Batasuna pide a ETA que no hable con el Gobierno si antes no los legaliza
24-09-06
ALTO EL FUEGO / La formación 'abertzale' se negó a que los plazos oficiales del 'proceso de paz' se cumpliesen si no recibía garantías del Ejecutivo de que los jueces no iban a perseguir judicialmente a sus miembros
Batasuna pide a ETA que no hable con el Gobierno si antes no los legaliza
ANGELES ESCRIVA
MADRID.- La dirección de Batasuna le ha pedido a ETA que no dé un paso adelante con el Gobierno, que no se reúna con sus representantes, hasta que reciba las garantías por parte del Ejecutivo de que la formación va a ser legalizada o de que, en cualquier caso, va a poder actuar como si lo estuviera.
Las fuentes consultadas sostienen que los meses de octubre y noviembre van a ser fundamentales para establecer si el proceso tiene posibilidades de prosperar o se ve interrumpido.
(.../...)
Ésta es la información de la que disponen las Fuerzas de Seguridad del Estado, que han verificado de este modo, una vez más, la coordinación entre ETA y su brazo político, lo ficticio de la separación entre la vía política y la técnica, y la estrategia establecida por ambos para que el proceso se desarrolle conforme a sus expectativas.
Según las fuentes policiales consultadas por este periódico, los dirigentes de la banda terrorista, al menos hasta mediados del mes de julio, estaban dispuestos a seguir con el camino trazado hasta el momento.
Esto implicaba la legalización de Batasuna, previo paso por el Ministerio del Interior para formalizar su inscripción y tratar de cumplir las diferentes condiciones establecidas por la Ley de Partidos, para que, acto seguido, pudiese celebrarse la reunión entre los enviados del Gobierno y los terroristas.
Así se había establecido, y por ese motivo el pasado 29 de junio el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció que se iban a iniciar las negociaciones con la banda y que el Ejecutivo, a finales de septiembre, daría las pertinentes explicaciones a los grupos políticos representados en el Parlamento.
Sin embargo, fue la propia Batasuna, para sorpresa de los involucrados en el proceso de paz, la que se negó a que esos plazos se cumpliesen si no recibía la garantía de que los jueces no iban a perseguir judicialmente a sus miembros. Sus dirigentes no precisaron si necesariamente exigían la derogación de la Ley de Partidos o que se encontrase otra vía de salida distinta, y el mensaje fue tan pedestre como efectivo. «Que el Gobierno lo haga como quiera, pero que nos garantice la legalización y que los magistrados no van a actuar contra nosotros. Y ha de hacerse de manera pública porque no nos fiamos de los jueces», vinieron a asegurar los dirigentes de la formación ilegalizada. Y esta postura es la que bloqueó el proceso después de que la banda la aceptara como suya y la pusiera negro sobre blanco en un comunicado hecho público a mediados del mes de agosto, en el que se hacía referencia, una vez más, a los incumplimientos del Gobierno.
Tanto Batasuna como ETA habían asumido en las negociaciones previas indirectas con los enviados del Ejecutivo, que éste iba a lograr controlar a los aparatos del Estado y, por esta vía, las iniciativas que pudieran emprender los jueces. Y consideraron que estos «sobreentendidos» no se habían cumplido, y articularon sus formas de presión.
La dirección de Batasuna envió este mensaje a ETA después de semanas de discusiones internas, en las que una buena parte de sus bases dejaron constancia de su desacuerdo con una solicitud de legalización ajustada a la ley, una actitud que, si bien no era compartida por parte de la dirección en un principio, fue asumida por la Mesa Nacional como tal con posterioridad.
Una vez constatada la paralización del proceso en marcha, Arnaldo Otegi ofreció una salida a los socialistas: la firma de un preacuerdo para la mesa de partidos que orillase la necesidad de la legalización para su participación en ese foro, condición impuesta tanto por el PSE como por el PNV.
Ese preacuerdo estaba muy avanzado cuando Otegi realizó su propuesta y todavía lo está más en estos momentos.
Sin embargo, en todas las reuniones mantenidas con las bases, éstas siguen mostrándose reacias a darle un respiro al Gobierno. Lo estuvieron en la reunión mantenida por más de un centenar de personas en los cines Golem de Pamplona, que estuvo encabezada por Joseba Permach, coordinador de Batasuna. Y también en la que días después celebraron en Burlada, donde el propio Permach tuvo que moderar las intenciones de los sectores más radicales y en la que se decidió, según decía la nota repartida, poner en marcha una «dinámica popular denominada Autodeterminación para Euskal Herria, que recorrerá pueblo a pueblo todo nuestro país».
A pesar de lo negativo de las apariencias, a pesar de que los mandos de la Ertzaintza dicen tener sobradas razones para pedir a los suyos que se «aten los machos» porque puede que el alto el fuego no se prolongue mucho más allá que algunas semanas, el Gobierno sigue confiando en que el proceso está encauzado, hasta el punto de que algunos de sus miembros han venido mostrando su convicción -lo dijo el ministro de Justicia- de que ETA no va a volver a matar.
El Ejecutivo confía ahora en convencer a ETA y en encontrar el modo de que Batasuna asuma su posición sin vulnerar ninguna de las normas del Estado de Derecho.
Batasuna pide a ETA que no hable con el Gobierno si antes no los legaliza
ANGELES ESCRIVA
MADRID.- La dirección de Batasuna le ha pedido a ETA que no dé un paso adelante con el Gobierno, que no se reúna con sus representantes, hasta que reciba las garantías por parte del Ejecutivo de que la formación va a ser legalizada o de que, en cualquier caso, va a poder actuar como si lo estuviera.
Las fuentes consultadas sostienen que los meses de octubre y noviembre van a ser fundamentales para establecer si el proceso tiene posibilidades de prosperar o se ve interrumpido.
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Ésta es la información de la que disponen las Fuerzas de Seguridad del Estado, que han verificado de este modo, una vez más, la coordinación entre ETA y su brazo político, lo ficticio de la separación entre la vía política y la técnica, y la estrategia establecida por ambos para que el proceso se desarrolle conforme a sus expectativas.
Según las fuentes policiales consultadas por este periódico, los dirigentes de la banda terrorista, al menos hasta mediados del mes de julio, estaban dispuestos a seguir con el camino trazado hasta el momento.
Esto implicaba la legalización de Batasuna, previo paso por el Ministerio del Interior para formalizar su inscripción y tratar de cumplir las diferentes condiciones establecidas por la Ley de Partidos, para que, acto seguido, pudiese celebrarse la reunión entre los enviados del Gobierno y los terroristas.
Así se había establecido, y por ese motivo el pasado 29 de junio el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció que se iban a iniciar las negociaciones con la banda y que el Ejecutivo, a finales de septiembre, daría las pertinentes explicaciones a los grupos políticos representados en el Parlamento.
Sin embargo, fue la propia Batasuna, para sorpresa de los involucrados en el proceso de paz, la que se negó a que esos plazos se cumpliesen si no recibía la garantía de que los jueces no iban a perseguir judicialmente a sus miembros. Sus dirigentes no precisaron si necesariamente exigían la derogación de la Ley de Partidos o que se encontrase otra vía de salida distinta, y el mensaje fue tan pedestre como efectivo. «Que el Gobierno lo haga como quiera, pero que nos garantice la legalización y que los magistrados no van a actuar contra nosotros. Y ha de hacerse de manera pública porque no nos fiamos de los jueces», vinieron a asegurar los dirigentes de la formación ilegalizada. Y esta postura es la que bloqueó el proceso después de que la banda la aceptara como suya y la pusiera negro sobre blanco en un comunicado hecho público a mediados del mes de agosto, en el que se hacía referencia, una vez más, a los incumplimientos del Gobierno.
Tanto Batasuna como ETA habían asumido en las negociaciones previas indirectas con los enviados del Ejecutivo, que éste iba a lograr controlar a los aparatos del Estado y, por esta vía, las iniciativas que pudieran emprender los jueces. Y consideraron que estos «sobreentendidos» no se habían cumplido, y articularon sus formas de presión.
La dirección de Batasuna envió este mensaje a ETA después de semanas de discusiones internas, en las que una buena parte de sus bases dejaron constancia de su desacuerdo con una solicitud de legalización ajustada a la ley, una actitud que, si bien no era compartida por parte de la dirección en un principio, fue asumida por la Mesa Nacional como tal con posterioridad.
Una vez constatada la paralización del proceso en marcha, Arnaldo Otegi ofreció una salida a los socialistas: la firma de un preacuerdo para la mesa de partidos que orillase la necesidad de la legalización para su participación en ese foro, condición impuesta tanto por el PSE como por el PNV.
Ese preacuerdo estaba muy avanzado cuando Otegi realizó su propuesta y todavía lo está más en estos momentos.
Sin embargo, en todas las reuniones mantenidas con las bases, éstas siguen mostrándose reacias a darle un respiro al Gobierno. Lo estuvieron en la reunión mantenida por más de un centenar de personas en los cines Golem de Pamplona, que estuvo encabezada por Joseba Permach, coordinador de Batasuna. Y también en la que días después celebraron en Burlada, donde el propio Permach tuvo que moderar las intenciones de los sectores más radicales y en la que se decidió, según decía la nota repartida, poner en marcha una «dinámica popular denominada Autodeterminación para Euskal Herria, que recorrerá pueblo a pueblo todo nuestro país».
A pesar de lo negativo de las apariencias, a pesar de que los mandos de la Ertzaintza dicen tener sobradas razones para pedir a los suyos que se «aten los machos» porque puede que el alto el fuego no se prolongue mucho más allá que algunas semanas, el Gobierno sigue confiando en que el proceso está encauzado, hasta el punto de que algunos de sus miembros han venido mostrando su convicción -lo dijo el ministro de Justicia- de que ETA no va a volver a matar.
El Ejecutivo confía ahora en convencer a ETA y en encontrar el modo de que Batasuna asuma su posición sin vulnerar ninguna de las normas del Estado de Derecho.
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