El PSC advierte a De la Vega que si cae el Estatuto cae el Gobierno
07-02-07
MODELO DE ESTADO / Considera que es una batalla política encabezada por el PP, que utiliza las instituciones / Cree que una sentencia contraria al Estatuto catalán, tras el fracaso del 'proceso de paz', pondría en riesgo su continuidad
El PSC advierte a De la Vega que si cae el Estatuto cae el Gobierno
FERNANDO GAREA / MANUEL SANCHEZ
MODELO DE ESTADO / Considera que es una batalla política encabezada por el PP, que utiliza las instituciones / Cree que una sentencia contraria al Estatuto catalán, tras el fracaso del 'proceso de paz', pondría en riesgo su continuidad
El PSC advierte a De la Vega que si cae el Estatuto cae el Gobierno
FERNANDO GAREA / MANUEL SANCHEZ
MADRID.- El Gobierno no quiere perder la batalla del Estatuto de Cataluña. Y, en ese empeño, recibió ayer el apoyo del Grupo Socialista y, más bien, la advertencia del Partido Socialista de Cataluña (PSC).
Fue en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista, presidido por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, donde la diputada del PSC Elisenda Malaret manifestó su pleno rechazo a la recusación en el Tribunal Constitucional del magistrado Pablo Pérez Tremps.
La diputada consideró «gravísima» dicha decisión y, según varios de sus compañeros que asistieron al encuentro, advirtió abiertamente de que si cae el Estatuto de Cataluña, después caerá el Gobierno, lo que es una opinión generalizada en el PSOE y en el mismo Ejecutivo.
(.../...)
Malaret, doctora en Derecho, hizo una intervención muy técnica y citando a juristas, pero aseveró que la decisión del TC está destinada «a derrocar a un Gobierno», según confirmaron a EL MUNDO varios diputados del PSOE.
La diputada del PSC indicó ante la vicepresidenta que el Estatuto de Cataluña ha sido piedra angular de la acción del Gobierno, y que un varapalo del Tribunal Constitucional arrastrará al Ejecutivo y al Estado a una importante crisis. Además recordó que el Estatuto fue aprobado en referéndum.
También preguntó por el asunto el diputado vasco Eduardo Madina, quien tampoco ocultó su preocupación por lo ocurrido. María Teresa Fernández de la Vega les contestó a los dos a la vez: «Querido Edu, querida Elisenda, vamos a esperar la sentencia del Constitucional».
No dijo nada más significativo en su respuesta, pero en el Grupo Socialista siguió flotando una honda preocupación por lo que pueda deparar la decisión del Tribunal Constitucional.
Fuentes del PSC aseguraron a EL MUNDO que la intervención de Elisenda Malaret es una opinión más y que, aunque existe una honda preocupación por lo ocurrido, se sigue teniendo plena confianza en la acción del Gobierno.
No obstante, tanto en fuentes del Grupo Socialista como del PSC coinciden con la preocupación de la diputada y señalan que si el Constitucional corrige el Estatuto, el Gobierno tendrá que convocar elecciones.
Para ganar la batalla, el Gobierno está dispuesto a sustituir inmediatamente a Pérez Tremps como magistrado del Tribunal Constitucional si finalmente presenta su dimisión. Fuentes del Gobierno aseguran que si se llegara a esa situación se procedería a reemplazarle lo antes posible para que su sustituto participe en la deliberación sobre el recurso al Estatuto de Cataluña. La aceptación de la recusación, tras un largo debate, muestra, según el Ejecutivo, la división en el Tribunal y transmite malos augurios sobre el futuro del Estatuto.
Oficial y públicamente, el Gobierno asegura que no está planteada esa posibilidad de sustitución hasta que el magistrado tome la decisión. Pérez Tremps fue nombrado en su momento por el Gobierno y, por tanto, el sustituto debería ser designado también por el Consejo de Ministros. Pero en privado el Ejecutivo no oculta su profundo malestar por la decisión de apartar del debate a este magistrado. Considera que no había razones para la recusación, que se debe a motivos estrictamente políticos y que una parte del TC ha funcionado por cuotas y de manera partidista.
Además, hay un segundo motivo de malestar en el Gobierno que tiene que ver con la agenda política y con el futuro del Gabinete de Zapatero: fuentes del Ejecutivo aseguran que un rechazo en el TC a artículos sustanciales del Estatuto supondría un revés político y electoral de proporciones incalculables. Tanto que algunos aventuran el final de la legislatura.
Porque si fuera así, dos de los pilares fundamentales de la acción de gobierno, el llamado proceso de paz y las reformas estatutarias, podrían venirse abajo. Aseguran que la recusación de Pérez Tremps forma parte de una maniobra de la derecha para lograr ese objetivo político de acabar con el Gobierno de Zapatero, utilizando al Constitucional.
Argumentan que el PP ha aceptado en el Estatuto andaluz decenas de artículos idénticos a los que ha recurrido del de Cataluña y advierten de las consecuencias políticas de acabar con un texto que ya fue refrendado por los ciudadanos catalanes y que está en fase de desarrollo. Fuentes del Grupo Socialista añaden a esa situación de uso de las instituciones el bloqueo que el PP mantiene a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los miembros de este órgano terminaron su mandato hace meses y el PP ha dado largas a las conversaciones para la renovación porque, según el Ejecutivo, prefiere un Consejo con mayoría conservadora para lo que queda de legislatura. Esa resistencia del PP es, siempre según el Gobierno, otro episodio más del pulso político y partidista utilizando las instituciones.
Además, el Ejecutivo tiene dificultades estos días para lograr un acuerdo para sacar adelante la Ley de Memoria Histórica, una de las normas simbólicas de la legislatura.
Aunque el Gobierno habló de respeto a la decisión del Tribunal, el propio ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, criticó ayer abiertamente la decisión de la mayoría del TC, porque «antes no se había aceptado la recusación contra un catedrático de Universidad por haber elaborado un estudio académico anterior».
Recordó el caso del magistrado José Luis de los Mozos, que en 1989 renunció a su escaño de senador del PP para ser nombrado magistrado del Constitucional. Esa recusación fue rechazada y «se le permitió enjuiciar leyes a las que había votado favorablemente» como parlamentario del Grupo Popular, según explicó López Aguilar.
El ministro aseguró que el estudio que ha motivado la recusación fue elaborado por encargo de la Generalitat antes de que fuera nombrado miembro del Constitucional e incluso de que existiera un borrador para reformar el Estatuto de Cataluña.
Aseguró que «es muy difícil que haya un catedrático de Derecho Constitucional que no haya escrito sobre derechos constitucionales, conflictos de competencias en el Estado de las Autonomías o Estatutos de Autonomía».
López Aguilar dijo que Pérez Tremps «es perfectamente apto y honorable para integrar el Tribunal Constitucional».
Para explicar su malestar insistió en que «si la Constitución quiere que en el Tribunal haya profesores de Derecho Constitucional» es lógico que como expertos hayan hecho informes sobre asuntos de su competencia y hayan trabajado en alguna ocasión para las instituciones.
Fue en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista, presidido por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, donde la diputada del PSC Elisenda Malaret manifestó su pleno rechazo a la recusación en el Tribunal Constitucional del magistrado Pablo Pérez Tremps.
La diputada consideró «gravísima» dicha decisión y, según varios de sus compañeros que asistieron al encuentro, advirtió abiertamente de que si cae el Estatuto de Cataluña, después caerá el Gobierno, lo que es una opinión generalizada en el PSOE y en el mismo Ejecutivo.
(.../...)
Malaret, doctora en Derecho, hizo una intervención muy técnica y citando a juristas, pero aseveró que la decisión del TC está destinada «a derrocar a un Gobierno», según confirmaron a EL MUNDO varios diputados del PSOE.
La diputada del PSC indicó ante la vicepresidenta que el Estatuto de Cataluña ha sido piedra angular de la acción del Gobierno, y que un varapalo del Tribunal Constitucional arrastrará al Ejecutivo y al Estado a una importante crisis. Además recordó que el Estatuto fue aprobado en referéndum.
También preguntó por el asunto el diputado vasco Eduardo Madina, quien tampoco ocultó su preocupación por lo ocurrido. María Teresa Fernández de la Vega les contestó a los dos a la vez: «Querido Edu, querida Elisenda, vamos a esperar la sentencia del Constitucional».
No dijo nada más significativo en su respuesta, pero en el Grupo Socialista siguió flotando una honda preocupación por lo que pueda deparar la decisión del Tribunal Constitucional.
Fuentes del PSC aseguraron a EL MUNDO que la intervención de Elisenda Malaret es una opinión más y que, aunque existe una honda preocupación por lo ocurrido, se sigue teniendo plena confianza en la acción del Gobierno.
No obstante, tanto en fuentes del Grupo Socialista como del PSC coinciden con la preocupación de la diputada y señalan que si el Constitucional corrige el Estatuto, el Gobierno tendrá que convocar elecciones.
Para ganar la batalla, el Gobierno está dispuesto a sustituir inmediatamente a Pérez Tremps como magistrado del Tribunal Constitucional si finalmente presenta su dimisión. Fuentes del Gobierno aseguran que si se llegara a esa situación se procedería a reemplazarle lo antes posible para que su sustituto participe en la deliberación sobre el recurso al Estatuto de Cataluña. La aceptación de la recusación, tras un largo debate, muestra, según el Ejecutivo, la división en el Tribunal y transmite malos augurios sobre el futuro del Estatuto.
Oficial y públicamente, el Gobierno asegura que no está planteada esa posibilidad de sustitución hasta que el magistrado tome la decisión. Pérez Tremps fue nombrado en su momento por el Gobierno y, por tanto, el sustituto debería ser designado también por el Consejo de Ministros. Pero en privado el Ejecutivo no oculta su profundo malestar por la decisión de apartar del debate a este magistrado. Considera que no había razones para la recusación, que se debe a motivos estrictamente políticos y que una parte del TC ha funcionado por cuotas y de manera partidista.
Además, hay un segundo motivo de malestar en el Gobierno que tiene que ver con la agenda política y con el futuro del Gabinete de Zapatero: fuentes del Ejecutivo aseguran que un rechazo en el TC a artículos sustanciales del Estatuto supondría un revés político y electoral de proporciones incalculables. Tanto que algunos aventuran el final de la legislatura.
Porque si fuera así, dos de los pilares fundamentales de la acción de gobierno, el llamado proceso de paz y las reformas estatutarias, podrían venirse abajo. Aseguran que la recusación de Pérez Tremps forma parte de una maniobra de la derecha para lograr ese objetivo político de acabar con el Gobierno de Zapatero, utilizando al Constitucional.
Argumentan que el PP ha aceptado en el Estatuto andaluz decenas de artículos idénticos a los que ha recurrido del de Cataluña y advierten de las consecuencias políticas de acabar con un texto que ya fue refrendado por los ciudadanos catalanes y que está en fase de desarrollo. Fuentes del Grupo Socialista añaden a esa situación de uso de las instituciones el bloqueo que el PP mantiene a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los miembros de este órgano terminaron su mandato hace meses y el PP ha dado largas a las conversaciones para la renovación porque, según el Ejecutivo, prefiere un Consejo con mayoría conservadora para lo que queda de legislatura. Esa resistencia del PP es, siempre según el Gobierno, otro episodio más del pulso político y partidista utilizando las instituciones.
Además, el Ejecutivo tiene dificultades estos días para lograr un acuerdo para sacar adelante la Ley de Memoria Histórica, una de las normas simbólicas de la legislatura.
Aunque el Gobierno habló de respeto a la decisión del Tribunal, el propio ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, criticó ayer abiertamente la decisión de la mayoría del TC, porque «antes no se había aceptado la recusación contra un catedrático de Universidad por haber elaborado un estudio académico anterior».
Recordó el caso del magistrado José Luis de los Mozos, que en 1989 renunció a su escaño de senador del PP para ser nombrado magistrado del Constitucional. Esa recusación fue rechazada y «se le permitió enjuiciar leyes a las que había votado favorablemente» como parlamentario del Grupo Popular, según explicó López Aguilar.
El ministro aseguró que el estudio que ha motivado la recusación fue elaborado por encargo de la Generalitat antes de que fuera nombrado miembro del Constitucional e incluso de que existiera un borrador para reformar el Estatuto de Cataluña.
Aseguró que «es muy difícil que haya un catedrático de Derecho Constitucional que no haya escrito sobre derechos constitucionales, conflictos de competencias en el Estado de las Autonomías o Estatutos de Autonomía».
López Aguilar dijo que Pérez Tremps «es perfectamente apto y honorable para integrar el Tribunal Constitucional».
Para explicar su malestar insistió en que «si la Constitución quiere que en el Tribunal haya profesores de Derecho Constitucional» es lógico que como expertos hayan hecho informes sobre asuntos de su competencia y hayan trabajado en alguna ocasión para las instituciones.
Comentarios