NO ES UN AVISO, ES UN DELITO

25-09-06



Editorial

NO ES UN AVISO, ES UN DELITO


Tres encapuchados leyeron el sábado un comunicado de ETA en un monte de Guipúzcoa en el que la banda expresa su decisión de «seguir luchando firmemente con las armas en la mano hasta conseguir la independencia y el socialismo en Euskal Herria». La expresión «con las armas en la mano» se corresponde con la escena que protagonizaron los terroristas. Mientras uno leía, otros dos le escoltaban empuñando sendos fusiles de asalto. Al finalizar, lanzaron disparos al aire. La imagen suscita de inmediato la pregunta de si, como ayer advertía la oposición, estamos ante un ultimátum de la banda. Lo que está claro es que asistimos a un endurecimiento de las posiciones de los violentos, ante un gesto para causar el mayor impacto posible justo cuando se cumplen seis meses del inicio del llamado proceso de paz.

Para el Gobierno, sin embargo, sólo se trata de un episodio más en la escalada de presiones para obligarle a legalizar a corto plazo a Batasuna o a acercar a los presos etarras a las cárceles del País Vasco. Su convencimiento parte de la información que, asegura, le suministran los expertos en la lucha antiterrorista. Los mensajes tranquilizadores del Ejecutivo no evitan, en cambio, que situaciones como la del sábado -unidas a otras como el envío de cartas de extorsión a empresarios o el incremento de la kale borroka- hagan crecer el escepticismo entre la opinión pública. Más aún por cuanto el proceso se ha enquistado: el primer encuentro directo entre los representantes del Gobierno y los de la banda, anunciado para este verano, ha sido aplazado sine die.

Es oportuno, y en ese sentido hemos reiterado nuestro apoyo al Ejecutivo, que se exploren todas las posibilidades para encontrar una salida al cáncer del terrorismo. Ahora bien, ello no debería llevarle a hacer dejación de sus funciones. No basta con que se envíen mensajes de firmeza cada vez que se produce un contratiempo. El acto del sábado en Guipúzcoa es un delito terrorista de amenazas con exhibición de armas. En vez de dedicarse a rebajar su trascendencia, la prioridad de un Gobierno democrático ha de ser mostrar su voluntad de detener a los organizadores y proceder penalmente contra ellos, utilizando los recursos que tiene a su alcance: la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad. Una y otras parecen haber aflojado hace tiempo el cerco que puso a la banda contra las cuerdas.

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