La juez anula el montaje de Garzón que permitió linchar a los peritos
07-11-06
DEJA SIN EFECTO LA IMPUTACION POR FALSEDAD RESPECTO AL DOCUMENTO ETA/11-M
La juez anula el montaje de Garzón que permitió linchar a los peritos
MARIA PERAL
DEJA SIN EFECTO LA IMPUTACION POR FALSEDAD RESPECTO AL DOCUMENTO ETA/11-M
La juez anula el montaje de Garzón que permitió linchar a los peritos
MARIA PERAL
MADRID.- La juez Gemma Gallego acordó ayer «dejar sin efecto» la imputación, acordada por Garzón, de los tres peritos de la Policía Científica que realizaron para el sumario del 11-M un informe sobre el ácido bórico mutilado por sus superiores porque mencionaba a ETA.
La juez rechaza que la conducta de Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sea constitutiva de falsedad documental por haber obtenido una copia de su informe tras darse cuenta de que éste había desaparecido de la carpeta en la que debía conservarse.
(.../...)
«No existe siquiera indicio de que los peritos tuvieran otro propósito que el de recuperar el informe por ellos elaborado tras comprobar que otra de las copias de ese informe no se encontraba en el sobre donde debía estar», indica la juez, que excluye por completo el ánimo falsario, imprescindible para que haya delito.
El 28 de septiembre, los tres peritos entraron en el Juzgado de Garzón como testigos y salieron como imputados, mientras que los mandos policiales presuntamente responsables de la alteración del informe pericial quedaban exonerados.
Ante la juez Gallego, los peritos siempre han tenido la condición de testigos, por lo que la resolución de ayer, estimatoria de un recurso de la defensa, no es sorpresiva.
Sigue en
La funcionaria de la Comisaría de Policía Científica Isabel López comparecía ante Baltasar Garzón en calidad de testigo en la tarde del pasado 28 de septiembre para explicar el informe pericial que, junto con Manuel Escribano y Pedro Manrique, realizó el 21 de marzo de 2005.
Tres meses antes había sido detenido en Lanzarote el marroquí Hasan Haski, procesado como inductor de los atentados del 11-M. En su vivienda fueron encontrados 1,3 kilos de ácido bórico, la misma sustancia hallada en 2001 en un piso franco de ETA en Salamanca y, dos años, antes en la casa de un joven antisistema acusado de volar cajeros automáticos.
Conforme era su costumbre profesional, Escribano, primer responsable de la pericia, hizo constar en el informe esos antecedentes objetivos y añadió una observación: «Dado lo poco frecuente en que esta sustancia ha sido intervenida en hechos terroristas y a que nosotros ignoramos su verdadera aplicación en relación con estos hechos, existen varias posibilidades, tales como: conservante de los explosivos de tipo orgánico, enmascarar el explosivo para no ser detectado por perros especialistas, etc, nos lleva a la posibilidad de que el autor/autores de estos hechos estén relacionados entre sí o hayan tenido un mismo tiempo de formación y/o sean los mismos autores».
Según consta en el acta de declaración de Isabel López, Garzón le preguntó «si tiene una copia del informe» de 21 de marzo de 2005. Ella respondió afirmativamente, abrió su cartera y entregó al juez la copia que llevaba.
La nueva copia
La perito también explicó que el pasado julio, cuando por orden del ministro Pérez Rubalcaba hubo que recopilar todos los informes sobre explosivos realizados para el sumario del 11-M, se dieron cuenta de que el dictamen de 21 de marzo de 2006 no aparecía y que había sido sustituido por otro firmado por el jefe del laboratorio, Francisco Ramírez, en el que las observaciones habían sido suprimidas.
Entonces, los tres peritos recuperaron el disquete en el que guardan sus informes, volvieron a imprimir el de 21 de marzo de 2005 y, tras firmarlo, lo entregaron al superior de Ramírez, José Andradas, haciendo constar las incidencias ocurridas con el primitivo.
Con la copia del informe aportada por la propia testigo, Garzón dictó el 29 de septiembre un auto de imputación contra ella y sus compañeros al entender que tuvieron la «intención de producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue».
El juez de la Audiencia Nacional tuvo que inhibirse el 5 de octubre tras dos pronunciamientos de la Sala de lo Penal en los que indicó que el delito de falsedad no es competencia de ese tribunal.
Por su parte, Gemma Gallego -a la que se había turnado por reparto una querella contra los mandos policiales- había requerido a Garzón para que se inhibiera de una investigación para la que resultaba incompetente. Ante la resistencia del juez de la Audiencia Nacional, la instructora de la Plaza de Castilla había llegado a plantear el conflicto ante el Tribunal Supremo.
El 2 de octubre, los peritos interpusieron un recurso contra su imputación al que Garzón dejó sin respuesta. A ello hace alusión la juez Gallego en una resolución dictada ayer por la que estima esa impugnación. «El Juzgado Central número 5 tuvo por interpuesto el recurso pero no lo resolvió, pese al transcurso del plazo legal para hacerlo», señala la magistrada, que considera «procesalmente obligado» decidir sobre las alegaciones de los peritos en lugar de aplazar la cuestión, como propugnaron el fiscal y la Abogacía del Estado.
«No colige quien resuelve, de lo actuado hasta la fecha, que la conducta que se imputa a los peritos incurriera en una 'alteración que simulaba la fecha de firma y creación'», arranca Gallego en contra de lo sostenido por Garzón.
«Si la falsedad se produce cuando resultan afectadas algunas de las funciones esenciales que cumple un documento (...), ninguna de tales funciones resultó afectada por la conducta observada por los peritos, que en modo alguno vino a incidir ni en su aspecto formal, que permaneció intacto; ni en su contenido, en cuanto al hecho que lo motivaba y su fecha; ni en relación a la identificación de sus autores», explica.
Para la instructora, tampoco cabe deducir que Escribano, López y Manrique tuvieran la intención de falsear su propio informe cuando lo imprimieron de nuevo un año y tres meses después de haberlo elaborado. La juez indica que «no cabe deducir» intencionalidad delictiva «de todo cuanto se ha actuado».
De manera tajante, afirma que «no existe siquiera indicio de que tuvieran otro propósito que el de recuperar, en fecha 11 de julio de 2006, el informe por ellos elaborado el 21 de marzo de 2005, tras comprobar que otra de las copias de ese informe, que habían imprimido anteriormente, no se encontraba en el sobre donde debía estar».
En contra de lo afirmado por Garzón -según el cual los peritos «en ningún momento aludieron a que no era el documento por ellos entregado el 21 de marzo de 2005, sino otro preparado al efecto en julio de 2006»-, Gallego indica que Escribano, López y Manrique «pusieron de manifiesto ante su superior jerárquico, José Andradas» que le entregaban una nueva copia del informe sobre el ácido bórico porque en el sobre relativo a ese asunto no estaba la copia que debía conservarse.
Gallego reproduce las manifestaciones que, sobre este extremo, hizo Andradas en la declaración que prestó el pasado día 3. Los peritos «me hacen saber que como no está su informe (....) me acompañan el que elaboraron», transcribe la juez, que añade que el jefe de la Unidad Central de Analítica «lo recepciona en ese momento con pleno conocimiento de lo acaecido».
Queda, así, «desacreditada» -dice Gallego- la concurrencia de los elementos que configuran el delito de falsedad documental «al no existir conducta alguna de manipulación y/o alteración del informe».
También destaca que Garzón incorporó al sumario la copia del informe «tras recibirla de quien estaba declarando en condición de testigo» y, por tanto, obligada a contestar al juez.
La juez rechaza que la conducta de Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sea constitutiva de falsedad documental por haber obtenido una copia de su informe tras darse cuenta de que éste había desaparecido de la carpeta en la que debía conservarse.
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«No existe siquiera indicio de que los peritos tuvieran otro propósito que el de recuperar el informe por ellos elaborado tras comprobar que otra de las copias de ese informe no se encontraba en el sobre donde debía estar», indica la juez, que excluye por completo el ánimo falsario, imprescindible para que haya delito.
El 28 de septiembre, los tres peritos entraron en el Juzgado de Garzón como testigos y salieron como imputados, mientras que los mandos policiales presuntamente responsables de la alteración del informe pericial quedaban exonerados.
Ante la juez Gallego, los peritos siempre han tenido la condición de testigos, por lo que la resolución de ayer, estimatoria de un recurso de la defensa, no es sorpresiva.
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La funcionaria de la Comisaría de Policía Científica Isabel López comparecía ante Baltasar Garzón en calidad de testigo en la tarde del pasado 28 de septiembre para explicar el informe pericial que, junto con Manuel Escribano y Pedro Manrique, realizó el 21 de marzo de 2005.
Tres meses antes había sido detenido en Lanzarote el marroquí Hasan Haski, procesado como inductor de los atentados del 11-M. En su vivienda fueron encontrados 1,3 kilos de ácido bórico, la misma sustancia hallada en 2001 en un piso franco de ETA en Salamanca y, dos años, antes en la casa de un joven antisistema acusado de volar cajeros automáticos.
Conforme era su costumbre profesional, Escribano, primer responsable de la pericia, hizo constar en el informe esos antecedentes objetivos y añadió una observación: «Dado lo poco frecuente en que esta sustancia ha sido intervenida en hechos terroristas y a que nosotros ignoramos su verdadera aplicación en relación con estos hechos, existen varias posibilidades, tales como: conservante de los explosivos de tipo orgánico, enmascarar el explosivo para no ser detectado por perros especialistas, etc, nos lleva a la posibilidad de que el autor/autores de estos hechos estén relacionados entre sí o hayan tenido un mismo tiempo de formación y/o sean los mismos autores».
Según consta en el acta de declaración de Isabel López, Garzón le preguntó «si tiene una copia del informe» de 21 de marzo de 2005. Ella respondió afirmativamente, abrió su cartera y entregó al juez la copia que llevaba.
La nueva copia
La perito también explicó que el pasado julio, cuando por orden del ministro Pérez Rubalcaba hubo que recopilar todos los informes sobre explosivos realizados para el sumario del 11-M, se dieron cuenta de que el dictamen de 21 de marzo de 2006 no aparecía y que había sido sustituido por otro firmado por el jefe del laboratorio, Francisco Ramírez, en el que las observaciones habían sido suprimidas.
Entonces, los tres peritos recuperaron el disquete en el que guardan sus informes, volvieron a imprimir el de 21 de marzo de 2005 y, tras firmarlo, lo entregaron al superior de Ramírez, José Andradas, haciendo constar las incidencias ocurridas con el primitivo.
Con la copia del informe aportada por la propia testigo, Garzón dictó el 29 de septiembre un auto de imputación contra ella y sus compañeros al entender que tuvieron la «intención de producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue».
El juez de la Audiencia Nacional tuvo que inhibirse el 5 de octubre tras dos pronunciamientos de la Sala de lo Penal en los que indicó que el delito de falsedad no es competencia de ese tribunal.
Por su parte, Gemma Gallego -a la que se había turnado por reparto una querella contra los mandos policiales- había requerido a Garzón para que se inhibiera de una investigación para la que resultaba incompetente. Ante la resistencia del juez de la Audiencia Nacional, la instructora de la Plaza de Castilla había llegado a plantear el conflicto ante el Tribunal Supremo.
El 2 de octubre, los peritos interpusieron un recurso contra su imputación al que Garzón dejó sin respuesta. A ello hace alusión la juez Gallego en una resolución dictada ayer por la que estima esa impugnación. «El Juzgado Central número 5 tuvo por interpuesto el recurso pero no lo resolvió, pese al transcurso del plazo legal para hacerlo», señala la magistrada, que considera «procesalmente obligado» decidir sobre las alegaciones de los peritos en lugar de aplazar la cuestión, como propugnaron el fiscal y la Abogacía del Estado.
«No colige quien resuelve, de lo actuado hasta la fecha, que la conducta que se imputa a los peritos incurriera en una 'alteración que simulaba la fecha de firma y creación'», arranca Gallego en contra de lo sostenido por Garzón.
«Si la falsedad se produce cuando resultan afectadas algunas de las funciones esenciales que cumple un documento (...), ninguna de tales funciones resultó afectada por la conducta observada por los peritos, que en modo alguno vino a incidir ni en su aspecto formal, que permaneció intacto; ni en su contenido, en cuanto al hecho que lo motivaba y su fecha; ni en relación a la identificación de sus autores», explica.
Para la instructora, tampoco cabe deducir que Escribano, López y Manrique tuvieran la intención de falsear su propio informe cuando lo imprimieron de nuevo un año y tres meses después de haberlo elaborado. La juez indica que «no cabe deducir» intencionalidad delictiva «de todo cuanto se ha actuado».
De manera tajante, afirma que «no existe siquiera indicio de que tuvieran otro propósito que el de recuperar, en fecha 11 de julio de 2006, el informe por ellos elaborado el 21 de marzo de 2005, tras comprobar que otra de las copias de ese informe, que habían imprimido anteriormente, no se encontraba en el sobre donde debía estar».
En contra de lo afirmado por Garzón -según el cual los peritos «en ningún momento aludieron a que no era el documento por ellos entregado el 21 de marzo de 2005, sino otro preparado al efecto en julio de 2006»-, Gallego indica que Escribano, López y Manrique «pusieron de manifiesto ante su superior jerárquico, José Andradas» que le entregaban una nueva copia del informe sobre el ácido bórico porque en el sobre relativo a ese asunto no estaba la copia que debía conservarse.
Gallego reproduce las manifestaciones que, sobre este extremo, hizo Andradas en la declaración que prestó el pasado día 3. Los peritos «me hacen saber que como no está su informe (....) me acompañan el que elaboraron», transcribe la juez, que añade que el jefe de la Unidad Central de Analítica «lo recepciona en ese momento con pleno conocimiento de lo acaecido».
Queda, así, «desacreditada» -dice Gallego- la concurrencia de los elementos que configuran el delito de falsedad documental «al no existir conducta alguna de manipulación y/o alteración del informe».
También destaca que Garzón incorporó al sumario la copia del informe «tras recibirla de quien estaba declarando en condición de testigo» y, por tanto, obligada a contestar al juez.
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