La Fiscalía se plantea bajar la petición de pena
10-10-06
La Fiscalía se plantea bajar la petición de pena
Los 96 años de cárcel solicitados en mayo por el fiscal Alonso se quedarían en seis u ocho «en función de cómo vaya el juicio»
MARIA PERAL
La Fiscalía se plantea bajar la petición de pena
Los 96 años de cárcel solicitados en mayo por el fiscal Alonso se quedarían en seis u ocho «en función de cómo vaya el juicio»
MARIA PERAL
MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia una sustancial rebaja de la petición de pena al etarra José Ignacio de Juana Chaos, que será juzgado el próximo día 27 por presuntas actividades terroristas realizadas en prisión, como captar nuevos militantes y verter amenazas contra jueces y funcionarios de prisiones.
Estas nuevas imputaciones, por las que De Juana está en prisión preventiva, evitaron su excarcelación en febrero de 2005, tras cumplir 18 años de cárcel de los 3.000 años a que fue condenado como miembro del comando Madrid. De Juana participó en 11 atentados que costaron la vida a 25 personas.
(.../...)
En un escrito de acusación provisional presentado el pasado mayo y firmado por Jesús Alonso, la Fiscalía solicitaba un total de 96 años de prisión para De Juana como presunto autor de un delito de pertenencia a banda armada (12 años de prisión) y seis de amenazas terroristas (14 años de cárcel por cada uno de ellos).
El escrito asegura que, «con la finalidad de aglutinar el ideario etarra en prisión y con la intención de amedrentar a diversas personas», el terrorista publicó dos artículos en Gara en los que tachaba de «enemigos» al presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez; a la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y a cuatro funcionarios de prisiones, a los que convirtió en objetivos de ETA.
Además, «ejerció funciones de captación de nuevos militantes para que desde fuera de la prisión llevasen a cabo las directrices de ETA». En 1998 captó a José Luis Muñoz, condenado por colaborar con la banda tras ser inducido por De Juana a preparar planes de fuga para él y otros presos etarras.
Si De Juana se encuentra recuperado de las secuelas de su huelga de hambre, la Audiencia Nacional le juzgará por estos nuevos hechos el día 27.
En coincidencia con el fin de esa protesta, fuentes de la Fiscalía adelantaron que es posible que se corrija a la baja la solicitud de penas por considerar «desproporcionadas» las que se consignaron en el escrito de acusación provisional hace cinco meses.
Es «una hipótesis de trabajo» que «dependerá de cómo se desarrolle la prueba» en la vista oral, dijeron las fuentes consultadas, que sostuvieron que la petición provisional de penas se hizo bajo la «conmoción» de una inminente excarcelación de De Juana.
Las mismas fuentes explicaron que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, resulta problemático volver a condenar al terrorista por pertenencia a ETA, delito por el que ya fue juzgado y condenado, habiendo cumplido la pena impuesta.
De esta forma, los nuevos hechos cometidos desde la cárcel podrían calificarse como colaboración con banda armada, delito castigado con prisión de cinco a 10 años.
Por su parte, los seis delitos de amenazas podrían sancionarse como un solo delito continuado en lugar de hacerlo de manera individualizada. El resultado sería una única pena, la más grave señalada por el Código Penal para ese delito. Pero la Fiscalía suprimiría, además, el carácter terrorista de las amenazas, con lo que se pasaría de una pena de 10 a 15 años de prisión (amenazas terroristas) a otra de 3 años (delito básico de amenazas).
Ésta fue la técnica aplicada el pasado septiembre al etarra Iñaki Bilbao por amenazar al juez Garzón. La Fiscalía solicitó provisionalmente 12 años de cárcel, que en el juicio oral se quedaron en dos años.
En el caso de De Juana, sin embargo, la Fiscalía no es la única parte acusadora. La Asociación Víctimas del Terrorismo anunció ayer que no piensa modificar «ni un ápice» su petición de penas (que coincide con la realizada en mayo por el fiscal Alonso), con lo que la rebaja que estudia la Fiscalía podría no tener ningún efecto práctico.
Estas nuevas imputaciones, por las que De Juana está en prisión preventiva, evitaron su excarcelación en febrero de 2005, tras cumplir 18 años de cárcel de los 3.000 años a que fue condenado como miembro del comando Madrid. De Juana participó en 11 atentados que costaron la vida a 25 personas.
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En un escrito de acusación provisional presentado el pasado mayo y firmado por Jesús Alonso, la Fiscalía solicitaba un total de 96 años de prisión para De Juana como presunto autor de un delito de pertenencia a banda armada (12 años de prisión) y seis de amenazas terroristas (14 años de cárcel por cada uno de ellos).
El escrito asegura que, «con la finalidad de aglutinar el ideario etarra en prisión y con la intención de amedrentar a diversas personas», el terrorista publicó dos artículos en Gara en los que tachaba de «enemigos» al presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez; a la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y a cuatro funcionarios de prisiones, a los que convirtió en objetivos de ETA.
Además, «ejerció funciones de captación de nuevos militantes para que desde fuera de la prisión llevasen a cabo las directrices de ETA». En 1998 captó a José Luis Muñoz, condenado por colaborar con la banda tras ser inducido por De Juana a preparar planes de fuga para él y otros presos etarras.
Si De Juana se encuentra recuperado de las secuelas de su huelga de hambre, la Audiencia Nacional le juzgará por estos nuevos hechos el día 27.
En coincidencia con el fin de esa protesta, fuentes de la Fiscalía adelantaron que es posible que se corrija a la baja la solicitud de penas por considerar «desproporcionadas» las que se consignaron en el escrito de acusación provisional hace cinco meses.
Es «una hipótesis de trabajo» que «dependerá de cómo se desarrolle la prueba» en la vista oral, dijeron las fuentes consultadas, que sostuvieron que la petición provisional de penas se hizo bajo la «conmoción» de una inminente excarcelación de De Juana.
Las mismas fuentes explicaron que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, resulta problemático volver a condenar al terrorista por pertenencia a ETA, delito por el que ya fue juzgado y condenado, habiendo cumplido la pena impuesta.
De esta forma, los nuevos hechos cometidos desde la cárcel podrían calificarse como colaboración con banda armada, delito castigado con prisión de cinco a 10 años.
Por su parte, los seis delitos de amenazas podrían sancionarse como un solo delito continuado en lugar de hacerlo de manera individualizada. El resultado sería una única pena, la más grave señalada por el Código Penal para ese delito. Pero la Fiscalía suprimiría, además, el carácter terrorista de las amenazas, con lo que se pasaría de una pena de 10 a 15 años de prisión (amenazas terroristas) a otra de 3 años (delito básico de amenazas).
Ésta fue la técnica aplicada el pasado septiembre al etarra Iñaki Bilbao por amenazar al juez Garzón. La Fiscalía solicitó provisionalmente 12 años de cárcel, que en el juicio oral se quedaron en dos años.
En el caso de De Juana, sin embargo, la Fiscalía no es la única parte acusadora. La Asociación Víctimas del Terrorismo anunció ayer que no piensa modificar «ni un ápice» su petición de penas (que coincide con la realizada en mayo por el fiscal Alonso), con lo que la rebaja que estudia la Fiscalía podría no tener ningún efecto práctico.
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