'Al policía que discrepa sobre el 11-M le cae una campaña de desprestigio'
01-10-06
11-M LA INVESTIGACION / El líder de la CEP, Ignacio López, denuncia las presiones a las que fueron sometidos los tres expertos para que modificaran su informe / Los abogados estudian pedir la nulidad de las actuaciones
'Al policía que discrepa sobre el 11-M le cae una campaña de desprestigio'
ANA DEL BARRIO
11-M LA INVESTIGACION / El líder de la CEP, Ignacio López, denuncia las presiones a las que fueron sometidos los tres expertos para que modificaran su informe / Los abogados estudian pedir la nulidad de las actuaciones
'Al policía que discrepa sobre el 11-M le cae una campaña de desprestigio'
MADRID.- Ignacio López, secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), sindicato que ha asumido la defensa de los tres peritos imputados por Baltasar Garzón en un delito de falsedad documental, denuncia en este diario las campañas que se desatan cada vez que un funcionario disiente de la versión oficial sobre los atentados del 11-M. «Al policía que muestra algún tipo de discrepancia profesional sobre cómo se están llevando algunas partes de la investigación del 11-M le cae una campaña de desprestigio tremenda. Es absolutamente demencial», declara López, que desvela las presiones a las que han estado sometidos los tres peritos.
Los abogados defensores de los tres peritos estudian pedir la nulidad de todas las actuaciones al considerar que el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está actuando al margen de sus competencias y consideran que debería haberse inhibido en favor de los juzgados de Plaza de Castilla.
(.../...)
Los tres peritos, que fueron a declarar como testigos y acabaron como imputados, realizaron en marzo de 2005 un informe en el que hicieron constar que el ácido bórico, sustancia hallada en el domicilio de un procesado por el 11-M, también fue encontrado en un piso franco de ETA en Salamanca. Garzón les acusa ahora por haber firmado el 11 de julio de 2006 una copia del dictamen que elaboraron el 21 de marzo de 2005 y del que sus superiores eliminaron las referencias a ETA.
La defensa de los tres policías ha sido asumida por el equipo de abogados de la Confederación Española de Policía (CEP), el segundo sindicato con más número de afiliados del país. Su secretario general, Ignacio López, defiende, en una entrevista concedida a este diario, el trabajo de los tres peritos, Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, y denuncia las presiones a las que fueron sometidos.
El líder de la CEP explica con detalle por qué los peritos tuvieron que volver a firmar su informe en julio si lo habían realizado en marzo: «En el mes de julio de 2006, las autoridades piden revisar todos los informes de la Policía Científica relacionados con el 11-M. Es entonces cuando los peritos se dan cuenta de que el informe original no había sido trasladado al juez. En el propio auto de Garzón se reconoce la existencia del documento original. En ese momento, los peritos entienden que su documento tiene que ver la luz y, por este motivo, imprimen el informe idéntico al que elaboraron y lo rubrican. Pero ese documento no sufre modificación alguna, como también lo reconoce el juez Garzón en el auto».
Según informa el líder sindical, las presiones que recibieron los tres expertos están recogidas en los libros de apuntes de Manuel Escribano, un profesional «tremendamente concienzudo y meticuloso». «En sus libros de analítica y de observaciones, Escribano data en el día 22 la primera vez que se le ordena que modifique el informe, a lo que él no accede porque es su criterio profesional. El día 24, vuelve a recibir presiones y se le vuelve a requerir que modifique el informe. Paradójicamente, el informe definitivo que se traslada a la autoridad judicial, firmado por Ramírez, es de fecha 22. Es decir, que, por lo menos en una ocasión posterior a la fecha del documento que se traslada al juez volvió a recibir presiones».
López elogia la labor de Escribano, ya que «es uno de los tres facultativos policiales de mayor prestigio que existen en España». Además, asegura que ninguno de los tres expertos tiene una tacha en su trayectoria profesional.
Los peritos de la Policía Científica, además de ser funcionarios, suelen ser licenciados universitarios en Químicas, Biología o alguna carrera de Ciencias, y gozan de una enorme reputación profesional. De hecho, según la CEP, una sentencia del Tribunal Supremo dictamina que los informes de la Unidad Central de Policía Científica son pruebas preconstituidas válidas a la hora de celebrar un juicio y no sólo indicios, como puede ser el relato de un testigo.
El dirigente del sindicato policial también censuró ayer que se critiquen las observaciones que los peritos añadieron al informe, cuando en otras ocasiones esas mismas valoraciones habían sido alabadas por sus superiores: «Estaremos de acuerdo o no con el contenido de las observaciones, pero éstas fueron realizadas en informes anteriores y fueron admitidas. Las observaciones de Escribano en otros informes fueron alabadas y ensalzadas por sus superiores. Casualmente, estas observaciones subjetivas y de carácter personal, en el caso de Escribano, en más de una ocasión han podido llegar a salvar vidas».
López muestra, además, su perplejidad por que Francisco Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, que fue quien firmó el dictamen enviado al juez del 11-M como si él hubiera efectuado las pruebas analíticas, sea el que mantenga su condición de testigo.
«Aquí hay un cúmulo de irregularidades. Es evidente, y así lo asume todo el mundo, incluso el propio juez, que Ramírez asume y firma en primera persona un informe pericial que no ha realizado, lo que es una irregularidad bastante notable. Además, tramita un documento que no tiene virtualidad ninguna porque sólo tiene la firma de un perito, y modifica sustancialmente el contenido del informe original», destaca el dirigente de la CEP. En su opinión, «Ramírez debería dar otro tipo de explicaciones más lógicas porque las explicaciones que se nos están dando no aclaran nada, sino todo lo contrario».
López opina que la consideración de Garzón de que el informe de los tres peritos era un «documento interno no oficial» es un malabarismo que se ha inventado, ya que, bajo su parecer, ese tipo de informes no existen: «Si un funcionario público hace un documento y lo rubrica, ese documento adquiere virtualidad de forma inmediata. Si Escribano entregó a sus jefes el informe pericial rubricado y definitivo, eso es inamovible».
El líder de la CEP destaca que están recibiendo presiones para que el sindicato policial mantenga el silencio en éste y otros asuntos: «Es público y notorio que determinados sectores policiales muy cercanos al PSOE, el SUP concretamente, día sí y día también nos están atacando de manera feroz, incluso llegando a cuestiones privadas y a la vida íntima de las personas. Pero a nosotros no nos van a amedrentar».
Los abogados defensores de los tres peritos estudian pedir la nulidad de todas las actuaciones al considerar que el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está actuando al margen de sus competencias y consideran que debería haberse inhibido en favor de los juzgados de Plaza de Castilla.
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Los tres peritos, que fueron a declarar como testigos y acabaron como imputados, realizaron en marzo de 2005 un informe en el que hicieron constar que el ácido bórico, sustancia hallada en el domicilio de un procesado por el 11-M, también fue encontrado en un piso franco de ETA en Salamanca. Garzón les acusa ahora por haber firmado el 11 de julio de 2006 una copia del dictamen que elaboraron el 21 de marzo de 2005 y del que sus superiores eliminaron las referencias a ETA.
La defensa de los tres policías ha sido asumida por el equipo de abogados de la Confederación Española de Policía (CEP), el segundo sindicato con más número de afiliados del país. Su secretario general, Ignacio López, defiende, en una entrevista concedida a este diario, el trabajo de los tres peritos, Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, y denuncia las presiones a las que fueron sometidos.
El líder de la CEP explica con detalle por qué los peritos tuvieron que volver a firmar su informe en julio si lo habían realizado en marzo: «En el mes de julio de 2006, las autoridades piden revisar todos los informes de la Policía Científica relacionados con el 11-M. Es entonces cuando los peritos se dan cuenta de que el informe original no había sido trasladado al juez. En el propio auto de Garzón se reconoce la existencia del documento original. En ese momento, los peritos entienden que su documento tiene que ver la luz y, por este motivo, imprimen el informe idéntico al que elaboraron y lo rubrican. Pero ese documento no sufre modificación alguna, como también lo reconoce el juez Garzón en el auto».
Según informa el líder sindical, las presiones que recibieron los tres expertos están recogidas en los libros de apuntes de Manuel Escribano, un profesional «tremendamente concienzudo y meticuloso». «En sus libros de analítica y de observaciones, Escribano data en el día 22 la primera vez que se le ordena que modifique el informe, a lo que él no accede porque es su criterio profesional. El día 24, vuelve a recibir presiones y se le vuelve a requerir que modifique el informe. Paradójicamente, el informe definitivo que se traslada a la autoridad judicial, firmado por Ramírez, es de fecha 22. Es decir, que, por lo menos en una ocasión posterior a la fecha del documento que se traslada al juez volvió a recibir presiones».
López elogia la labor de Escribano, ya que «es uno de los tres facultativos policiales de mayor prestigio que existen en España». Además, asegura que ninguno de los tres expertos tiene una tacha en su trayectoria profesional.
Los peritos de la Policía Científica, además de ser funcionarios, suelen ser licenciados universitarios en Químicas, Biología o alguna carrera de Ciencias, y gozan de una enorme reputación profesional. De hecho, según la CEP, una sentencia del Tribunal Supremo dictamina que los informes de la Unidad Central de Policía Científica son pruebas preconstituidas válidas a la hora de celebrar un juicio y no sólo indicios, como puede ser el relato de un testigo.
El dirigente del sindicato policial también censuró ayer que se critiquen las observaciones que los peritos añadieron al informe, cuando en otras ocasiones esas mismas valoraciones habían sido alabadas por sus superiores: «Estaremos de acuerdo o no con el contenido de las observaciones, pero éstas fueron realizadas en informes anteriores y fueron admitidas. Las observaciones de Escribano en otros informes fueron alabadas y ensalzadas por sus superiores. Casualmente, estas observaciones subjetivas y de carácter personal, en el caso de Escribano, en más de una ocasión han podido llegar a salvar vidas».
López muestra, además, su perplejidad por que Francisco Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, que fue quien firmó el dictamen enviado al juez del 11-M como si él hubiera efectuado las pruebas analíticas, sea el que mantenga su condición de testigo.
«Aquí hay un cúmulo de irregularidades. Es evidente, y así lo asume todo el mundo, incluso el propio juez, que Ramírez asume y firma en primera persona un informe pericial que no ha realizado, lo que es una irregularidad bastante notable. Además, tramita un documento que no tiene virtualidad ninguna porque sólo tiene la firma de un perito, y modifica sustancialmente el contenido del informe original», destaca el dirigente de la CEP. En su opinión, «Ramírez debería dar otro tipo de explicaciones más lógicas porque las explicaciones que se nos están dando no aclaran nada, sino todo lo contrario».
López opina que la consideración de Garzón de que el informe de los tres peritos era un «documento interno no oficial» es un malabarismo que se ha inventado, ya que, bajo su parecer, ese tipo de informes no existen: «Si un funcionario público hace un documento y lo rubrica, ese documento adquiere virtualidad de forma inmediata. Si Escribano entregó a sus jefes el informe pericial rubricado y definitivo, eso es inamovible».
El líder de la CEP destaca que están recibiendo presiones para que el sindicato policial mantenga el silencio en éste y otros asuntos: «Es público y notorio que determinados sectores policiales muy cercanos al PSOE, el SUP concretamente, día sí y día también nos están atacando de manera feroz, incluso llegando a cuestiones privadas y a la vida íntima de las personas. Pero a nosotros no nos van a amedrentar».
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