Detenidos tres trabajadores de ambulancias por la difusión de las imágenes del 11-M
31-10-06
TERRORISMO ISLAMISTA. El Código Penal castiga con dos años de cárcel a quienes humillen a las víctimas
Detenidos tres trabajadores de ambulancias por la difusión de las imágenes del 11-M
Las declaraciones de sus compañeros han permitido identificar a los autores de las 34 fotografías
TERRORISMO ISLAMISTA. El Código Penal castiga con dos años de cárcel a quienes humillen a las víctimas
Detenidos tres trabajadores de ambulancias por la difusión de las imágenes del 11-M
Las declaraciones de sus compañeros han permitido identificar a los autores de las 34 fotografías
MADRID.- La policía ha detenido a tres trabajadores de una empresa de ambulancias por la difusión en Internet de 34 fotografías y un vídeo con imágenes de los atentados del 11-M en las que se podía observar a los cadáveres mutilados por las explosiones.
Según informó ayer el Ministerio del Interior, estas tres personas realizaron las fotografías y el vídeo y, posteriormente, promovieron su distribución a través de un servidor de Internet alojado en EEUU.
Su detención ha sido posible gracias a la declaración de sus compañeros en la empresa de ambulancias, que les han identificado rápidamente ya que no es la primera vez que los detenidos hacían algo semejante.
(.../...)
Según Interior, tras analizar la página web en la que se colgaron las imágenes del 11-M, se descubrió que estos tres trabajadores de ambulancias también habían difundido fotografías de un accidente de tráfico en las que aparecía un vehículo volcado con una persona atrapada en su interior y diferentes imágenes de los restos de una menor que había fallecido.
Se ha puesto así fin a una investigación que comenzó el pasado día 22, cuando el juez de la Audiencia Nacional encargado de la investigación del 11-M, Juan del Olmo, dio instrucciones a la policía para que adoptara las medidas necesarias para el cese de la distribución de las imágenes y para que localizara a los responsables.
La Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional inició entonces la investigación, al tiempo que estableció enlaces con las autoridades estadounidenses para retirar la distribución de las imágenes.
Los agentes descubrieron en poco tiempo que las fotografías habían sido tomadas en dos puntos distintos: en la estación de El Pozo, entre las 12.58 y las 13.19 horas del 11 de Marzo, y en la estación de Atocha, en el tren que explosionó a la altura de la calle Téllez, entre las 16.28 y las 18.01 horas de ese mismo día.
Las sospechas se centraron entonces en los servicios de emergencia y de seguridad que acudieron a esas horas a ambos lugares, ya que desde el primer momento se descartó que los autores de las fotografías pudieran ser periodistas o ciudadanos -las imágenes se habían tomado con total libertad entre agentes de policía cuando los accesos a los lugares de los atentados hacía horas que habían sido acotados-.
Los investigadores comprobaron que a El Pozo y a la calle Téllez habían acudido dotaciones de ambulancias del Summa y del Sermas -dos de los servicios de emergencias que trabajan en la Comunidad de Madrid-, bomberos y guardias civiles.
Pese a la cantidad de técnicos sanitarios, conductores de ambulancias, agentes y bomberos que estuvieron presentes, fuentes de Interior aseguraron ayer que la investigación duró apenas tres días y que el primer detenido, C.M.C., de 30 años, fue arrestado el jueves pasado gracias a las declaraciones de sus compañeros de trabajo.
Ayer fueron detenidos los otros dos trabajadores: F.J.C.Z., de 28 años, y S.R.M.D., de 33. Los tres son empleados de una empresa subcontratada por el Sermas, uno de los servicios de emergencias que trabajan en Madrid, encargado de cubrir la zona sur de la Comunidad.
Según el Ministerio del Interior, los arrestados han reconocido ser los responsables de la toma y difusión de las imágenes. Además, la policía se ha incautado en los domicilios de C.M.C. y de F.J.C.Z.de las dos cámaras con las que se tomaron las imágenes, copias de las instantáneas, el vídeo que también se colgó en Internet y las tomas fotográficas del accidente de tráfico.
Un delito contra la intimidad de las víctimas o violación de secreto
MADRID.- ¿De qué se les puede acusar a los tres empleados de la empresa de ambulancias que fotografiaron a las víctimas del 11-M? Según Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO, han cometido «un delito de violación del secreto de sumario». Para Gimbernat, las fotografías estaban tomadas en lugares públicos, con lo cual no estaría castigada dicha acción, pero sí, si esas imágenes forman parte del sumario en el que se investiga el 11-M y que el juez Juan del Olmo ha declarado secreto.
Los tres acusados también podrían ser castigados por un delito contra el honor de las víctimas. El Ministerio del Interior anunció ayer que «hará todo lo posible para evitar que se produzcan filtraciones o hechos de este tipo que socaven la intimidad e integridad de las víctimas y sus familiares».
El Código Penal recoge en su artículo 578 que «se castigará con la pena de prisión de uno a dos años» «la realización de delitos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares».
Este artículo fue precisamente el que utilizó la Asociación Víctimas del Terrorismo contra el ex dirigente etarra Xabier Zumalde, El Cabra, que organizó el pasado abril una exposición sobre ETA en la localidad vizcaína de Artea. La Audiencia Nacional admitió a trámite la querella formulada por la AVT por considerar que dicha exposición podría ser constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo.
La presidenta de la Asociación de Afectados del 11-M, Clara Escribano, reclamó ayer la adopción de medidas judiciales «adecuadas» contra los tres acusados de hacer fotografías de las víctimas mutiladas de los atentados, e indicó que su difusión supuso «una vuelta atrás» en la recuperación de muchos afectados.
La Comunidad de Madrid anunció que esperará a que haya un pronunciamiento judicial para actuar contra los tres empleados. Dejó claro que «no tienen nada que ver con los servicios de emergencia madrileños», ya que pertenecen a una empresa privada de transporte sanitario subcontratada por la Consejería de Sanidad.
Según informó ayer el Ministerio del Interior, estas tres personas realizaron las fotografías y el vídeo y, posteriormente, promovieron su distribución a través de un servidor de Internet alojado en EEUU.
Su detención ha sido posible gracias a la declaración de sus compañeros en la empresa de ambulancias, que les han identificado rápidamente ya que no es la primera vez que los detenidos hacían algo semejante.
(.../...)
Según Interior, tras analizar la página web en la que se colgaron las imágenes del 11-M, se descubrió que estos tres trabajadores de ambulancias también habían difundido fotografías de un accidente de tráfico en las que aparecía un vehículo volcado con una persona atrapada en su interior y diferentes imágenes de los restos de una menor que había fallecido.
Se ha puesto así fin a una investigación que comenzó el pasado día 22, cuando el juez de la Audiencia Nacional encargado de la investigación del 11-M, Juan del Olmo, dio instrucciones a la policía para que adoptara las medidas necesarias para el cese de la distribución de las imágenes y para que localizara a los responsables.
La Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional inició entonces la investigación, al tiempo que estableció enlaces con las autoridades estadounidenses para retirar la distribución de las imágenes.
Los agentes descubrieron en poco tiempo que las fotografías habían sido tomadas en dos puntos distintos: en la estación de El Pozo, entre las 12.58 y las 13.19 horas del 11 de Marzo, y en la estación de Atocha, en el tren que explosionó a la altura de la calle Téllez, entre las 16.28 y las 18.01 horas de ese mismo día.
Las sospechas se centraron entonces en los servicios de emergencia y de seguridad que acudieron a esas horas a ambos lugares, ya que desde el primer momento se descartó que los autores de las fotografías pudieran ser periodistas o ciudadanos -las imágenes se habían tomado con total libertad entre agentes de policía cuando los accesos a los lugares de los atentados hacía horas que habían sido acotados-.
Los investigadores comprobaron que a El Pozo y a la calle Téllez habían acudido dotaciones de ambulancias del Summa y del Sermas -dos de los servicios de emergencias que trabajan en la Comunidad de Madrid-, bomberos y guardias civiles.
Pese a la cantidad de técnicos sanitarios, conductores de ambulancias, agentes y bomberos que estuvieron presentes, fuentes de Interior aseguraron ayer que la investigación duró apenas tres días y que el primer detenido, C.M.C., de 30 años, fue arrestado el jueves pasado gracias a las declaraciones de sus compañeros de trabajo.
Ayer fueron detenidos los otros dos trabajadores: F.J.C.Z., de 28 años, y S.R.M.D., de 33. Los tres son empleados de una empresa subcontratada por el Sermas, uno de los servicios de emergencias que trabajan en Madrid, encargado de cubrir la zona sur de la Comunidad.
Según el Ministerio del Interior, los arrestados han reconocido ser los responsables de la toma y difusión de las imágenes. Además, la policía se ha incautado en los domicilios de C.M.C. y de F.J.C.Z.de las dos cámaras con las que se tomaron las imágenes, copias de las instantáneas, el vídeo que también se colgó en Internet y las tomas fotográficas del accidente de tráfico.
Un delito contra la intimidad de las víctimas o violación de secreto
MADRID.- ¿De qué se les puede acusar a los tres empleados de la empresa de ambulancias que fotografiaron a las víctimas del 11-M? Según Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO, han cometido «un delito de violación del secreto de sumario». Para Gimbernat, las fotografías estaban tomadas en lugares públicos, con lo cual no estaría castigada dicha acción, pero sí, si esas imágenes forman parte del sumario en el que se investiga el 11-M y que el juez Juan del Olmo ha declarado secreto.
Los tres acusados también podrían ser castigados por un delito contra el honor de las víctimas. El Ministerio del Interior anunció ayer que «hará todo lo posible para evitar que se produzcan filtraciones o hechos de este tipo que socaven la intimidad e integridad de las víctimas y sus familiares».
El Código Penal recoge en su artículo 578 que «se castigará con la pena de prisión de uno a dos años» «la realización de delitos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares».
Este artículo fue precisamente el que utilizó la Asociación Víctimas del Terrorismo contra el ex dirigente etarra Xabier Zumalde, El Cabra, que organizó el pasado abril una exposición sobre ETA en la localidad vizcaína de Artea. La Audiencia Nacional admitió a trámite la querella formulada por la AVT por considerar que dicha exposición podría ser constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo.
La presidenta de la Asociación de Afectados del 11-M, Clara Escribano, reclamó ayer la adopción de medidas judiciales «adecuadas» contra los tres acusados de hacer fotografías de las víctimas mutiladas de los atentados, e indicó que su difusión supuso «una vuelta atrás» en la recuperación de muchos afectados.
La Comunidad de Madrid anunció que esperará a que haya un pronunciamiento judicial para actuar contra los tres empleados. Dejó claro que «no tienen nada que ver con los servicios de emergencia madrileños», ya que pertenecen a una empresa privada de transporte sanitario subcontratada por la Consejería de Sanidad.
Comentarios