LA 'MOCHILA DE VALLECAS', EL 11-M Y EL 14-M
13-03-06
EDITORIAL
LA 'MOCHILA DE VALLECAS', EL 11-M Y EL 14-M
EDITORIAL
LA 'MOCHILA DE VALLECAS', EL 11-M Y EL 14-M
En la investigación del 11-M hemos llegado, queridos lectores, al borde de un abismo moral y al mismo tiempo a un punto de no retorno. Somos conscientes de la trascendencia que lo que hoy publicamos tiene en todos los órdenes y queremos compartir nuestra serena preocupación con todos ustedes.
De todas nuestras revelaciones es la más grave y decisiva, pues se refiere a un acto judicial, incorporado ya al sumario de la masacre. Tal y como explica hoy Casimiro García-Abadillo, el pasado jueves el inspector Miguel Angel Alvarez declaró ante el juez Del Olmo que no podía reconocer que la llamada «mochila de Vallecas» estuviera entre los objetos que aquel terrible 11 de marzo él y sus hombres controlaron y recogieron en el andén de la estación de El Pozo. El policía le dijo al juez que supervisó personalmente lo extraído de aquel tren de la muerte y que sólo recordaba una bolsa que por su peso y características pudiera encajar con lo publicado. En un oportuno golpe de efecto Su Señoría colocó la «mochila de Vallecas» sobre la mesa y el inspector Alvarez negó taxativamente que se tratara del mismo objeto.
¿Cabe la posibilidad de que a pesar de este rotundo testimonio la bolsa con los 12 kilos de dinamita, el móvil dispuesto como iniciador y la tarjeta que posibilitó las primeras detenciones estuviera allí y pasara desapercibida para un avezado policía? Teóricamente sí, en la práctica es poco menos que imposible. En primer lugar porque los objetos habían sido previamente inspeccionados por los Tedax en el interior de los vagones, buscando precisamente artefactos explosivos. En segundo lugar porque las precauciones se extremaron después de que se descubriera una bolsa con cinco kilos de dinamita -menos de la mitad de voluminosa y pesada que la otra- que se hizo explosionar en la propia estación. Y en tercer lugar porque Alvarez, abnegadamente centrado en su tarea, llegó a solicitar de la juez de guardia permiso para abrir los objetos que le parecieran sospechosos.
Pero además existen circunstancias muy significativas tanto sobre el itinerario de esos objetos, como sobre el contenido de la «mochila de Vallecas» que potencian la credibilidad y trascendencia de la declaración del policía. Tal y como el propio inspector Alvarez hizo constar en un informe que la Dirección General de la Policía ha ocultado durante 17 meses al juez -Del Olmo tuvo que leer el pasado lunes la sección del vicedirector de EL MUNDO para enterarse de ello y citar con buenos reflejos al funcionario- los objetos estuvieron circulando por Madrid durante gran parte del día y permanecieron más de cuatro horas sin vigilancia específica en el pabellón de Ifema. Cualquiera pudo colocar la «mochila» allí.
CABLES DESCONECTADOS
En cuanto al contenido, el hecho de que los cables estuvieran desconectados apunta más al deseo de preconstituir una prueba que al propósito de provocar una explosión. El Tedax que, sin saber a ciencia cierta con qué se iba a encontrar, tuvo la valentía de inspeccionar manualmente la bomba, la describió en su día como una mezcla de sofisticación y chapuza. Es imposible aceptar como casual que quien es capaz de soldar meticulosamente unos cables con los bornes del vibrador del móvil se deje luego sueltos aquéllos que hubiera bastado empalmar con cinta aislante.
En este contexto también resulta muy elocuente que en un primer análisis de esa dinamita de Vallecas remitida al juez se le comunicara que se habían encontrado restos de un componente llamado «metenamina» -igualmente detectados en los cartuchos hallados en la furgoneta de Alcalá en curiosa sintonía con la muestra indubitada facilitada por la Policía al juzgado- y que luego, a instancias de un oficio de la Guardia Civil y de un nuevo requerimiento judicial, el comisario Sánchez Manzano, jefe de los Tedax, se desdijera y lo atribuyera a un error de transcripción.
Y es inevitable por último subrayar que al frente de la Comisaría de Puente de Vallecas se hallaba aquella noche el mismo Rodolfo Ruiz que, tras ser ascendido a jefe de la Brigada Provincial de Información, va a ser juzgado nada menos que por falsedad documental y manipulación de pruebas en el caso de los manifestantes del PP detenidos sin motivo tras la presunta agresión a Bono.
Ninguna de estas circunstancias es en sí mismo definitiva, pero todas coadyuvan a pensar que al inspector Alvarez no le traiciona la memoria, que la «mochila de Vallecas» no salió de la estación de El Pozo, que alguien la colocó o bien en Ifema o bien en la propia Comisaría de Vallecas y que, desde entonces, ha existido una trama policial empeñada en camuflar estas circunstancias.El mero hecho de que se haya ocultado durante 17 meses al juez un informe tan relevante ya debería bastar para la reapertura de la Comisión de Investigación parlamentaria.
Porque tampoco podemos soslayar el hecho de que estos sólidos indicios que apuntan a que la «mochila de Vallecas» fue una prueba falsa casan inquietantemente con los que la semana pasada divulgamos en idéntico sentido en relación con el Skoda Fabia que alguien colocó en Alcalá en junio de 2004. A la inconsistencia del desmentido que difundió la Dirección General de la Policía se ha unido la inverosimilitud del único dato nuevo aportado en esa nota. Como ya subrayó Fernando Múgica el sábado, es imposible que nos creamos que El Tunecino compró ese coche «a finales de noviembre de 2003», cuando ya llevaba media docena de multas tras haber sido abandonado en una zona de carga y descarga y que, después de adquirirlo, lo dejó otros 15 días en el mismo lugar para que recibiera otras tantas sanciones.
Pero siendo todo esto muy grave, lo tremendo y aterrador de la cada vez más fundada hipótesis de que la «mochila de Vallecas» fue la principal piedra de Pulgarcito dejada como rastro para manipular la investigación de la masacre es que las consecuencias de que así sea trascienden del ámbito de lo policial y judicial.Porque sin la «mochila de Vallecas» no se habría producido la detención de Jamal Zougam al mediodía del 13-M, sin esa detención no se habrían producido las concentraciones ante las sedes del PP ni la famosa declaración de Rubalcaba sobre que «España se merece un Gobierno que no mienta» y al día siguiente los ciudadanos no habrían acudido a votar con la extendida sensación de que el Gobierno de Aznar y el partido de Rajoy eran doblemente culpables de haber acrecentado el riesgo de un atentado islamista con su política sobre Irak y de haber intentado engañar a los ciudadanos desviando deliberadamente la atención hacia ETA hasta que las pruebas extraídas de la «mochila de Vallecas» les habían dejado en evidencia.
Preguntarse, pues, por quién colocó esa bolsa con explosivos en el itinerario de la investigación, es preguntarse no sólo quién ha tratado de manipular el sumario del 11-M, sino también quién trató de manipular -y en qué medida lo consiguió- las elecciones del 14-M. El primero que debería aprovechar mañana el segundo aniversario de esos traumáticos comicios para comprometerse a un pleno esclarecimiento de los hechos en sede parlamentaria es el presidente Zapatero.
El juez Del Olmo se ha visto desbordado por la obstrucción y el engaño y tiene ante sí la endiablada encrucijada de decidir si a pesar de la declaración del inspector Miguel Angel Alvarez dicta el auto de procesamiento previsto o vuelve a cuestionar buena parte de todo lo ya instruido a partir de la «mochila de Vallecas».
Pero haga lo que haga, eso es compatible con relanzar la indagación parlamentaria, aprendiendo de los errores cometidos en la primera tentativa y centrándose especialmente en las negligencias y presuntas complicidades de las Fuerzas de Seguridad. Porque es la credibilidad de nuestro proceso democrático lo que, cuestiones penales al margen, está en gravísimo entredicho.
Si, teniendo en cuenta los nuevos elementos que EL MUNDO y algunos otros medios hemos puesto sobre la mesa, Zapatero no redobla sus esfuerzos para ese esclarecimiento de los hechos, será legítimo pensar que teme a la verdad y prefiere aferrarse a una cómoda versión oficial con crecientes visos de mentira. Pero, efectivamente, lo que España «se merece» es otra cosa.
De todas nuestras revelaciones es la más grave y decisiva, pues se refiere a un acto judicial, incorporado ya al sumario de la masacre. Tal y como explica hoy Casimiro García-Abadillo, el pasado jueves el inspector Miguel Angel Alvarez declaró ante el juez Del Olmo que no podía reconocer que la llamada «mochila de Vallecas» estuviera entre los objetos que aquel terrible 11 de marzo él y sus hombres controlaron y recogieron en el andén de la estación de El Pozo. El policía le dijo al juez que supervisó personalmente lo extraído de aquel tren de la muerte y que sólo recordaba una bolsa que por su peso y características pudiera encajar con lo publicado. En un oportuno golpe de efecto Su Señoría colocó la «mochila de Vallecas» sobre la mesa y el inspector Alvarez negó taxativamente que se tratara del mismo objeto.
¿Cabe la posibilidad de que a pesar de este rotundo testimonio la bolsa con los 12 kilos de dinamita, el móvil dispuesto como iniciador y la tarjeta que posibilitó las primeras detenciones estuviera allí y pasara desapercibida para un avezado policía? Teóricamente sí, en la práctica es poco menos que imposible. En primer lugar porque los objetos habían sido previamente inspeccionados por los Tedax en el interior de los vagones, buscando precisamente artefactos explosivos. En segundo lugar porque las precauciones se extremaron después de que se descubriera una bolsa con cinco kilos de dinamita -menos de la mitad de voluminosa y pesada que la otra- que se hizo explosionar en la propia estación. Y en tercer lugar porque Alvarez, abnegadamente centrado en su tarea, llegó a solicitar de la juez de guardia permiso para abrir los objetos que le parecieran sospechosos.
Pero además existen circunstancias muy significativas tanto sobre el itinerario de esos objetos, como sobre el contenido de la «mochila de Vallecas» que potencian la credibilidad y trascendencia de la declaración del policía. Tal y como el propio inspector Alvarez hizo constar en un informe que la Dirección General de la Policía ha ocultado durante 17 meses al juez -Del Olmo tuvo que leer el pasado lunes la sección del vicedirector de EL MUNDO para enterarse de ello y citar con buenos reflejos al funcionario- los objetos estuvieron circulando por Madrid durante gran parte del día y permanecieron más de cuatro horas sin vigilancia específica en el pabellón de Ifema. Cualquiera pudo colocar la «mochila» allí.
CABLES DESCONECTADOS
En cuanto al contenido, el hecho de que los cables estuvieran desconectados apunta más al deseo de preconstituir una prueba que al propósito de provocar una explosión. El Tedax que, sin saber a ciencia cierta con qué se iba a encontrar, tuvo la valentía de inspeccionar manualmente la bomba, la describió en su día como una mezcla de sofisticación y chapuza. Es imposible aceptar como casual que quien es capaz de soldar meticulosamente unos cables con los bornes del vibrador del móvil se deje luego sueltos aquéllos que hubiera bastado empalmar con cinta aislante.
En este contexto también resulta muy elocuente que en un primer análisis de esa dinamita de Vallecas remitida al juez se le comunicara que se habían encontrado restos de un componente llamado «metenamina» -igualmente detectados en los cartuchos hallados en la furgoneta de Alcalá en curiosa sintonía con la muestra indubitada facilitada por la Policía al juzgado- y que luego, a instancias de un oficio de la Guardia Civil y de un nuevo requerimiento judicial, el comisario Sánchez Manzano, jefe de los Tedax, se desdijera y lo atribuyera a un error de transcripción.
Y es inevitable por último subrayar que al frente de la Comisaría de Puente de Vallecas se hallaba aquella noche el mismo Rodolfo Ruiz que, tras ser ascendido a jefe de la Brigada Provincial de Información, va a ser juzgado nada menos que por falsedad documental y manipulación de pruebas en el caso de los manifestantes del PP detenidos sin motivo tras la presunta agresión a Bono.
Ninguna de estas circunstancias es en sí mismo definitiva, pero todas coadyuvan a pensar que al inspector Alvarez no le traiciona la memoria, que la «mochila de Vallecas» no salió de la estación de El Pozo, que alguien la colocó o bien en Ifema o bien en la propia Comisaría de Vallecas y que, desde entonces, ha existido una trama policial empeñada en camuflar estas circunstancias.El mero hecho de que se haya ocultado durante 17 meses al juez un informe tan relevante ya debería bastar para la reapertura de la Comisión de Investigación parlamentaria.
Porque tampoco podemos soslayar el hecho de que estos sólidos indicios que apuntan a que la «mochila de Vallecas» fue una prueba falsa casan inquietantemente con los que la semana pasada divulgamos en idéntico sentido en relación con el Skoda Fabia que alguien colocó en Alcalá en junio de 2004. A la inconsistencia del desmentido que difundió la Dirección General de la Policía se ha unido la inverosimilitud del único dato nuevo aportado en esa nota. Como ya subrayó Fernando Múgica el sábado, es imposible que nos creamos que El Tunecino compró ese coche «a finales de noviembre de 2003», cuando ya llevaba media docena de multas tras haber sido abandonado en una zona de carga y descarga y que, después de adquirirlo, lo dejó otros 15 días en el mismo lugar para que recibiera otras tantas sanciones.
Pero siendo todo esto muy grave, lo tremendo y aterrador de la cada vez más fundada hipótesis de que la «mochila de Vallecas» fue la principal piedra de Pulgarcito dejada como rastro para manipular la investigación de la masacre es que las consecuencias de que así sea trascienden del ámbito de lo policial y judicial.Porque sin la «mochila de Vallecas» no se habría producido la detención de Jamal Zougam al mediodía del 13-M, sin esa detención no se habrían producido las concentraciones ante las sedes del PP ni la famosa declaración de Rubalcaba sobre que «España se merece un Gobierno que no mienta» y al día siguiente los ciudadanos no habrían acudido a votar con la extendida sensación de que el Gobierno de Aznar y el partido de Rajoy eran doblemente culpables de haber acrecentado el riesgo de un atentado islamista con su política sobre Irak y de haber intentado engañar a los ciudadanos desviando deliberadamente la atención hacia ETA hasta que las pruebas extraídas de la «mochila de Vallecas» les habían dejado en evidencia.
Preguntarse, pues, por quién colocó esa bolsa con explosivos en el itinerario de la investigación, es preguntarse no sólo quién ha tratado de manipular el sumario del 11-M, sino también quién trató de manipular -y en qué medida lo consiguió- las elecciones del 14-M. El primero que debería aprovechar mañana el segundo aniversario de esos traumáticos comicios para comprometerse a un pleno esclarecimiento de los hechos en sede parlamentaria es el presidente Zapatero.
El juez Del Olmo se ha visto desbordado por la obstrucción y el engaño y tiene ante sí la endiablada encrucijada de decidir si a pesar de la declaración del inspector Miguel Angel Alvarez dicta el auto de procesamiento previsto o vuelve a cuestionar buena parte de todo lo ya instruido a partir de la «mochila de Vallecas».
Pero haga lo que haga, eso es compatible con relanzar la indagación parlamentaria, aprendiendo de los errores cometidos en la primera tentativa y centrándose especialmente en las negligencias y presuntas complicidades de las Fuerzas de Seguridad. Porque es la credibilidad de nuestro proceso democrático lo que, cuestiones penales al margen, está en gravísimo entredicho.
Si, teniendo en cuenta los nuevos elementos que EL MUNDO y algunos otros medios hemos puesto sobre la mesa, Zapatero no redobla sus esfuerzos para ese esclarecimiento de los hechos, será legítimo pensar que teme a la verdad y prefiere aferrarse a una cómoda versión oficial con crecientes visos de mentira. Pero, efectivamente, lo que España «se merece» es otra cosa.
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