EL LINCHAMIENTO DE TRES INOCENTES VICTIMAS DE GARZON
01-10-06
Editorial
EL LINCHAMIENTO DE TRES INOCENTES VICTIMAS DE GARZON
Editorial
EL LINCHAMIENTO DE TRES INOCENTES VICTIMAS DE GARZON
La imputación de los peritos que firmaron el documento que vinculaba a ETA y a un implicado en el 11-M, posteriormente falsificado por sus superiores, dio pie ayer a un vergonzoso linchamiento mediático de tres profesionales con una acreditada hoja de servicios en la Policía. Los diarios que vienen haciendo el caldo gordo a las tesis del Gobierno sobre el 11-M descalificaron con saña a estos policías llamándoles «falsarios» y «tramposos».
Los insultos tomaban como base el relato de los hechos del auto, en el que el juez les incrimina con el material obtenido de sus declaraciones como testigos. Incluso uno de los diarios gubernamentales reconocía que la actuación de Garzón al citar a los peritos imputados, a pesar de que la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar los hechos, puede ser anulada por una instancia superior. Pero es que, además, el auto está basado en una trampa tendida por el juez a los tres peritos, que entraron a declarar como testigos y salieron como imputados. Es obvio que el juez vulneró sus garantías procesales, en una conducta rayana en la prevaricación.
Los linchadores de estos tres policías justificaron el delito de falsedad en que imprimieron y firmaron de nuevo el documento el 11 de julio de 2006, más de un año después de haberlo realizado. Sin necesidad de ser un experto, utilizando únicamente el sentido común, los peritos sólo podrían haber falsificado el documento si hubieran alterado su contenido en algún punto, cosa que no sucedió. Se limitaron a sacar del ordenador una copia del informe que ellos mismos habían elaborado. Expertos juristas aclaran hoy en este periódico que no puede haber un delito de falsedad porque los peritos «no redactan de nuevo el informe, ni le ponen una fecha para aparentar otra fecha distinta a la que contiene el propio documento». Se ha acusado asimismo a los peritos de haber sorprendido la buena fe de su superior directo, José Andradas, al entregarle el documento sin advertirle que lo habían rescatado del ordenador. Pero si Andradas firmó el recibí es porque sabía que el informe era de estos tres policías.
La maniobra de Garzón esconde la caza de brujas desatada en el Ministerio del Interior. Según denuncia hoy en EL MUNDO el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López, «a quien discrepa profesionalmente con la investigación del 11-M le cae una campaña de desprestigio». Con razón exigió ayer Rajoy a Rubalcaba que aclare en el Congreso lo que está pasando en el Ministerio, que recuerda mucho a los escándalos de la última etapa del felipismo. La maniobra de Garzón tuvo ayer su repercusión política. El portavoz socialista, Diego López Garrido, dijo que tiene la convicción de que se descubrirá «quiénes instigaron» a los tres peritos «a falsificar el documento». El portavoz popular, Eduardo Zaplana, le replicó de forma inteligente, tomándole la palabra. «Espero que una vez que tengamos resolución judicial sobre los verdaderos falsificadores investiguemos en vía parlamentaria la existencia de los instigadores de esa falsificación».
Los insultos tomaban como base el relato de los hechos del auto, en el que el juez les incrimina con el material obtenido de sus declaraciones como testigos. Incluso uno de los diarios gubernamentales reconocía que la actuación de Garzón al citar a los peritos imputados, a pesar de que la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar los hechos, puede ser anulada por una instancia superior. Pero es que, además, el auto está basado en una trampa tendida por el juez a los tres peritos, que entraron a declarar como testigos y salieron como imputados. Es obvio que el juez vulneró sus garantías procesales, en una conducta rayana en la prevaricación.
Los linchadores de estos tres policías justificaron el delito de falsedad en que imprimieron y firmaron de nuevo el documento el 11 de julio de 2006, más de un año después de haberlo realizado. Sin necesidad de ser un experto, utilizando únicamente el sentido común, los peritos sólo podrían haber falsificado el documento si hubieran alterado su contenido en algún punto, cosa que no sucedió. Se limitaron a sacar del ordenador una copia del informe que ellos mismos habían elaborado. Expertos juristas aclaran hoy en este periódico que no puede haber un delito de falsedad porque los peritos «no redactan de nuevo el informe, ni le ponen una fecha para aparentar otra fecha distinta a la que contiene el propio documento». Se ha acusado asimismo a los peritos de haber sorprendido la buena fe de su superior directo, José Andradas, al entregarle el documento sin advertirle que lo habían rescatado del ordenador. Pero si Andradas firmó el recibí es porque sabía que el informe era de estos tres policías.
La maniobra de Garzón esconde la caza de brujas desatada en el Ministerio del Interior. Según denuncia hoy en EL MUNDO el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López, «a quien discrepa profesionalmente con la investigación del 11-M le cae una campaña de desprestigio». Con razón exigió ayer Rajoy a Rubalcaba que aclare en el Congreso lo que está pasando en el Ministerio, que recuerda mucho a los escándalos de la última etapa del felipismo. La maniobra de Garzón tuvo ayer su repercusión política. El portavoz socialista, Diego López Garrido, dijo que tiene la convicción de que se descubrirá «quiénes instigaron» a los tres peritos «a falsificar el documento». El portavoz popular, Eduardo Zaplana, le replicó de forma inteligente, tomándole la palabra. «Espero que una vez que tengamos resolución judicial sobre los verdaderos falsificadores investiguemos en vía parlamentaria la existencia de los instigadores de esa falsificación».
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