Los que queremos la verdad estamos en libertad bajo fianza
29-12-06
EL PROCESO DEL 11-M
Los que queremos la verdad estamos en libertad bajo fianza
El autor plantea la «náusea» que le provocan actos del Gobierno y de la Justicia, más preocupados, dice, en perseguir a quienes discrepan de la versión oficial que en descubrir a los culpables reales de la masacre
LUIS MARIN SICILIA
Que dos policías honrados se hayan visto privados de libertad durante 24 días es un hecho grave, sin duda, máxime cuando aún no es sabido el secreto que se les imputa haber revelado al diario EL MUNDO.
Que la imputación parta del mismo juez que intentó procesar al director de dicho periódico por revelar secretos de un sumario que estaba en todos los periódicos, agrava aún más la imagen de imparcialidad que debe presidir las actuaciones judiciales.
Que el juez en cuestión sea el mismo que ha instruido el sumario del mayor atentado de la democracia española, aceptando sin más la versión oficial de los mandos policiales, cuyas pruebas están tan viciadas como los explosivos que pretendidamente estallaron en los trenes, convierte en escandalosa la actitud de quienes, más que buscar la verdad, pretenden tapar la boca de los que la buscan por un mínimo de justicia y de respeto a la memoria de las víctimas.
(.../...)
Si a todo lo anterior añadimos que hay policías y mandos policiales condenados por sentencias judiciales que siguen gozando de todos sus beneficios, mientras quienes conversan con la prensa, o, mejor dicho, con cierta prensa, son suspendidos de empleo y sueldo y sometidos a fianzas astronómicas para gozar de la libertad que corresponde a todo ciudadano en un Estado de Derecho, la gravedad de la conducta de los instigadores de tales desafueros se convierte en indignación ciudadana.
Y es precisamente esa indignación popular la que hace posible, como así ha sido, la solidaridad con los maltratados, los cuales han podido disfrutar de una Nochebuena con los suyos gracias a que todavía quedan en España personas con sentido del honor, de la vergüenza y de la dignidad.
Cuando los ciudadanos dicen querer saber la verdad, nadie presupone que sea una u otra, salvo, al parecer, quienes quieren tapar la boca con medidas ejemplarizantes a quienes dan datos contradictorios con los suyos. Con ello sólo se consigue incrementar la desconfianza en las versiones oficiales y subir el nivel de escándalo que las actuaciones en torno al 11-M han originado con pruebas sospechosamente prefabricadas provocando una inquietud supina que oprime los corazones y solivianta el estómago hasta producir náuseas.
Quien sólo confía en la Justicia, con mayúsculas, aspira a que se actúe siempre con el mismo criterio y se apliquen a iguales hechos iguales medidas. Asistimos, por desgracia, y cada vez con más frecuencia, a situaciones en las que parecen inspirarse las medidas adoptadas según criterios de cercanía, amistad y compadreo, más que en la equidad y el equilibrio.
Y escandaliza sobremanera que, muchas veces, la actitud de quienes debieran ser objetivos defensores del orden constitucional parezcan inspirarse en la máxima dogmática y caciquil de «el que no está conmigo está contra mí».
Queriendo dar golpes de efectos ejemplarizantes, avisando ostentosamente que no hay más verdad que la oficial y obstruyendo, silenciando y persiguiendo a quienes, simple y razonadamente, ponen en duda las premisas que han llevado a construir una tesis no suficientemente contrastada, se está provocando el efecto contrario: precisamente por esa obsesión de hacer callar a los discrepantes, no con razones sólidas ni argumentos fundados, sino con la intoxicación o el silencio de la noticia y la persecución del mensajero, cada vez son más quienes recelan de un Gobierno que pacta a hurtadillas con el terrorismo etarra y no da muestras claras de querer que se sepa, de verdad, que pasó entre el 11 y el 14 de marzo de 2004.
En tanto los tribunales se pronuncian sobre la autoría del atentado que cambió no solamente el Gobierno de España, sino la misma configuración territorial del Estado y los criterios para abordar adecuadamente el desafío del terrorismo de ETA, muchísimos ciudadanos, que solamente quieren saber la verdad, se sienten, como los policías que hablaron con el diario EL MUNDO, en libertad bajo fianza.
Luis Marín Sicilia es notario de Sevilla y fue vicepresidente del Parlamento Andaluz por UCD.
EL PROCESO DEL 11-M
Los que queremos la verdad estamos en libertad bajo fianza
El autor plantea la «náusea» que le provocan actos del Gobierno y de la Justicia, más preocupados, dice, en perseguir a quienes discrepan de la versión oficial que en descubrir a los culpables reales de la masacre
LUIS MARIN SICILIA
Que dos policías honrados se hayan visto privados de libertad durante 24 días es un hecho grave, sin duda, máxime cuando aún no es sabido el secreto que se les imputa haber revelado al diario EL MUNDO.
Que la imputación parta del mismo juez que intentó procesar al director de dicho periódico por revelar secretos de un sumario que estaba en todos los periódicos, agrava aún más la imagen de imparcialidad que debe presidir las actuaciones judiciales.
Que el juez en cuestión sea el mismo que ha instruido el sumario del mayor atentado de la democracia española, aceptando sin más la versión oficial de los mandos policiales, cuyas pruebas están tan viciadas como los explosivos que pretendidamente estallaron en los trenes, convierte en escandalosa la actitud de quienes, más que buscar la verdad, pretenden tapar la boca de los que la buscan por un mínimo de justicia y de respeto a la memoria de las víctimas.
(.../...)
Si a todo lo anterior añadimos que hay policías y mandos policiales condenados por sentencias judiciales que siguen gozando de todos sus beneficios, mientras quienes conversan con la prensa, o, mejor dicho, con cierta prensa, son suspendidos de empleo y sueldo y sometidos a fianzas astronómicas para gozar de la libertad que corresponde a todo ciudadano en un Estado de Derecho, la gravedad de la conducta de los instigadores de tales desafueros se convierte en indignación ciudadana.
Y es precisamente esa indignación popular la que hace posible, como así ha sido, la solidaridad con los maltratados, los cuales han podido disfrutar de una Nochebuena con los suyos gracias a que todavía quedan en España personas con sentido del honor, de la vergüenza y de la dignidad.
Cuando los ciudadanos dicen querer saber la verdad, nadie presupone que sea una u otra, salvo, al parecer, quienes quieren tapar la boca con medidas ejemplarizantes a quienes dan datos contradictorios con los suyos. Con ello sólo se consigue incrementar la desconfianza en las versiones oficiales y subir el nivel de escándalo que las actuaciones en torno al 11-M han originado con pruebas sospechosamente prefabricadas provocando una inquietud supina que oprime los corazones y solivianta el estómago hasta producir náuseas.
Quien sólo confía en la Justicia, con mayúsculas, aspira a que se actúe siempre con el mismo criterio y se apliquen a iguales hechos iguales medidas. Asistimos, por desgracia, y cada vez con más frecuencia, a situaciones en las que parecen inspirarse las medidas adoptadas según criterios de cercanía, amistad y compadreo, más que en la equidad y el equilibrio.
Y escandaliza sobremanera que, muchas veces, la actitud de quienes debieran ser objetivos defensores del orden constitucional parezcan inspirarse en la máxima dogmática y caciquil de «el que no está conmigo está contra mí».
Queriendo dar golpes de efectos ejemplarizantes, avisando ostentosamente que no hay más verdad que la oficial y obstruyendo, silenciando y persiguiendo a quienes, simple y razonadamente, ponen en duda las premisas que han llevado a construir una tesis no suficientemente contrastada, se está provocando el efecto contrario: precisamente por esa obsesión de hacer callar a los discrepantes, no con razones sólidas ni argumentos fundados, sino con la intoxicación o el silencio de la noticia y la persecución del mensajero, cada vez son más quienes recelan de un Gobierno que pacta a hurtadillas con el terrorismo etarra y no da muestras claras de querer que se sepa, de verdad, que pasó entre el 11 y el 14 de marzo de 2004.
En tanto los tribunales se pronuncian sobre la autoría del atentado que cambió no solamente el Gobierno de España, sino la misma configuración territorial del Estado y los criterios para abordar adecuadamente el desafío del terrorismo de ETA, muchísimos ciudadanos, que solamente quieren saber la verdad, se sienten, como los policías que hablaron con el diario EL MUNDO, en libertad bajo fianza.
Luis Marín Sicilia es notario de Sevilla y fue vicepresidente del Parlamento Andaluz por UCD.
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