerio? Según el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, hay jurisprudencia suficiente en el Tribunal Constitucional que fuerza al Estado a intervenir cuando un problema desborda a una comunidad autónoma, pese a que las autoridades regionales tengan competencias exclusivas.Salgado considera «sorprendentes» estas manifestaciones y considera claro que «las competencias de consumo son competencias transferidas en su totalidad a las comunidades autónomas».
Los gobiernos autonómicos de Madrid y Valencia (PP) e incluso de Castilla-La Mancha (PSOE) han asegurado que Sanidad nunca les alertó de que debían tener especial atención sobre Afinsa y Fórum.
Salgado asegura que sí. Fue el 12 de diciembre en una reunión rutinaria de la directora del Instituto Nacional de Consumo, Angeles Heras, con sus homólogos autonómicos. En ella, según el borrador confidencial de acta que posee la ministra y no ha distribuido a las autonomías, puede leerse que Heras preguntó en un momento puntual a sus homólogos si estaban controlando las auditorías de las sociedades de bienes tangibles correspondientes a 2005. Nadie respondió. según ese borrador. Al menos dos directores generales de Consumo, los de Valencia, Carlos Mazón, y de Madrid, Carmen Martínez de Sola, (PP), han negado a este diario haber escuchado eso a Heras. El Ministerio tiene grabada la reunión, pero no ha difundido su contenido.
Sea como fuere, el PP ha criticado la actuación de Salgado y ésta se ha comprometido a ayudar a coordinar a las comunidades autónomas para atender a los afectados.
El PP lanza también duros ataques contra la inoperancia por parte del equipo económico del Gobierno. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, calificó ayer de «inadmisible» que el ex secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez, sea nombrado gobernador del Banco de España «teniendo tras de sí la responsabilidad de no haber puesto los medios para que miles de familias hubieran evitado perder dinero». Pujalte declaró a Efe que quiere saber «cuándo se lo dijo al vicepresidente económico, Pedro Solbes, y a la ministra de Sanidad, y si tuvo alguna reunión para comunicárselo al presidente del Gobierno».
Por otra parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular calificó de «absolutamente insuficientes» las ayudas por valor de dos millones de euros a las asociaciones de consumidores anunciadas el pasado viernes por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en el Consejo de Ministros. Estas ayudas servirán para que las organizaciones de usuarios informen y presten asistencia jurídica gratuita a los afectados por la presunta estafa de Fórum y Afinsa.
Comentarios