'GARZONADA' DE DEL OLMO
6-12-06
Editorial
'GARZONADA' DE DEL OLMO
Editorial
'GARZONADA' DE DEL OLMO
Siguiendo en parte la petición del fiscal, el juez Del Olmo decidió enviar anoche a prisión a un agente de la Policía Nacional implicado en el tráfico de explosivos. Pero, en un auto que más parece destinado a restringir la libertad de información de EL MUNDO que a otro propósito, también acordó la cárcel preventiva para otros dos policías a los que acusa de revelación de secretos a este periódico. Uno de ellos había intentado suicidarse horas antes tras cuatro días de detención e interrogatorios.
Estamos ante una operación muy similar a la del juez Garzón cuando intentó presentar a los peritos del ácido bórico como responsables de una falsificación que habían perpetrado sus jefes. Sin llegar a exonerar a los verdaderos culpables, Del Olmo ha actuado de forma parecida al medir con el mismo rasero a los responsables de una red de tráfico de explosivos y a quienes se acusa de haber revelado a EL MUNDO ese comercio ilegal.
(.../...)
La actuación de Del Olmo en este asunto ha sido lamentable. Se ha dejado manipular por la Fiscalía y por Interior, que, para tapar el escándalo, ha intentado sembrar de nuevo la confusión con filtraciones contradictorias y sin ningún sentido.
El propio Ministerio del Interior ha manifestado de forma oficiosa que este asunto carecía de importancia, que no tenía ninguna relación con el 11-M ni con el terrorismo y que incluso se trataba de un caso de simulación de delito. Si es así, resulta difícil de entender el envío a prisión de tres agentes de la Policía Nacional, dos de ellos, por revelación de secretos.
El proceder del juez Del Olmo se puede calificar de nueva garzonada no sólo por el paralelismo del montaje para manipular a la opinión pública e intentar disuadir a los miembros de las Fuerzas de Seguridad de denunciar la corrupción policial. También existe una gran similitud en los aspectos intrínsecamente judiciales.
Al igual que Garzón en el caso del informe de los peritos, Del Olmo carece de competencias, ya que los delitos de tráfico de explosivos -si no es con fines terroristas- deben ser instruidos por un juzgado ordinario. En segundo lugar, los delitos de revelación de secretos no están castigados con penas de cárcel salvo que afecten a «la causa pública», lo cual parece insostenible en este caso. En tercer lugar, no hay conexión entre el tráfico de explosivos y la revelación de un secreto sumarial o policial, que debería ser investigada en otra causa. En cuarto lugar, la prisión preventiva para la revelación de secretos es desproporcionada, excesiva y contraria a la doctrina del Constitucional. Y en quinto lugar, se ha vulnerado la jurisprudencia constitucional en materia de escuchas, ya que éstas habían sido autorizadas por el juez solamente para el tráfico de explosivos y no para la revelación de secretos.
Estamos ante otra chapuza judicial que muy probablemente será desmontada por un tribunal superior, aunque la maniobra ya ha surtido efecto: crear la confusión y manipular a la opinión pública.
Estamos ante una operación muy similar a la del juez Garzón cuando intentó presentar a los peritos del ácido bórico como responsables de una falsificación que habían perpetrado sus jefes. Sin llegar a exonerar a los verdaderos culpables, Del Olmo ha actuado de forma parecida al medir con el mismo rasero a los responsables de una red de tráfico de explosivos y a quienes se acusa de haber revelado a EL MUNDO ese comercio ilegal.
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La actuación de Del Olmo en este asunto ha sido lamentable. Se ha dejado manipular por la Fiscalía y por Interior, que, para tapar el escándalo, ha intentado sembrar de nuevo la confusión con filtraciones contradictorias y sin ningún sentido.
El propio Ministerio del Interior ha manifestado de forma oficiosa que este asunto carecía de importancia, que no tenía ninguna relación con el 11-M ni con el terrorismo y que incluso se trataba de un caso de simulación de delito. Si es así, resulta difícil de entender el envío a prisión de tres agentes de la Policía Nacional, dos de ellos, por revelación de secretos.
El proceder del juez Del Olmo se puede calificar de nueva garzonada no sólo por el paralelismo del montaje para manipular a la opinión pública e intentar disuadir a los miembros de las Fuerzas de Seguridad de denunciar la corrupción policial. También existe una gran similitud en los aspectos intrínsecamente judiciales.
Al igual que Garzón en el caso del informe de los peritos, Del Olmo carece de competencias, ya que los delitos de tráfico de explosivos -si no es con fines terroristas- deben ser instruidos por un juzgado ordinario. En segundo lugar, los delitos de revelación de secretos no están castigados con penas de cárcel salvo que afecten a «la causa pública», lo cual parece insostenible en este caso. En tercer lugar, no hay conexión entre el tráfico de explosivos y la revelación de un secreto sumarial o policial, que debería ser investigada en otra causa. En cuarto lugar, la prisión preventiva para la revelación de secretos es desproporcionada, excesiva y contraria a la doctrina del Constitucional. Y en quinto lugar, se ha vulnerado la jurisprudencia constitucional en materia de escuchas, ya que éstas habían sido autorizadas por el juez solamente para el tráfico de explosivos y no para la revelación de secretos.
Estamos ante otra chapuza judicial que muy probablemente será desmontada por un tribunal superior, aunque la maniobra ya ha surtido efecto: crear la confusión y manipular a la opinión pública.
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