El inspector encargado de la custodia no puede acreditar que la mochila saliera de El Pozo
20-03-06
11-M 2 AÑOS DESPUES / No se llevó a cabo un inventario de los objetos recogidos en El Pozo ni tampoco se miró en su interior / Los bolsones se trasladaron a Ifema, donde estuvieron cuatro horas en una esquina del Pabellón 6
El inspector encargado de la custodia no puede acreditar que la mochila saliera de El Pozo
MADRID.- Aunque no hizo explosión en su día, la mochila de Vallecas que, como todo el mundo sabe ya a estas alturas, no es sino una bolsa azul que contenía nada más y nada menos que la prueba clave del sumario del 11-M, ha provocado un auténtico terremoto político, judicial y periodístico.
Afortunadamente para este periódico, toda la información publicada al respecto se ha demostrado cierta. En caso contrario, algunos hubieran propuesto directamente nuestro abrasamiento en la hoguera o algo aun peor.
No es la primera vez que esto ocurre y tampoco conviene dramatizar.A los aficionados a las hemerotecas les recomiendo que repasen lo que algunos de nuestros colegas dijeron cuando este periódico investigó a los GAL, el caso Mariano Rubio, los fondos reservados, etcétera. Por tanto, nada nuevo bajo el sol.
Cuando no se tienen argumentos y no se puede poner en cuestión la información aportada se recurre al juicio de intenciones.«El objetivo de la publicación de esa información es retrasar el juicio oral para que no coincida con las elecciones generales, lo que perjudicaría al PP». Eso, dicen los más suaves. Los hay más atrevidos que incluso atribuyen a este periódico la búsqueda de datos que «benefician a la defensa de los acusados». Es decir, se nos imputa indirectamente ¡ayudar a los presuntos terroristas! ¿Es que acaso la revelación de información relevante durante el proceso de instrucción no es más útil para el fiscal o el juez instructor que para la defensa?
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Todos queremos que el juicio del 11-M se celebre lo antes posible y que se impongan duras penas a los culpables del atentado. Pero sería muy grave que en este sumario ocurriera lo mismo que lo que ha sucedido con el instruido por los atentados del 11-S, en el que la Fiscalía del Supremo ha estimado el recurso del principal inculpado, Abu Dahdah, por apreciar que las pruebas aportadas contra él por la Audiencia Nacional son «débiles» e «inconsistentes».
Pero eso no parece preocupar a algunos, más obsesionados por desacreditar a EL MUNDO que por saber la verdad de lo ocurrido el 11 de marzo de 2004. Con absoluto desparpajo se atribuye a este periódico la invención de una teoría conspiratoria que consiste en responsabilizar del atentado a una alianza de ETA con los islamistas y los servicios secretos marroquíes, con participación también de ciertos agentes españoles ligados a la antigua cúpula de Interior. Delirante. Lo que sí hemos hecho ha sido sacar a la luz determinadas pistas (suministradas, por cierto, por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado) que no se han investigado suficientemente o que directamente se han desechado y que apuntan en direcciones distintas a la mantenida en la versión oficial de lo sucedido.
Cualquier hipótesis que cuestione esa versión («atentado islamista cometido para castigar a España por su participación en la Guerra de Irak»), es recibida por el aparato mediático afín al Gobierno como un ataque a la legitimidad democrática de la victoria del PSOE.
Esa misma campaña de intoxicación se ha iniciado también contra el inspector jefe Miguel Angel Alvarez, encargado de la custodia de los objetos que se recogieron en la estación de El Pozo y entre los que presuntamente se encontraba la ya famosa mochila de Vallecas.
Fuentes de Interior atribuyen su denuncia al espurio propósito de «conseguir una medalla». Un profesional que lleva 32 años de servicio queda así reducido a un individuo mezquino que es capaz de poner en riesgo la investigación sobre el mayor atentado de la historia de España por ánimo de venganza al no haber conseguido su propósito de lograr una cruz pensionada. El fin que se persigue deslegitimando a la persona es, obviamente, deslegitimar sus argumentos. Un método propio de facciosos. El inspector jefe Alvarez ha dejado de ser un probo funcionario para convertirse, a la luz de las fuentes oficiales, en un policía con «zonas oscuras».
Pero, por mucho que se quiera denigrar a la persona, el caso es que Alvarez fue el oficial encargado por sus jefes (entre los que se encontraba el entonces comisario de Puente de Vallecas y hoy responsable de la Brigada Provincial de Información, Rodolfo Ruiz) y por la juez titular del Juzgado número 49 de Madrid, Josefa Bustos Manjón, de custodiar los objetos que se recogieron en El Pozo.
No les quepa duda de que si Alvarez hubiera reconocido la bolsa que le mostró el juez Del Olmo el pasado día 9 de marzo como la mochila de Vallecas, despejando así todas las dudas sobre la prueba fundamental del sumario, ahora sería calificado de héroe por los que arrojan dudas sobre su honestidad e incluso habrían propuesto que la medalla que solicitó en su día se le concediese inmediatamente con doble pensión.
Pero, tranquilos. Los hechos están ahí y la verdad sólo perjudica a los que pretenden ocultarla o disfrazarla.
Vayamos, pues, a los hechos.
El primero de ellos es que Alvarez remitió el 25 de octubre de 2004 un informe al director general de la Policía, Victor García Hidalgo, en el que le llamaba la atención sobre dos asuntos relevantes para la investigación:
1.- Los «objetos y efectos sacados del tren siniestrado no fueron supervisados por el funcionario actuante (es decir, él mismo), a pesar de su interés meramente profesional,... al no considerarlo oportuno la autoridad judicial competente presente en el lugar de dichos hechos».
2.- Su «sorpresa» al comprobar que «dichos objetos y efectos fueron llevados al Parque Ferial Juan Carlos I» sin su autorización.
Además, en su escrito solicita: «Que los extremos expuestos en el presente escrito sean puestos en conocimiento del juez del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional».
Como ha reconocido a Del Olmo la propia Dirección General de la Policía (en escrito remitido el 7 de marzo, a raíz de la primera información publicada por EL MUNDO) la instancia de Alvarez quedó inexplicablemente retenida por la Jefatura Superior de Policía de Madrid durante 17 meses.
Es decir, que el primer testimonio del inspector jefe ante el juez se produjo el pasado 9 de marzo (casi dos años después de los atentados).
El asunto no es ni mucho menos baladí por dos razones:
1ª El responsable de la custodia de los objetos afirma que no se llevó a cabo un inventario de los recogidos en El Pozo y que tampoco se pudo mirar en su interior.
2ª Al ser llevados a Ifema sin su conocimiento y, lo que es más grave aun, sin autorización judicial, se puso en riesgo la cadena de custodia de los mismos.
Vayamos a este segundo aspecto de la cuestión. Tanto en la nota emitida la semana pasada por la Dirección General de la Policía, como en la versión recogida de fuentes cercanas al juez Del Olmo, se hace hincapié en que los objetos recogidos en la estación de El Pozo «siempre estuvieron bajo control policial». Pero eso no significa que no se rompiera, de hecho, la cadena de custodia.
Sencillamente, porque en Ifema, los objetos que llegaron desde El Pozo (tras dos inauditas paradas en las comisarías de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas), se dejaron en el suelo de una esquina del Pabellón 6, teóricamente vigilados por los agentes de la UIP (antidisturbios). Pero nadie les entregó oficialmente la custodia de los mismos.
El solo hecho de que hubiera policías en Ifema no significa que los objetos estuvieran custodiados. De la misma forma podría decirse que no era necesario designar un responsable de la custodia de los mismos en El Pozo porque la estación estaba llena de policías.Una cosa es la vigilancia y otra la custodia. Y, desde el punto de vista procesal es un matiz importante.
Más aún cuando, según lo declarado el pasado jueves a la Cadena Ser por el comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Policía, José Cabanillas, «son otras unidades las que recogen lo que estaba en Ifema y se lleva todo a la comisaría de Puente de Vallecas».
De hecho, durante su estancia en Ifema, los efectos quedaron a disposición de la Comisaría General de Policía Científica, aunque, según han reconocido a este periódico fuentes policiales, «no era la responsable material de la custodia». Entonces, ¿cuál era la unidad responsable? ¿Los agentes de la UIP presentes en Ifema? ¿La Policía Científica? ¿El inspector jefe Alvarez? Este funcionario, en conversación con EL MUNDO, rechazó su responsabilidad con rotundidad: «Yo no respondo de las cuatro horas en que los objetos estuvieron en Ifema».
Ocupémonos ahora del primer asunto. Si no se hizo un recuento de objetos en El Pozo, éstos no se inspeccionaron in situ y la cadena de custodia quedó interrumpida durante las cuatro horas que los mismos estuvieron en Ifema, será muy difícil de demostrar ante un tribunal que la bolsa azul con la Goma Dos Eco y el teléfono móvil se recogió en la citada estación.
Cuando, en su declaración ante el juez, Alvarez le mencionó que él recordaba una bolsa que podía ser la que apareció en televisión en los días inmediatamente posteriores al atentado, Del Olmo no dudó en hacer que le mostraran la que él creía que era la auténtica bolsa de Vallecas. Y lo hizo así porque, de haberla reconocido, se hubieran disipado casi por completo las dudas sobre esa prueba fundamental para el sumario.
En pura lógica, si era importante la afirmación en el reconocimiento del objeto, también lo es, en sentido contrario, su negación sin duda ninguna.
Como en otras ocasiones, la disculpa fácil es argumento que se esgrime con inopinada contundencia. «¿Cómo se va a acordar el inspector de una bolsa azul dos años después del atentado y con la enorme cantidad de objetos que se recogieron ese día de la estación de El Pozo?», se dice.
Sin embargo, la realidad echa por tierra este razonamiento. Según el documento oficial remitido por la Comisaría de Puente de Vallecas el 12 de marzo de 2004 al juez Del Olmo, en el recuento que se hizo de los objetos introducidos en 17 bolsones grandes de basura recogidos en la estación de El Pozo, sólo hay cuatro bolsas de deporte:
1ª En el bolsón número tres: «Una bolsa de deporte de color marrón de la marca Multiform, que contiene un walkman de la marca Thompson, diversos bolígrafos, un juego de tres llaves con llavero de ficha verde con el número 807 y otro con llavero con las letras Herramienta Chapista, una peseta rubia de Franco con tres llaves».
2ª En el bolsón número 10: «Bolsa de color amarillo y negro de la marca J. Waltson conteniendo comida».
3ª También localizada en el bolsón 10: «Bolsa de color azul marino conteniendo gafas graduadas, otras gafas graduadas, una camiseta, ropa de trabajo y una agenda con anotaciones».
4ª Localizada en el bolsón número 14: «Bolsa negra con la inscripción Opening conteniendo un chaleco azul, una sudadera y un pantalón de trabajo azulón».
Es decir, que entre todos los objetos inventariados por la Policía y procedentes de la estación de El Pozo, tan sólo hay una bolsa de color azul, cuyo contenido, como máximo, no debía pesar más de dos o tres kilos.
Por tanto, lo lógico es que si a los empleados del Selur (que introdujeron los objetos en los bolsones verdes de basura) les llamó la atención una bolsa azul, que fue a la que se refirió Alvarez en su declaración ante el juez, por su peso y dimensión, más aún les habría hecho sospechar una bolsa que contenía, según auto del juez Del Olmo, «10.120 gramos de sustancia gelatinosa, como carga explosiva; 640 gramos de tornillos y clavos introducidos como metralla; un teléfono marca Trium, un detonador eléctrico industrial, 205 centímetros de cable azul y 198 centímetros de cable rojo». Estamos hablando ¡de más de 11 kilos de peso!
Por esa razón, si Alvarez hubiera reconocido la bolsa que le mostró el juez, habría quedado prácticamente despejada una de las grandes incógnitas de este sumario (que las hay, y muchas, a pesar de lo que diga el fiscal general, Conde-Pumpido).
Pero, además, la declaración de Alvarez ante el juez instructor sirvió para otra cosa: mostrar con nitidez el chapuzero control que se ejerce sobre pruebas fundamentales.
¿Cómo es posible que, a requerimiento del juez, la Comisaría General de Información (UCIE) le remitiese una bolsa comprada con posterioridad al 11-M para realizar determinadas comprobaciones y no la auténtica? Es decir, si Alvarez no hubiera prestado declaración, se podría haber dado la circunstancia de que la Audiencia Nacional hubiese presentado ante el tribunal como prueba una bolsa falsa.¿Se imaginan este argumento manejado por las defensas a la hora de pedir su anulación?
Y, lo que es peor, ¿cómo es que el responsable de los Tedax, Sánchez Manzano, acaparó esa prueba durante dos años sin dar noticia de ello a la autoridad judicial?
Hay que recordar que estamos hablando de una prueba fundamental para este caso, que llevó a practicar las primeras detenciones y que fue clave para esclarecer la trama de los partícipes en los atentados.
Poner esto de relieve no significa cuestionar la labor de la Policía. Todo lo contrario. La inmensa mayoría de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hicieron, en condiciones muy difíciles, un trabajo encomiable. Sin embargo, eso no debe servir de coraza para que los que no lo hicieron escamoteen ahora sus responsabilidades.
Ningún otro hecho en la vida política española desde la muerte de Franco ha polarizado tanto las opiniones como lo ocurrido el 11 de marzo. Los partidos políticos lo han utilizado como arma arrojadiza porque, lo queramos o no, el 11-M condicionó de forma sustancial el resultado electoral del 14-M.
El PSOE, en un ejercicio de incoherencia argumental, afirma que los terroristas cometieron el atentado para castigar a Aznar por la participación de tropas españolas en la Guerra de Irak.Sin embargo, se niega a reconocer el efecto de ese castigo, que no es otro que su influencia en la derrota del PP.
En los días previos a las elecciones generales, todas las encuestas (excepto una que dio un empate técnico) daban ganador al PP con amplia ventaja. Por tanto, negar que los electores castigaron al partido gobernante tras el atentado es sencillamente insostenible.
Es verdad que los medios tenemos una enorme responsabilidad.Y más aún en un asunto como el 11-M. Podemos ser víctimas de intoxicaciones y debemos extremar las precauciones. Pero, el peor servicio que podemos prestar a la opinión pública es ocultar o tergiversar los hechos para mantener intocables nuestras convicciones.
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