CUANDO UN 85% DE LOS CRIMINALES ACTUA BAJO CONTROL POLICIAL
24-04-06
EDITORIAL
CUANDO UN 85% DE LOS CRIMINALES ACTUA BAJO CONTROL POLICIAL
EDITORIAL
CUANDO UN 85% DE LOS CRIMINALES ACTUA BAJO CONTROL POLICIAL
Aunque el auto de procesamiento del juez Del Olmo no ha servido para resolver ninguno de los principales enigmas del 11-M, sus 1.400 folios incluyen la suficiente información sobre las relaciones entre los implicados y los cuerpos policiales como para advertir que, como mínimo -y subrayamos lo de «como mínimo»- existen graves responsabilidades administrativas pendientes de depurar. Y esto es algo independiente del propio procedimiento penal.
En el informe que hoy publicamos, Casimiro García-Abadillo ha tenido la paciencia y el tesón suficiente para ir pescando uno a uno, dentro del interminable desorden del empapelamiento judicial, todos los elementos que vinculan a los 29 procesados, los 7 fallecidos de Leganés y los 4 fugitivos con los cuerpos de seguridad. Buena parte de estos datos habían sido ya revelados en su momento por EL MUNDO. Pero el resultado de verlos todos juntos sólo puede inducir a una mezcla de estupor e indignación: de esas 40 personas implicadas en la masacre, nada menos que 34 estaban controladas por algún servicio del Estado durante las semanas e incluso días anteriores al 11-M.
En unos casos -Zouhier, Trashorras, los hermanos Toro- se trataba directamente de confidentes policiales. En otros -Lamari, El Chino, Zougam- de personas vigiladas por esos u otros confidentes.Varias unidades judiciales tenían pinchados los teléfonos de algunas de las figuras más relevantes -El Tunecino, El Egipcio, El Mensajero- por orden de los jueces Garzón y Andreu. Además estaban los seguimientos callejeros, la inspección de sus vehículos y el control de sus domicilios. En docena y media de casos eran dos y hasta tres los servicios policiales que superponían sus pesquisas sobre un mismo individuo.
¿Cómo es posible que el macroatentado se consumara literalmente bajo las narices de todos esos policías? Sólo el instructor del sumario podría imputar responsabilidades delictivas a algún mando por acción u omisión. Ni él ni la fiscal «perturbada» por la prensa parecen haberlo tomado en consideración. Pero, como decimos, queda la responsabilidad profesional de los funcionarios cuya depuración corresponde al actual Gobierno.
Es inaceptable que, a estas alturas, sólo el teniente coronel Bolinaga haya sido relevado del mando y por algo relativamente lateral como fue el ocultamiento de la cinta de Cancienes. No podemos aceptar que la patente negligencia, que la flagrante incompetencia de altos mandos de la Policía, la Guardia Civil y el CNI queden sin establecer ni castigar. Tanto por una cuestión de equidad hacia el pasado como de eficacia ante el futuro.
La Comisión de Investigación debería haber sido el marco para averiguar lo ocurrido en este ámbito, pero su cierre en falso obliga al nuevo ministro del Interior a realizar una exhaustiva auditoría de su departamento a partir de los datos incluidos en el auto del juez. Si tal y como es su obligación hace un esfuerzo sincero para contestar las 215 preguntas que le ha planteado el PP, Rubalcaba se dará cuenta de las múltiples sombras que planean sobre la conducta de personas que ahora son sus subordinados.
Al margen de que la secuencia de los hechos invita a suponer, como hoy hace García-Abadillo, que alguien ajeno a las tramas islamistas activó en cuestión de muy pocos días el engranaje fatídico del 11-M, un Estado digno de tal nombre no puede quedarse de brazos cruzados ante la constatación de que tenía en sus manos al 85% de los implicados en el mayor acto criminal de su historia y no fue capaz de abortarlo
En el informe que hoy publicamos, Casimiro García-Abadillo ha tenido la paciencia y el tesón suficiente para ir pescando uno a uno, dentro del interminable desorden del empapelamiento judicial, todos los elementos que vinculan a los 29 procesados, los 7 fallecidos de Leganés y los 4 fugitivos con los cuerpos de seguridad. Buena parte de estos datos habían sido ya revelados en su momento por EL MUNDO. Pero el resultado de verlos todos juntos sólo puede inducir a una mezcla de estupor e indignación: de esas 40 personas implicadas en la masacre, nada menos que 34 estaban controladas por algún servicio del Estado durante las semanas e incluso días anteriores al 11-M.
En unos casos -Zouhier, Trashorras, los hermanos Toro- se trataba directamente de confidentes policiales. En otros -Lamari, El Chino, Zougam- de personas vigiladas por esos u otros confidentes.Varias unidades judiciales tenían pinchados los teléfonos de algunas de las figuras más relevantes -El Tunecino, El Egipcio, El Mensajero- por orden de los jueces Garzón y Andreu. Además estaban los seguimientos callejeros, la inspección de sus vehículos y el control de sus domicilios. En docena y media de casos eran dos y hasta tres los servicios policiales que superponían sus pesquisas sobre un mismo individuo.
¿Cómo es posible que el macroatentado se consumara literalmente bajo las narices de todos esos policías? Sólo el instructor del sumario podría imputar responsabilidades delictivas a algún mando por acción u omisión. Ni él ni la fiscal «perturbada» por la prensa parecen haberlo tomado en consideración. Pero, como decimos, queda la responsabilidad profesional de los funcionarios cuya depuración corresponde al actual Gobierno.
Es inaceptable que, a estas alturas, sólo el teniente coronel Bolinaga haya sido relevado del mando y por algo relativamente lateral como fue el ocultamiento de la cinta de Cancienes. No podemos aceptar que la patente negligencia, que la flagrante incompetencia de altos mandos de la Policía, la Guardia Civil y el CNI queden sin establecer ni castigar. Tanto por una cuestión de equidad hacia el pasado como de eficacia ante el futuro.
La Comisión de Investigación debería haber sido el marco para averiguar lo ocurrido en este ámbito, pero su cierre en falso obliga al nuevo ministro del Interior a realizar una exhaustiva auditoría de su departamento a partir de los datos incluidos en el auto del juez. Si tal y como es su obligación hace un esfuerzo sincero para contestar las 215 preguntas que le ha planteado el PP, Rubalcaba se dará cuenta de las múltiples sombras que planean sobre la conducta de personas que ahora son sus subordinados.
Al margen de que la secuencia de los hechos invita a suponer, como hoy hace García-Abadillo, que alguien ajeno a las tramas islamistas activó en cuestión de muy pocos días el engranaje fatídico del 11-M, un Estado digno de tal nombre no puede quedarse de brazos cruzados ante la constatación de que tenía en sus manos al 85% de los implicados en el mayor acto criminal de su historia y no fue capaz de abortarlo
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