Los peritos dicen a la juez que se respetaron sus informes hasta que citaron a ETA
07-10-06
11-M LA INVESTIGACION / La magistrada mantuvo a Escribano y López como testigos, rechazando una petición de la fiscal para considerarles imputados / La defensa solicitará la nulidad de todas las diligencias de Garzón
Los peritos dicen a la juez que se respetaron sus informes hasta que citaron a ETA
MARIA PERAL
11-M LA INVESTIGACION / La magistrada mantuvo a Escribano y López como testigos, rechazando una petición de la fiscal para considerarles imputados / La defensa solicitará la nulidad de todas las diligencias de Garzón
Los peritos dicen a la juez que se respetaron sus informes hasta que citaron a ETA
MARIA PERAL
MADRID.- Los peritos de la Policía Científica Manuel Escribano e Isabel López declararon ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid que normalmente sus informes no eran revisados por sus superiores, quienes se limitaban a enviarlos a la autoridad correspondiente.
Los expertos indicaron que no fue así con su informe 48-Q3-05, relativo al ácido bórico hallado en la casa de un procesado por el 11-M, dictamen en el que mencionaron que la misma sustancia, que sirve para estabilizar explosivos y enmascararlos, fue hallada en un piso franco de ETA.
Desvinculándose de la actuación de Garzón, la magistrada Gemma Gallego rechazó la petición de la Fiscalía de que los peritos declarasen en calidad de imputados y no como testigos.
(.../...)
La juez Gallego escuchó ayer los testimonios de Manuel Escribano e Isabel López sobre cómo entregaron a su jefe, Francisco Ramírez, un informe para el sumario del 11-M en el que aludían a ETA y cómo descubrieron un año y cuatro meses después que a manos del instructor Del Olmo no había llegado su dictamen original, sino otro manipulado.
Escribano y López fueron, junto a un tercer miembro de la Policía Científica, Pedro Manrique, los autores de una pericia solicitada por el juez del 11-M tras el hallazgo de 1.300 gramos de ácido bórico en el domicilio de Hasan Haski, a quien la Fiscalía considera instigador de los atentados islamistas de Madrid.
Su informe, de 21 de marzo de 2005, indicaba que el ácido bórico también fue hallado en un piso franco de ETA desmantelado en Salamanca en 2001 y en la casa de un joven antisistema detenido en 1999.
Los peritos mencionaban a continuación la «posibilidad» de que «los autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación y/o sean los mismos autores».
El inspector jefe Escribano, que declaró durante una hora y media en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid (al que correspondió por reparto una querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M), relató que el 21 de marzo de 2005 metió el informe 48-Q3-05 en un sobre junto a una nota informativa y lo dejó en el despacho del jefe de sección Ramírez.
«A los dos o tres días», Ramírez le pidió que modificara el informe y que suprimiera la referencia a ETA por ser una pura elucubración. Escribano se negó a cambiar el dictamen y a partir de ese momento se despreocupó del asunto.
La afirmación de que Ramírez le habría pedido que modificara el dictamen «dos o tres días» después del 21 de marzo de 2005 es llamativa porque el documento oficial enviado a Del Olmo lleva fecha de 22 de marzo de 2005. Está firmado por el propio Francisco Ramírez, cuyo número de carné profesional figura igualmente en el escrito como si hubiera sido él quien realizó las pruebas analíticas que, en realidad, llevaron a cabo sus subordinados. La referencia a ETA fue suprimida.
El testigo indicó también que el pasado 11 de julio el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas, le encargó recopilar todos los informes sobre explosivos realizados para el sumario del 11-M. Escribano fue a los sobres donde se conservan y se dio cuenta de que el dictamen 48-Q3-05 no era el que él elaboró con sus compañeros, sino otro, el firmado en exclusiva por Ramírez, que mantenía el mismo número de referencia.
El inspector jefe puso esta circunstancia en conocimiento de Andradas, a quien entregó una copia del informe original conservado en su ordenador y que los tres peritos volvieron a firmar ese día de julio.
Escribano explicó que su intención fue recopilar «todos» los informes sobre el 11-M, como se le había encargado, y que constara que el auténtico informe 48-Q3-05 fue el elaborado por él y sus dos compañeros. Precisó que Andradas le firmó un «recibí» de la documentación.
Preguntado si era habitual que sus superiores revisaran y corrigieran sus dictámenes, Escribano respondió que no. Manifestó que normalmente los informes que entregan los peritos a sus superiores son enviados tal cual a la autoridad correspondiente, lo que no se hizo precisamente con la pericia 48-Q3-05.
Con posterioridad a Escribano testificó Isabel López, que entró a declarar 30 minutos antes de la hora señalada ya que la comparecencia del primero se desarrolló con agilidad. Por contraste, Garzón hizo esperar al inspector jefe más de siete horas antes de recibirle declaración, ya en la madrugada, mientras que a López la recibió a las 19.15 horas, cuando la había citado a las 17.00.
La perito señaló que a ella no le solicitaron directamente que cambiara el dictamen del 21 de marzo de 2001, sino que Escribano le informó de su conversación con Ramírez. Añadió que, a la vista de que la copia del informe original no estaba en el sobre donde debía conservarse, le pareció lógico firmar otra copia del mismo dictamen íntegro para dárselo a Andradas.
López pidió a la juez protección para abandonar la sede judicial dada la presencia de numerosas cámaras e informadores a las puertas del Juzgado. La perito salió escoltada por vigilantes de seguridad y tapándose la cabeza con su chaqueta.
Con anterioridad a cada una de las dos declaraciones, la fiscal adscrita al Juzgado número 35 solicitó a la juez que suspendiera las comparecencias para poder instruirse del testimonio de actuaciones remitido por Garzón. Gallego no accedió dado que el testimonio, que ella ha venido solicitando a su compañero de la Audiencia Nacional durante más de una semana, no llegó hasta ayer al Juzgado y ni siquiera le habían dado cuenta aún de su recepción.
La magistrada tampoco aceptó la petición de la fiscal de cambiar la condición procesal de Escribano y López, pasando de testigos a imputados. El Ministerio Público fundamentó su solicitud indicando que ambos agentes han sido acusados por Garzón de una presunta falsedad documental por el hecho de haber vuelto a firmar su informe en julio de 2006. Gallego respondió que esa imputación no consta oficialmente en el procedimiento que ella tramita, por lo que no procedía modificar la situación de unos agentes contra los que no se dirige la querella de la Asociación del 11-M.
Fuentes de la defensa de los peritos anunciaron que pedirán la nulidad de las diligencias practicadas por Garzón, al haber investigado un delito que no es de su competencia.
Los expertos indicaron que no fue así con su informe 48-Q3-05, relativo al ácido bórico hallado en la casa de un procesado por el 11-M, dictamen en el que mencionaron que la misma sustancia, que sirve para estabilizar explosivos y enmascararlos, fue hallada en un piso franco de ETA.
Desvinculándose de la actuación de Garzón, la magistrada Gemma Gallego rechazó la petición de la Fiscalía de que los peritos declarasen en calidad de imputados y no como testigos.
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La juez Gallego escuchó ayer los testimonios de Manuel Escribano e Isabel López sobre cómo entregaron a su jefe, Francisco Ramírez, un informe para el sumario del 11-M en el que aludían a ETA y cómo descubrieron un año y cuatro meses después que a manos del instructor Del Olmo no había llegado su dictamen original, sino otro manipulado.
Escribano y López fueron, junto a un tercer miembro de la Policía Científica, Pedro Manrique, los autores de una pericia solicitada por el juez del 11-M tras el hallazgo de 1.300 gramos de ácido bórico en el domicilio de Hasan Haski, a quien la Fiscalía considera instigador de los atentados islamistas de Madrid.
Su informe, de 21 de marzo de 2005, indicaba que el ácido bórico también fue hallado en un piso franco de ETA desmantelado en Salamanca en 2001 y en la casa de un joven antisistema detenido en 1999.
Los peritos mencionaban a continuación la «posibilidad» de que «los autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación y/o sean los mismos autores».
El inspector jefe Escribano, que declaró durante una hora y media en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid (al que correspondió por reparto una querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M), relató que el 21 de marzo de 2005 metió el informe 48-Q3-05 en un sobre junto a una nota informativa y lo dejó en el despacho del jefe de sección Ramírez.
«A los dos o tres días», Ramírez le pidió que modificara el informe y que suprimiera la referencia a ETA por ser una pura elucubración. Escribano se negó a cambiar el dictamen y a partir de ese momento se despreocupó del asunto.
La afirmación de que Ramírez le habría pedido que modificara el dictamen «dos o tres días» después del 21 de marzo de 2005 es llamativa porque el documento oficial enviado a Del Olmo lleva fecha de 22 de marzo de 2005. Está firmado por el propio Francisco Ramírez, cuyo número de carné profesional figura igualmente en el escrito como si hubiera sido él quien realizó las pruebas analíticas que, en realidad, llevaron a cabo sus subordinados. La referencia a ETA fue suprimida.
El testigo indicó también que el pasado 11 de julio el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas, le encargó recopilar todos los informes sobre explosivos realizados para el sumario del 11-M. Escribano fue a los sobres donde se conservan y se dio cuenta de que el dictamen 48-Q3-05 no era el que él elaboró con sus compañeros, sino otro, el firmado en exclusiva por Ramírez, que mantenía el mismo número de referencia.
El inspector jefe puso esta circunstancia en conocimiento de Andradas, a quien entregó una copia del informe original conservado en su ordenador y que los tres peritos volvieron a firmar ese día de julio.
Escribano explicó que su intención fue recopilar «todos» los informes sobre el 11-M, como se le había encargado, y que constara que el auténtico informe 48-Q3-05 fue el elaborado por él y sus dos compañeros. Precisó que Andradas le firmó un «recibí» de la documentación.
Preguntado si era habitual que sus superiores revisaran y corrigieran sus dictámenes, Escribano respondió que no. Manifestó que normalmente los informes que entregan los peritos a sus superiores son enviados tal cual a la autoridad correspondiente, lo que no se hizo precisamente con la pericia 48-Q3-05.
Con posterioridad a Escribano testificó Isabel López, que entró a declarar 30 minutos antes de la hora señalada ya que la comparecencia del primero se desarrolló con agilidad. Por contraste, Garzón hizo esperar al inspector jefe más de siete horas antes de recibirle declaración, ya en la madrugada, mientras que a López la recibió a las 19.15 horas, cuando la había citado a las 17.00.
La perito señaló que a ella no le solicitaron directamente que cambiara el dictamen del 21 de marzo de 2001, sino que Escribano le informó de su conversación con Ramírez. Añadió que, a la vista de que la copia del informe original no estaba en el sobre donde debía conservarse, le pareció lógico firmar otra copia del mismo dictamen íntegro para dárselo a Andradas.
López pidió a la juez protección para abandonar la sede judicial dada la presencia de numerosas cámaras e informadores a las puertas del Juzgado. La perito salió escoltada por vigilantes de seguridad y tapándose la cabeza con su chaqueta.
Con anterioridad a cada una de las dos declaraciones, la fiscal adscrita al Juzgado número 35 solicitó a la juez que suspendiera las comparecencias para poder instruirse del testimonio de actuaciones remitido por Garzón. Gallego no accedió dado que el testimonio, que ella ha venido solicitando a su compañero de la Audiencia Nacional durante más de una semana, no llegó hasta ayer al Juzgado y ni siquiera le habían dado cuenta aún de su recepción.
La magistrada tampoco aceptó la petición de la fiscal de cambiar la condición procesal de Escribano y López, pasando de testigos a imputados. El Ministerio Público fundamentó su solicitud indicando que ambos agentes han sido acusados por Garzón de una presunta falsedad documental por el hecho de haber vuelto a firmar su informe en julio de 2006. Gallego respondió que esa imputación no consta oficialmente en el procedimiento que ella tramita, por lo que no procedía modificar la situación de unos agentes contra los que no se dirige la querella de la Asociación del 11-M.
Fuentes de la defensa de los peritos anunciaron que pedirán la nulidad de las diligencias practicadas por Garzón, al haber investigado un delito que no es de su competencia.
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