LA JUEZ ESCLARECE LOS HECHOS, LA CUPULA POLICIAL, AL BANQUILLO
11-11-06
Editorial
LA JUEZ ESCLARECE LOS HECHOS, LA CUPULA POLICIAL, AL BANQUILLO
Editorial
LA JUEZ ESCLARECE LOS HECHOS, LA CUPULA POLICIAL, AL BANQUILLO
Un mes después de que Garzón intentara cerrar el caso con un absurdo auto de exculpación de los mandos policiales, la juez Gemma Gallego dictó ayer una resolución en la que acusa de delitos de falsedad documental y falso testimonio a Francisco Ramírez, jefe del laboratorio químico de la Policía Científica; a su inmediato superior, José Andradas; a Pedro Mélida, secretario general de la Policía Científica; y a Miguel Angel Santano, comisario general. A éste le imputa un delito de encubrimiento en el supuesto de que fuera exonerado de los anteriores.
Técnicamente, lo que la juez Gallego hizo ayer fue dictar un auto de transformación en procedimiento abreviado, lo que implica que, si la acusación particular lo solicita en el plazo de 10 días -y sin duda lo hará-, estos cuatro mandos de la Policía Científica tendrán que sentarse en el banquillo para responder de esos delitos.
(.../...)
En su escrito, la juez considera probado que Francisco Ramírez decidió cambiar el informe realizado por los tres peritos a instancias de sus superiores, que querían eliminar cualquier nexo entre el ácido bórico incautado a un terrorista islamista y la utilización de esta sustancia por ETA.
La juez refleja que los peritos se negaron a cambiar su informe, realizado en marzo de 2005, y que Ramírez decidió modificarlo «con conocimiento y anuencia de los otros imputados». Para ello, según el auto, «alteró el objeto» del análisis solicitado, ocultó el hecho de que él no había recibido las muestras ni efectuado las pruebas y eliminó la mención a sus verdaderos autores, sustituyendo el informe de los peritos por otro que seguía las indicaciones de sus jefes.
La narración que hace la juez de lo que sucedió coincide punto por punto con la información publicada por EL MUNDO, que siempre sostuvo que se trataba de una falsedad ordenada por los mandos de la Policía Científica para evitar esa referencia a ETA que constaba en el informe de los peritos. Éstos quedaron exculpados por la juez, que dictó un auto en el que les levantaba la imputación de Garzón al no apreciar delito alguno en su conducta.
La impecable reconstrucción de los hechos que hace la juez Gallego pone en evidencia la parcialidad de las actuaciones de Garzón, que, a pesar de carecer de competencias, intentó exculpar a los responsables de la manipulación y criminalizar a unos peritos que se habían limitado a realizar un trabajo profesional, ajustándose el encargo de sus jefes.
Pero también medios como El País y ABC fueron cómplices entusiastas en esta labor de intoxicación, en la que no vacilaron en engañar a sus lectores. Todavía siguen sin pedir disculpas a los peritos que difamaron y, sobre todo, siguen sin rectificar sus falsas informaciones.
El auto de ayer aboca prácticamente a los cuatro mandos de Interior a sentarse en el banquillo. Será la Justicia quien tenga la última palabra sobre sus responsabilidades penales, pero, al margen de ese veredicto, los hechos han quedado ya muy claros.
Técnicamente, lo que la juez Gallego hizo ayer fue dictar un auto de transformación en procedimiento abreviado, lo que implica que, si la acusación particular lo solicita en el plazo de 10 días -y sin duda lo hará-, estos cuatro mandos de la Policía Científica tendrán que sentarse en el banquillo para responder de esos delitos.
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En su escrito, la juez considera probado que Francisco Ramírez decidió cambiar el informe realizado por los tres peritos a instancias de sus superiores, que querían eliminar cualquier nexo entre el ácido bórico incautado a un terrorista islamista y la utilización de esta sustancia por ETA.
La juez refleja que los peritos se negaron a cambiar su informe, realizado en marzo de 2005, y que Ramírez decidió modificarlo «con conocimiento y anuencia de los otros imputados». Para ello, según el auto, «alteró el objeto» del análisis solicitado, ocultó el hecho de que él no había recibido las muestras ni efectuado las pruebas y eliminó la mención a sus verdaderos autores, sustituyendo el informe de los peritos por otro que seguía las indicaciones de sus jefes.
La narración que hace la juez de lo que sucedió coincide punto por punto con la información publicada por EL MUNDO, que siempre sostuvo que se trataba de una falsedad ordenada por los mandos de la Policía Científica para evitar esa referencia a ETA que constaba en el informe de los peritos. Éstos quedaron exculpados por la juez, que dictó un auto en el que les levantaba la imputación de Garzón al no apreciar delito alguno en su conducta.
La impecable reconstrucción de los hechos que hace la juez Gallego pone en evidencia la parcialidad de las actuaciones de Garzón, que, a pesar de carecer de competencias, intentó exculpar a los responsables de la manipulación y criminalizar a unos peritos que se habían limitado a realizar un trabajo profesional, ajustándose el encargo de sus jefes.
Pero también medios como El País y ABC fueron cómplices entusiastas en esta labor de intoxicación, en la que no vacilaron en engañar a sus lectores. Todavía siguen sin pedir disculpas a los peritos que difamaron y, sobre todo, siguen sin rectificar sus falsas informaciones.
El auto de ayer aboca prácticamente a los cuatro mandos de Interior a sentarse en el banquillo. Será la Justicia quien tenga la última palabra sobre sus responsabilidades penales, pero, al margen de ese veredicto, los hechos han quedado ya muy claros.
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