El Gobierno denuncia que se está intentando dilatar el proceso judicial
07-10-06
El Gobierno denuncia que se está intentando dilatar el proceso judicial
F. G.
El Gobierno denuncia que se está intentando dilatar el proceso judicial
F. G.
MADRID.- El Gobierno, a través de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, denunció ayer un intento de retrasar el procedimiento judicial y la vista oral del 11-M.
La portavoz del Ejecutivo aseguró, en referencia a ese sumario, que «da la impresión de que algunos mantienen un interés muy especial en que todo parezca enmarañado o confuso, o en dilatar algunos procedimientos. Incluso a veces da la sensación de que algunos tienen interés o intención de que se instale en la ciudadanía una cierta fatiga civil o que los ciudadanos desconfíen de las instituciones».
Fernández de la Vega no dio nombres, ni se refirió a nadie en concreto y de forma expresa.
Añadió que «la Justicia tiene sus competencias y procedimientos y el Gobierno tiene que respetarlos».
Además, hizo un llamamiento «al respeto a las instituciones y al Poder Judicial que tiene un papel esencial en el sistema constitucional». Tampoco en este apartado hizo referencia a nadie en concreto. Del procedimiento judicial del 11-M aseguró que «el sumario está avanzado, el juicio se celebrará y esperemos que se celebre en un tiempo razonable, como estaba previsto».
Como hace cada viernes, Fernández de la Vega insistió en que el Gobierno colabora con la Justicia.
La vicepresidenta hizo una defensa cerrada de las instituciones y del Poder Judicial, así como de la imagen que de ellas tienen los ciudadanos. Por eso, auguró el fracaso de quienes, según ella, pretenden su desprestigio.
«Estoy convencida de que eso no va a ocurrir, porque tenemos unas instituciones y un Poder Judicial con buena salud y todos sus miembros van a funcionar como siempre, en el marco de la Constitución y con respeto absoluto a la Ley», explicó la número dos del Ejecutivo. Alegando ese respeto a las instituciones y las actuaciones judiciales, la vicepresidenta del Gobierno evitó referirse a actuaciones concretas sobre el 11-M que han sido objeto de polémica.
Respecto a la controversia sobre el Consejo General del Poder Judicial, Fernández de la Vega insistió en que «el Gobierno confía en las instituciones y los ciudadanos también, y debemos garantizar su funcionamiento».
Tampoco hizo referencias expresas, pero dio la impresión de que la última parte de su respuesta se refería a la actuación del vocal conservador José Luis Requero, que pidió que se investigara la actuación del juez Baltasar Garzón en la toma de declaración de los peritos.
La vicepresidenta primera hizo una distinción clara entre la actuación «política» del Consejo y la que se refiere a la actuación jurisdiccional de los jueces. Dio a entender que el citado vocal ha pasado esa raya para inmiscuirse en la actuación jurisdiccional, o sea, la referida a un sumario concreto.
Así, Fernández de la Vega explicó que «el órgano de gobierno de los jueces es un órgano político y, como todo órgano político, discute de política y hace política. Hay que hacer política, pero lo que no hay que hacer es confundir las funciones del órgano político de los jueces con la función jurisdiccional».
La portavoz del Ejecutivo aseguró, en referencia a ese sumario, que «da la impresión de que algunos mantienen un interés muy especial en que todo parezca enmarañado o confuso, o en dilatar algunos procedimientos. Incluso a veces da la sensación de que algunos tienen interés o intención de que se instale en la ciudadanía una cierta fatiga civil o que los ciudadanos desconfíen de las instituciones».
Fernández de la Vega no dio nombres, ni se refirió a nadie en concreto y de forma expresa.
Añadió que «la Justicia tiene sus competencias y procedimientos y el Gobierno tiene que respetarlos».
Además, hizo un llamamiento «al respeto a las instituciones y al Poder Judicial que tiene un papel esencial en el sistema constitucional». Tampoco en este apartado hizo referencia a nadie en concreto. Del procedimiento judicial del 11-M aseguró que «el sumario está avanzado, el juicio se celebrará y esperemos que se celebre en un tiempo razonable, como estaba previsto».
Como hace cada viernes, Fernández de la Vega insistió en que el Gobierno colabora con la Justicia.
La vicepresidenta hizo una defensa cerrada de las instituciones y del Poder Judicial, así como de la imagen que de ellas tienen los ciudadanos. Por eso, auguró el fracaso de quienes, según ella, pretenden su desprestigio.
«Estoy convencida de que eso no va a ocurrir, porque tenemos unas instituciones y un Poder Judicial con buena salud y todos sus miembros van a funcionar como siempre, en el marco de la Constitución y con respeto absoluto a la Ley», explicó la número dos del Ejecutivo. Alegando ese respeto a las instituciones y las actuaciones judiciales, la vicepresidenta del Gobierno evitó referirse a actuaciones concretas sobre el 11-M que han sido objeto de polémica.
Respecto a la controversia sobre el Consejo General del Poder Judicial, Fernández de la Vega insistió en que «el Gobierno confía en las instituciones y los ciudadanos también, y debemos garantizar su funcionamiento».
Tampoco hizo referencias expresas, pero dio la impresión de que la última parte de su respuesta se refería a la actuación del vocal conservador José Luis Requero, que pidió que se investigara la actuación del juez Baltasar Garzón en la toma de declaración de los peritos.
La vicepresidenta primera hizo una distinción clara entre la actuación «política» del Consejo y la que se refiere a la actuación jurisdiccional de los jueces. Dio a entender que el citado vocal ha pasado esa raya para inmiscuirse en la actuación jurisdiccional, o sea, la referida a un sumario concreto.
Así, Fernández de la Vega explicó que «el órgano de gobierno de los jueces es un órgano político y, como todo órgano político, discute de política y hace política. Hay que hacer política, pero lo que no hay que hacer es confundir las funciones del órgano político de los jueces con la función jurisdiccional».
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