La juez reabre la instrucción sobre el informe ETA/11-M
5-12-06
La juez reabre la instrucción sobre el informe ETA/11-M
MARIA PERAL
La juez reabre la instrucción sobre el informe ETA/11-M
MARIA PERAL
MADRID.- La juez Gemma Gallego, que investiga la presunta falsificación de un informe pericial sobre el 11-M, ha estimado un recurso de los mandos policiales imputados y ha reabierto la instrucción para garantizar de forma «escrupulosa» el derecho de defensa.
La resolución rectifica un anterior auto de la magistrada por el que dio por concluida la investigación e inició la preparación del juicio oral contra el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, y sus subordinados Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez por presuntos delitos de falsedad documental y/o falso testimonio. Según la juez, existen indicios de que intervinieron en la alteración de un informe pericial sobre el ácido bórico encontrado a un procesado por el 11-M, Hassan Haski, con el fin de que no llegara al sumario el dato de que esa misma sustancia fue hallada en un piso franco de ETA.
(.../...)
Gallego ha estimado un recurso del abogado defensor, José Antonio Choclán, que alegó que entre la finalización de la instrucción y la imputación judicial de los mandos policiales no habían transcurrido los 10 días establecidos en la ley procesal penal, lo que les había privado de la posibilidad de proponer pruebas. El fiscal apoyó esta alegación.
Defecto formal
La juez no comparte ese criterio, pero subraya que «este Juzgado es escrupuloso, en el cumplimiento de la tutela con la que siempre ampara, con cualesquiera alegaciones atinentes a cualquier restricción del derecho de defensa».
Por ello, «en evitación de un simple defecto formal» (que la juez no comparte, pero que en todo caso sería subsanable), da un plazo de siete días a las partes personadas para que propongan pruebas.
La instructora explica que levantó el secreto de sus actuaciones el 26 de octubre y que la imputación judicial de los mandos policiales no se acordó hasta el 10 de noviembre, «sin que ninguna de las demás partes [a excepción del fiscal] interesara la práctica de pruebas».
La única documentación que estuvo secreta hasta el 7 de noviembre fue una pieza de un sumario del juez Garzón sobre Haski «cuyo contenido nula trascendencia tuvo en estos autos», por lo que no pudo generar indefensión a los imputados.
La resolución rectifica un anterior auto de la magistrada por el que dio por concluida la investigación e inició la preparación del juicio oral contra el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, y sus subordinados Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez por presuntos delitos de falsedad documental y/o falso testimonio. Según la juez, existen indicios de que intervinieron en la alteración de un informe pericial sobre el ácido bórico encontrado a un procesado por el 11-M, Hassan Haski, con el fin de que no llegara al sumario el dato de que esa misma sustancia fue hallada en un piso franco de ETA.
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Gallego ha estimado un recurso del abogado defensor, José Antonio Choclán, que alegó que entre la finalización de la instrucción y la imputación judicial de los mandos policiales no habían transcurrido los 10 días establecidos en la ley procesal penal, lo que les había privado de la posibilidad de proponer pruebas. El fiscal apoyó esta alegación.
Defecto formal
La juez no comparte ese criterio, pero subraya que «este Juzgado es escrupuloso, en el cumplimiento de la tutela con la que siempre ampara, con cualesquiera alegaciones atinentes a cualquier restricción del derecho de defensa».
Por ello, «en evitación de un simple defecto formal» (que la juez no comparte, pero que en todo caso sería subsanable), da un plazo de siete días a las partes personadas para que propongan pruebas.
La instructora explica que levantó el secreto de sus actuaciones el 26 de octubre y que la imputación judicial de los mandos policiales no se acordó hasta el 10 de noviembre, «sin que ninguna de las demás partes [a excepción del fiscal] interesara la práctica de pruebas».
La única documentación que estuvo secreta hasta el 7 de noviembre fue una pieza de un sumario del juez Garzón sobre Haski «cuyo contenido nula trascendencia tuvo en estos autos», por lo que no pudo generar indefensión a los imputados.
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