El Poder Judicial abre una investigación sobre el trato de Garzón a los peritos
03-10-06
11-M LA INVESTIGACION / Actuación judicial
El Poder Judicial abre una investigación sobre el trato de Garzón a los peritos
El magistrado ha interrumpido la tramitación de todos sus sumarios para estar en Colombia como observador de la negociación entre Gobierno y paramilitares
MARIA PERAL
11-M LA INVESTIGACION / Actuación judicial
El Poder Judicial abre una investigación sobre el trato de Garzón a los peritos
MARIA PERAL
MADRID.- El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial abrió ayer una investigación sobre el comportamiento del juez Baltasar Garzón con los tres peritos de la Policía a los que citó el pasado jueves como testigos y a los que tuvo varias horas esperando a declarar, utilizando luego sus manifestaciones -prestadas sin abogado- para imputarles. Estos expertos realizaron en marzo de 2005 un informe sobre el 11-M en el que hacían una referencia a ETA.
El juez ha interrumpido la tramitación de este asunto y de todos los que acumula en el Juzgado para marcharse a Colombia a un seminario-taller sobre el proceso de paz.
(.../...)
Los expertos de la Policía Científica Manuel Escribano, Pedro Manrique e Isabel López elaboraron en marzo de 2005 un informe sobre el ácido bórico hallado tres meses antes en la vivienda del marroquí Hasan Haski, procesado por su presunta intervención en los atentados del 11-M.
Entre las observaciones incorporadas al dictamen, los peritos mencionaron que en 2001 fue hallado ácido bórico en un piso franco de ETA en Salamanca.
Su superior, Francisco Ramírez, rechazó el informe y lo sustituyó por otro que envió al juez Del Olmo, afirmando que él, y no sus subordinados, fue quien hizo las pruebas analíticas sobre el ácido bórico de Haski.
La Inspección del órgano del gobierno de los jueces abrió ayer una «información previa» en respuesta a un escrito presentado por el vocal del grupo mayoritario José Luis Requero tras la publicación por EL MUNDO de que Garzón, que había citado a los agentes a las cinco de la tarde del pasado jueves, les tuvo esperando hasta la madrugada, les gritó e hizo llorar a la perito Isabel López al dirigirse a ella con sarcasmos.
Los peritos abandonaron la Audiencia Nacional pasadas las 2.30 horas del viernes (no a las 6.30 horas, como por error se publicó en la edición de ayer), pero tuvieron que permanecer a disposición de Garzón durante todo el día siguiente para la práctica de los registros de que fueron objeto sus lugares de trabajo.
Escribano fue el último en prestar declaración. Encerrado desde las 17.00 horas del jueves en un despacho de la segunda planta de la Audiencia, no entró a declarar hasta pasada la una de la madrugada.
Al día siguiente, tanto él como sus dos compañeros recibieron el auto de imputación que Garzón dictó aprovechando las manifestaciones que prestaron como testigos, sin asistencia letrada y sin advertirles de que podía utilizar en su contra lo que dijeran.
Para el vocal Requero, «no estamos ante un asunto menor o desconocido por la opinión pública», por lo que el Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) «no puede permanecer pasivo ante unos hechos que tienen una relevancia indudable».
El consejero recuerda que la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, aprobada por el Parlamento, señala que «el ciudadano tiene derecho a que su comparecencia personal ante un órgano de la Administración de Justicia resulte lo menos gravosa posible».
A su juicio, «ese deber de procurar el debido trato hacia quienes concurren ante los órganos judiciales tiene su tutela en forma negativa al contemplar [la Ley Orgánica del Poder Judicial] como infracción grave el 'exceso o abuso de superioridad' o como falta grave la desconsideración respecto de los ciudadanos». Requero pide a la Inspección que lleve a cabo «la oportuna información» dado que «los hechos tienen una objetiva trascendencia y, por su publicidad, es de los que afectan a la percepción que tienen los ciudadanos acerca del comportamiento de jueces y tribunales».
Horas después, los vocales del sector minoritario del CGPJ Fernando Salinas, Luis Aguiar y Juan Carlos Campo presentaron un escrito en el que proponen a la Comisión Permanente, que se reúne hoy, que redacte un acuerdo en defensa de Garzón.
El escrito reproduce críticas que ha recibido Garzón extraídas de comentarios de opinión publicados en EL MUNDO, Libertad Digital y la cadena Cope, en los que se afirma que Garzón ha ejecutado una «burda maniobra al servicio del Gobierno» y ha «amedrentado a policías decentes para que no cumplan con su deber», haciendo gala de una conducta «rayana en la prevaricación».
Salinas, Aguiar y Campo consideran que esas críticas «cuestionan no sólo el crédito, la dignidad y la profesionalidad del juez atacado en concreto, sino que comprometen la honorabilidad de la Audiencia Nacional y la de toda la carrera judicial en su conjunto».
Añaden que los reproches a Garzón «comportan además una perturbación de la independencia judicial al atribuir a las decisiones judiciales intenciones espúreas y finalidades ajenas a la función jurisdiccional».
Los vocales solicitan que la Comisión Permanente «signifique la improcedencia de las afirmaciones referidas a propósito de las decisiones del magistrado, preservando la labor jurisdiccional que está llevando a cabo y el necesario respeto a la independencia judicial».
Garzón ha interrumpido la tramitación del asunto sobre el informe 11-M/ETA y de todos los demás que acumula en el Juzgado para marcharse a Colombia, donde tiene previsto permanecer hasta el día 6 participando en un seminario-taller sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz en ese país.
Garzón, que recientemente ha viajado también a Chile y Francia, se incorporó el pasado 30 de junio al Juzgado tras disfrutar desde marzo de 2005 de una «licencia de estudios» en Estados Unidos.
El juez ha interrumpido la tramitación de este asunto y de todos los que acumula en el Juzgado para marcharse a Colombia a un seminario-taller sobre el proceso de paz.
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Los expertos de la Policía Científica Manuel Escribano, Pedro Manrique e Isabel López elaboraron en marzo de 2005 un informe sobre el ácido bórico hallado tres meses antes en la vivienda del marroquí Hasan Haski, procesado por su presunta intervención en los atentados del 11-M.
Entre las observaciones incorporadas al dictamen, los peritos mencionaron que en 2001 fue hallado ácido bórico en un piso franco de ETA en Salamanca.
Su superior, Francisco Ramírez, rechazó el informe y lo sustituyó por otro que envió al juez Del Olmo, afirmando que él, y no sus subordinados, fue quien hizo las pruebas analíticas sobre el ácido bórico de Haski.
La Inspección del órgano del gobierno de los jueces abrió ayer una «información previa» en respuesta a un escrito presentado por el vocal del grupo mayoritario José Luis Requero tras la publicación por EL MUNDO de que Garzón, que había citado a los agentes a las cinco de la tarde del pasado jueves, les tuvo esperando hasta la madrugada, les gritó e hizo llorar a la perito Isabel López al dirigirse a ella con sarcasmos.
Los peritos abandonaron la Audiencia Nacional pasadas las 2.30 horas del viernes (no a las 6.30 horas, como por error se publicó en la edición de ayer), pero tuvieron que permanecer a disposición de Garzón durante todo el día siguiente para la práctica de los registros de que fueron objeto sus lugares de trabajo.
Escribano fue el último en prestar declaración. Encerrado desde las 17.00 horas del jueves en un despacho de la segunda planta de la Audiencia, no entró a declarar hasta pasada la una de la madrugada.
Al día siguiente, tanto él como sus dos compañeros recibieron el auto de imputación que Garzón dictó aprovechando las manifestaciones que prestaron como testigos, sin asistencia letrada y sin advertirles de que podía utilizar en su contra lo que dijeran.
Para el vocal Requero, «no estamos ante un asunto menor o desconocido por la opinión pública», por lo que el Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) «no puede permanecer pasivo ante unos hechos que tienen una relevancia indudable».
El consejero recuerda que la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, aprobada por el Parlamento, señala que «el ciudadano tiene derecho a que su comparecencia personal ante un órgano de la Administración de Justicia resulte lo menos gravosa posible».
A su juicio, «ese deber de procurar el debido trato hacia quienes concurren ante los órganos judiciales tiene su tutela en forma negativa al contemplar [la Ley Orgánica del Poder Judicial] como infracción grave el 'exceso o abuso de superioridad' o como falta grave la desconsideración respecto de los ciudadanos». Requero pide a la Inspección que lleve a cabo «la oportuna información» dado que «los hechos tienen una objetiva trascendencia y, por su publicidad, es de los que afectan a la percepción que tienen los ciudadanos acerca del comportamiento de jueces y tribunales».
Horas después, los vocales del sector minoritario del CGPJ Fernando Salinas, Luis Aguiar y Juan Carlos Campo presentaron un escrito en el que proponen a la Comisión Permanente, que se reúne hoy, que redacte un acuerdo en defensa de Garzón.
El escrito reproduce críticas que ha recibido Garzón extraídas de comentarios de opinión publicados en EL MUNDO, Libertad Digital y la cadena Cope, en los que se afirma que Garzón ha ejecutado una «burda maniobra al servicio del Gobierno» y ha «amedrentado a policías decentes para que no cumplan con su deber», haciendo gala de una conducta «rayana en la prevaricación».
Salinas, Aguiar y Campo consideran que esas críticas «cuestionan no sólo el crédito, la dignidad y la profesionalidad del juez atacado en concreto, sino que comprometen la honorabilidad de la Audiencia Nacional y la de toda la carrera judicial en su conjunto».
Añaden que los reproches a Garzón «comportan además una perturbación de la independencia judicial al atribuir a las decisiones judiciales intenciones espúreas y finalidades ajenas a la función jurisdiccional».
Los vocales solicitan que la Comisión Permanente «signifique la improcedencia de las afirmaciones referidas a propósito de las decisiones del magistrado, preservando la labor jurisdiccional que está llevando a cabo y el necesario respeto a la independencia judicial».
Garzón ha interrumpido la tramitación del asunto sobre el informe 11-M/ETA y de todos los demás que acumula en el Juzgado para marcharse a Colombia, donde tiene previsto permanecer hasta el día 6 participando en un seminario-taller sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz en ese país.
Garzón, que recientemente ha viajado también a Chile y Francia, se incorporó el pasado 30 de junio al Juzgado tras disfrutar desde marzo de 2005 de una «licencia de estudios» en Estados Unidos.
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