Un auto impropio de un juez justo

30-09-06



Un auto impropio de un juez justo

CASIMIRO GARCIA-ABADILLO

Cuando tres profesionales honestos, con muchos años de experiencia, son acusados por un juez de un delito de falsedad tras ponerse de manifiesto que ha sido su jefe, y no ellos, el que ha vulnerado la ley, es que algo muy grave sucede con la Justicia.

Cuando se vulneran, sin ningún recato, los derechos fundamentales de tres ciudadanos que se presentan a declarar como testigos y salen de la Audiencia como imputados, sin haber estado asistidos en su comparecencia por un abogado, es que algo muy grave está pasando con la Justicia.

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Cuando el juez mantiene la calificación como testigo del autor del documento falso que consta en los autos del sumario del 11-M, retorciendo el más mínimo sentido de lo razonable, entonces es que el encargado de administrar Justicia no es digno del cargo que ocupa. Porque lo esencial en la labor de un juez es la aplicación de la ley y la ley es, por principio, justa. Y, en este caso, se quiere hacer pagar a justos por pecadores.

Pero hagamos un sucinto repaso del auto del juez Garzón para que veamos hasta qué punto se han retorcido los hechos.

El juez de la Audiencia Nacional imputa un delito de falsedad a los tres peritos que realizaron el informe en el que se establecía un vínculo entre ETA y el 11-M no porque no lo hicieran, sino porque lo firmaron el día 11 de julio de 2006. El problema es que ésa fue la fecha en la que ellos se enteraron de que su informe había desaparecido y había sido sustituido por otro falso firmado por su jefe, Francisco Ramírez.

Fue entonces cuando el perito inspector jefe Escribano sacó de su ordenador el informe del día 21 de marzo de 2005 para firmarlo, junto a los otros dos peritos, y pedirle al jefe de la Unidad, el señor Andradas, que constatara que, efectivamente, el informe del día 21 de marzo lo habían hecho ellos y no Ramírez.

Pero Garzón no sólo pasa por alto quién fue el que falsificó el informe que fue remitido al juez Del Olmo (y que lleva la misma referencia que el auténtico), sino que cambia a conveniencia la consideración del mismo para atribuirle un caracter delictivo.

Para el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia, el informe 48-Q3-05 de los tres peritos es «un documento interno no oficial». Sin embargo, cuando lo que busca extraer consecuencias penales contra sus autores remitiéndose al artículo 390-2 del Código Penal, entonces le atribuye a ese mismo informe el carácter de «documento oficial». Si era simplemente un borrador, como decía la nota de Interior, entonces no se le puede aplicar el Código Penal. Y si es oficial, entonces habrá que deducir que salió de la Unidad de Análisis de la Policía Científica y que, por tanto, llegó a su destinatario: el ministro del Interior. Si eso fuera así, Rubalcaba habría mentido en el Congreso de los Diputados.

En este caso, el juez ni siquiera ha cuidado las formas. ¿Desde cuando se instruye un delito de falsedad en documento público en la Audiencia Nacional?

Es evidente que, desde el momento en que Garzón asumió la competencia a instancias de la Fiscalía de la Audiencia, lo hizo porque tenía muy clara cuál era su misión.

El porqué Garzón se ha prestado a esta burda maniobra al servicio del Gobierno es algo que sabremos tarde o temprano.