LOS AGUJEROS NEGROS DEL 11-M (XXI). ¿El policía que preparó las bombas?
22-08-05
LOS AGUJEROS NEGROS DEL 11-M (XXI)
¿El policía que preparó las bombas?
La Comisaría de Información vincula a Ayman Kalaji con la soldadura de los cables en los teléfonos de las mochilas
Por FERNANDO MUGICA
(.../...)
LOS AGUJEROS NEGROS DEL 11-M (XXI)
¿El policía que preparó las bombas?
La Comisaría de Información vincula a Ayman Kalaji con la soldadura de los cables en los teléfonos de las mochilas
Por FERNANDO MUGICA
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LOS AGUJEROS NEGROS DEL 11-M (XXI). Un informe de la Unidad Central de Información fechado el 20 de mayo de 2005 vincula al policía Ayman Maussili Kalaji, dueño del establecimiento Test Ayman, que liberó los teléfonos que supuestamente se emplearon para la fabricación de las mochilas bomba, con la conexión de los móviles a los cables que unían las alarmas con los detonadores.Inciden en que el funcionario fue en su juventud miembro de una facción guerrillera, que posee conocimientos de electrónica y que «existen múltiples elementos para dudar de una actuación ingenua» por parte del policía en la liberación de los móviles.La empresa Test Ayman fue montada en otoño de 1999 por José Carlos Serrano Gómez. El 20% del capital fue aportado por la ex mujer de Kalaji, Marisol Ruiz Sánchez -una policía que trabaja en la comisaría de Alcalá de Henares-, en representación de su hija, Aroa Ruiz Sánchez.
Cada vez se hace más patente el papel protagonista en la trama del 11-M del policía español de origen sirio Ayman Maussili Kalaji.El informe que un inspector jefe -con el carné policial 13.610- envía al juez Juan del Olmo el 20 de mayo de 2005, tras las revelaciones sobre el personaje que acababa de hacer EL MUNDO, es demoledor.
Donde más hincapié hace el informe policial es en sus conocimientos de electrónica y en la manipulación que se hace en su establecimiento de los teléfonos que presuntamente se utilizaron para cometer los atentados.
«Cotejando las fechas de compra, de liberación de los equipos y la realización de los atentados, nos encontramos en un periodo muy corto de tiempo: del 3 al 8 de marzo del 2004 y los atentados fueron el 11. Vemos que los equipos recibidos el día 4/03/04 son los que tienen Imeis que conocemos como relacionados directamente con las mochilas bomba. En las investigaciones del 11-M aún flota una pregunta: ¿Quién [en negrita en el original] «realizó las operaciones de soldado de los cables, en el vibrador de los teléfonos móviles, para que enlazaran con los detonadores?».
«Es evidente que no cabe descartar que alguno de los terroristas realizara dicha operación, pero no se ha encontrado equipo adecuado para ello. Esta persona» -Kalaji- «tiene los conocimientos suficientes para ello y realmente queda muy poco tiempo para que los terroristas trataran de buscar a otro comerciante, ingenuo o no, para realizar dichas operaciones».
UNA DELICADA OPERACION
El párrafo 10 de las conclusiones del informe pone a Maussili a los pies de los caballos: «Teniendo el perfil correspondiente a un posible islamista radical... habiendo participado de forma efectiva en una delicada operación en los equipos telefónicos, sin cuyo trabajo no hubiera sido posible la utilización de las tarjetas telefónicas utilizadas por los terroristas, y en consecuencia, no hubiera sido posible la utilización de los mismos como temporizadores de los referidos artefactos explosivos, aunque no existan evidencias de una actuación maliciosa, existen múltiples elementos para dudar de una actuación ingenua del mismo» [se refiere a Ayman] en esa operación».
Como ya puso de manifiesto EL MUNDO -en las revelaciones sobre el tema de Antonio Rubio-, la Policía concluye su informe con una frase rotunda: «Por todo ello, se considera conveniente la práctica de investigaciones más profundas sobre su persona, actividades y relaciones y no descartando la detención del mismo y registro de su domicilio y taller». Es evidente que el juez hasta ahora no ha hecho caso de esta conclusión.
Lo que el informe deja claro -al margen del grado de implicación que pudo tener Kalaji- es que las Fuerzas de Seguridad, un año después de los atentados, consideran muy improbable que los imputados como autores materiales fueran los que prepararan los móviles y reconocen que no se les ha encontrado los utensilios técnicos necesarios para hacerlo.
La Policía aporta muchos datos sobre la formación militar de Kalaji. Se enfatiza su condición de religioso musulmán y su perfil «correspondiente a un posible islamista radical», al menos en su juventud.
Se señala la presencia de dos documentos suyos en el piso de la calle de Virgen del Coro nº 11 de Madrid, donde trabajaban y vivían varios de los imputados en los atentados. Uno de esos documentos demuestra que Kalaji conoce a Moutaz Almallah Dabs, ya que le vende un estudio en 1995 situado en la calle de Mirto nº 9 de Madrid. La operación de compraventa es de 1.200.000 pesetas, pagaderas antes del 4 de noviembre de 1995.
Moutaz, detenido en Londres, es el hombre cuyos abogados intentan retrasar su extradición a España invocando que en nuestro país impera «la Inquisición». Es además el hermano de Mouhannad Almallah, el imputado en los atentados que se afilió al PSOE después del 11-M. Aún no se conocen los nombres de los miembros del PSOE que avalaron su ingreso en el partido. El segundo documento encontrado en Virgen del Coro, el piso alquilado por Moutaz Almallah a los terroristas, es una citación del Decanato de los Juzgados de Madrid con fecha del 17 de octubre de 2001, el mismo año en que Ayman tiene un tropiezo con la justicia.
FRAUDE EN TARJETAS DE CREDITO
Estuvo inculpado por una denuncia que tramitó la Guardia Civil como presunto autor de un delito de estafa, mediante uso fraudulento de tarjetas de crédito en su establecimiento Test Ayman. La causa se sobreseyó, el 30 de junio de 2001, al considerarse que no quedaba probada su actuación maliciosa.
En concreto, fue el propio Ayman quien en su establecimiento Test Ayman situado en el paseo de Santa María de la Cabeza nº 177 de Madrid, pasó varias tarjetas de crédito por su TPV, el Terminal Punto de Venta, que resultaron fraudulentas, para pagar material de telefonía móvil por importe de 8.132.000 pesetas.Kalaji tuvo que declarar por ello en un atestado policial, instruido por la Guardia Civil, el 27 de diciembre de 2000. Volvió a hacerlo el 27 de diciembre de ese mismo año, pero esta vez ya en calidad de imputado.
No se atribuyó a «persona alguna determinada» la comisión del delito. Tampoco se acreditó que Ayman estuviera en connivencia con la persona que realizó la compra ni se pudo probar su malicia.
El nombre de Ayman se hizo conocido para la opinión pública cuando se supo que en un establecimiento con ese nombre se habían liberado los móviles de los atentados.
El propio Kalaji reconoció, en su declaración policial del 16 de marzo de 2004, que en su local se liberaron los días 4 y 8 de marzo de 2004 teléfonos Trium por encargo de Bazar Top.Uno de ellos estaba en la mochila número 13, la que se encontró en la comisaría de Puente de Vallecas. Curiosamente, la pegatina con el número de Imei que llevaba ese teléfono no correspondía con el aparato. Alguien -que tuvo acceso a los teléfonos- la había cambiado por otra que estaba en otro de los teléfonos del lote liberado por Ayman.
EL MUNDO hizo pública la coincidencia de que una hermana suya trabajaba como traductora para la Policía, desde 1989. Nuestro periódico llamó también la atención sobre que la ex mujer de Kalaji, María Soledad Ruiz Sánchez, fuera también policía y estuviera destinada en la comisaría de Alcalá, donde se encontró la furgoneta con los restos de explosivos.
LA POLICIA DE ALCALA, COPROPIETARIA
Pues bien, lo que ahora podemos afirmar es que Marisol, como la llaman sus amigos, participó en la puesta en marcha del establecimiento Test Ayman. La tienda no era pues propiedad de un policía, sino de dos.
Test Ayman se monta en otoño de 1999. El 60% del capital -300 sobre 500 participaciones- lo aporta José Carlos Serrano Gómez.Este, junto a varios hermanos, está vinculado a empresas variadas relacionadas con temas diversos, como el aprendizaje de la conducción para escoltas, informática, hostelería, mobiliario, venta de automóviles, técnicos en formación de personal etcétera. En el listado están, entre otras muchas, Conducción de Seguridad, Javaphone, Astursureño, Suiza de Oriente Medio, Confort Plus Tiendas -con sede social en Asturias-, Asesores y Consultores Serrano, Flotauta, Alfar, etcétera.
Es curioso que la tienda que nos ocupa se llame Test Ayman a pesar de que Ayman Maussili no fue administrador único hasta un tiempo después de la constitución de la empresa y de que sólo estuviera a su nombre un 20% -100 participaciones de 500-. El último 20% se puso a nombre de Aroa Ruiz Sánchez representada por su madre, Marisol Ruiz Sánchez, la ex mujer policía de Kalaji.
El domicilio social de Test Ayman se inscribió en la calle de Antonio López 78, de Madrid, el mismo en el que estaba domiciliada la empresa Tecniprima, de la que fue administrador Kalaji hasta el 22 de marzo de 1999, fecha en que cedió su puesto a Hansa Mohamed Muhiyadeen. Algunas de las empresas de José Carlos Serrano Gómez están vinculadas también al mismo domicilio de Antonio López 78.
UN FUNCIONARIO DE SEGUNDA FILA
Ayman parece lo que es, un simple funcionario de segunda fila, de baja psicológica desde hace unos meses. Nadie podría reconocer en este policía veterano adscrito al Grupo de Menores, Grume, de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid, a un miembro de uno de los grupos combatientes de Oriente Próximo más activos de los años 70.
Sin embargo, está probado -así lo acreditan los propios documentos que él mismo presentó en su día- que el español de origen sirio Ayman Maussili Kalaji -1,68 de estatura, ojos y pelo castaños, nariz alargada y 46 años recién cumplidos- fue nada menos que Nadim Dib Salem, un miembro con carné del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, una organización marxista leninista que preconizaba la lucha armada, la guerra revolucionaria contra el imperialismo. Amparados en sus siglas se cometieron decenas de atentados.
Ayman cursó hace 25 años, en el mes de diciembre de 1980, una solicitud para acogerse a la condición de refugiado en España.Se la rechazaron el 17 de septiembre de 1981. El 26 de octubre volvió a la carga y presentó en su favor un montón de documentos.Entre ellos estaba una tarjeta de refugiado palestino en El Líbano para el que empleaba un tercer nombre, el de Samir Kouri. En los medios policiales siempre se le conocería en el futuro con el nombre de guerra de Roberto.
En el acta de declaración ante la Brigada Central de Extranjeros expuso que había participado en acciones militares contra el propio Ejército sirio y contra el Estado de Israel, después de haber realizado varios cursos de tipo político y militar. Fue uno de los instructores militares «imprescindibles» de los comandos del FDLP en el sur de Beirut.
Realmente no parecían las mejores credenciales para conseguir el estatuto de refugiado, teniendo en cuenta que los papeles de la Policía en los que se tramitaron sus peticiones llevaban todavía el escudo del aguilucho, el escudo impuesto por Franco.A pesar de todo ello, la propia Brigada Central de Extranjeros de la Comisaría General de Información ya había enviado en el mes de diciembre de 1980 un escrito en el que, «a juicio de la brigada, podría accederse» a la solicitud. Ya entonces se destaca que habla correctamente árabe, inglés y un poco de ruso.
En sus alegaciones, se presenta como un técnico en electrónica y adjunta un diploma concedido en 1980 por el Instituto Jemhoriet de Damasco. En el informe policial de mayo se resalta que mal podía haber estado combatiendo contra lo sirios en El Líbano y a la vez estar estudiando en Damasco para sacarse el título en electrónica.
A pesar de esa mentira flagrante, Kalaji consiguió su estatus de refugiado y comenzó a colaborar en 1983 como traductor en la Comisaría General de Información. Obtuvo la nacionalidad española y en 1990 ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía después de aprobar el curso correspondiente en la Academia de Avila.
Tras un corto periodo en Palma de Mallorca, realizó prácticas en la Comisaría General de Información desde el 18 de octubre de 1990 hasta el 13 de diciembre de 1991. Después, fue destinado a Tarrasa.
A petición expresa del juez Baltasar Garzón volvió unos meses a la Comisaría de Información, del 5 de septiembre de 1994 al 3 de marzo de 1995.
«¿PROFESION?»: «COMERCIANTE»
A pesar de toda su trayectoria en las Fuerzas de Seguridad, en el momento de prestar declaración por la liberación de los móviles del 11-M en su establecimiento, Ayman Kalaji no mencionó su condición de policía ni sus 25 años de servicio. Resulta cuanto menos chocante que en el propio Complejo Policial de Canillas, en las dependencias de la Comisaría General de Información, y ante dos compañeros, conteste a la pregunta ¿dónde trabaja? que en la empresa Test Ayman. Como si el hecho de que fuera policía no fuera conocido en aquel lugar ni resultara relevante.
Se limitó a afirmar que conocía el establecimiento Bazar Top y que de una forma habitual liberaban teléfonos móviles de ese comercio. Sobre los liberados el día 4 de marzo -12 terminales entre los que estaba el hallado en la mochila bomba de la Comisaría de Vallecas-, se remite a la nota de entrega con la factura correspondiente, ya que ese día sólo estuvo «un momento» en su local.
Hace constar que revisando las notas de entrega del mes de marzo existe otra, del 8 de marzo de 2004, en el que Bazar Top SL les llevó, entre otros terminales, cuatro Trium como los 12 del día 4. Y aquí comete un absurdo error en su declaración. Ayman afirma que los Imeis de esos últimos cuatro Trium que liberan en su tienda el día 8 de marzo «son correlativos».
No lo son, y él debe saberlo, porque en la nota se lee claramente su numeración. Las últimas siete cifras de esos Imeis son: 1034044, 0170174, 1092444,1030025. No sólo no son correlativos, sino que hay miles de números de diferencia entre unos y otros.
La Policía, y más tarde, el juez dan un trato muy diferente a los cuatro ciudadanos de origen indio a los que se ha relacionado con los dos establecimientos que proporcionaron los teléfonos y las tarjetas a los presuntos autores de la masacre.
Y es que hay indios buenos e indios malos. En un primer momento, se confundió a la opinión pública con la idea de que eran los mismos indios los que proporcionaron los teléfonos y las tarjetas.Todavía hoy se publican diagramas y se hacen informaciones al respecto en el que no se hace diferencia alguna.
Los hechos son que a los encargados del establecimiento Bazar Top que vendió los teléfonos móviles Trium, Sures Kumar y Vinay Kohli, se les encarceló durante 43 días y se les ha imputado por colaboración con los terroristas del 11-M. Todo su delito fue vender teléfonos móviles a unos ciudadanos que hablaban en un idioma extranjero -los clientes dijeron que eran búlgaros-.
El informe incriminatorio de la Policía produce sonrojo. Argumenta que aunque los clientes dijeron que hablaban en búlgaro, bien podría ser árabe. Como si un ciudadano indio nacido en la zona que hoy es Pakistán no supiera distinguir el árabe.
Lo más chocante es que la Policía identifica a uno de los dos compradores -de rasgos europeos- con Jamal Ahmidan El Chino, basándose en el detalle aportado por el vendedor indio de que tenía los dientes separados. Se olvidan de que Ahmidan estaba el día de esa compra -el 4 de marzo de 2004- en Ibiza.
Las protestas de inocencia de los dos atribulados indios no sirvieron de nada. Además de estar imputados en los atentados y de que el juez tardara 43 días en liberarlos, se vieron sometidos a la recogida de muestras de ADN -algodones empapados en su saliva, etcétera- como el resto de los presuntos terroristas detenidos para comprobar si se encontraba alguna prueba incriminatoria en relación con los explosivos. Dieron negativo.
Pero lo más sorprendente es la diferencia de trato con otra pareja de indios, los que vendieron las tarjetas telefónicas implicadas en los atentados. Una de esas tarjetas, la encontrada en la mochila de la Comisaría de Vallecas, llevó a la detención de la célula de Lavapiés.
INDIOS BUENOS; INDIOS MALOS
El sábado 13 de marzo de 2004, la Policía, siguiendo la pista de las tarjetas y los móviles, procedió a las primeras detenciones.Y aquí viene lo más curioso. A los indios que vendieron móviles a unos búlgaros y que declaran que no saben nada, les imputan y encarcelan. A los indios del Sindhu Enterprise S.L., Shringi Kantesh Kumar y su esposa Purmina, los que proporcionan las tarjetas a los moritos de Lavapiés, les declaran testigos protegidos, ocultan sus nombres a los medios y quedan al margen de cualquier acusación. Y eso a pesar de que uno de ellos asegura que ha llevado personalmente las tarjetas hasta el locutorio de la calle Tribulete de Madrid, el que regenta Jamal Zougam. Por cierto, las declaraciones de ambos -hechas por separado- tienen los párrafos fundamentales idénticos, en cada una de sus palabras.
No pueden acreditar los números de esas tarjetas porque las 100 que vendieron a Zougam forman parte de un lote que proviene de 30 tarjetas proporcionadas a Bazar Top por la empresa bilbaína Uritel y de 200 tarjetas aportadas por el proveedor mayorista Interdist Móvil.
No existe constancia de la numeración de las tarjetas que vendió Bazar Top al locutorio de Zougam. ¿Cómo pueden estar seguros de que fue el bazar de Zougam quien se las proporcionó al grupo terrorista y no otro bazar cualquiera?
La propia Policía, en sus informes al juez, sólo se atreve a emplear el condicional en relación a varios de los números que manejaron los terroristas. «Podría ser» -afirman- «de una de las 70 tarjetas que llegaron al locutorio de Zougam». No hay quien dé más.
El colmo de los colmos llega cuando observamos que la Policía atribuye como comercializado por el locutorio de Zougam un número de móvil, 645658495, vinculado con el terrorista Mohamed Beldadj, a pesar de que el 20 de marzo de 2004 el sirio Abdul Khalek Al Jondi declaró a la Policía que lo había comercializado él mismo dentro de un lote de 2.000 tarjetas que compró en el año 2003 a la empresa Laxmi.
Varias de esas tarjetas las vendió este sirio a El Tunecino y los hermanos Almallah. ¿Recuerdan? A uno de ellos es a quien le vendió el estudio el policía Kalaji. El círculo se cierra una vez más.
Cada vez se hace más patente el papel protagonista en la trama del 11-M del policía español de origen sirio Ayman Maussili Kalaji.El informe que un inspector jefe -con el carné policial 13.610- envía al juez Juan del Olmo el 20 de mayo de 2005, tras las revelaciones sobre el personaje que acababa de hacer EL MUNDO, es demoledor.
Donde más hincapié hace el informe policial es en sus conocimientos de electrónica y en la manipulación que se hace en su establecimiento de los teléfonos que presuntamente se utilizaron para cometer los atentados.
«Cotejando las fechas de compra, de liberación de los equipos y la realización de los atentados, nos encontramos en un periodo muy corto de tiempo: del 3 al 8 de marzo del 2004 y los atentados fueron el 11. Vemos que los equipos recibidos el día 4/03/04 son los que tienen Imeis que conocemos como relacionados directamente con las mochilas bomba. En las investigaciones del 11-M aún flota una pregunta: ¿Quién [en negrita en el original] «realizó las operaciones de soldado de los cables, en el vibrador de los teléfonos móviles, para que enlazaran con los detonadores?».
«Es evidente que no cabe descartar que alguno de los terroristas realizara dicha operación, pero no se ha encontrado equipo adecuado para ello. Esta persona» -Kalaji- «tiene los conocimientos suficientes para ello y realmente queda muy poco tiempo para que los terroristas trataran de buscar a otro comerciante, ingenuo o no, para realizar dichas operaciones».
UNA DELICADA OPERACION
El párrafo 10 de las conclusiones del informe pone a Maussili a los pies de los caballos: «Teniendo el perfil correspondiente a un posible islamista radical... habiendo participado de forma efectiva en una delicada operación en los equipos telefónicos, sin cuyo trabajo no hubiera sido posible la utilización de las tarjetas telefónicas utilizadas por los terroristas, y en consecuencia, no hubiera sido posible la utilización de los mismos como temporizadores de los referidos artefactos explosivos, aunque no existan evidencias de una actuación maliciosa, existen múltiples elementos para dudar de una actuación ingenua del mismo» [se refiere a Ayman] en esa operación».
Como ya puso de manifiesto EL MUNDO -en las revelaciones sobre el tema de Antonio Rubio-, la Policía concluye su informe con una frase rotunda: «Por todo ello, se considera conveniente la práctica de investigaciones más profundas sobre su persona, actividades y relaciones y no descartando la detención del mismo y registro de su domicilio y taller». Es evidente que el juez hasta ahora no ha hecho caso de esta conclusión.
Lo que el informe deja claro -al margen del grado de implicación que pudo tener Kalaji- es que las Fuerzas de Seguridad, un año después de los atentados, consideran muy improbable que los imputados como autores materiales fueran los que prepararan los móviles y reconocen que no se les ha encontrado los utensilios técnicos necesarios para hacerlo.
La Policía aporta muchos datos sobre la formación militar de Kalaji. Se enfatiza su condición de religioso musulmán y su perfil «correspondiente a un posible islamista radical», al menos en su juventud.
Se señala la presencia de dos documentos suyos en el piso de la calle de Virgen del Coro nº 11 de Madrid, donde trabajaban y vivían varios de los imputados en los atentados. Uno de esos documentos demuestra que Kalaji conoce a Moutaz Almallah Dabs, ya que le vende un estudio en 1995 situado en la calle de Mirto nº 9 de Madrid. La operación de compraventa es de 1.200.000 pesetas, pagaderas antes del 4 de noviembre de 1995.
Moutaz, detenido en Londres, es el hombre cuyos abogados intentan retrasar su extradición a España invocando que en nuestro país impera «la Inquisición». Es además el hermano de Mouhannad Almallah, el imputado en los atentados que se afilió al PSOE después del 11-M. Aún no se conocen los nombres de los miembros del PSOE que avalaron su ingreso en el partido. El segundo documento encontrado en Virgen del Coro, el piso alquilado por Moutaz Almallah a los terroristas, es una citación del Decanato de los Juzgados de Madrid con fecha del 17 de octubre de 2001, el mismo año en que Ayman tiene un tropiezo con la justicia.
FRAUDE EN TARJETAS DE CREDITO
Estuvo inculpado por una denuncia que tramitó la Guardia Civil como presunto autor de un delito de estafa, mediante uso fraudulento de tarjetas de crédito en su establecimiento Test Ayman. La causa se sobreseyó, el 30 de junio de 2001, al considerarse que no quedaba probada su actuación maliciosa.
En concreto, fue el propio Ayman quien en su establecimiento Test Ayman situado en el paseo de Santa María de la Cabeza nº 177 de Madrid, pasó varias tarjetas de crédito por su TPV, el Terminal Punto de Venta, que resultaron fraudulentas, para pagar material de telefonía móvil por importe de 8.132.000 pesetas.Kalaji tuvo que declarar por ello en un atestado policial, instruido por la Guardia Civil, el 27 de diciembre de 2000. Volvió a hacerlo el 27 de diciembre de ese mismo año, pero esta vez ya en calidad de imputado.
No se atribuyó a «persona alguna determinada» la comisión del delito. Tampoco se acreditó que Ayman estuviera en connivencia con la persona que realizó la compra ni se pudo probar su malicia.
El nombre de Ayman se hizo conocido para la opinión pública cuando se supo que en un establecimiento con ese nombre se habían liberado los móviles de los atentados.
El propio Kalaji reconoció, en su declaración policial del 16 de marzo de 2004, que en su local se liberaron los días 4 y 8 de marzo de 2004 teléfonos Trium por encargo de Bazar Top.Uno de ellos estaba en la mochila número 13, la que se encontró en la comisaría de Puente de Vallecas. Curiosamente, la pegatina con el número de Imei que llevaba ese teléfono no correspondía con el aparato. Alguien -que tuvo acceso a los teléfonos- la había cambiado por otra que estaba en otro de los teléfonos del lote liberado por Ayman.
EL MUNDO hizo pública la coincidencia de que una hermana suya trabajaba como traductora para la Policía, desde 1989. Nuestro periódico llamó también la atención sobre que la ex mujer de Kalaji, María Soledad Ruiz Sánchez, fuera también policía y estuviera destinada en la comisaría de Alcalá, donde se encontró la furgoneta con los restos de explosivos.
LA POLICIA DE ALCALA, COPROPIETARIA
Pues bien, lo que ahora podemos afirmar es que Marisol, como la llaman sus amigos, participó en la puesta en marcha del establecimiento Test Ayman. La tienda no era pues propiedad de un policía, sino de dos.
Test Ayman se monta en otoño de 1999. El 60% del capital -300 sobre 500 participaciones- lo aporta José Carlos Serrano Gómez.Este, junto a varios hermanos, está vinculado a empresas variadas relacionadas con temas diversos, como el aprendizaje de la conducción para escoltas, informática, hostelería, mobiliario, venta de automóviles, técnicos en formación de personal etcétera. En el listado están, entre otras muchas, Conducción de Seguridad, Javaphone, Astursureño, Suiza de Oriente Medio, Confort Plus Tiendas -con sede social en Asturias-, Asesores y Consultores Serrano, Flotauta, Alfar, etcétera.
Es curioso que la tienda que nos ocupa se llame Test Ayman a pesar de que Ayman Maussili no fue administrador único hasta un tiempo después de la constitución de la empresa y de que sólo estuviera a su nombre un 20% -100 participaciones de 500-. El último 20% se puso a nombre de Aroa Ruiz Sánchez representada por su madre, Marisol Ruiz Sánchez, la ex mujer policía de Kalaji.
El domicilio social de Test Ayman se inscribió en la calle de Antonio López 78, de Madrid, el mismo en el que estaba domiciliada la empresa Tecniprima, de la que fue administrador Kalaji hasta el 22 de marzo de 1999, fecha en que cedió su puesto a Hansa Mohamed Muhiyadeen. Algunas de las empresas de José Carlos Serrano Gómez están vinculadas también al mismo domicilio de Antonio López 78.
UN FUNCIONARIO DE SEGUNDA FILA
Ayman parece lo que es, un simple funcionario de segunda fila, de baja psicológica desde hace unos meses. Nadie podría reconocer en este policía veterano adscrito al Grupo de Menores, Grume, de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid, a un miembro de uno de los grupos combatientes de Oriente Próximo más activos de los años 70.
Sin embargo, está probado -así lo acreditan los propios documentos que él mismo presentó en su día- que el español de origen sirio Ayman Maussili Kalaji -1,68 de estatura, ojos y pelo castaños, nariz alargada y 46 años recién cumplidos- fue nada menos que Nadim Dib Salem, un miembro con carné del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, una organización marxista leninista que preconizaba la lucha armada, la guerra revolucionaria contra el imperialismo. Amparados en sus siglas se cometieron decenas de atentados.
Ayman cursó hace 25 años, en el mes de diciembre de 1980, una solicitud para acogerse a la condición de refugiado en España.Se la rechazaron el 17 de septiembre de 1981. El 26 de octubre volvió a la carga y presentó en su favor un montón de documentos.Entre ellos estaba una tarjeta de refugiado palestino en El Líbano para el que empleaba un tercer nombre, el de Samir Kouri. En los medios policiales siempre se le conocería en el futuro con el nombre de guerra de Roberto.
En el acta de declaración ante la Brigada Central de Extranjeros expuso que había participado en acciones militares contra el propio Ejército sirio y contra el Estado de Israel, después de haber realizado varios cursos de tipo político y militar. Fue uno de los instructores militares «imprescindibles» de los comandos del FDLP en el sur de Beirut.
Realmente no parecían las mejores credenciales para conseguir el estatuto de refugiado, teniendo en cuenta que los papeles de la Policía en los que se tramitaron sus peticiones llevaban todavía el escudo del aguilucho, el escudo impuesto por Franco.A pesar de todo ello, la propia Brigada Central de Extranjeros de la Comisaría General de Información ya había enviado en el mes de diciembre de 1980 un escrito en el que, «a juicio de la brigada, podría accederse» a la solicitud. Ya entonces se destaca que habla correctamente árabe, inglés y un poco de ruso.
En sus alegaciones, se presenta como un técnico en electrónica y adjunta un diploma concedido en 1980 por el Instituto Jemhoriet de Damasco. En el informe policial de mayo se resalta que mal podía haber estado combatiendo contra lo sirios en El Líbano y a la vez estar estudiando en Damasco para sacarse el título en electrónica.
A pesar de esa mentira flagrante, Kalaji consiguió su estatus de refugiado y comenzó a colaborar en 1983 como traductor en la Comisaría General de Información. Obtuvo la nacionalidad española y en 1990 ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía después de aprobar el curso correspondiente en la Academia de Avila.
Tras un corto periodo en Palma de Mallorca, realizó prácticas en la Comisaría General de Información desde el 18 de octubre de 1990 hasta el 13 de diciembre de 1991. Después, fue destinado a Tarrasa.
A petición expresa del juez Baltasar Garzón volvió unos meses a la Comisaría de Información, del 5 de septiembre de 1994 al 3 de marzo de 1995.
«¿PROFESION?»: «COMERCIANTE»
A pesar de toda su trayectoria en las Fuerzas de Seguridad, en el momento de prestar declaración por la liberación de los móviles del 11-M en su establecimiento, Ayman Kalaji no mencionó su condición de policía ni sus 25 años de servicio. Resulta cuanto menos chocante que en el propio Complejo Policial de Canillas, en las dependencias de la Comisaría General de Información, y ante dos compañeros, conteste a la pregunta ¿dónde trabaja? que en la empresa Test Ayman. Como si el hecho de que fuera policía no fuera conocido en aquel lugar ni resultara relevante.
Se limitó a afirmar que conocía el establecimiento Bazar Top y que de una forma habitual liberaban teléfonos móviles de ese comercio. Sobre los liberados el día 4 de marzo -12 terminales entre los que estaba el hallado en la mochila bomba de la Comisaría de Vallecas-, se remite a la nota de entrega con la factura correspondiente, ya que ese día sólo estuvo «un momento» en su local.
Hace constar que revisando las notas de entrega del mes de marzo existe otra, del 8 de marzo de 2004, en el que Bazar Top SL les llevó, entre otros terminales, cuatro Trium como los 12 del día 4. Y aquí comete un absurdo error en su declaración. Ayman afirma que los Imeis de esos últimos cuatro Trium que liberan en su tienda el día 8 de marzo «son correlativos».
No lo son, y él debe saberlo, porque en la nota se lee claramente su numeración. Las últimas siete cifras de esos Imeis son: 1034044, 0170174, 1092444,1030025. No sólo no son correlativos, sino que hay miles de números de diferencia entre unos y otros.
La Policía, y más tarde, el juez dan un trato muy diferente a los cuatro ciudadanos de origen indio a los que se ha relacionado con los dos establecimientos que proporcionaron los teléfonos y las tarjetas a los presuntos autores de la masacre.
Y es que hay indios buenos e indios malos. En un primer momento, se confundió a la opinión pública con la idea de que eran los mismos indios los que proporcionaron los teléfonos y las tarjetas.Todavía hoy se publican diagramas y se hacen informaciones al respecto en el que no se hace diferencia alguna.
Los hechos son que a los encargados del establecimiento Bazar Top que vendió los teléfonos móviles Trium, Sures Kumar y Vinay Kohli, se les encarceló durante 43 días y se les ha imputado por colaboración con los terroristas del 11-M. Todo su delito fue vender teléfonos móviles a unos ciudadanos que hablaban en un idioma extranjero -los clientes dijeron que eran búlgaros-.
El informe incriminatorio de la Policía produce sonrojo. Argumenta que aunque los clientes dijeron que hablaban en búlgaro, bien podría ser árabe. Como si un ciudadano indio nacido en la zona que hoy es Pakistán no supiera distinguir el árabe.
Lo más chocante es que la Policía identifica a uno de los dos compradores -de rasgos europeos- con Jamal Ahmidan El Chino, basándose en el detalle aportado por el vendedor indio de que tenía los dientes separados. Se olvidan de que Ahmidan estaba el día de esa compra -el 4 de marzo de 2004- en Ibiza.
Las protestas de inocencia de los dos atribulados indios no sirvieron de nada. Además de estar imputados en los atentados y de que el juez tardara 43 días en liberarlos, se vieron sometidos a la recogida de muestras de ADN -algodones empapados en su saliva, etcétera- como el resto de los presuntos terroristas detenidos para comprobar si se encontraba alguna prueba incriminatoria en relación con los explosivos. Dieron negativo.
Pero lo más sorprendente es la diferencia de trato con otra pareja de indios, los que vendieron las tarjetas telefónicas implicadas en los atentados. Una de esas tarjetas, la encontrada en la mochila de la Comisaría de Vallecas, llevó a la detención de la célula de Lavapiés.
INDIOS BUENOS; INDIOS MALOS
El sábado 13 de marzo de 2004, la Policía, siguiendo la pista de las tarjetas y los móviles, procedió a las primeras detenciones.Y aquí viene lo más curioso. A los indios que vendieron móviles a unos búlgaros y que declaran que no saben nada, les imputan y encarcelan. A los indios del Sindhu Enterprise S.L., Shringi Kantesh Kumar y su esposa Purmina, los que proporcionan las tarjetas a los moritos de Lavapiés, les declaran testigos protegidos, ocultan sus nombres a los medios y quedan al margen de cualquier acusación. Y eso a pesar de que uno de ellos asegura que ha llevado personalmente las tarjetas hasta el locutorio de la calle Tribulete de Madrid, el que regenta Jamal Zougam. Por cierto, las declaraciones de ambos -hechas por separado- tienen los párrafos fundamentales idénticos, en cada una de sus palabras.
No pueden acreditar los números de esas tarjetas porque las 100 que vendieron a Zougam forman parte de un lote que proviene de 30 tarjetas proporcionadas a Bazar Top por la empresa bilbaína Uritel y de 200 tarjetas aportadas por el proveedor mayorista Interdist Móvil.
No existe constancia de la numeración de las tarjetas que vendió Bazar Top al locutorio de Zougam. ¿Cómo pueden estar seguros de que fue el bazar de Zougam quien se las proporcionó al grupo terrorista y no otro bazar cualquiera?
La propia Policía, en sus informes al juez, sólo se atreve a emplear el condicional en relación a varios de los números que manejaron los terroristas. «Podría ser» -afirman- «de una de las 70 tarjetas que llegaron al locutorio de Zougam». No hay quien dé más.
El colmo de los colmos llega cuando observamos que la Policía atribuye como comercializado por el locutorio de Zougam un número de móvil, 645658495, vinculado con el terrorista Mohamed Beldadj, a pesar de que el 20 de marzo de 2004 el sirio Abdul Khalek Al Jondi declaró a la Policía que lo había comercializado él mismo dentro de un lote de 2.000 tarjetas que compró en el año 2003 a la empresa Laxmi.
Varias de esas tarjetas las vendió este sirio a El Tunecino y los hermanos Almallah. ¿Recuerdan? A uno de ellos es a quien le vendió el estudio el policía Kalaji. El círculo se cierra una vez más.
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