El Gobierno se planteó paralizar el 'proceso' unilateralmente como advertencia a ETA

4-12-06



ALTO EL FUEGO / El pulso

El Gobierno se planteó paralizar el 'proceso' unilateralmente como advertencia a ETA


Ha hecho saber a Batasuna que no se puede llegar a las elecciones con esta sensación de incertidumbre La Policía ha pedido a sus hombres que estén preparados y actúen como si la tregua se fuera a romper

ANGELES ESCRIVA

MADRID.- El Gobierno se ha planteado como posibilidad la paralización -no la ruptura- del proceso de paz, de manera unilateral, como una advertencia y un acicate para que ETA renueve sus supuestas intenciones de abandonar la actividad terrorista.

Algunos de los hechos que se han venido produciendo en los meses del alto el fuego, incompatibles con una renuncia a la violencia, y el bloqueo de la mesa política por un teórico incremento de las exigencias de la izquierda abertzale, son las razones por las que el Ejecutivo puso encima de la mesa tal opción entre varias. Esta posibilidad no es compartida por todos los actores conocedores del proceso.
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El Gobierno eligió como punto de inflexión el robo de armas en Francia por parte de la banda. Cuando Zapatero aseguró que este hecho tendría consecuencias, no precisó cuáles porque concretarlas podía cerrar puertas. Después afirmó que se refería a que los autores del robo serían perseguidos judicialmente, pero fue el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba quien, sin dar más datos, reabrió el jueves de la pasada semana la posibilidad de repercusiones distintas a las meramente penales.

Lo hizo coincidiendo con un bloqueo de la situación y con las encuestas que indican que la opinión pública está desorientada por la marcha de una iniciativa sobre la que ETA ha ido aumentando la presión, y consciente de la cercanía de los comicios municipales y autonómicos.

De modo que, según las fuentes consultadas, circunstancias tales como la reivindicación directa del robo de las 350 pistolas justificarían que el Gobierno paralizara expresamente el proceso, anunciándolo previamente y de manera unilateral. Las citadas fuentes descartan la posibilidad de que ETA respondiese con un atentado con víctimas mortales, y consideran que sería un modo de advertir de los límites a la banda, de retomar el control y de hacer que se pronuncie en circunstancias que, a medida que han ido pasando los días, han hecho que los responsables de Interior se vuelvan más pesimistas.

La opción de una advertencia de estas características no fue excesivamente bien vista por un sector del socialismo vasco pero, al mismo tiempo, tampoco lo estaba por el resto de los socialistas la estrategia permisiva con la que el Ejecutivo estaba llevando el proceso. En cualquier caso, fuentes del Gobierno argumentan que es el Ejecutivo el que lidera el proceso y que cualquier decisión en este sentido u en otro será acatada por el partido.

La cuestión es que se ha llegado a un punto en que la persistencia de los actos violentos y la constatación de que la banda se está reorganizando, según el Ejecutivo, impiden que se celebre la reunión oficial entre el Gobierno y ETA. Y el aumento de las exigencias por parte de Batasuna en las reuniones preparatorias de la mesa de partidos -o el hecho de que los radicales hayan insistido en sobreentendidos que el Gobierno no se puede permitir conceder-, han bloqueado el segundo carril por el que tenía que discurrir el proceso.

De modo que, bien por motivos tácticos, bien por motivos reales, las dos partes han hablado de plazos. El Gobierno, aunque nada ha cambiado desde la tregua, ha modificado su estrategia y, para evitar que los radicales sigan afianzando o aumentando sus exigencias, les ha hecho saber a través del PSE que no van a seguir eternamente discutiendo y que no se puede llegar a las próximas elecciones con esta sensación de incertidumbre. Además, ha puesto énfasis en sugerirles que no van a conseguir más de lo hablado hasta el momento en los encuentros secretos y extraparlamentarios con socialistas y dirigentes del PNV. ETA, por su parte, anunció en su último Zutabe que antes de finales de otoño tendrían que haberse dado algunos pasos.

Fuentes conocedoras de la situación insisten en que a finales de diciembre o a lo sumo en enero, se sabrá si el proceso funciona o no, probablemente porque el Ejecutivo se lo pueda preguntar directamente a la banda en una reunión.

Mientras unos y otros se definen, por primera vez desde el alto el fuego los mandos policiales pidieron la semana pasada a sus hombres que estén preparados porque no saben cómo puede acabar todo, que actúen como si la tregua se fuera a romper y que retomen las investigaciones situándose en una posición de alerta.

Entre los expertos antiterroristas hay quienes creen que la banda no volverá a matar porque sabe que no tendrá otra oportunidad como ésta, porque sus dirigentes ingresarían en prisión de inmediato y porque sus propias bases no se lo permitirían.

Con razón o sin ella, estos analistas están en minoría dentro de las Fuerzas de Seguridad del Estado en las que, al igual que en el ámbito político, ahora parecen haber aumentado las posiciones más pesimistas.

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