11-M ¿Punto final o punto y aparte?
17-04-06
11-M LA INVESTIGACION / El análisis
11-M ¿Punto final o punto y aparte?
JAIME IGNACIO DEL BURGO
El 28 de agosto de 2004, en las páginas de este mismo periódico, publiqué un artículo titulado El fin de las casualidades del 11-M. En él hacía un balance de la trascendencia que tenía el haber conocido que la Policía seguía, con autorización judicial, las andanzas de la banda del tristemente célebre Jamal Ahmidan, alias El Chino, bastante tiempo antes del atentado terrorista.
Denunciaba también los obstáculos de la cúpula del ministerio del Interior al esclarecimiento de los hechos. Y terminaba con estas palabras: «Quizás el último bastión de la verdad sea el juez Del Olmo. Al menos, su auto de 19 de julio ha puesto al descubierto hechos cuya gravedad requiere una rigurosa investigación. La Justicia tiene los medios coercitivos necesarios para poder llevarla a cabo hasta sus últimas consecuencias.
(.../...)
Es posible que, cuando se levante el secreto del sumario, nos encontremos con la grata sorpresa de que por abajo, al menos, se ha investigado a fondo. De no ser así, puedo asegurar que, por respeto a la memoria de las víctimas, a la dignidad de los cuerpos policiales y al derecho del pueblo español a conocer la verdad, algunos no cejaremos en el empeño».
Vana esperanza la mía. El auto de procesamiento, dictado por el juez encargado del caso el pasado 10 de abril de 2006, constituye una profunda decepción. El juez ha renunciado a hacer su propio relato de los hechos que considera probados y se ha limitado a incorporar al auto cientos de páginas de informes de los Cuerpos de Seguridad, asumiendo prácticamente sin ningún juicio crítico sus conclusiones.
Transcribe, asimismo, de forma literal numerosas declaraciones de testigos o de imputados, y si realiza alguna valoración crítica lo es para asumir sin pestañear las tesis sustentadas por los responsables policiales.
Por otra parte, salvo el procesamiento de 29 personas de las 119 imputadas, el auto no revela prácticamente nada que no se hubiera conocido, sobre todo desde que en julio de 2005 el juez levantara el secreto de la mayor parte del sumario.
Sobre la llamada trama asturiana.
La compleja investigación realizada sobre los teléfonos móviles de los implicados, algunas conversaciones grabadas y ciertas declaraciones testificales justifican el procesamiento de Emilio Suárez Trashorras como responsable de haber suministrado importantes cantidades de dinamita a la célula de Lavapiés.
No queda muy claro por qué, en esta colaboración necesaria del asturiano con los islamistas, la responsabilidad de su esposa Carmen y de su cuñado Antonio Toro queda tan desdibujada.
Sin embargo, no se ha querido esclarecer la posible existencia de responsabilidades -que podrían tener trascendencia penal- de ciertos mandos policiales y de la Guardia Civil que tuvieron en su mano la posibilidad de evitar la gran masacre si ésta se cometió con los explosivos de los asturianos.
El auto del juez hace clamar justicia cuando revela que el principal encausado por la venta de la dinamita era un confidente de la Policía, que su esposa -también encausada- era la protegida del jefe de estupefacientes de Avilés, y que es rigurosamente falso que éste se apartara de ellos cuando tuvo conocimiento de que podían estar involucrados en tráfico ilegal de dinamita.
El auto refleja el alto grado de conocimiento que la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), dirigida por un ex colaborador de Rafael Vera, tuvo de la actividad de los asturianos, y de su contenido se desprende la falsedad de buena parte de los informes presentados y de las declaraciones prestadas ante la Comisión de Investigación.
Resulta escandaloso que a la vista de tantas denuncias de colaboradores y confidentes, y de tan alto grado de conocimiento sobre las intenciones de los asturianos no se hubiera solicitado la «judicialización» de la investigación, pues con sólo haber intervenido sus teléfonos el atentado -al menos con la dinamita asturiana y con la participación de la banda de El Chino- se habría evitado con toda probabilidad.
La conexión con ETA
Nunca he sostenido que ETA estuviera detrás del 11-M, aunque sí he dicho que debiera investigarse a fondo, a la vista de numerosos datos objetivos y demostrativos de la estrecha relación existente entre algunos etarras y ciertos islamistas pertenecientes al entorno de los presuntos suicidas de Leganés.(Por cierto, que sobre este episodio controvertido, el auto se limita a reflejar la versión de los informes policiales que consideran que los islamistas se suicidaron, a pesar de que en ellos se señala cómo tres de los terroristas se hallaban «parapetados» tras el mobiliario, lo que explicaría que el cadáver de uno de ellos -El Chino- apareciera debajo de un colchón en la piscina del apartamento).
Pues bien, el auto nada dice de la coincidencia en el mismo módulo penitenciario de Villabona, de Antonio Toro, Rafá Zouhier, José Luis Fernández (alias Nayo), Abdelkrim Benesmail (lugarteniente de uno de los suicidas de Leganés, Allekema Lamari, encausado por el juez Garzón por el intento de voladura de la Audiencia Nacional y que tenía en su poder la dirección de Henri Parot y de otros sanguinarios etarras) y de varios miembros de la banda terrorista, que profesaban por el islamista Benesmail una admiración sin límites.
Tampoco ha investigado la extraña relación de Fernando Huarte, el socialista colaborador o agente del CNI, con el islamista Benesmail.
El juez ha pasado por alto el hecho de que Zouhier hubiera alertado a la Guardia Civil de que Antonio Toro intentaba vender dinamita a ETA, advertencia que ya había realizado dos años antes el confidente Lavandera. No hay ni rastro de verificación de la «casualidad» que supone el robo por ETA de un vehículo a las puertas del garaje de Suárez Trashorras en Avilés, que fue utilizado en el atentado cometido el 2 de diciembre de 2002 en Santander.
La única referencia a ETA que hay en el auto se produce al transcribir el relato de dos testigos protegidos -cuya identidad, por tanto, desconocemos- que refieren al juez algunas confidencias realizadas por José Luis Fernández, alias Nayo, en la cárcel de Villabona.
Este confidente policial y de la Guardia Civil, encarcelado con ocasión de la operación Pipol junto con Antonio Toro, habría comentado a los referidos testigos protegidos que su compinche tenía 100 o 200 kilos de explosivos para vender a ETA.
Dado que Nayo es la «única fuente» de esta presunta conexión, y ello en función de testimonios de referencia, el juez concluye: «Nula consistencia puede tener esa supuesta fuente».
Previamente, además, la había descalificado de forma contundente: «Las fuentes suelen ser de testigos de referencia y que además expresan su interés en conseguir algún tipo de beneficio. Incluso alguno de ellos, al señalar a su vez la procedencia de su información, permite controlar las posibles motivaciones (vengativas o espurias) que guiarían dar esos supuestos datos».
Pues bien, esta farragosa conclusión del juez se basa en los informes de la Policía y de Guardia Civil emitidos para minusvalorar la importancia de las alertas recibidas sobre la venta de dinamita por parte de los asturianos encausados.
Pero nada dice de la denuncia formulada por el abogado Tejeda ante el fiscal jefe de Asturias que dio lugar a una investigación que concluyó sin resultado porque Nayo les llevó a un lugar donde podría estar el zulo con la dinamita y «no iban a registrar todo el monte».
En su relato al fiscal, el abogado Tejeda dejó constancia de la autoinculpación de Nayo al reconocer que él mismo había participado en operaciones de transporte de armas y explosivos con destino a ETA.
El juez, lo dice el auto, sabe que Nayo está en Santo Domingo.(Esta es una de las escasas revelaciones ofrecidas por Del Olmo).Y si lo sabe el juez, lo conocen también la Fiscalía y el Ministerio del Interior. Pero Nayo sigue huido y, al parecer, a nadie se le ha ocurrido pedir su extradición.
El juez tampoco ha considerado conveniente indagar si de la denuncia del Nayo se dio traslado a los responsables en Madrid de la lucha contra el terrorismo de ETA.
Las andanzas de El Chino en el País Vasco no parecen haber inquietado al juez, ni las informaciones sobre su supuesta amistad con los dos etarras detenidos en Cañaveras, cuando trataban de introducir, de forma simultánea a la caravana de la muerte de Asturias -un coche bomba capaz de volar un edificio como la Audiencia Nacional-; amistad presuntamente revelada por Emilio Suárez Trashorras antes de ser detenido.
Por supuesto, no hay ni rastro de una declaración de un primo de El Chino ante la Policía sobre la confidencia que éste le realizó sobre la colaboración de ETA en el 11-M.
El juez no ha ordenado la menor investigación sobre la conexión de etarras e islamistas en las cárceles españolas (que distan mucho de ser como el agua y el aceite), ni sobre la frase atribuida por un confidente policial a Josu Ternera («Dentro de 15 días los españoles se van a enterar de lo que somos capaces de hacer»), ni sobre las numerosas informaciones que probarían relaciones de ETA con los islamistas, tanto dentro como fuera de España.
La mochila de Vallecas y los teléfonos móviles
El auto no aclara en absoluto cómo se produjo el hallazgo de la «decimotercera» mochila -que resultó ser bolsa- aparecida en la comisaría de Vallecas. Más aún, de la lectura del auto se desprende que es imposible que de la existencia de esa bolsa de cerca de 15 kilos de peso nadie se hubiera percatado en la estación del Pozo del Tío Raimundo, si se tiene en cuenta que los TEDAX se dedicaron, tras la aparición de la primera de las mochila bomba que no llegaron a explotar en los trenes, a la búsqueda exhaustiva de otros artefactos.
Por otra parte, con los testimonios de los TEDAX adscritos a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, realizados además «en caliente», resulta incomprensible que en su declaración ante la Comisión de Investigación, el jefe superior, Sr. Fernández Rancaño, actual jefe de seguridad de la Caixa, hubiera informado que era rotundamente falso que la mochila hubiera estado en el Ifema. ¿Hubo interés en ocultar el extraño periplo de la mochila hasta quedar depositada en la comisaría de Vallecas?
En otro orden de cosas, el auto no aclara por qué los TEDAX no encontraron restos de metralla en los trenes explosionados que sí se encontraba en la decimotercera mochila, ni por qué en la furgoneta de Alcalá el resto de explosivo encontrado contenía «metemamina», componente propio de explosivos militares, ni por qué los agentes de desactivación informaron de que podía tratarse de una dinamita militar, ni por qué se resignó a no ordenar la realización de una simulación para determinar los efectos de los distintos tipos de explosivos, ni por qué en una de las mochilas bomba desactivadas por los TEDAX el temporizador no era un teléfono.
En cuanto a los móviles, lo único cierto es que no se conoce quiénes fueron los compradores de los teléfonos, que dijeron ser búlgaros. De forma incomprensible, el auto guarda silencio sobre la posible implicación de un policía nacional en la liberación e incluso en la conexión de los teléfonos a los detonadores, a pesar de haber sido acusado de esto último por el propio Comisario General de Información.
La manipulación del auto
La propaganda gubernamental se puso en marcha desde el instante mismo en que se conoció el auto.He aquí algunos titulares: «El juez recuerda las alertas islamistas que recibió el Gobierno». «El juez rechaza la participación de ETA porque lo que no existe no se menciona». «La resolución judicial cita como antecedente de riesgo la presencia de España en la guerra de Irak». Otros medios ponían el contrapunto: «El 11-M sólo buscaba acabar con el Gobierno de Aznar». En realidad el juez no dice ni lo uno ni lo otro. Para ser rigurosos, el auto se limita a transcribir informes policiales o notas informativas del CNI donde se alertaba de la posibilidad de atentados contra las tropas españolas en Irak e incluso en territorio español.
La nota informativa del CNI de 6 de noviembre de 2003, reflejada en el auto, a la que algunos pretenden ahora sacar partido, publicada ya en julio de 2004, advierte sobre la posibilidad de que Lamari estuviera organizando un gran incendio forestal o el ataque contra un edificio mediante un coche bomba conducido por un «mártir».
A pesar de ello, recuérdese cómo el CNI informó el 11 de marzo de 2004 al Gobierno que el atentado era obra de ETA, y que no cambió su informe hasta el día 15 de marzo.
Por otra parte, el juez Del Olmo no ha sentido la menor inquietud en averiguar si el edificio del que hablaba el informe podía ser la Audiencia Nacional, teniendo en cuenta que éste era el objetivo de su lugarteniente, Abdelkrim Benesmail, ni si el coche bomba de ETA detectado en Cañaveras era un préstamo de explosivos.
En cuanto a ETA, la frase atribuida al juez en el sentido de que «no existe lo que no se menciona» es falsa. Fueron fuentes anónimas de la Audiencia Nacional las que proporcionaron esta interpretación interesada del auto.
Tampoco el juez -hay que ser justos- afirma que el atentado tuviera por objeto cambiar el Gobierno. Eso se desprende del contenido de un informe colgado de una página web islamista, vinculada a Al Qaeda, desconocida para nuestros servicios de seguridad hasta después del 11-M y que ni siquiera consta que hubiera sido visitada por la célula de Lavapiés antes de los atentados.
Pero con la misma legitimidad de ciertos titulares, podríamos decir que de la lectura de algunas páginas web islamistas se desprende que el anuncio hecho por Rodríguez Zapatero, meses antes de las elecciones, de retirar nuestras tropas de Irak si se proclamaba vencedor, produjo el despertar de la «célula islamista durmiente» que perpetró el atentado para ayudar a la victoria del PSOE.
Por último, no puedo dejar de referirme a la reacción de Pepiño Blanco: «El PSOE da por concluido el proceso de investigación sobre los autores materiales del 11-M». Estuvo bien la referencia a los «autores materiales», pero ¿quién es el Partido Socialista para dar por concluida una investigación judicial? ¿O es que el PSOE tiene mala conciencia y quiere cerrar «como sea» el 11-M?
Ni siquiera el juez ha llegado a tanto. En el auto de Del Olmo no se afirma en ninguna parte que los autores intelectuales del atentado coincidan con los que se supone son sus autores materiales.Y digo «se supone» porque en todo este asunto hay que hacer un gran acto de fe, pues casi todo se sustenta en suposiciones o deducciones, no en pruebas concluyentes.
Se supone que en el atentado se utilizó la Goma 2 de los asturianos.Se supone que los temporizadores de las mochilas bomba fueron los teléfonos adquiridos por unos supuestos búlgaros. Se supone que los islamistas querían suicidarse, aunque lo lograran el 3 de abril y no el 11-M.
Mientras tanto, nadie quiere dar respuesta a la gran pregunta: ¿Cómo es posible que si todos los autores materiales o sus colaboradores necesarios o eran confidentes de la Policía, de la Guardia Civil o del CNI, o estaban estrechamente vigilados por los referidos Cuerpos de Seguridad, en algunos casos -los más fanatizados- bajo la dirección del juez Garzón, al final se produjera el atentado?
Consciente de mi osadía, me atrevo a dar algún consejo al juez Del Olmo. Todavía está a tiempo de ser el último baluarte de la verdad. Ahora que ha cerrado, por el momento al menos, el capítulo de la imputación penal, y sigue abierta la instrucción hasta que dicte el auto de conclusión del sumario, no estaría de más que se centrara en hacer una auditoría de la investigación policial.
Hay demasiadas lagunas, demasiadas ocultaciones, demasiadas contradicciones que esperan a gritos una explicación a fondo. Con paciencia infinita, debería tirar del hilo en el auténtico sentido de la palabra hasta llegar al ovillo. O mejor, tirar de los hilos, porque son muchos, demasiados, los cabos sueltos.
Le recomiendo que lea las declaraciones de quienes comparecieron en la Comisión de Investigación y las compare con los informes y testimonios de su Juzgado. Pida explicaciones a los «peritos» policiales. Repase sin prevención algunas declaraciones aunque no le gustara la forma en que llegaron a su poder.
Examine por qué los 119 imputados han quedado reducidos a 29.Medite la enorme injusticia que eso ha significado para los erróneamente inculpados. Piense dónde quedaría su instrucción si de esos 29 se «caen» de la imputación alguno de los más significativos.Intente desentrañar la autoría intelectual.
No pregunte tanto a la Policía, sino que vaya usted mismo a la fuente. Eche un vistazo a Villabona, aunque desconfíe de lo que le digan desde Instituciones Penitenciarias.
Averigüe si hay otras conversaciones grabadas de las que su juzgado no ha tenido ni noticia. ¿Ha revisado personalmente toda la información contenida en los ordenadores de los islamistas, o se fía de quienes han seleccionado para usted lo que tiene «mayor interés»?
A lo mejor, si se diera un paseo por el Cuartel General de la Policía o de la Guardia Civil o, por qué no, por la sede del CNI, se llevaría alguna mayúscula sorpresa.
Pero si no lo hace, tarde o temprano, alguien lo hará. La Justicia, con mayúsculas, es de largo recorrido. Tardará en dictar su última palabra, pero yo confío en que algún día lo hará y los españoles conoceremos la verdad. Porque en el 11-M, aunque le pese al inefable José Blanco y al PSOE, no se ha puesto punto final sino tan sólo un punto y aparte.
Jaime Ignacio del Burgo es diputado y fue coportavoz del PP en la Comisión de Investigación del 11-M
11-M LA INVESTIGACION / El análisis
11-M ¿Punto final o punto y aparte?
JAIME IGNACIO DEL BURGO
El 28 de agosto de 2004, en las páginas de este mismo periódico, publiqué un artículo titulado El fin de las casualidades del 11-M. En él hacía un balance de la trascendencia que tenía el haber conocido que la Policía seguía, con autorización judicial, las andanzas de la banda del tristemente célebre Jamal Ahmidan, alias El Chino, bastante tiempo antes del atentado terrorista.
Denunciaba también los obstáculos de la cúpula del ministerio del Interior al esclarecimiento de los hechos. Y terminaba con estas palabras: «Quizás el último bastión de la verdad sea el juez Del Olmo. Al menos, su auto de 19 de julio ha puesto al descubierto hechos cuya gravedad requiere una rigurosa investigación. La Justicia tiene los medios coercitivos necesarios para poder llevarla a cabo hasta sus últimas consecuencias.
(.../...)
Es posible que, cuando se levante el secreto del sumario, nos encontremos con la grata sorpresa de que por abajo, al menos, se ha investigado a fondo. De no ser así, puedo asegurar que, por respeto a la memoria de las víctimas, a la dignidad de los cuerpos policiales y al derecho del pueblo español a conocer la verdad, algunos no cejaremos en el empeño».
Vana esperanza la mía. El auto de procesamiento, dictado por el juez encargado del caso el pasado 10 de abril de 2006, constituye una profunda decepción. El juez ha renunciado a hacer su propio relato de los hechos que considera probados y se ha limitado a incorporar al auto cientos de páginas de informes de los Cuerpos de Seguridad, asumiendo prácticamente sin ningún juicio crítico sus conclusiones.
Transcribe, asimismo, de forma literal numerosas declaraciones de testigos o de imputados, y si realiza alguna valoración crítica lo es para asumir sin pestañear las tesis sustentadas por los responsables policiales.
Por otra parte, salvo el procesamiento de 29 personas de las 119 imputadas, el auto no revela prácticamente nada que no se hubiera conocido, sobre todo desde que en julio de 2005 el juez levantara el secreto de la mayor parte del sumario.
Sobre la llamada trama asturiana.
La compleja investigación realizada sobre los teléfonos móviles de los implicados, algunas conversaciones grabadas y ciertas declaraciones testificales justifican el procesamiento de Emilio Suárez Trashorras como responsable de haber suministrado importantes cantidades de dinamita a la célula de Lavapiés.
No queda muy claro por qué, en esta colaboración necesaria del asturiano con los islamistas, la responsabilidad de su esposa Carmen y de su cuñado Antonio Toro queda tan desdibujada.
Sin embargo, no se ha querido esclarecer la posible existencia de responsabilidades -que podrían tener trascendencia penal- de ciertos mandos policiales y de la Guardia Civil que tuvieron en su mano la posibilidad de evitar la gran masacre si ésta se cometió con los explosivos de los asturianos.
El auto del juez hace clamar justicia cuando revela que el principal encausado por la venta de la dinamita era un confidente de la Policía, que su esposa -también encausada- era la protegida del jefe de estupefacientes de Avilés, y que es rigurosamente falso que éste se apartara de ellos cuando tuvo conocimiento de que podían estar involucrados en tráfico ilegal de dinamita.
El auto refleja el alto grado de conocimiento que la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), dirigida por un ex colaborador de Rafael Vera, tuvo de la actividad de los asturianos, y de su contenido se desprende la falsedad de buena parte de los informes presentados y de las declaraciones prestadas ante la Comisión de Investigación.
Resulta escandaloso que a la vista de tantas denuncias de colaboradores y confidentes, y de tan alto grado de conocimiento sobre las intenciones de los asturianos no se hubiera solicitado la «judicialización» de la investigación, pues con sólo haber intervenido sus teléfonos el atentado -al menos con la dinamita asturiana y con la participación de la banda de El Chino- se habría evitado con toda probabilidad.
La conexión con ETA
Nunca he sostenido que ETA estuviera detrás del 11-M, aunque sí he dicho que debiera investigarse a fondo, a la vista de numerosos datos objetivos y demostrativos de la estrecha relación existente entre algunos etarras y ciertos islamistas pertenecientes al entorno de los presuntos suicidas de Leganés.(Por cierto, que sobre este episodio controvertido, el auto se limita a reflejar la versión de los informes policiales que consideran que los islamistas se suicidaron, a pesar de que en ellos se señala cómo tres de los terroristas se hallaban «parapetados» tras el mobiliario, lo que explicaría que el cadáver de uno de ellos -El Chino- apareciera debajo de un colchón en la piscina del apartamento).
Pues bien, el auto nada dice de la coincidencia en el mismo módulo penitenciario de Villabona, de Antonio Toro, Rafá Zouhier, José Luis Fernández (alias Nayo), Abdelkrim Benesmail (lugarteniente de uno de los suicidas de Leganés, Allekema Lamari, encausado por el juez Garzón por el intento de voladura de la Audiencia Nacional y que tenía en su poder la dirección de Henri Parot y de otros sanguinarios etarras) y de varios miembros de la banda terrorista, que profesaban por el islamista Benesmail una admiración sin límites.
Tampoco ha investigado la extraña relación de Fernando Huarte, el socialista colaborador o agente del CNI, con el islamista Benesmail.
El juez ha pasado por alto el hecho de que Zouhier hubiera alertado a la Guardia Civil de que Antonio Toro intentaba vender dinamita a ETA, advertencia que ya había realizado dos años antes el confidente Lavandera. No hay ni rastro de verificación de la «casualidad» que supone el robo por ETA de un vehículo a las puertas del garaje de Suárez Trashorras en Avilés, que fue utilizado en el atentado cometido el 2 de diciembre de 2002 en Santander.
La única referencia a ETA que hay en el auto se produce al transcribir el relato de dos testigos protegidos -cuya identidad, por tanto, desconocemos- que refieren al juez algunas confidencias realizadas por José Luis Fernández, alias Nayo, en la cárcel de Villabona.
Este confidente policial y de la Guardia Civil, encarcelado con ocasión de la operación Pipol junto con Antonio Toro, habría comentado a los referidos testigos protegidos que su compinche tenía 100 o 200 kilos de explosivos para vender a ETA.
Dado que Nayo es la «única fuente» de esta presunta conexión, y ello en función de testimonios de referencia, el juez concluye: «Nula consistencia puede tener esa supuesta fuente».
Previamente, además, la había descalificado de forma contundente: «Las fuentes suelen ser de testigos de referencia y que además expresan su interés en conseguir algún tipo de beneficio. Incluso alguno de ellos, al señalar a su vez la procedencia de su información, permite controlar las posibles motivaciones (vengativas o espurias) que guiarían dar esos supuestos datos».
Pues bien, esta farragosa conclusión del juez se basa en los informes de la Policía y de Guardia Civil emitidos para minusvalorar la importancia de las alertas recibidas sobre la venta de dinamita por parte de los asturianos encausados.
Pero nada dice de la denuncia formulada por el abogado Tejeda ante el fiscal jefe de Asturias que dio lugar a una investigación que concluyó sin resultado porque Nayo les llevó a un lugar donde podría estar el zulo con la dinamita y «no iban a registrar todo el monte».
En su relato al fiscal, el abogado Tejeda dejó constancia de la autoinculpación de Nayo al reconocer que él mismo había participado en operaciones de transporte de armas y explosivos con destino a ETA.
El juez, lo dice el auto, sabe que Nayo está en Santo Domingo.(Esta es una de las escasas revelaciones ofrecidas por Del Olmo).Y si lo sabe el juez, lo conocen también la Fiscalía y el Ministerio del Interior. Pero Nayo sigue huido y, al parecer, a nadie se le ha ocurrido pedir su extradición.
El juez tampoco ha considerado conveniente indagar si de la denuncia del Nayo se dio traslado a los responsables en Madrid de la lucha contra el terrorismo de ETA.
Las andanzas de El Chino en el País Vasco no parecen haber inquietado al juez, ni las informaciones sobre su supuesta amistad con los dos etarras detenidos en Cañaveras, cuando trataban de introducir, de forma simultánea a la caravana de la muerte de Asturias -un coche bomba capaz de volar un edificio como la Audiencia Nacional-; amistad presuntamente revelada por Emilio Suárez Trashorras antes de ser detenido.
Por supuesto, no hay ni rastro de una declaración de un primo de El Chino ante la Policía sobre la confidencia que éste le realizó sobre la colaboración de ETA en el 11-M.
El juez no ha ordenado la menor investigación sobre la conexión de etarras e islamistas en las cárceles españolas (que distan mucho de ser como el agua y el aceite), ni sobre la frase atribuida por un confidente policial a Josu Ternera («Dentro de 15 días los españoles se van a enterar de lo que somos capaces de hacer»), ni sobre las numerosas informaciones que probarían relaciones de ETA con los islamistas, tanto dentro como fuera de España.
La mochila de Vallecas y los teléfonos móviles
El auto no aclara en absoluto cómo se produjo el hallazgo de la «decimotercera» mochila -que resultó ser bolsa- aparecida en la comisaría de Vallecas. Más aún, de la lectura del auto se desprende que es imposible que de la existencia de esa bolsa de cerca de 15 kilos de peso nadie se hubiera percatado en la estación del Pozo del Tío Raimundo, si se tiene en cuenta que los TEDAX se dedicaron, tras la aparición de la primera de las mochila bomba que no llegaron a explotar en los trenes, a la búsqueda exhaustiva de otros artefactos.
Por otra parte, con los testimonios de los TEDAX adscritos a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, realizados además «en caliente», resulta incomprensible que en su declaración ante la Comisión de Investigación, el jefe superior, Sr. Fernández Rancaño, actual jefe de seguridad de la Caixa, hubiera informado que era rotundamente falso que la mochila hubiera estado en el Ifema. ¿Hubo interés en ocultar el extraño periplo de la mochila hasta quedar depositada en la comisaría de Vallecas?
En otro orden de cosas, el auto no aclara por qué los TEDAX no encontraron restos de metralla en los trenes explosionados que sí se encontraba en la decimotercera mochila, ni por qué en la furgoneta de Alcalá el resto de explosivo encontrado contenía «metemamina», componente propio de explosivos militares, ni por qué los agentes de desactivación informaron de que podía tratarse de una dinamita militar, ni por qué se resignó a no ordenar la realización de una simulación para determinar los efectos de los distintos tipos de explosivos, ni por qué en una de las mochilas bomba desactivadas por los TEDAX el temporizador no era un teléfono.
En cuanto a los móviles, lo único cierto es que no se conoce quiénes fueron los compradores de los teléfonos, que dijeron ser búlgaros. De forma incomprensible, el auto guarda silencio sobre la posible implicación de un policía nacional en la liberación e incluso en la conexión de los teléfonos a los detonadores, a pesar de haber sido acusado de esto último por el propio Comisario General de Información.
La manipulación del auto
La propaganda gubernamental se puso en marcha desde el instante mismo en que se conoció el auto.He aquí algunos titulares: «El juez recuerda las alertas islamistas que recibió el Gobierno». «El juez rechaza la participación de ETA porque lo que no existe no se menciona». «La resolución judicial cita como antecedente de riesgo la presencia de España en la guerra de Irak». Otros medios ponían el contrapunto: «El 11-M sólo buscaba acabar con el Gobierno de Aznar». En realidad el juez no dice ni lo uno ni lo otro. Para ser rigurosos, el auto se limita a transcribir informes policiales o notas informativas del CNI donde se alertaba de la posibilidad de atentados contra las tropas españolas en Irak e incluso en territorio español.
La nota informativa del CNI de 6 de noviembre de 2003, reflejada en el auto, a la que algunos pretenden ahora sacar partido, publicada ya en julio de 2004, advierte sobre la posibilidad de que Lamari estuviera organizando un gran incendio forestal o el ataque contra un edificio mediante un coche bomba conducido por un «mártir».
A pesar de ello, recuérdese cómo el CNI informó el 11 de marzo de 2004 al Gobierno que el atentado era obra de ETA, y que no cambió su informe hasta el día 15 de marzo.
Por otra parte, el juez Del Olmo no ha sentido la menor inquietud en averiguar si el edificio del que hablaba el informe podía ser la Audiencia Nacional, teniendo en cuenta que éste era el objetivo de su lugarteniente, Abdelkrim Benesmail, ni si el coche bomba de ETA detectado en Cañaveras era un préstamo de explosivos.
En cuanto a ETA, la frase atribuida al juez en el sentido de que «no existe lo que no se menciona» es falsa. Fueron fuentes anónimas de la Audiencia Nacional las que proporcionaron esta interpretación interesada del auto.
Tampoco el juez -hay que ser justos- afirma que el atentado tuviera por objeto cambiar el Gobierno. Eso se desprende del contenido de un informe colgado de una página web islamista, vinculada a Al Qaeda, desconocida para nuestros servicios de seguridad hasta después del 11-M y que ni siquiera consta que hubiera sido visitada por la célula de Lavapiés antes de los atentados.
Pero con la misma legitimidad de ciertos titulares, podríamos decir que de la lectura de algunas páginas web islamistas se desprende que el anuncio hecho por Rodríguez Zapatero, meses antes de las elecciones, de retirar nuestras tropas de Irak si se proclamaba vencedor, produjo el despertar de la «célula islamista durmiente» que perpetró el atentado para ayudar a la victoria del PSOE.
Por último, no puedo dejar de referirme a la reacción de Pepiño Blanco: «El PSOE da por concluido el proceso de investigación sobre los autores materiales del 11-M». Estuvo bien la referencia a los «autores materiales», pero ¿quién es el Partido Socialista para dar por concluida una investigación judicial? ¿O es que el PSOE tiene mala conciencia y quiere cerrar «como sea» el 11-M?
Ni siquiera el juez ha llegado a tanto. En el auto de Del Olmo no se afirma en ninguna parte que los autores intelectuales del atentado coincidan con los que se supone son sus autores materiales.Y digo «se supone» porque en todo este asunto hay que hacer un gran acto de fe, pues casi todo se sustenta en suposiciones o deducciones, no en pruebas concluyentes.
Se supone que en el atentado se utilizó la Goma 2 de los asturianos.Se supone que los temporizadores de las mochilas bomba fueron los teléfonos adquiridos por unos supuestos búlgaros. Se supone que los islamistas querían suicidarse, aunque lo lograran el 3 de abril y no el 11-M.
Mientras tanto, nadie quiere dar respuesta a la gran pregunta: ¿Cómo es posible que si todos los autores materiales o sus colaboradores necesarios o eran confidentes de la Policía, de la Guardia Civil o del CNI, o estaban estrechamente vigilados por los referidos Cuerpos de Seguridad, en algunos casos -los más fanatizados- bajo la dirección del juez Garzón, al final se produjera el atentado?
Consciente de mi osadía, me atrevo a dar algún consejo al juez Del Olmo. Todavía está a tiempo de ser el último baluarte de la verdad. Ahora que ha cerrado, por el momento al menos, el capítulo de la imputación penal, y sigue abierta la instrucción hasta que dicte el auto de conclusión del sumario, no estaría de más que se centrara en hacer una auditoría de la investigación policial.
Hay demasiadas lagunas, demasiadas ocultaciones, demasiadas contradicciones que esperan a gritos una explicación a fondo. Con paciencia infinita, debería tirar del hilo en el auténtico sentido de la palabra hasta llegar al ovillo. O mejor, tirar de los hilos, porque son muchos, demasiados, los cabos sueltos.
Le recomiendo que lea las declaraciones de quienes comparecieron en la Comisión de Investigación y las compare con los informes y testimonios de su Juzgado. Pida explicaciones a los «peritos» policiales. Repase sin prevención algunas declaraciones aunque no le gustara la forma en que llegaron a su poder.
Examine por qué los 119 imputados han quedado reducidos a 29.Medite la enorme injusticia que eso ha significado para los erróneamente inculpados. Piense dónde quedaría su instrucción si de esos 29 se «caen» de la imputación alguno de los más significativos.Intente desentrañar la autoría intelectual.
No pregunte tanto a la Policía, sino que vaya usted mismo a la fuente. Eche un vistazo a Villabona, aunque desconfíe de lo que le digan desde Instituciones Penitenciarias.
Averigüe si hay otras conversaciones grabadas de las que su juzgado no ha tenido ni noticia. ¿Ha revisado personalmente toda la información contenida en los ordenadores de los islamistas, o se fía de quienes han seleccionado para usted lo que tiene «mayor interés»?
A lo mejor, si se diera un paseo por el Cuartel General de la Policía o de la Guardia Civil o, por qué no, por la sede del CNI, se llevaría alguna mayúscula sorpresa.
Pero si no lo hace, tarde o temprano, alguien lo hará. La Justicia, con mayúsculas, es de largo recorrido. Tardará en dictar su última palabra, pero yo confío en que algún día lo hará y los españoles conoceremos la verdad. Porque en el 11-M, aunque le pese al inefable José Blanco y al PSOE, no se ha puesto punto final sino tan sólo un punto y aparte.
Jaime Ignacio del Burgo es diputado y fue coportavoz del PP en la Comisión de Investigación del 11-M
Comentarios
¿Podrá osar el juez a decirle a este político cómo debe de hacer su política?