El Gobierno limita la conexión de etarras e islamistas a las «relaciones personales en las cárceles»
04-11-04
LA AMENAZA TERRORISTA / Alonso expone ante el Pacto Antiterrorista dos informes que descartan relaciones entre ETA y los autores del 11-M / Interior informa de 29 comunicaciones entre presos de ambas organizaciones terroristas
El Gobierno limita la conexión de etarras e islamistas a las «relaciones personales en las cárceles»
FERNANDO GAREA. FERNANDO LAZARO
MADRID.- «No se puede establecer una relación o vinculación entre ETA y organizaciones vinculadas al terrorismo islamista. Tan sólo habría relaciones personales entre internos que comparten un mismo espacio». Esta es la conclusión principal de los informes de la policía y del coordinador de Seguridad de Instituciones Penitenciarias que el Gobierno presentó ayer ante el Pacto Antiterrorista.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, comparecieron ante la Comisión de Seguimiento del Pacto, de la que forman parte PSOE y PP. Por los socialistas estuvieron José Blanco, Alfredo Pérez Rubalcaba, Joan Lerma, Alvaro Cuesta y Patxi López, y por los populares Mariano Rajoy, Angel Acebes, Eduardo Zaplana, Pío García Escudero y María San Gil.
(.../...)
El PP tenía especial interés en conocer los datos sobre vinculaciones entre ETA y los terroristas islamistas, tanto con los presuntos autores del 11-M como con los detenidos recientemente por orden del juez Baltasar Garzón.
El ministro Alonso respondió con la lectura de dos informes: uno de la policía y otro del coordinador de Seguridad de Prisiones.En estos informes se habla de más de 220.000 cartas interceptadas y más de 4.000 cintas grabadas a presos terroristas desde 1998.La mayoría de ellas han sido destruidas sin traducirse siquiera.
El informe se centra en el análisis de 29 comunicaciones entre internos de ETA o islamistas sobre relaciones entre ambos. Seis de ellas son previas a la masacre de marzo y el resto, posteriores.
También se habla de dos episodios concretos: la presencia de ejemplares del diario abertzale Gara en la celda de Abdelkrim Benesmail, uno de los últimos detenidos por orden de Garzón en el marco de la operación Nova, y el hallazgo en su poder del nombre de dos destacados etarras como Henri Parot y Harriet Iragi.
Según explicó el ministro, la investigación sobre estos indicios no ha conducido a demostrar vínculo alguno entre ETA y los islamistas, más allá de esas relaciones personales. Los representantes del PP respondieron exigiendo que continúe la investigación. Insistieron en que estas pesquisas son muy complicadas debido a las dificultades para averiguar los correos o cauces concretos de información entre los presos. Aclarar estos vínculos puede prolongarse durante meses.
El Gobierno se comprometió a seguir investigando. Los populares plantearon también indicios que apuntan a esa presunta relación, como la coincidencia el mismo día de febrero del traslado de explosivos utilizados en el 11-M desde Asturias y los interceptados a ETA hacia Madrid. O la coincidencia del robo en el callejón de Avilés de un coche utilizado por ETA en la misma zona donde un implicado en el 11-M, José Emilio Suárez Trashorras, tiene un garaje donde guardaba explosivos.
El Gobierno se remitió a las investigaciones policiales. Alonso explicó el plan de dispersión de presos islamistas que ha puesto en marcha, así como un catálogo de media docena de medidas de seguridad que se establecerá sobre estos internos. Varias de estas iniciativas están dirigidas fundamentalmente a controlar sus comunicaciones por carta o por teléfono, así como sus relaciones con otros internos.
El PP pidió explicaciones por la filtración de grabaciones a presos de ETA de la cárcel de Villabona en las que negaban la relación con el 11-M y criticaban a EL MUNDO. Según el PP, el Gobierno no contestó.
Sobre ETA, el ministro habló de la operación que permitió desarticular su cúpula, se refirió a la documentación que está aún pendiente de analizar y aseguró que las Fuerzas de Seguridad desconocen quién ocupa ahora la dirección de la organización terrorista.
Otro tema tratado fue el de la carta suscrita por destacados ex dirigentes de ETA presos en la que cuestionan la lucha armada.El análisis formulado por el ministro del Interior a puerta cerrada no difiere del explicado en público: marca el camino del final de ETA, pero huyendo de triunfalismos. PSOE y PP discreparon sobre la eliminación del Código Penal de la reforma que tipificaba la financiación pública de organizaciones ilegales como Batasuna.Según el PSOE, es innecesario porque ya hay instrumentos jurídicos y, según el PP, era un elemento legal más contra el entorno de ETA.
Ambos se comprometieron a tratar en el seno del Pacto Antiterrorista la posibilidad de que los presos de ETA puedan estudiar en la Universidad Pública del País Vasco y no sólo en la Uned, como ocurre ahora, tras la reforma legal aprobada el año pasado.
El Gobierno limita la conexión de etarras e islamistas a las «relaciones personales en las cárceles»
FERNANDO GAREA. FERNANDO LAZARO
MADRID.- «No se puede establecer una relación o vinculación entre ETA y organizaciones vinculadas al terrorismo islamista. Tan sólo habría relaciones personales entre internos que comparten un mismo espacio». Esta es la conclusión principal de los informes de la policía y del coordinador de Seguridad de Instituciones Penitenciarias que el Gobierno presentó ayer ante el Pacto Antiterrorista.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, comparecieron ante la Comisión de Seguimiento del Pacto, de la que forman parte PSOE y PP. Por los socialistas estuvieron José Blanco, Alfredo Pérez Rubalcaba, Joan Lerma, Alvaro Cuesta y Patxi López, y por los populares Mariano Rajoy, Angel Acebes, Eduardo Zaplana, Pío García Escudero y María San Gil.
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El PP tenía especial interés en conocer los datos sobre vinculaciones entre ETA y los terroristas islamistas, tanto con los presuntos autores del 11-M como con los detenidos recientemente por orden del juez Baltasar Garzón.
El ministro Alonso respondió con la lectura de dos informes: uno de la policía y otro del coordinador de Seguridad de Prisiones.En estos informes se habla de más de 220.000 cartas interceptadas y más de 4.000 cintas grabadas a presos terroristas desde 1998.La mayoría de ellas han sido destruidas sin traducirse siquiera.
El informe se centra en el análisis de 29 comunicaciones entre internos de ETA o islamistas sobre relaciones entre ambos. Seis de ellas son previas a la masacre de marzo y el resto, posteriores.
También se habla de dos episodios concretos: la presencia de ejemplares del diario abertzale Gara en la celda de Abdelkrim Benesmail, uno de los últimos detenidos por orden de Garzón en el marco de la operación Nova, y el hallazgo en su poder del nombre de dos destacados etarras como Henri Parot y Harriet Iragi.
Según explicó el ministro, la investigación sobre estos indicios no ha conducido a demostrar vínculo alguno entre ETA y los islamistas, más allá de esas relaciones personales. Los representantes del PP respondieron exigiendo que continúe la investigación. Insistieron en que estas pesquisas son muy complicadas debido a las dificultades para averiguar los correos o cauces concretos de información entre los presos. Aclarar estos vínculos puede prolongarse durante meses.
El Gobierno se comprometió a seguir investigando. Los populares plantearon también indicios que apuntan a esa presunta relación, como la coincidencia el mismo día de febrero del traslado de explosivos utilizados en el 11-M desde Asturias y los interceptados a ETA hacia Madrid. O la coincidencia del robo en el callejón de Avilés de un coche utilizado por ETA en la misma zona donde un implicado en el 11-M, José Emilio Suárez Trashorras, tiene un garaje donde guardaba explosivos.
El Gobierno se remitió a las investigaciones policiales. Alonso explicó el plan de dispersión de presos islamistas que ha puesto en marcha, así como un catálogo de media docena de medidas de seguridad que se establecerá sobre estos internos. Varias de estas iniciativas están dirigidas fundamentalmente a controlar sus comunicaciones por carta o por teléfono, así como sus relaciones con otros internos.
El PP pidió explicaciones por la filtración de grabaciones a presos de ETA de la cárcel de Villabona en las que negaban la relación con el 11-M y criticaban a EL MUNDO. Según el PP, el Gobierno no contestó.
Sobre ETA, el ministro habló de la operación que permitió desarticular su cúpula, se refirió a la documentación que está aún pendiente de analizar y aseguró que las Fuerzas de Seguridad desconocen quién ocupa ahora la dirección de la organización terrorista.
Otro tema tratado fue el de la carta suscrita por destacados ex dirigentes de ETA presos en la que cuestionan la lucha armada.El análisis formulado por el ministro del Interior a puerta cerrada no difiere del explicado en público: marca el camino del final de ETA, pero huyendo de triunfalismos. PSOE y PP discreparon sobre la eliminación del Código Penal de la reforma que tipificaba la financiación pública de organizaciones ilegales como Batasuna.Según el PSOE, es innecesario porque ya hay instrumentos jurídicos y, según el PP, era un elemento legal más contra el entorno de ETA.
Ambos se comprometieron a tratar en el seno del Pacto Antiterrorista la posibilidad de que los presos de ETA puedan estudiar en la Universidad Pública del País Vasco y no sólo en la Uned, como ocurre ahora, tras la reforma legal aprobada el año pasado.
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