Los peritos ponen a Alonso por testigo de que el informe auténtico era el suyo
04-10-06
11-M LA INVESTIGACION / En octubre de 2005 remitió una instancia al titular de Interior en la que le decía que él era el responsable del documento realizado el 21 de marzo en el que se relaciona a ETA con el 11-M
Los peritos ponen a Alonso por testigo de que el informe auténtico era el suyo
CASIMIRO GARCIA-ABADILLO
11-M LA INVESTIGACION / En octubre de 2005 remitió una instancia al titular de Interior en la que le decía que él era el responsable del documento realizado el 21 de marzo en el que se relaciona a ETA con el 11-M
Los peritos ponen a Alonso por testigo de que el informe auténtico era el suyo
CASIMIRO GARCIA-ABADILLO
MADRID.- El ex ministro del Interior y actual titular de Defensa, José Antonio Alonso, tuvo conocimiento de que el perito Manuel Escribano, junto a los también peritos Isabel López y Pedro Manrique, realizó el 21 de marzo de 2005 el informe 48-Q3-05 en el que se relaciona a Hasan Haski, uno de los principales imputados por los atentados del 11-M, con ETA.
El hecho fue dado a conocer ayer a la Audiencia Nacional mediante dos documentos que se adjuntaron al recurso de reforma que presentó la defensa de los funcionarios de la Policía Científica Manuel Escribano e Isabel López.
(.../...)
El documento «Número 1» consiste en una instancia que fue remitida el 3 de octubre de 2005 al ministro del Interior, entonces José Antonio Alonso, en la que Escribano solicitaba la concesión de una cruz al mérito policial con distintivo rojo por toda su trayectoria profesional de más de 30 años en la Policía, de los que más de la mitad se han cumplido en la Unidad de Análisis de la Policía Científica.
En la página 3 de dicha instancia, Escribano hizo constar que él, junto con los otros dos peritos, realizó el informe 48-Q3-05, en el que se analizó la sustancia (ácido bórico) encontrada en el domicilio de Haski y en el que se relacionaba dicha sustancia «con otros hechos terroristas».
La solicitud de la condecoración fue analizada y estudiada por cinco instancias: la Comisaría General de Policía Científica; la División de Personal; la Junta de Gobierno; el director general de la Policía, y el propio ministro del Interior.
El documento «Número 2» que se aportó ayer junto al recurso de reforma es precisamente la resolución denegatoria a dicha solicitud, que lleva fecha de 23 de diciembre de 2005.
En dicha resolución no se hace mención a que el informe que relacionaba al imputado del 11-M con ETA no existiera, como ha afirmado el jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, Francisco Ramírez. Ni tampoco al hecho de que dicho informe no se hubiera remitido al juez Juan del Olmo.
Según declaró Ramírez ante el juez Baltasar Garzón, tesis que también sostuvo el comisario jefe de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, el informe que hicieron los tres peritos en el que se relacionaba a ETA con el 11-M sólo tuvo el carácter «de un borrador de uso interno» y, por tanto, nunca llegó a ser un documento oficial.
Sin objeciones
Pues bien, la resolución a la solicitud de Manuel Escribano pone de manifiesto que toda la cúpula policial dio por bueno que el informe 48-Q3-05 había sido realizado por Escribano y no por Ramírez, puesto que desde ninguna de las instancias se le hizo a Escribano la menor objeción a este hecho.
Ninguna de estas instancias por las que pasó la solicitud advirtió tampoco de ello al ministro, que, obviamente, dio por hecho que todo lo relatado en su instancia por el solicitante era cierto.
Al hacerlo, dio de facto carácter oficial al informe cuya validez ha puesto en cuestión ahora el juez Garzón al imputar a los tres peritos por un presunto delito de falsedad.
Pero es más: la resolución denegatoria del 23 de diciembre de 2005 no sólo va firmada por el jefe de los servicios de la Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, Manuel Angel Fernández García, sino que va rubricada por el mismísimo ministro del Interior, entonces José Antonio Alonso.
Hay, por tanto, una cascada de responsabilidades en la falsificación del informe que se quiso ocultar al juez Del Olmo.
Como ha reconocido el propio Miguel Angel Santano, no sólo en la nota de prensa que remitió el Ministerio del Interior el pasado 21 de septiembre, sino también en su declaración del pasado jueves 28 ante el juez Garzón, fue él quien dio personalmente el visto bueno para que Ramírez se autoatribuyera la realización del nuevo informe, en el que se eliminaron las observaciones que vinculaban a Haski con ETA.
Si eso es cierto, ¿por qué Santano no hizo constar, cuando tuvo que estudiar la instancia de Escribano, que el informe cuya autoría se atribuía no era suyo, sino del señor Ramírez?
¿Por qué no se le informó en ese momento de que estaba en un error, ya que el informe remitido al juez Del Olmo no había sido el que él, junto con los otros dos peritos, había realizado, sino el que había hecho, censurando sus observaciones, el jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica?
Por otra parte, la solicitud, tal y como fue formulada por el perito Escribano, demuestra que él nunca fue informado por sus superiores de que su informe no fue remitido al juez.
Es decir, que a Escribano nunca se le comunicó que había sido el jefe de sección Ramírez quien firmó el informe 48-Q3-05, en el que, por otra parte, se atribuyó la realización de unas pruebas de laboratorio que él nunca llegó a realizar.
Alegaciones
En las alegaciones del recurso de reforma presentado ayer ante la Audiencia Nacional, en el que se cuestiona la competencia de Garzón para instruir este caso, se dan algunos argumentos que refuerzan lo que pone de manifiesto el documento «Número 1».
A saber: en el propio auto del juez Garzón se da por hecho que el informe del 21 de marzo de 2005, realizado por los tres peritos, está en poder de la Dirección General de la Policía.
Por tanto, para Garzón, hubiese sido relativamente sencillo comprobar si el informe que volvieron a firmar los tres peritos el día 11 de julio de 2006, con el fin de que se le remitiera al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, se correspondía o no con aquél.
Dando por hecho, como hace el juez Garzón en su auto, que el original del informe del 21 de marzo de 2005 está en poder de la Dirección General de la Policía, el recurso de reforma establece lo siguiente: «Y sobre esta base, ¿es posible que se ha podido cometer un delito de falsedad? No. Porque el supuesto defraudado o engañado ya tenía el informe que se le vuelve a dar y con el que no se le puede engañar porque ya conoce su contenido. Es absolutamente imposible cometer una falsificación si quien tiene un informe luego recibe otro ejemplar del mismo».
El hecho fue dado a conocer ayer a la Audiencia Nacional mediante dos documentos que se adjuntaron al recurso de reforma que presentó la defensa de los funcionarios de la Policía Científica Manuel Escribano e Isabel López.
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El documento «Número 1» consiste en una instancia que fue remitida el 3 de octubre de 2005 al ministro del Interior, entonces José Antonio Alonso, en la que Escribano solicitaba la concesión de una cruz al mérito policial con distintivo rojo por toda su trayectoria profesional de más de 30 años en la Policía, de los que más de la mitad se han cumplido en la Unidad de Análisis de la Policía Científica.
En la página 3 de dicha instancia, Escribano hizo constar que él, junto con los otros dos peritos, realizó el informe 48-Q3-05, en el que se analizó la sustancia (ácido bórico) encontrada en el domicilio de Haski y en el que se relacionaba dicha sustancia «con otros hechos terroristas».
La solicitud de la condecoración fue analizada y estudiada por cinco instancias: la Comisaría General de Policía Científica; la División de Personal; la Junta de Gobierno; el director general de la Policía, y el propio ministro del Interior.
El documento «Número 2» que se aportó ayer junto al recurso de reforma es precisamente la resolución denegatoria a dicha solicitud, que lleva fecha de 23 de diciembre de 2005.
En dicha resolución no se hace mención a que el informe que relacionaba al imputado del 11-M con ETA no existiera, como ha afirmado el jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, Francisco Ramírez. Ni tampoco al hecho de que dicho informe no se hubiera remitido al juez Juan del Olmo.
Según declaró Ramírez ante el juez Baltasar Garzón, tesis que también sostuvo el comisario jefe de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, el informe que hicieron los tres peritos en el que se relacionaba a ETA con el 11-M sólo tuvo el carácter «de un borrador de uso interno» y, por tanto, nunca llegó a ser un documento oficial.
Sin objeciones
Pues bien, la resolución a la solicitud de Manuel Escribano pone de manifiesto que toda la cúpula policial dio por bueno que el informe 48-Q3-05 había sido realizado por Escribano y no por Ramírez, puesto que desde ninguna de las instancias se le hizo a Escribano la menor objeción a este hecho.
Ninguna de estas instancias por las que pasó la solicitud advirtió tampoco de ello al ministro, que, obviamente, dio por hecho que todo lo relatado en su instancia por el solicitante era cierto.
Al hacerlo, dio de facto carácter oficial al informe cuya validez ha puesto en cuestión ahora el juez Garzón al imputar a los tres peritos por un presunto delito de falsedad.
Pero es más: la resolución denegatoria del 23 de diciembre de 2005 no sólo va firmada por el jefe de los servicios de la Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, Manuel Angel Fernández García, sino que va rubricada por el mismísimo ministro del Interior, entonces José Antonio Alonso.
Hay, por tanto, una cascada de responsabilidades en la falsificación del informe que se quiso ocultar al juez Del Olmo.
Como ha reconocido el propio Miguel Angel Santano, no sólo en la nota de prensa que remitió el Ministerio del Interior el pasado 21 de septiembre, sino también en su declaración del pasado jueves 28 ante el juez Garzón, fue él quien dio personalmente el visto bueno para que Ramírez se autoatribuyera la realización del nuevo informe, en el que se eliminaron las observaciones que vinculaban a Haski con ETA.
Si eso es cierto, ¿por qué Santano no hizo constar, cuando tuvo que estudiar la instancia de Escribano, que el informe cuya autoría se atribuía no era suyo, sino del señor Ramírez?
¿Por qué no se le informó en ese momento de que estaba en un error, ya que el informe remitido al juez Del Olmo no había sido el que él, junto con los otros dos peritos, había realizado, sino el que había hecho, censurando sus observaciones, el jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica?
Por otra parte, la solicitud, tal y como fue formulada por el perito Escribano, demuestra que él nunca fue informado por sus superiores de que su informe no fue remitido al juez.
Es decir, que a Escribano nunca se le comunicó que había sido el jefe de sección Ramírez quien firmó el informe 48-Q3-05, en el que, por otra parte, se atribuyó la realización de unas pruebas de laboratorio que él nunca llegó a realizar.
Alegaciones
En las alegaciones del recurso de reforma presentado ayer ante la Audiencia Nacional, en el que se cuestiona la competencia de Garzón para instruir este caso, se dan algunos argumentos que refuerzan lo que pone de manifiesto el documento «Número 1».
A saber: en el propio auto del juez Garzón se da por hecho que el informe del 21 de marzo de 2005, realizado por los tres peritos, está en poder de la Dirección General de la Policía.
Por tanto, para Garzón, hubiese sido relativamente sencillo comprobar si el informe que volvieron a firmar los tres peritos el día 11 de julio de 2006, con el fin de que se le remitiera al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, se correspondía o no con aquél.
Dando por hecho, como hace el juez Garzón en su auto, que el original del informe del 21 de marzo de 2005 está en poder de la Dirección General de la Policía, el recurso de reforma establece lo siguiente: «Y sobre esta base, ¿es posible que se ha podido cometer un delito de falsedad? No. Porque el supuesto defraudado o engañado ya tenía el informe que se le vuelve a dar y con el que no se le puede engañar porque ya conoce su contenido. Es absolutamente imposible cometer una falsificación si quien tiene un informe luego recibe otro ejemplar del mismo».
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