Expertos juristas descartan que los peritos hayan delinquido
01-10-06
Expertos juristas descartan que los peritos hayan delinquido
Argumentan que no redactaron un nuevo informe ni le pusieron una fecha distinta a la que contiene el propio documento
M.M.
Expertos juristas descartan que los peritos hayan delinquido
Argumentan que no redactaron un nuevo informe ni le pusieron una fecha distinta a la que contiene el propio documento
M.M.
MADRID.- Expertos juristas consultados por EL MUNDO mantienen que los tres peritos que elaboraron el primer informe sobre el ácido bórico no cometieron ninguna falsedad documental, como les imputa el juez Baltasar Garzón, sino que presentaron un documento auténtico con la única fecha auténtica. «Lo que entregaron es la fotografía en papel del documento original», resume uno de ellos.
El pasado viernes, el magistrado instructor les imputó un presunto delito de falsedad en documento oficial por presentar, con fecha 21 de marzo de 2005, un informe que habían extraído del ordenador el pasado 11 de julio.
(.../...)
En la dirección opuesta, los expertos consultados subrayan que los peritos «no redactan de nuevo el informe, no lo elaboran de nuevo ni le ponen una fecha para aparentar otra fecha distinta a la que contiene el propio documento, por lo que no puede hablarse de falsedad».
«El relevante es el documento electrónico grabado en el disco duro del ordenador» de la base de datos oficial de la Policía Científica, puesto que es el que contiene la fecha válida del informe pericial (21 de marzo de 2005). En todo caso, la falsedad se hubiera producido al cambiar, en el propio ordenador o en la copia en papel, la fecha que constaba (julio en vez de marzo). Es decir, si el informe se hubiera presentado con la fecha de julio sí se trataría de un documento falso.
Respecto a que estampasen su firma en julio, consideran que es «irrelevante», porque esa firma no supone que el documento se elaborara en esa fecha. Y añaden el ejemplo de las sentencias, que llevan la fecha del día en que se redactan, no la fecha en la que los magistrados la firman.
También resaltan que, si como señala Garzón, el primer informe sobre el ácido bórico nunca llegó a ser oficial, sobre él se podrán hacer todas las modificaciones que se quiera sin que éstas supongan una falsificación. Por el contrario, si el informe es el oficial porque constaba en la base de datos oficial, «se podrán obtener del original tantas copias como papel se pueda imprimir» y todas serían auténticas.
En todo caso, estas fuentes señalan que podría replicarse que el documento que entregaron el pasado mes de julio omite que se trata de una copia del original. Sin embargo, no sería una omisión maliciosa, puesto que no se pretende aparentar nada distinto de la realidad.
Esa coincidencia entre el documento que entregaron y la realidad del informe pericial es la que lleva a los expertos a insistir en que no se ha lesionado lo que el Código Penal quería proteger al tipificar el delito de falsedad. «El bien jurídico protegido es la seguridad en el tráfico jurídico, y aquí lo relevante es que el documento entregado por los peritos sí responde a la verdad, porque existió».
Según afirman, existe abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, que defiende que la falsedad no es sólo realizar una conducta determinada, sino que exige lesionar el bien jurídico protegido.
Otras fuentes mantienen que sí existen elementos suficientes para imputar a los peritos, aunque dudan que, una vez analizado el fondo, se pueda afirmar que existió falsedad. También consideran que resultaría muy difícil llegar a una condena por lo sucedido, tanto porque no existe una alteración del contenido del documento como por el modo en que el juez instructor obtuvo de unos testigos los datos que les llevaron a ser imputados.
Además, si el contenido del informe entregado en julio es el mismo que el de marzo y los autores son los mismos que hicieron el análisis pericial, «el documento es legítimo y genuino porque responde a la verdad». «Estaríamos, en todo caso», subrayan estas fuentes, «ante una alteración de fecha y no ante una falsedad documental».
Otro dato que subrayan es que el documento no podría suponer una falsedad porque no llegó a incorporarse al sumario del 11-M.
El pasado viernes, el magistrado instructor les imputó un presunto delito de falsedad en documento oficial por presentar, con fecha 21 de marzo de 2005, un informe que habían extraído del ordenador el pasado 11 de julio.
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En la dirección opuesta, los expertos consultados subrayan que los peritos «no redactan de nuevo el informe, no lo elaboran de nuevo ni le ponen una fecha para aparentar otra fecha distinta a la que contiene el propio documento, por lo que no puede hablarse de falsedad».
«El relevante es el documento electrónico grabado en el disco duro del ordenador» de la base de datos oficial de la Policía Científica, puesto que es el que contiene la fecha válida del informe pericial (21 de marzo de 2005). En todo caso, la falsedad se hubiera producido al cambiar, en el propio ordenador o en la copia en papel, la fecha que constaba (julio en vez de marzo). Es decir, si el informe se hubiera presentado con la fecha de julio sí se trataría de un documento falso.
Respecto a que estampasen su firma en julio, consideran que es «irrelevante», porque esa firma no supone que el documento se elaborara en esa fecha. Y añaden el ejemplo de las sentencias, que llevan la fecha del día en que se redactan, no la fecha en la que los magistrados la firman.
También resaltan que, si como señala Garzón, el primer informe sobre el ácido bórico nunca llegó a ser oficial, sobre él se podrán hacer todas las modificaciones que se quiera sin que éstas supongan una falsificación. Por el contrario, si el informe es el oficial porque constaba en la base de datos oficial, «se podrán obtener del original tantas copias como papel se pueda imprimir» y todas serían auténticas.
En todo caso, estas fuentes señalan que podría replicarse que el documento que entregaron el pasado mes de julio omite que se trata de una copia del original. Sin embargo, no sería una omisión maliciosa, puesto que no se pretende aparentar nada distinto de la realidad.
Esa coincidencia entre el documento que entregaron y la realidad del informe pericial es la que lleva a los expertos a insistir en que no se ha lesionado lo que el Código Penal quería proteger al tipificar el delito de falsedad. «El bien jurídico protegido es la seguridad en el tráfico jurídico, y aquí lo relevante es que el documento entregado por los peritos sí responde a la verdad, porque existió».
Según afirman, existe abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, que defiende que la falsedad no es sólo realizar una conducta determinada, sino que exige lesionar el bien jurídico protegido.
Otras fuentes mantienen que sí existen elementos suficientes para imputar a los peritos, aunque dudan que, una vez analizado el fondo, se pueda afirmar que existió falsedad. También consideran que resultaría muy difícil llegar a una condena por lo sucedido, tanto porque no existe una alteración del contenido del documento como por el modo en que el juez instructor obtuvo de unos testigos los datos que les llevaron a ser imputados.
Además, si el contenido del informe entregado en julio es el mismo que el de marzo y los autores son los mismos que hicieron el análisis pericial, «el documento es legítimo y genuino porque responde a la verdad». «Estaríamos, en todo caso», subrayan estas fuentes, «ante una alteración de fecha y no ante una falsedad documental».
Otro dato que subrayan es que el documento no podría suponer una falsedad porque no llegó a incorporarse al sumario del 11-M.
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