LA SALA DE LO PENAL ENMIENDA LA PLANA A GARZON
05-10-06
Editorial
LA SALA DE LO PENAL ENMIENDA LA PLANA A GARZON
Editorial
LA SALA DE LO PENAL ENMIENDA LA PLANA A GARZON
Baltasar Garzón anticipó ayer su vuelta de Bogotá a Madrid y, pocas horas después de aterrizar en Barajas, se encontró con la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que insiste en que «no hay el más mínimo indicio» de que su juzgado pueda ser competente para investigar la falsedad documental que imputa a los peritos de la Policía Científica.
Se trata de un criterio genérico que corrobora el auto de la misma Sala, dictado el pasado 27 de septiembre, en el que señalaba que los delitos de falsedad documental son competencia de los juzgados de instrucción.
La Sala precisa ahora que Garzón sólo podría ser competente en caso de que la falsedad de documento se hubiera cometido para perpetrar un delito terrorista, lo que no es el caso.
A pesar de ello, Garzón llamó a declarar a los peritos la pasada semana y les imputó tras un largo interrogatorio. La Sala de la Audiencia, que es la instancia superior a Garzón, le desautorizó ayer implícitamente al desestimar el recurso del fiscal y establecer el criterio de que carece de competencia.
Ello pone a Garzón en la difícil tesitura de rectificar ante el fallo de un tribunal superior o de cruzar la raya de la prevaricación, fingiendo que el asunto no va con él. Lo lógico es que el juez se inhibiera hoy mismo en favor del juzgado de instrucción ante el que se ha presentado una querella, como recomiendan los tres magistrados de la Sala de lo Penal.
Ello sería lo normal y lo coherente y permitiría al juzgado de instrucción empezar la investigación desde cero, dado que las actuaciones de Garzón serían probablemente declaradas nulas al carecer de competencias. Pero Garzón ya ha demostrado que no siempre actúa conforme a las normas procesales y al principio de legalidad.
El fallo de la Sala deja en muy mal lugar al fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, que ha defendido -contra el espíritu y la letra de la ley- que Garzón sí era competente. De hecho, Zaragoza intentó predefinir la competencia del juez al solicitarle el día 23 de septiembre que se hiciera cargo del asunto. El fallo de ayer le contradice sin ningún matiz y desmonta su falacia de que Garzón estaba investigando el caso para determinar si procesaba a Hasan Haski por tenencia de explosivos. Falsos o verdaderos, los dos informes policiales coinciden en que Haski tenía ácido bórico en su casa, por lo que el juez no necesita practicar diligencia alguna sobre un hecho que ha quedado acreditado.
Pero el sometimiento a la ley ha brillado por su ausencia en la actuación de Garzón, que ayer pidió amparo al CGPJ, alegando que este periódico y otros medios le han «atacado de forma sistemática» y amenazan su «independencia». En cuanto a lo segundo, es evidente que no se puede poner en peligro su independencia en un caso en el que carece de competencias. Y en cuanto a lo primero, el CGPJ ya denegó ese amparo solicitado hace unos días por los vocales afines al PSOE, argumentando que hay que esperar a la investigación de las denuncias presentadas contra Garzón, que pretende con su petición silenciar a los medios que cuestionamos con argumentos jurídicos su forma de proceder en este caso.
Se trata de un criterio genérico que corrobora el auto de la misma Sala, dictado el pasado 27 de septiembre, en el que señalaba que los delitos de falsedad documental son competencia de los juzgados de instrucción.
La Sala precisa ahora que Garzón sólo podría ser competente en caso de que la falsedad de documento se hubiera cometido para perpetrar un delito terrorista, lo que no es el caso.
A pesar de ello, Garzón llamó a declarar a los peritos la pasada semana y les imputó tras un largo interrogatorio. La Sala de la Audiencia, que es la instancia superior a Garzón, le desautorizó ayer implícitamente al desestimar el recurso del fiscal y establecer el criterio de que carece de competencia.
Ello pone a Garzón en la difícil tesitura de rectificar ante el fallo de un tribunal superior o de cruzar la raya de la prevaricación, fingiendo que el asunto no va con él. Lo lógico es que el juez se inhibiera hoy mismo en favor del juzgado de instrucción ante el que se ha presentado una querella, como recomiendan los tres magistrados de la Sala de lo Penal.
Ello sería lo normal y lo coherente y permitiría al juzgado de instrucción empezar la investigación desde cero, dado que las actuaciones de Garzón serían probablemente declaradas nulas al carecer de competencias. Pero Garzón ya ha demostrado que no siempre actúa conforme a las normas procesales y al principio de legalidad.
El fallo de la Sala deja en muy mal lugar al fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, que ha defendido -contra el espíritu y la letra de la ley- que Garzón sí era competente. De hecho, Zaragoza intentó predefinir la competencia del juez al solicitarle el día 23 de septiembre que se hiciera cargo del asunto. El fallo de ayer le contradice sin ningún matiz y desmonta su falacia de que Garzón estaba investigando el caso para determinar si procesaba a Hasan Haski por tenencia de explosivos. Falsos o verdaderos, los dos informes policiales coinciden en que Haski tenía ácido bórico en su casa, por lo que el juez no necesita practicar diligencia alguna sobre un hecho que ha quedado acreditado.
Pero el sometimiento a la ley ha brillado por su ausencia en la actuación de Garzón, que ayer pidió amparo al CGPJ, alegando que este periódico y otros medios le han «atacado de forma sistemática» y amenazan su «independencia». En cuanto a lo segundo, es evidente que no se puede poner en peligro su independencia en un caso en el que carece de competencias. Y en cuanto a lo primero, el CGPJ ya denegó ese amparo solicitado hace unos días por los vocales afines al PSOE, argumentando que hay que esperar a la investigación de las denuncias presentadas contra Garzón, que pretende con su petición silenciar a los medios que cuestionamos con argumentos jurídicos su forma de proceder en este caso.
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