¿Por qué lo llaman 'proceso de paz' cuando quieren decir negociación?
05-11-06
ALTO EL FUEGO / La trastienda de las conversaciones
¿Por qué lo llaman 'proceso de paz' cuando quieren decir negociación?
Los contactos con ETA y Batasuna, con un alto contenido político, no han podido sustraerse a las presiones de la banda
ANGELES ESCRIVA
ALTO EL FUEGO / La trastienda de las conversaciones
¿Por qué lo llaman 'proceso de paz' cuando quieren decir negociación?
Los contactos con ETA y Batasuna, con un alto contenido político, no han podido sustraerse a las presiones de la banda
ANGELES ESCRIVA
El proceso iniciado para el fin del terrorismo es la consecuencia de una controvertida historia previa, que ha sido desmentida de manera reiterada por el Gobierno, consciente de que puede entrañar ciertas dificultades de asimilación por parte de la opinión pública. Superados los inicios, la apuesta de Rodríguez Zapatero, ha orillado algunas de las denominadas 'líneas rojas' en la confianza de que la consecución del objetivo hará buenos los métodos. Y éstos incluyen unos contactos con ETA y una negociación secreta entre PSE, Batasuna y PNV para cerrar un preacuerdo de bases políticas.
MADRID.- Se ha convertido en una frase recurrente que el Gobierno ha querido acuñar en el frontispicio del proceso iniciado. El aforismo «la paz antes de la política» empleado de manera reiterada por el presidente pretende mostrar su absoluta determinación a no permitir la discusión de ningún asunto de intendencia democrática con los terroristas o con su brazo político antes de que ETA muestre su voluntad de emplear la violencia. A dicho pronunciamiento se le ha venido añadiendo una segunda derivada, consecuente con la primera e igualmente repetida, según la cual, los socialistas no están dispuestos a reunirse con Batasuna hasta que esta formación no se ajuste a la legalidad y pueda ser considerada un interlocutor legítimo.
(.../...)
Sin embargo, puede afirmarse, aplicando un criterio terminológico ciertamente benevolente, que los pasos dados en los últimos meses matizan radicalmente ambos postulados: el hecho, en definitiva, es que se ha estado llevando a cabo una mesa de partidos formada por representantes del PSE, Batasuna y PNV, secreta y extraparlamentaria, en la que no se ha hablado únicamente de cuestiones de procedimiento, sino que se han barajado fórmulas sobre asuntos tan políticos como el derecho a decidir o la relación entre Euskadi y Navarra.
Se trata de unos encuentros lo suficientemente definidos, según el PNV, como para que el presidente de este partido, Josu Jon Imaz, haya reconocido en alguna ocasión que la futura mesa política oficial y pública en la que Batasuna sólo podrá participar previa su legalización -según las condiciones impuestas por socialistas y nacionalistas-, será una ratificación de los acuerdos a los que se pueda llegar sin luz y taquígrafos. Y todo ello con ETA en activo y con la formación ilegalizada sin condenar la violencia con fines políticos.
El procedimiento según el cual no se iba a negociar nada hasta que la banda no mostrase su voluntad inequívoca de dejar el terrorismo, ha sido sustituido, de hecho, por el de abordar determinados asuntos con el objetivo de que, como consecuencia, ETA -que, según la izquierda abertzale, interiorizó hace años su decisión-, la anuncie de manera irreversible. Una suerte de hipoteca de los medios en favor de un bien mayor, cual es el fin del terrorismo, basada en una flexible interpretación de la ética de la responsabilidad expuesta por Max Weber y en el que la ausencia de asesinatos en los últimos tres años ha sido empleada como el argumento de peso. Un procedimiento que ha necesitado un desarrollo de meses si no de años.
LOS INICIOS
Todo empezó, según el dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, hace cinco años; según otras fuentes, un poco menos. Todavía con el PP en el Gobierno, Rafa Díez de Usabiaga, Arnaldo Otegi y Pernando Barrena dieron en reunirse en un caserío en Elgoibar con el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, que, en ocasiones era acompañado por el ex consejero vasco Francisco Egea y en otras ocasiones -un par- por el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López. Según las fuentes consultadas, en principio, nada serio. Un simple tanteo, a nivel personal, de «gente que se conoce desde hace mucho tiempo» y que, inevitablemente, acababa hablando de la situación en el que se encontraba «el conflicto».
Sin embargo, ese «nada concreto» acabó adquiriendo la suficiente entidad para que el Comité Ejecutivo de ETA, a principios de 2004, antes de las elecciones generales, abordase la conveniencia de reunirse con representantes del PSOE, probablemente para tantearlos o tal vez para intentar una división entre los partidos constitucionalistas firmantes del Pacto Antiterrorista.
Las conversaciones informales se transformaron en encuentros más serios cuando los socialistas ganaron los comicios y el presidente no sólo estuvo al corriente de dichos encuentros sino que les dió su visto bueno. Lo siguiente fue la hoja de ruta diseñada por Antza, el entonces número 1 de la banda -en la que Batasuna se convertía en fuerza fundamental para la gobernabilidad en Euskadi en 2012 y los presos salían de prisión-, y el anuncio en el velódromo de Anoeta de la creación de dos mesas -una entre ETA y el Gobierno y otra entre los partidos vascos-.
Nadie reconoce que a esas alturas se hubiese abordado el derecho de autodeterminación en los encuentros, exigencia ineludible para la banda terrorista pero punto difícil de conceder por el Ejecutivo.
Según las fuentes consultadas, lo único que se había pactado era el procedimiento -el de las dos mesas- y el compromiso por parte de los radicales de respetar lo que saliese del foro político, una postura -los socialistas involucrados lo plantearon como un logro incuestionable- que llevaba implícita su renuncia a exigir la independencia, como habían hecho hasta el momento. Podían plantear el derecho a decidir o el derecho de autodeterminación pero, si no salía adelante o ni siquiera era aceptado en el orden del día de la mesa de partidos, la izquierda abertzale tendría que asumirlo.
Ya entonces se hablaba de la fruición con la que los dirigentes de Batasuna reconocían identificarse con los libros escritos por Eguiguren y también por Gema Zabaleta. Y de ambos tenía conocimiento el presidente desde hacía tiempo porque un influyente periodista le había orientado en ese sentido.
Respecto a las aspiraciones de anexión de Navarra y de las tres provincias vasco francesas, hacia otoño de 2004, el sanedrín de la banda terrorista había decidido renunciar a su concepto tradicional de territorialidad. De modo que los dirigentes del PSE -el Gobierno estaba al corriente del nuevo enfoque de la banda- , barajaban la posibilidad de que fuera aceptada la creación de una institución no constituyente que aglutinara a las siete provincias que conforman Euskal Herria sin mayores pretensiones representativas. Algunos socialistas bien relacionados con Batasuna llegaron a poner entonces el ejemplo de El Tirol.
El PSE conjuró el peligro de quedarse en minoría en un futura mesa de partidos de mayoría nacionalista apelando al sistema de la transversalidad: en caso de constituirse dicho foro, una decisión sólo adquiriría validez si la aceptaba un partido no nacionalista de los asistentes. Los socialistas y Batasuna se convertían así en las piezas fundamentales de cualquier proceso.
LAS REUNIONES CON ETA
El siguiente paso lo constituyeron las reuniones del presidente del PSE con Josu Ternera, número uno de la banda terrorista. En Oslo y en Ginebra. Con la mediación de la fundación Henri Dunant. A principios del verano de 2005. De cada uno de esos encuentros, Jesús Eguiguren informó al entonces portavoz parlamentario socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien, a su vez, tenía perfectamente informado al presidente del Gobierno.
Se abordaron los asuntos anteriores y se planteó la cuestión de los presos y de la posibilidad de su salida escalonada. Todavía no se había puesto en marcha la doctrina Parot y los más duros estaban empezando a licenciar sus condenas por mor de la aplicación del antiguo Código Penal del 73; y, en cualquier caso, de salir todo conforme a las expectativas, el Gobierno siempre tenía la posibilidad de aplicar indultos con un coste político inversamente proporcional a los años que transcurriesen sin un atentado.
En un momento determinado también surgieron lo que después ETA ha denominado «incumplimientos» -«sobreentendidos», según Otegi- y que tanta controversia han generado: la posibilidad de que no se produjesen detenciones y que los procedimientos judiciales abiertos fuesen remitiendo. O lo que es lo mismo, la opción de que el aparato del Estado, en un momento determinado, no interfiriese en el proceso. Y, aunque en principio la izquierda abertzale no hizo causa de este punto -de ahí las palabras del dirigente de Batasuna a su salida de prisión asegurando que su detención no iba a oscurecer el proceso-, más tarde, ETA entendió que se le habían realizado determinadas garantías a este respecto y ha venido exigiendo su cumplimiento hasta en el comunicado del pasado viernes.
Otro de los puntos que se abordó entonces fue la propuesta de los terroristas de que el presidente realizase una declaración como la efectuada por Tony Blair en Downing Street en pleno proceso irlandés .
EL ANUNCIO
De las reuniones de Oslo y Ginebra salió el compromiso de que ETA anunciaría un alto el fuego en octubre. Se produjeron dificultades -«razones técnicas», según los terroristas-, y el anuncio se retrasó hasta el año siguiente. Hubo varios encuentros más y, al menos uno de ellos se llevó a cabo con el fin de que la banda respetase la redacción del comunicado que había sido preparado y en el que, por primera vez, no se realizaba una alusión directa al derecho de autodeterminación ni a la territorialidad.
Fuentes próximas al proceso especificaron que, a diferencia de la tregua del 98, la banda renunciaba además e implícitamente a las labores de «aprovisionamiento». Es decir, en la gestación del comunicado se había incluido la garantía de que no habría terrorismo callejero, ni cobro de la extorsión.
Se planteó asimismo que el presidente se tomaría su tiempo para verificar la tregua y que, una vez transcurrido un breve periodo, efectivamente, realizaría una declaración que finalmente se realizó en el Congreso de los Diputados y que incluyó el reconocimiento del «derecho a decidir de los vascos».
LA MESA DE PARTIDOS
La intención de separar la paz y la política, por tanto, se ha revelado más supuesta que real porque, desde poco después de anunciado el alto el fuego, todos los partidos vascos se han reunido de manera secreta. Incluso a pesar de la extorsión y de la violencia callejera que no cesaron durante el tiempo de la verificación pero que fueron sorteados por parte del Gobierno para que el proceso no fracasase ya en los primeros compases.
Y las presiones se han ido sucediendo: ya durante los tres meses de ratificación del alto el fuego, un sector duro de la banda le hizo llegar a Josu Ternera la conveniencia de verificar a su vez las intenciones del Ejecutivo; más tarde, cuando los jueces llamaron a declarar a tres dirigentes de Batasuna, el secretario general del PSE tuvo que apresurarse a comunicar que iba a incumplir con uno de sus compromisos: se iba a reunir con la ilegalizada Batasuna públicamente. Un poco después, Otegi tuvo que aplacar a quienes dentro de la mesa nacional se mostraron partidarios de que tres de sus compañeros no se presentasen a declarar por otra causa. Más tarde se produciría el caso De Juana Chaos. Y, finalmente, el robo de las pistolas.
Y para todo ello el Gobierno ha aplicado su criterio más práctico, el que le permite no romper la baraja porque el paso siguiente abriría el riesgo de que se produjese un atentado. Según este planteamiento, los comunicados de la banda y las escenificaciones de pistoleros disparando al aire son de consumo interno porque darles otra interpretación y actuar en consecuencia entrañaría excesivos riesgos.
Ejemplo de ello es lo que ocurrió con el secuestro y el robo de las armas en Francia. El presidente aventuró que traería consecuencias y varios miembros del Gobierno apostaron por que el proceso sería suspendido. Pero nada de eso ocurrió.
De regreso al hilo conductor, se suponía que Batasuna tenía que haber solicitado su legalización en agosto pero, según fuentes del Gobierno, un sector de las bases se opuso, y ETA y Batasuna acabaron acordando que el proceso estaba bloqueado. La banda terrorista emitió un comunicado a mediados de agosto en el que aseguraba que el proceso se encontraba en «crisis» y reprochaba a los partidos políticos -en especial al PSE y al PNV- no haber «estado a la altura de sus responsabilidades» y no haber formado la mesa de partidos. La situación quedó bloqueada porque ambas formaciones recordaron que para que los radicales pudieran participar, debían ajustarse a la ley.
Fue entonces cuando Otegi salió diciendo que un preacuerdo de la mesa de partidos políticos podría desbloquear la situación. Aunque era una cortina de humo porque ese preacuerdo ya se estaba gestando desde hacía tiempo.
Desde febrero los partidos vascos han venido manteniendo reuniones bilaterales con Batasuna, preparatorias de la mesa oficial. También los socialistas de manera secreta estuvieron intercambiando documentos con el PNV y con la formación ilegalizada. Tras el comunicado y la comparecencia de Otegi, se dio un paso más y se han estado reuniendo los representantes de Batasuna, PSE y PNV; en realidad, los únicos tres partidos imprescindibles en la mesa de negociación. Y no han hablado únicamente de cuestiones de procedimiento, como sostiene el Gobierno, -de si la presidencia de la mesa será rotatoria o el sistema de votación transversal-, sino de cuestiones de fondo.
De hecho, hace unas semanas abordaban cuál puede ser la fórmula con la que se hará efectivo el «derecho a decidir»; respecto a la idea de territorialidad, fuentes nacionalistas precisaban que la izquierda abertzale estaba entonces dividida, aunque la fórmula concebida en su día para sustituirla no ha sido descartada; las mismas fuentes señalaban que la relación bilateral entre Euskadi y Navarra podría ser la de establecer determinado sistema de acuerdos -ya aprobada en el 96 por ambos parlamentos pero que no prosperó en su trámite en el Senado-; y admitían que habían planteado en alguna de esas reuniones el asunto de la «doble llave» y de la «soberanía compartida» -también estudiadas por los socialistas- como forma de resolver la relación entre Euskadi y el Estado.
INMINENCIA
Se supone que el anuncio de que se ha llegado a un preacuerdo de «bases sólidas», resolverá la crisis en la que entró el proceso a mediados de agosto. Esto y la reunión que el Gobierno tenía previsto mantener con la banda, un encuentro en el que ambas partes se podrán reprochar sus incumplimientos y que algunas fuentes sostienen que ya ha sido preparado por Eguiguren y el ex ministro Javier Moscoso.
Y a partir de ahí quedaban dos cosas: el anuncio de la banda de la irreversibilidad de su decisión -para el que el presidente antes del verano dió un año de plazo-, y la legalización de Batasuna que algunos socialistas calculaban que se iba a producir próximamente a la declaración pública para la constitución de la mesa oficial de partidos. Difícil porque sus dirigentes han venido anunciando que no piensan condenar la violencia pero los estudios jurídicos en poder del Ejecutivo sostienen que ese pronunciamiento y el cambio de nombre son requisitos imprescindibles para que los radicales regresen por la senda de la ley.
Mientras tanto, ETA envió el viernes un nuevo mensaje mediante el Zutabe 111. La banda suavizaba el ultimátum de agosto asegurando que va a realizar «un nuevo esfuerzo». Pero también recordaba sus condiciones. El Gobierno prefiere realizar la lectura menos pesimista e insiste en destacar las propiedades del consumo interno.
MADRID.- Se ha convertido en una frase recurrente que el Gobierno ha querido acuñar en el frontispicio del proceso iniciado. El aforismo «la paz antes de la política» empleado de manera reiterada por el presidente pretende mostrar su absoluta determinación a no permitir la discusión de ningún asunto de intendencia democrática con los terroristas o con su brazo político antes de que ETA muestre su voluntad de emplear la violencia. A dicho pronunciamiento se le ha venido añadiendo una segunda derivada, consecuente con la primera e igualmente repetida, según la cual, los socialistas no están dispuestos a reunirse con Batasuna hasta que esta formación no se ajuste a la legalidad y pueda ser considerada un interlocutor legítimo.
(.../...)
Sin embargo, puede afirmarse, aplicando un criterio terminológico ciertamente benevolente, que los pasos dados en los últimos meses matizan radicalmente ambos postulados: el hecho, en definitiva, es que se ha estado llevando a cabo una mesa de partidos formada por representantes del PSE, Batasuna y PNV, secreta y extraparlamentaria, en la que no se ha hablado únicamente de cuestiones de procedimiento, sino que se han barajado fórmulas sobre asuntos tan políticos como el derecho a decidir o la relación entre Euskadi y Navarra.
Se trata de unos encuentros lo suficientemente definidos, según el PNV, como para que el presidente de este partido, Josu Jon Imaz, haya reconocido en alguna ocasión que la futura mesa política oficial y pública en la que Batasuna sólo podrá participar previa su legalización -según las condiciones impuestas por socialistas y nacionalistas-, será una ratificación de los acuerdos a los que se pueda llegar sin luz y taquígrafos. Y todo ello con ETA en activo y con la formación ilegalizada sin condenar la violencia con fines políticos.
El procedimiento según el cual no se iba a negociar nada hasta que la banda no mostrase su voluntad inequívoca de dejar el terrorismo, ha sido sustituido, de hecho, por el de abordar determinados asuntos con el objetivo de que, como consecuencia, ETA -que, según la izquierda abertzale, interiorizó hace años su decisión-, la anuncie de manera irreversible. Una suerte de hipoteca de los medios en favor de un bien mayor, cual es el fin del terrorismo, basada en una flexible interpretación de la ética de la responsabilidad expuesta por Max Weber y en el que la ausencia de asesinatos en los últimos tres años ha sido empleada como el argumento de peso. Un procedimiento que ha necesitado un desarrollo de meses si no de años.
LOS INICIOS
Todo empezó, según el dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, hace cinco años; según otras fuentes, un poco menos. Todavía con el PP en el Gobierno, Rafa Díez de Usabiaga, Arnaldo Otegi y Pernando Barrena dieron en reunirse en un caserío en Elgoibar con el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, que, en ocasiones era acompañado por el ex consejero vasco Francisco Egea y en otras ocasiones -un par- por el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López. Según las fuentes consultadas, en principio, nada serio. Un simple tanteo, a nivel personal, de «gente que se conoce desde hace mucho tiempo» y que, inevitablemente, acababa hablando de la situación en el que se encontraba «el conflicto».
Sin embargo, ese «nada concreto» acabó adquiriendo la suficiente entidad para que el Comité Ejecutivo de ETA, a principios de 2004, antes de las elecciones generales, abordase la conveniencia de reunirse con representantes del PSOE, probablemente para tantearlos o tal vez para intentar una división entre los partidos constitucionalistas firmantes del Pacto Antiterrorista.
Las conversaciones informales se transformaron en encuentros más serios cuando los socialistas ganaron los comicios y el presidente no sólo estuvo al corriente de dichos encuentros sino que les dió su visto bueno. Lo siguiente fue la hoja de ruta diseñada por Antza, el entonces número 1 de la banda -en la que Batasuna se convertía en fuerza fundamental para la gobernabilidad en Euskadi en 2012 y los presos salían de prisión-, y el anuncio en el velódromo de Anoeta de la creación de dos mesas -una entre ETA y el Gobierno y otra entre los partidos vascos-.
Nadie reconoce que a esas alturas se hubiese abordado el derecho de autodeterminación en los encuentros, exigencia ineludible para la banda terrorista pero punto difícil de conceder por el Ejecutivo.
Según las fuentes consultadas, lo único que se había pactado era el procedimiento -el de las dos mesas- y el compromiso por parte de los radicales de respetar lo que saliese del foro político, una postura -los socialistas involucrados lo plantearon como un logro incuestionable- que llevaba implícita su renuncia a exigir la independencia, como habían hecho hasta el momento. Podían plantear el derecho a decidir o el derecho de autodeterminación pero, si no salía adelante o ni siquiera era aceptado en el orden del día de la mesa de partidos, la izquierda abertzale tendría que asumirlo.
Ya entonces se hablaba de la fruición con la que los dirigentes de Batasuna reconocían identificarse con los libros escritos por Eguiguren y también por Gema Zabaleta. Y de ambos tenía conocimiento el presidente desde hacía tiempo porque un influyente periodista le había orientado en ese sentido.
Respecto a las aspiraciones de anexión de Navarra y de las tres provincias vasco francesas, hacia otoño de 2004, el sanedrín de la banda terrorista había decidido renunciar a su concepto tradicional de territorialidad. De modo que los dirigentes del PSE -el Gobierno estaba al corriente del nuevo enfoque de la banda- , barajaban la posibilidad de que fuera aceptada la creación de una institución no constituyente que aglutinara a las siete provincias que conforman Euskal Herria sin mayores pretensiones representativas. Algunos socialistas bien relacionados con Batasuna llegaron a poner entonces el ejemplo de El Tirol.
El PSE conjuró el peligro de quedarse en minoría en un futura mesa de partidos de mayoría nacionalista apelando al sistema de la transversalidad: en caso de constituirse dicho foro, una decisión sólo adquiriría validez si la aceptaba un partido no nacionalista de los asistentes. Los socialistas y Batasuna se convertían así en las piezas fundamentales de cualquier proceso.
LAS REUNIONES CON ETA
El siguiente paso lo constituyeron las reuniones del presidente del PSE con Josu Ternera, número uno de la banda terrorista. En Oslo y en Ginebra. Con la mediación de la fundación Henri Dunant. A principios del verano de 2005. De cada uno de esos encuentros, Jesús Eguiguren informó al entonces portavoz parlamentario socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien, a su vez, tenía perfectamente informado al presidente del Gobierno.
Se abordaron los asuntos anteriores y se planteó la cuestión de los presos y de la posibilidad de su salida escalonada. Todavía no se había puesto en marcha la doctrina Parot y los más duros estaban empezando a licenciar sus condenas por mor de la aplicación del antiguo Código Penal del 73; y, en cualquier caso, de salir todo conforme a las expectativas, el Gobierno siempre tenía la posibilidad de aplicar indultos con un coste político inversamente proporcional a los años que transcurriesen sin un atentado.
En un momento determinado también surgieron lo que después ETA ha denominado «incumplimientos» -«sobreentendidos», según Otegi- y que tanta controversia han generado: la posibilidad de que no se produjesen detenciones y que los procedimientos judiciales abiertos fuesen remitiendo. O lo que es lo mismo, la opción de que el aparato del Estado, en un momento determinado, no interfiriese en el proceso. Y, aunque en principio la izquierda abertzale no hizo causa de este punto -de ahí las palabras del dirigente de Batasuna a su salida de prisión asegurando que su detención no iba a oscurecer el proceso-, más tarde, ETA entendió que se le habían realizado determinadas garantías a este respecto y ha venido exigiendo su cumplimiento hasta en el comunicado del pasado viernes.
Otro de los puntos que se abordó entonces fue la propuesta de los terroristas de que el presidente realizase una declaración como la efectuada por Tony Blair en Downing Street en pleno proceso irlandés .
EL ANUNCIO
De las reuniones de Oslo y Ginebra salió el compromiso de que ETA anunciaría un alto el fuego en octubre. Se produjeron dificultades -«razones técnicas», según los terroristas-, y el anuncio se retrasó hasta el año siguiente. Hubo varios encuentros más y, al menos uno de ellos se llevó a cabo con el fin de que la banda respetase la redacción del comunicado que había sido preparado y en el que, por primera vez, no se realizaba una alusión directa al derecho de autodeterminación ni a la territorialidad.
Fuentes próximas al proceso especificaron que, a diferencia de la tregua del 98, la banda renunciaba además e implícitamente a las labores de «aprovisionamiento». Es decir, en la gestación del comunicado se había incluido la garantía de que no habría terrorismo callejero, ni cobro de la extorsión.
Se planteó asimismo que el presidente se tomaría su tiempo para verificar la tregua y que, una vez transcurrido un breve periodo, efectivamente, realizaría una declaración que finalmente se realizó en el Congreso de los Diputados y que incluyó el reconocimiento del «derecho a decidir de los vascos».
LA MESA DE PARTIDOS
La intención de separar la paz y la política, por tanto, se ha revelado más supuesta que real porque, desde poco después de anunciado el alto el fuego, todos los partidos vascos se han reunido de manera secreta. Incluso a pesar de la extorsión y de la violencia callejera que no cesaron durante el tiempo de la verificación pero que fueron sorteados por parte del Gobierno para que el proceso no fracasase ya en los primeros compases.
Y las presiones se han ido sucediendo: ya durante los tres meses de ratificación del alto el fuego, un sector duro de la banda le hizo llegar a Josu Ternera la conveniencia de verificar a su vez las intenciones del Ejecutivo; más tarde, cuando los jueces llamaron a declarar a tres dirigentes de Batasuna, el secretario general del PSE tuvo que apresurarse a comunicar que iba a incumplir con uno de sus compromisos: se iba a reunir con la ilegalizada Batasuna públicamente. Un poco después, Otegi tuvo que aplacar a quienes dentro de la mesa nacional se mostraron partidarios de que tres de sus compañeros no se presentasen a declarar por otra causa. Más tarde se produciría el caso De Juana Chaos. Y, finalmente, el robo de las pistolas.
Y para todo ello el Gobierno ha aplicado su criterio más práctico, el que le permite no romper la baraja porque el paso siguiente abriría el riesgo de que se produjese un atentado. Según este planteamiento, los comunicados de la banda y las escenificaciones de pistoleros disparando al aire son de consumo interno porque darles otra interpretación y actuar en consecuencia entrañaría excesivos riesgos.
Ejemplo de ello es lo que ocurrió con el secuestro y el robo de las armas en Francia. El presidente aventuró que traería consecuencias y varios miembros del Gobierno apostaron por que el proceso sería suspendido. Pero nada de eso ocurrió.
De regreso al hilo conductor, se suponía que Batasuna tenía que haber solicitado su legalización en agosto pero, según fuentes del Gobierno, un sector de las bases se opuso, y ETA y Batasuna acabaron acordando que el proceso estaba bloqueado. La banda terrorista emitió un comunicado a mediados de agosto en el que aseguraba que el proceso se encontraba en «crisis» y reprochaba a los partidos políticos -en especial al PSE y al PNV- no haber «estado a la altura de sus responsabilidades» y no haber formado la mesa de partidos. La situación quedó bloqueada porque ambas formaciones recordaron que para que los radicales pudieran participar, debían ajustarse a la ley.
Fue entonces cuando Otegi salió diciendo que un preacuerdo de la mesa de partidos políticos podría desbloquear la situación. Aunque era una cortina de humo porque ese preacuerdo ya se estaba gestando desde hacía tiempo.
Desde febrero los partidos vascos han venido manteniendo reuniones bilaterales con Batasuna, preparatorias de la mesa oficial. También los socialistas de manera secreta estuvieron intercambiando documentos con el PNV y con la formación ilegalizada. Tras el comunicado y la comparecencia de Otegi, se dio un paso más y se han estado reuniendo los representantes de Batasuna, PSE y PNV; en realidad, los únicos tres partidos imprescindibles en la mesa de negociación. Y no han hablado únicamente de cuestiones de procedimiento, como sostiene el Gobierno, -de si la presidencia de la mesa será rotatoria o el sistema de votación transversal-, sino de cuestiones de fondo.
De hecho, hace unas semanas abordaban cuál puede ser la fórmula con la que se hará efectivo el «derecho a decidir»; respecto a la idea de territorialidad, fuentes nacionalistas precisaban que la izquierda abertzale estaba entonces dividida, aunque la fórmula concebida en su día para sustituirla no ha sido descartada; las mismas fuentes señalaban que la relación bilateral entre Euskadi y Navarra podría ser la de establecer determinado sistema de acuerdos -ya aprobada en el 96 por ambos parlamentos pero que no prosperó en su trámite en el Senado-; y admitían que habían planteado en alguna de esas reuniones el asunto de la «doble llave» y de la «soberanía compartida» -también estudiadas por los socialistas- como forma de resolver la relación entre Euskadi y el Estado.
INMINENCIA
Se supone que el anuncio de que se ha llegado a un preacuerdo de «bases sólidas», resolverá la crisis en la que entró el proceso a mediados de agosto. Esto y la reunión que el Gobierno tenía previsto mantener con la banda, un encuentro en el que ambas partes se podrán reprochar sus incumplimientos y que algunas fuentes sostienen que ya ha sido preparado por Eguiguren y el ex ministro Javier Moscoso.
Y a partir de ahí quedaban dos cosas: el anuncio de la banda de la irreversibilidad de su decisión -para el que el presidente antes del verano dió un año de plazo-, y la legalización de Batasuna que algunos socialistas calculaban que se iba a producir próximamente a la declaración pública para la constitución de la mesa oficial de partidos. Difícil porque sus dirigentes han venido anunciando que no piensan condenar la violencia pero los estudios jurídicos en poder del Ejecutivo sostienen que ese pronunciamiento y el cambio de nombre son requisitos imprescindibles para que los radicales regresen por la senda de la ley.
Mientras tanto, ETA envió el viernes un nuevo mensaje mediante el Zutabe 111. La banda suavizaba el ultimátum de agosto asegurando que va a realizar «un nuevo esfuerzo». Pero también recordaba sus condiciones. El Gobierno prefiere realizar la lectura menos pesimista e insiste en destacar las propiedades del consumo interno.
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