Del Olmo pide ahora datos del 11-M a todas las comisarías españolas
03-04-06
11-M LA INVESTIGACION / El auto del magistrado fue enviado a la Dirección General de la Policía el pasado 16 de marzo / Entre los policías existe una cierta inquietud por si se toman medidas contra los que omitieron pruebas
Del Olmo pide ahora datos del 11-M a todas las comisarías españolas
Al cabo de más de dos años de instrucción sumarial, solicita que le remitan «cuantos efectos, objetos, vestigios, piezas de convicción o cualquier otro elemento que se haya obtenido en el curso de las investigaciones por los atentados del 11 de marzo de 2004 y (sic) el 3 de abril de 2004»
ANTONIO RUBIO
MADRID.- La Dirección General de la Policía (DGP) ha enviado una orden por fax a todas las unidades y comisarías de España en la que indica que se deben remitir al Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid «cuantos efectos, objetos, vestigios, piezas de convicción o cualquier otro elemento» se hayan obtenido «en el transcurso de las investigaciones por los atentados del 11 de marzo». La orden se hizo efectiva el pasado 16 de marzo, después de que el juez Juan del Olmo enviara un auto a la DGP reclamando esas pruebas.
(.../...)
La decisión del magistrado la motiva, entre otras razones, el incidente ocurrido con la mochila bomba que reveló este periódico los días 6 y 13 del mes pasado.
EL MUNDO informó de que la Policía perdió la custodia de la «mochila de Vallecas» durante un tiempo. Esa «mochila», que la Policía encontró en la estación de El Pozo de Madrid, contenía la bomba que no explotó en los trenes de la muerte con todos sus componentes: explosivo, teléfono portátil y tarjeta telefónica. El teléfono y la tarjeta fueron básicos para que la Policía llegara hasta el piso de Leganés donde se refugió el comando terrorista que después se suicidó.
El juez Del Olmo es consciente de que muchas de las minutas e informes que elaboró la Policía de Madrid, con anterioridad y posterioridad a los atentados del 11-M, no han llegado hasta su juzgado y se han quedado en el camino, bien en la Dirección General de la Policía, en la Comisaría General de Información o en la Jefatura Superior de Madrid. Uno de los informes fue elaborado por el inspector Alvarez, responsable del dispositivo de recogida de equipajes en El Pozo. En él denunciaba ya la ruptura de la cadena de custodia. Permaneció en la Jefatura Superior de Policía de Madrid durante 17 meses, hasta que informó sobre él EL MUNDO.
El auto del juez Del Olmo, al que ha tenido acceso este periódico, pide que se envíe al juzgado todo tipo de pruebas relacionadas con el 11-M, a excepción de dos tipos de pruebas: «Las muestras de sustancias explosivas y detonadoras que por razón de seguridad deberán seguir custodiadas en las dependencias donde se encuentren, a disposición de este Juzgado», y «las armas que hubieren sido recuperadas y restos de las mismas cartucherías, que también deberán permanecer en los mismos términos antes dichos».
El auto del juez termina con el siguiente recordatorio: «Estas excepciones no excluyen las relaciones exhaustivas de los mismos para sus constancia, que deberán ser también remitidas a este juzgado a fin de facilitar en su momento, una vez concluya el sumario y se eleven las actuaciones, la puesta a disposición judicial de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional». Es decir, el juez reclama todo tipo de informes, minutas, notas informativas o documentación que esté en poder de la Policía y que tras más de dos años de instrucción e investigación todavía no haya llegado a su Juzgado. Se da la circunstancia de que la Subdirección de la Policía también ha reclamado a las diferentes comisarías y unidades policiales de toda España que se le remitan copias de todos los informes o pruebas que se aporten al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. En el Ministerio del Interior hay una cierta desazón porque piensan que «el magistrado Del Olmo, dependiendo del material que recale en su juzgado, podría tomar medidas contra algunos de los mandos policiales que omitieron o no aportaron determinadas investigaciones o notas informativas en su momento».
En la Audiencia Nacional, y más concretamente en Fiscalía, son de la opinión de que para que no se retrasen las calificaciones del juez sobre los imputados del 11-M, que está previstas que se hagan públicas antes del próximo día 10, el magistrado Del Olmo tendrá que abrir una pieza separada en el sumario donde recoja las nuevas pruebas que aporte la Policía.
Otras fuentes de la Audiencia Nacional también plantean que cuando lleguen las nuevas pruebas sobre el 11-M, el juez Juan del Olmo tendrá que actuar contra los responsables policiales que omitieron u ocultaron las notas informativas e informes a la instrucción.
Dos de esos informes o pruebas policiales con los que el juez no ha podido contar e incluir en el sumario del 11-M -hasta la fecha no aparecen en los tomos sobre los que el magistrado ha levantado el secreto del sumario- fueron recogidos y publicados por EL MUNDO en mayo y diciembre de 2005 y enero de 2006 con los siguientes titulares: «Las notas del confidente Cartagena prueban que la Policía controlaba a los jefes del 11-M», «El Chino me dijo que tenía amigos en ETA» y «El Chino usaba un apartamento en Laredo como base operativa en el País Vasco».
El primero de los titulares corresponde a la información aportada por el confidente marroquí Cartagena a los agentes de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE). Esa y otras informaciones quedaron reflejadas en una serie de notas informativas o minutas internas de la UCIE. Parte de esa información también está recogida en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que, en la actualidad, dirige el juez Grande-Marlaska, en el caso de la operación Nova, el intento de atentado contra la Audiencia Nacional. Del Olmo reclamó parte de esa información al entonces titular del Juzgado, Baltasar Garzón, pero sólo le llegó de forma parcial e incompleta.
Los otros titulares: «El Chino me dijo que tenía amigos en ETA» y «El Chino usaba un apartamento en Laredo como base operativa en el País Vasco» están recogidos en una nota informativa elaborada por la Policía con posterioridad a los atentados del 11-M y que fue remitida a la Jefatura Superior de Policía de Madrid y, posteriormente, a la Comisaría General de Información, cuyo jefe actual es el comisario Telesforo Rubio
11-M LA INVESTIGACION / El auto del magistrado fue enviado a la Dirección General de la Policía el pasado 16 de marzo / Entre los policías existe una cierta inquietud por si se toman medidas contra los que omitieron pruebas
Del Olmo pide ahora datos del 11-M a todas las comisarías españolas
Al cabo de más de dos años de instrucción sumarial, solicita que le remitan «cuantos efectos, objetos, vestigios, piezas de convicción o cualquier otro elemento que se haya obtenido en el curso de las investigaciones por los atentados del 11 de marzo de 2004 y (sic) el 3 de abril de 2004»
ANTONIO RUBIO
MADRID.- La Dirección General de la Policía (DGP) ha enviado una orden por fax a todas las unidades y comisarías de España en la que indica que se deben remitir al Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid «cuantos efectos, objetos, vestigios, piezas de convicción o cualquier otro elemento» se hayan obtenido «en el transcurso de las investigaciones por los atentados del 11 de marzo». La orden se hizo efectiva el pasado 16 de marzo, después de que el juez Juan del Olmo enviara un auto a la DGP reclamando esas pruebas.
(.../...)
La decisión del magistrado la motiva, entre otras razones, el incidente ocurrido con la mochila bomba que reveló este periódico los días 6 y 13 del mes pasado.
EL MUNDO informó de que la Policía perdió la custodia de la «mochila de Vallecas» durante un tiempo. Esa «mochila», que la Policía encontró en la estación de El Pozo de Madrid, contenía la bomba que no explotó en los trenes de la muerte con todos sus componentes: explosivo, teléfono portátil y tarjeta telefónica. El teléfono y la tarjeta fueron básicos para que la Policía llegara hasta el piso de Leganés donde se refugió el comando terrorista que después se suicidó.
El juez Del Olmo es consciente de que muchas de las minutas e informes que elaboró la Policía de Madrid, con anterioridad y posterioridad a los atentados del 11-M, no han llegado hasta su juzgado y se han quedado en el camino, bien en la Dirección General de la Policía, en la Comisaría General de Información o en la Jefatura Superior de Madrid. Uno de los informes fue elaborado por el inspector Alvarez, responsable del dispositivo de recogida de equipajes en El Pozo. En él denunciaba ya la ruptura de la cadena de custodia. Permaneció en la Jefatura Superior de Policía de Madrid durante 17 meses, hasta que informó sobre él EL MUNDO.
El auto del juez Del Olmo, al que ha tenido acceso este periódico, pide que se envíe al juzgado todo tipo de pruebas relacionadas con el 11-M, a excepción de dos tipos de pruebas: «Las muestras de sustancias explosivas y detonadoras que por razón de seguridad deberán seguir custodiadas en las dependencias donde se encuentren, a disposición de este Juzgado», y «las armas que hubieren sido recuperadas y restos de las mismas cartucherías, que también deberán permanecer en los mismos términos antes dichos».
El auto del juez termina con el siguiente recordatorio: «Estas excepciones no excluyen las relaciones exhaustivas de los mismos para sus constancia, que deberán ser también remitidas a este juzgado a fin de facilitar en su momento, una vez concluya el sumario y se eleven las actuaciones, la puesta a disposición judicial de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional». Es decir, el juez reclama todo tipo de informes, minutas, notas informativas o documentación que esté en poder de la Policía y que tras más de dos años de instrucción e investigación todavía no haya llegado a su Juzgado. Se da la circunstancia de que la Subdirección de la Policía también ha reclamado a las diferentes comisarías y unidades policiales de toda España que se le remitan copias de todos los informes o pruebas que se aporten al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. En el Ministerio del Interior hay una cierta desazón porque piensan que «el magistrado Del Olmo, dependiendo del material que recale en su juzgado, podría tomar medidas contra algunos de los mandos policiales que omitieron o no aportaron determinadas investigaciones o notas informativas en su momento».
En la Audiencia Nacional, y más concretamente en Fiscalía, son de la opinión de que para que no se retrasen las calificaciones del juez sobre los imputados del 11-M, que está previstas que se hagan públicas antes del próximo día 10, el magistrado Del Olmo tendrá que abrir una pieza separada en el sumario donde recoja las nuevas pruebas que aporte la Policía.
Otras fuentes de la Audiencia Nacional también plantean que cuando lleguen las nuevas pruebas sobre el 11-M, el juez Juan del Olmo tendrá que actuar contra los responsables policiales que omitieron u ocultaron las notas informativas e informes a la instrucción.
Dos de esos informes o pruebas policiales con los que el juez no ha podido contar e incluir en el sumario del 11-M -hasta la fecha no aparecen en los tomos sobre los que el magistrado ha levantado el secreto del sumario- fueron recogidos y publicados por EL MUNDO en mayo y diciembre de 2005 y enero de 2006 con los siguientes titulares: «Las notas del confidente Cartagena prueban que la Policía controlaba a los jefes del 11-M», «El Chino me dijo que tenía amigos en ETA» y «El Chino usaba un apartamento en Laredo como base operativa en el País Vasco».
El primero de los titulares corresponde a la información aportada por el confidente marroquí Cartagena a los agentes de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE). Esa y otras informaciones quedaron reflejadas en una serie de notas informativas o minutas internas de la UCIE. Parte de esa información también está recogida en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que, en la actualidad, dirige el juez Grande-Marlaska, en el caso de la operación Nova, el intento de atentado contra la Audiencia Nacional. Del Olmo reclamó parte de esa información al entonces titular del Juzgado, Baltasar Garzón, pero sólo le llegó de forma parcial e incompleta.
Los otros titulares: «El Chino me dijo que tenía amigos en ETA» y «El Chino usaba un apartamento en Laredo como base operativa en el País Vasco» están recogidos en una nota informativa elaborada por la Policía con posterioridad a los atentados del 11-M y que fue remitida a la Jefatura Superior de Policía de Madrid y, posteriormente, a la Comisaría General de Información, cuyo jefe actual es el comisario Telesforo Rubio
Comentarios