CARTA DEL DIRECTOR De los GAL al 11-M PEDRO J. RAMIREZ

27-08-06


CARTA DEL DIRECTOR

De los GAL al 11-M

PEDRO J. RAMIREZ

Pocos meses antes del juicio por el infame montaje del que fui víctima hace nueve años el ex gobernador civil de Guipúzcoa José Ramón Goñi Tirapu visitó a mi abogado para ofrecernos desvelar con todo lujo de detalles que fue Rafael Vera quien le entregó los 50 millones de pesetas con los que se pagó tal vileza, a cambio de que yo le otorgara el «perdón del ofendido» que le permitiría eludir la condena o al menos la prisión. Nuestra respuesta fue que la verdad no era un objeto de trueque y que si su testimonio era fruto de un acuerdo quedaría desnaturalizado ante el tribunal. Que actuara, pues, según su conciencia.
(.../...)

La misma mañana en que comenzó la vista oral Goñi reiteró su oferta y recibió idéntica contestación. Cuando llegó su oportunidad guardó silencio. Tanto él como sus cómplices -incluido el que fuera ayudante personal de Felipe González en La Moncloa Angel Patón- fueron condenados a diversas penas de cárcel y Vera, sentado durante una semana en aquel ignominioso banquillo, quedó absuelto porque, según la sentencia, «disponemos de un juicio de probabilidad sobre su participación en los hechos enjuiciados, pero el de certeza se nos muestra dudoso».

Es evidente que si su antiguo subordinado hubiera testificado lo que él mismo vivió, esa duda se habría disipado y Vera sumaría ya una tercera condena a los 10 años de cárcel que mereció por secuestrar a Segundo Marey y a los siete que recibió por apropiarse de los fondos reservados del Ministerio. El escándalo que le produjeron las circunstancias de este latrocinio fue, según Goñi Tirapu -tieso como la mojama tras muchos años de servicios a la causa-, lo que le impulsó después, cuando ya no tenía nada que ganar pues estaba cumpliendo su condena, a revelar una parte de su secreto en una entrevista periodística. «En el chalé donde me entregaron los 50 millones estaba Rafael Vera», declaró el pasado mes de octubre a Antonio Rubio. Tratándose de cosa juzgada y resuelta en sentencia firme estamos, por desgracia, ante una confesión sin efectos procesales; pero ahí queda para completar en las hemerotecas el verdadero retrato del mayor delincuente en serie que ha ocupado un tan alto cargo público en toda nuestra historia moderna y contemporánea.

Este es el individuo al que el Gobierno excarcela ahora antes de que haya cumplido la cuarta parte de su condena, concediéndole un tercer grado sin justificación ética ni coherencia legal. El mismo que saldó su primera condena por la abducción y el ensañamiento que padeció aquel pobre viajante con poco más de 100 días de prisión. El mismo que también fue absuelto «por falta de pruebas» en el juicio por las torturas y el asesinato de Lasa y Zabala. El mismo que nunca ha tenido ni siquiera que responder ante la justicia por esas dos docenas de restantes crímenes de los GAL, presuntamente organizados bajo su dirección y con su financiamiento, que llevan visos de quedar impunes. El mismo que aún tiene abierto el sumario por los maletines repletos de dinero entregados a las mujeres de Amedo y Domínguez en Suiza para comprar su silencio.

¿Quién está ahora realizando un último -o penúltimo- pago por el suyo? ¿Rubalcaba? ¿González? ¿Zapatero? Y, sobre todo, ¿qué es lo que ahora sabe y calla Rafael Vera?

He comenzado mi carta de hoy con el episodio inédito del ofrecimiento de Goñi Tirapu para no ocultar a los lectores hasta dónde llega mi constancia sobre la falta de escrúpulos de este canalla, aún protegido por una parte significativa del PSOE, que trató de orquestar mi asesinato civil, confundiéndose de víctima y de país. Sin embargo lo sustantivo en este asunto no tiene para mí nada de personal. Una y otra vez he reiterado que la única cárcel en la que deseo que queden encerrados para siempre tanto quien amparó su saga delictiva, como sus cerriles sicarios, como el propio Vera-Beria es la cárcel de la Historia. No es una evanescente e insípida venganza meridional, sino la verdad completa sobre sus guerras sucias, lo que como ciudadano y como periodista voy buscando.

Lo que más me subleva no es, por lo tanto, el injusto beneficio penitenciario que en la práctica va a permitir que -embargos al margen- disfrute en libertad del producto de su masivo saqueo del erario sin haber mostrado arrepentimiento alguno, ni tan siquiera intención de devolverlo. Lo que más me indigna no es, en consecuencia, el agravio comparativo que este trato de favor supone respecto a los casos de Mario Conde o Luis Roldán, que han estado encarcelados durante años y años por delitos similares, o respecto a los casos de Sancristóbal y Rodríguez Colorado, que han tenido que reintegrar cantidades menores -e incluso siguen haciéndolo a plazos- para que el Estado pueda ser magnánimo con ellos. En términos concretos el régimen de casi libertad plena de Vera va a diferir muy poco del que tan benévolamente se le venía ya aplicando.

No, lo que más me subleva, indigna y escandaliza es que, al pairo de la dispersión agosteña, se consume un apaño propio de los peores tiempos del felipismo, encaminado, al igual que entonces, a continuar blindando y hurtando del conocimiento público verdades estremecedoras que forman parte de la pútrida trastienda de nuestra democracia. Y lo que se impone, por encima incluso de esos sentimientos, es la preocupación de comprobar que existe todavía algo que permite al ex secretario de Estado de Interior obligar a este nuevo Gobierno socialista no sólo a favorecerle discretamente, como venía ocurriendo hasta ahora con los permisos para salir diariamente de la cárcel so pretexto de cuidar su depresión o atender a su familia, sino a cruzar el Rubicón de la arbitrariedad expresa, comprometiéndose a la luz del día con su persona y su trayectoria, mediante una decisión imposible de justificar con razones objetivas.

Este es el enigma que me corroe desde que a última hora de la tarde del martes se conoció la noticia, frívola o concienzudamente orillada por casi todos los demás medios de comunicación. ¿Qué puede saber Rafael Vera como para obligar a cambiar de pauta de conducta a un Zapatero que hizo rabona en todas las visitas organizadas a la cárcel de Salamanca, que ordenó dejar de pagar a los abogados de los implicados en los sumarios por crímenes de Estado y corrupción tan pronto como llegó a Ferraz y que resistió impertérrito las presiones de González, la colecta de firmas en el Grupo Socialista o las amenazas de huelga de hambre del propio interesado para que le concediera el indulto?

La idea de que se trata de la enésima reedición del chantaje basado en la amenaza de revelar el papel del entonces presidente y líder del PSOE en la puesta en marcha de los GAL no me parece convincente. El educado distanciamiento entre Zapatero y González es un secreto a voces. Si el leonés no dio la cara por el sevillano en este terreno cuando aún necesitaba de su tutela, o al menos de su pasividad, no va a hacerlo ahora que el felipismo parece ya una olvidada glaciación del periodo cuaternario. Aunque en lugares como Andalucía o Extremadura no hayan cambiado ni los perros ni los collares, al PSOE de hoy le trae poco menos que al fresco lo que pueda decir este señor sobre hechos acaecidos hace 20 años por los que el partido ya pagó su factura electoral primero en el 96 y después en el 2000.

Ni siquiera las variantes de esa misma teoría, en el sentido de que si Vera tirara de la manta lo que contaría podría resultar especialmente embarazoso para Rubalcaba o en el sentido de que el nuevo titular de Interior se siente solidario con aquel cuyos desmanes le tocó encubrir, tienen, a mi modo de ver, consistencia suficiente. Cualquier cosa que Vera pudiera decir de Rubalcaba -quien, por otra parte, llegó al Gobierno de González bastantes años después del apogeo de los GAL- sería mucho menos inconveniente para el actual titular de Interior que verse, de repente, con la que tiene encima entre ETA y los cayucos, identificado como protector de un individuo así. Si a alguien le convenía mantener encerrado bajo siete llaves ese capítulo del pasado era a él. Además Rubalcaba no es Rodríguez Ibarra. Si ha puesto en marcha la excarcelación de Vera, a sabiendas de todas las complicaciones que ello iba a acarrearle -y la de que los terroristas la tomen como referencia de sus exigencias penitenciarias no es nada menor-, no ha sido siguiendo un impulso ciego de su ardiente corazón, sino como consecuencia de una necesidad política, fríamente evaluada y necesariamente compartida con el presidente.

¿Por qué Zapatero permite que su imagen quede contaminada ahora, cuando nadie le discute el poder en el partido, por algo que siempre le ha producido intensa repugnancia, después de haber sido capaz de sortearlo con especial destreza en momentos de mucha mayor debilidad? ¿Por qué permite que el enérgico alegato de la vicepresidenta Fernández de la Vega contra la cleptocracia política, formulado tras el Consejo de Ministros que disolvió el Ayuntamiento de Marbella, quede patéticamente hecho trizas, precisamente ahora que las sombras de la corrupción vuelven a acechar por doquier los vacilantes pasos de la España democrática? ¿Por qué permite que el único fiscal general del socialismo que hasta ahora no se había visto obligado a hurgar en este cubo de la basura vaya a tener que pringarse -ensuciando una hoja de servicios que incluye como magistrado la ejemplar sentencia del caso Marey-, hasta consentir por omisión que quien, según la propia prosa del Ministerio Público, «desvalijó sin pudor las arcas del Estado de manera mendaz y desleal» se vuelva a ir a casa poco menos que de rositas?

Aquí hay gato encerrado y tal vez no sea tanta «estupidez» como le parece al siempre faltón Alvaro Cuesta que su paisana, la diputada del PP Alicia Castro, lo busque por las sentinas de la encallada nave de la investigación del 11-M. No porque resulte en sí mismo relevante que Rubalcaba -siempre Rubalcaba- hablara el día de la masacre con Vera. Ni siquiera porque la visita simultánea de Barrionuevo, Corcuera y el propio Vera aquella misma tarde al encarcelado Galindo sea uno de los enigmas más inquietantes de la trágica jornada. (¿A qué puede obedecer que la antigua cúpula de Interior organice apresuradamente un desplazamiento así -o no lo cancele si estaba ya previsto- en un momento en el que nadie tenía elementos de juicio como para plantearse nada y lo único prudente era permanecer a mano por si el Estado o el partido requerían de sus servicios?).

No, la pista que tiene todo el sentido rastrear es la relación entre los actuales mandos policiales presuntamente implicados en la manipulación de pruebas que ha infectado desde el principio hasta el final la instrucción del sumario del 11-M y ese pasado bochornoso en el que Vera reinaba como un auténtico Príncipe de las Tinieblas sobre los aparatos de la seguridad del Estado. Sabemos, y no es poco, que el mismo coronel Hernando que jugó con la cometa de la trama asturiana de los explosivos hasta extremos aún pendientes de averiguar, había sido -para escarnio de ese PP bobalicón que le mantuvo en el cargo- el hombre de los maletines que pagaba en Suiza a las esposas de Amedo y Domínguez. Lo que no sabemos, en cambio, son los vínculos, lazos, conexiones, fidelidades y lealtades de comisarios como Telesforo Rubio, Juan Jesús Sánchez Manzano, Alfredo Ruiz o Miguel Angel Santano. O los puentes existentes entre algunos de ellos y los mandos del CNI que pudieron contribuir a perfilar la cada día más descuajeringada versión oficial de la masacre.

Ignoro si Zapatero ha recibido ya el informe exhaustivo sobre los explosivos colocados en los trenes que encargó antes de irse de vacaciones. En el momento en que lo tenga sobre la mesa será, en todo caso, consciente de que o bien existe un secreto inconfesable que se está ocultando a la opinión pública o que, al menos, la suma de engaños, trampas y chapuzas de paternidad fácilmente detectable ha situado a la Policía, la Fiscalía y el juez instructor en la insostenible posición de acudir a la vista oral alegando que, pese a la existencia de 12 focos de explosión -dos de ellos controlados-, nunca se podrá saber cuál fue el tipo de dinamita utilizado porque no se han podido identificar sus componentes. Bullshit, que dirían los británicos.

Con el trípode de pruebas materiales -furgoneta de Alcalá, mochila de Vallecas y Skoda Fabia- en que se ha pretendido sustentar la acusación contra los islamistas al borde mismo del colapso, Zapatero puede verse abocado muy pronto a tomar una decisión trascendental. Él sigue teniendo una importante línea de crédito entre los españoles, pero corre el riesgo de perderla a borbotones si no sale al encuentro de la verdad en este asunto.

En la entrevista que me concedió en abril se quejaba con aires doloridos de la forma en que Rajoy y otros líderes de la oposición habían acogido a su nuevo ministro de la Policía, advirtiendo paladinamente que no podían fiarse de él: «Es impensable, impensable... que en los sucesivos relevos que hizo el PP se hubiera recibido a un ministro del Interior como se ha recibido ahora a Alfredo Pérez Rubalcaba». Pues bien, ni siquiera han tenido que transcurrir seis meses para que los hechos parezcan dar la razón a los escaldados populares. Porque lo «impensable-impensable», en términos democráticos, es que pueda quedar en evidencia en sede judicial que un alto cargo policial ha facilitado al Parlamento información falsa sobre un asunto clave del 11-M y el titular del ramo ni siquiera se digne acudir a aclararlo al Hemiciclo. Y lo «impensable-impensable», en términos simplemente éticos, es que ese mismo titular del ramo pueda excarcelar con cinco años y medio de antelación al mayor desalmado, chorizo y sinvergüenza que, según rezan sendas sentencias firmes del Supremo, refrendadas por el Constitucional, ha pisado moqueta oficial durante la democracia sin siquiera obligarle a vaciarse antes los bolsillos.

Claro que, en el fondo, lo más «impensable-impensable», lo que no debería terminar resultando sino una pesadilla dentro de un delirio, inmersa en un mal sueño, es que quien pueda tomar formalmente esa decisión sea el mismo señor que, antes de proclamar que «España necesita un Gobierno que no mienta», había tratado de hacernos creer que el «de donde saca pa tanto como destaca» del mangante secretario de Estado, devenido en potentado terrateniente, era la milagrosa ferretería de su suegro.

pedroj.ramirez@el-mundo.es

Comentarios

Anónimo ha dicho que…
Goñi Tirapu, lector de El Mundo.
Anónimo ha dicho que…
JUSTICIA IGUAL PARA TODOS......PRESOS A LA CALLE
Anónimo ha dicho que…
Admiro su forma de ser, actuar,relacionar y llamar las cosas por su nombre.
Estoy completamente de acuerdo con sus postulados,el ladrón,ademas de devolver lo robado,debe de pasar en la carcel todo el tiempo de condena,o por lo menos pudrirse en la celda lo suficiente, para que sirva de ejemplo a los futuros opositores a devalijar las arcas del Estado. Lo que mas me fastidia y me quema, como Español,es que un falso,hipócrita,infiel y fariseo Rubalcaba se dedique a escarcelar a sus "amigotes", despues vendrán los asesinos del hacha y ala bicha.Al maldito Rubalcaba,(o cualquier personajillo de este podrido gobierno)que prometio cumplir la Ley y hacerla cumplir, ¿no se le puede demandar judicialmente por no cumplir lo que prometió?
Muchas gracias por todo Pedro J. Ramírez
saludos de Landelino

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