EL ESCRITO A ALONSO DESMONTA LAS HIPOTESIS DE GARZON E INTERIOR
04-10-06
Editorial
EL ESCRITO A ALONSO DESMONTA LAS HIPOTESIS DE GARZON E INTERIOR
Editorial
EL ESCRITO A ALONSO DESMONTA LAS HIPOTESIS DE GARZON E INTERIOR
Toda la argumentación del Ministerio del Interior y del juez Garzón para incriminar a los peritos se sustenta sobre una hipótesis: que el informe presentado el 21 de marzo de 2005 a sus superiores era un simple borrador y que fue en julio de 2006 cuando trataron de darle apariencia de documento oficial. EL MUNDO revela hoy que cuatro instancias del Ministerio del Interior y el entonces ministro José Antonio Alonso tuvieron conocimiento de la realización de dicho informe y ninguno de ellos cuestionó su autoría.
Estos son los hechos: el perito Manuel Escribano, imputado por Garzón por un delito de falsedad, se dirigió al ministro para solicitarle una condecoración en octubre de 2005. En esa petición, Escribano hacía una relación de sus méritos profesionales y citaba expresamente el informe «48-Q3-05», que, según sus palabras, relacionaba la masacre del 11-M «con otros hechos terroristas».
(.../...)
La demanda de Escribano pasó por la división de personal, por la propia Comisaría General de la Policía Científica, por la Dirección General de la Policía y por la Junta de Gobierno del Ministerio de Interior. Finalmente, el ministro del Interior decidió en diciembre de 2005 no conceder esa condecoración y lo hizo en un escrito firmado por su puño y letra.
En la petición desestimada, Escribano fecha su informe, junto a la citada referencia, el 21 de marzo de 2005. La pregunta es obvia: si, como sostiene Interior, ese informe era un mero borrador sin ningún valor legal, ¿cómo es posible que todas esas instancias del Ministerio, su jefe Santano y el propio ministro no le comunicaran nada o incluso le abrieran expediente por atribuirse lo que no era suyo, sino que dieran por buena su afirmación?
La respuesta es muy sencilla: porque los mandos de Interior no querían levantar la liebre de que el informe de Escribano y los otros dos peritos había sido sustituido por otro que omitía los vínculos con ETA.
La prueba de que Escribano estaba convencido de que el suyo era un informe oficial con todas las de la ley es este escrito en el que hace una alusión expresa a su contenido. Si Escribano hubiera sabido que su informe había sido cambiado por otro, no habría corrido el riesgo de mencionarlo como un mérito. Estamos hablando de octubre de 2005, cuando nadie podía prever lo que ha sucedido ahora. El silencio que mantuvo entonces Santano, que sin duda tuvo que examinar el expediente, supone una admisión de la autenticidad del informe y le pone en evidencia. El episodio puede además poner en un serio aprieto al ministro.
Esta palpable demostración de que Escribano no falsificó nada contrasta con «el trato vejatorio y humillante» que recibieron los peritos de Garzón, al que también denunciaron ayer ante el CGPJ por «su actitud airada y soberbia» durante el interrogatorio.
Con ser importantes las formas, lo sustancial es que Escribano e Isabel López denuncian que el juez siguió tomándoles declaración como testigos cuando ya había aparecido el documento en el que Garzón basa la imputación. Esto es una flagrante violación de sus derechos y pone en evidencia que el juez no actuó de buena fe.
Ayer, el CGPJ se negó a respaldarle al considerar que nada de lo dicho o escrito en este periódico justifica el amparo o pone en peligro la independencia judicial. Y además, el CGPJ evitó ese apoyo al considerar que hay dos denuncias contra Garzón que deben ser investigadas.
El globo inflado por este juez está siendo pinchado por los hechos, que demuestran que los peritos son las víctimas de un montaje del Ministerio del Interior para tapar sus vergüenzas.
Estos son los hechos: el perito Manuel Escribano, imputado por Garzón por un delito de falsedad, se dirigió al ministro para solicitarle una condecoración en octubre de 2005. En esa petición, Escribano hacía una relación de sus méritos profesionales y citaba expresamente el informe «48-Q3-05», que, según sus palabras, relacionaba la masacre del 11-M «con otros hechos terroristas».
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La demanda de Escribano pasó por la división de personal, por la propia Comisaría General de la Policía Científica, por la Dirección General de la Policía y por la Junta de Gobierno del Ministerio de Interior. Finalmente, el ministro del Interior decidió en diciembre de 2005 no conceder esa condecoración y lo hizo en un escrito firmado por su puño y letra.
En la petición desestimada, Escribano fecha su informe, junto a la citada referencia, el 21 de marzo de 2005. La pregunta es obvia: si, como sostiene Interior, ese informe era un mero borrador sin ningún valor legal, ¿cómo es posible que todas esas instancias del Ministerio, su jefe Santano y el propio ministro no le comunicaran nada o incluso le abrieran expediente por atribuirse lo que no era suyo, sino que dieran por buena su afirmación?
La respuesta es muy sencilla: porque los mandos de Interior no querían levantar la liebre de que el informe de Escribano y los otros dos peritos había sido sustituido por otro que omitía los vínculos con ETA.
La prueba de que Escribano estaba convencido de que el suyo era un informe oficial con todas las de la ley es este escrito en el que hace una alusión expresa a su contenido. Si Escribano hubiera sabido que su informe había sido cambiado por otro, no habría corrido el riesgo de mencionarlo como un mérito. Estamos hablando de octubre de 2005, cuando nadie podía prever lo que ha sucedido ahora. El silencio que mantuvo entonces Santano, que sin duda tuvo que examinar el expediente, supone una admisión de la autenticidad del informe y le pone en evidencia. El episodio puede además poner en un serio aprieto al ministro.
Esta palpable demostración de que Escribano no falsificó nada contrasta con «el trato vejatorio y humillante» que recibieron los peritos de Garzón, al que también denunciaron ayer ante el CGPJ por «su actitud airada y soberbia» durante el interrogatorio.
Con ser importantes las formas, lo sustancial es que Escribano e Isabel López denuncian que el juez siguió tomándoles declaración como testigos cuando ya había aparecido el documento en el que Garzón basa la imputación. Esto es una flagrante violación de sus derechos y pone en evidencia que el juez no actuó de buena fe.
Ayer, el CGPJ se negó a respaldarle al considerar que nada de lo dicho o escrito en este periódico justifica el amparo o pone en peligro la independencia judicial. Y además, el CGPJ evitó ese apoyo al considerar que hay dos denuncias contra Garzón que deben ser investigadas.
El globo inflado por este juez está siendo pinchado por los hechos, que demuestran que los peritos son las víctimas de un montaje del Ministerio del Interior para tapar sus vergüenzas.
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