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4.4.06

 

Los liberales españoles ante la encrucijada del 11-M. Art. de Enrique Boto (ausentes.org)

 

04-04-06


TRIBUNA LIBRE

ENRIQUE BOTO

Parto de una premisa que quiere ser conscientemente categórica: los españoles estamos inmersos en una crisis política sin precedentes desde la Transición. No es mi intención aprovechar esta importante tribuna para enviar a la opinión pública un mensaje catastrofista, ni siquiera pesimista. Todo lo contrario. Cuando Ortega sentenció: «No es esto, no es esto», no estaba presintiendo el desgarrador conflicto civil que tuvo lugar unos años después, sino que pretendió alertar de la peligrosa deriva emprendida por un régimen republicano que él mismo, junto con otros importantes intelectuales, contribuyó a alumbrar.

El 11 de marzo de 2004 tuvo lugar en Madrid el mayor atentado terrorista perpetrado nunca en España. Ciento noventa y dos ciudadanos murieron y más de 1.500 resultaron heridos. Tres días después se celebraron elecciones generales. Varios meses más tarde, ante las cada vez más numerosas incógnitas sobre la verdadera autoría del atentado desveladas por la prensa, miembros de la sociedad civil pusieron en marcha una iniciativa, en forma de plataforma cívica, con la que se pedían adhesiones a un manifiesto de cinco puntos: (---/---)

«1º. Nuestra sociedad es una sociedad abierta, que goza de un sistema democrático equiparable al de los países de nuestro entorno.Como ciudadanos, e independientemente de nuestras ideas políticas, tenemos derecho a recibir del Parlamento información completa y fidedigna de uno de los hechos más dramáticos de nuestra Historia.

2º. No cuestionamos la legitimidad de las elecciones del 14 de marzo de 2004.

3º. No pretendemos culpabilizar a ningún partido político.

4º. Reclamamos saber cómo fue posible ese brutal atentado tres días antes de unas elecciones generales para evitar que en el futuro ningún terrorista vuelva a condicionar la normalidad democrática que tanto nos ha costado alcanzar.

5º. Como mejor homenaje a las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, exigimos a nuestros legítimos representantes que mantengan abierta la Comisión de Investigación del 11-M hasta que queden definitivamente depuradas todas las responsabilidades que puedan derivarse, por acción u omisión, del comportamiento de miembros de instituciones sostenidas total o parcialmente con fondos públicos».

A pesar del apoyo de la mayor parte de las víctimas a este manifiesto, y tras injustificables vetos a numerosas comparecencias solicitadas por el Grupo Popular, la Comisión se cerró en falso el 30 de junio de 2005. Pocos días después, el juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, tomó la decisión de levantar el secreto del sumario de unos 140 tomos, que se añadían así a los cuatro primeros, únicos a los que habían tenido acceso los comisionados. Los meses transcurridos desde entonces -gracias a la labor de muy escasos medios de comunicación y periodistas comprometidos- han hecho albergar a la sociedad española dudas más que razonables sobre la denominada versión oficial. A pesar de las enfáticas y reiteradas declaraciones del propio presidente del Gobierno, nada está claro en el 11-M. ¿Cuándo tendrá lugar la obligada reapertura de la Comisión de Investigación?

La situación política española se encuentra muy degradada. Es preciso reconocer que ya antes de las elecciones del 14-M se respiraba un cierto aire de enfrentamiento, difícil de entender basándonos únicamente en las discrepancias sobre el apoyo político del Gobierno de Aznar a la invasión de Irak. Es en este contexto, y tras el cambio de Gobierno en Cataluña a finales de 2003, cuando acontece la reunión de Carod-Rovira en Perpiñán con la cúpula etarra, que dio lugar a una declaración de tregua de la banda terrorista circunscrita al ámbito territorial catalán.

Tras el atentado terrorista del 11-M, se produce el imprevisto vuelco electoral. Dado el estado de shock bajo el que tuvieron lugar los comicios, los liberales españoles confiábamos en que el nuevo Gobierno se conduciría con una prudencia aún mayor que la conveniente en condiciones normales de alternancia política.A pesar de no contar el PSOE con mayoría absoluta, no apostamos por un Gobierno de concentración o de emergencia con el Partido Popular; si bien tampoco esperábamos la labor de arrinconamiento sistemático del principal partido de la oposición por parte de un Gobierno apoyado principalmente por partidos capaces de firmar el antidemocrático Pacto del Tinell.

No vamos a calificar aquí las medidas legislativas concretas impulsadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Con sus luces y sombras, lo que nos interesa destacar son las decisiones políticas sobre el modelo territorial -en particular la reforma de los estatutos de autonomía-, la política antiterrorista y la relación con el principal partido de la oposición. Y es ese análisis el que nos lleva a preguntarnos: ¿puede sostenerse que lo que algunos califican como un encubierto cambio de régimen fuera diseñado antes de las elecciones del 14-M? Al margen del convencimiento de que más pronto que tarde la sociedad española conocerá a quién corresponde la autoría intelectual del 11-M, los liberales españoles, demócratas a fuer de liberales, nos negamos a comprender qué utilidad puede tener para nuestra convivencia pacífica que el Gobierno esté tratando de laminar al Partido Popular, votado por casi 10 millones de ciudadanos. Hace ya más de un año que acuñé «El talante de la Tercera República» como expresión gráfica de lo que Zapatero parecía pretender, y no tanto por hacer hincapié en nuestra forma de gobierno -de actualidad en vísperas del 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República-, sino por mi preocupación de que se pretendiera repetir el tremendo error histórico que en los años 30 supuso el arrinconamiento de las formaciones políticas de centro derecha, principalmente de la CEDA de Gil Robles.

En una situación de normalidad política, un nuevo Estatuto para Cataluña -aun disfrazado de simple reforma del vigente de 1979- no tendría por qué escandalizar a ningún demócrata. Pero el proyecto de ley orgánica aprobado el pasado 30 de marzo por poco más de la necesaria mayoría absoluta del Congreso- probablemente anticonstitucional a pesar de los recortes sobre el texto suscrito seis meses antes por el Parlamento catalán- parece más una operación contra el principal partido de la oposición que a favor de los ciudadanos de Cataluña y de la entera ciudadanía española. A esta consideración debemos unir la -para algunos- casualidad del anuncio de alto el fuego permanente por parte de ETA el día siguiente al de la aprobación del texto en la Comisión Constitucional del Congreso.Para remate, nada menos que el propio presidente del Gobierno ha afirmado recientemente que «Arnaldo Otegi, líder de la izquierda abertzale, ha tenido un discurso por la paz y por abrir una etapa política distinta en Euskadi, palabras que ahora requieren hechos en la misma dirección». Legítimamente, muchos ciudadanos españoles nos preguntamos: ¿sigue pagando el Gobierno un precio político por esa paz? ¿Se rechazó en el Congreso a primeros de 2005 el denominado Plan Ibarretxe por una simple cuestión de táctica política para, tras el Estatuto catalán, abordar uno semejante para el País Vasco?

Otro de los grandes interrogantes que nos planteamos es el papel jugado por las fuerzas políticas en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo firmado a finales de 2000 por el Gobierno de Aznar, PP y PSOE. Propuesto por el recientemente elegido secretario general socialista, hace tiempo que quedó en papel mojado, a pesar de que Zapatero acaba de anunciar que convocará en breve una reunión de su comisión de seguimiento. Tras el anuncio de alto el fuego permanente por parte de ETA, hemos ratificado lo que muchos -y no sólo la AVT, convocando tres multitudinarias manifestaciones en poco más de un año- sospechábamos: los contactos con ETA por parte de enviados del Gobierno -alguno con previa renuncia estratégica a su carné del PSE- ni siquiera comenzaron tras la toma de posesión del nuevo Gobierno, sino que venían de varios años atrás, en paralelo con la propuesta por parte de Zapatero del Pacto Antiterrorista citado. El análisis de esta clara contradicción también nos podría llevar a conclusiones inquietantes.

Los liberales españoles no estamos de acuerdo con el oligopólico dominio del poder ejercido por la cúpula de unos partidos políticos obligados a un funcionamiento democrático por la propia Constitución de 1978. Ese exceso de poder, unido a la insuficiente separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo característica de los sistemas parlamentarios, conduce irremisiblemente a un déficit democrático que es necesario corregir con urgencia.

La propia ley electoral contribuye a empeorar el problema. La tantas veces solicitada regeneración democrática es ahora más necesaria que nunca. Pero en un sentido distinto al normalmente empleado. Nuestra democracia liberal sólo será una verdadera democracia -más allá del cumplimiento formal de los procedimientos previstos- en la medida en que no se vean asfixiados derechos y libertades básicas, amenazadas aun a pesar de la tregua etarra.La libertad de prensa y el derecho a la información, por ejemplo, son ahora en España más necesarios que nunca. «Ser liberal es, precisamente, estas dos cosas: estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo; y no admitir jamás que el fin justifica los medios, sino que, por el contrario, son los medios los que justifican el fin». (Gregorio Marañón, Ensayos liberales).

El actual portavoz parlamentario socialista aprovechó la jornada de reflexión de las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 para sentenciar: «Los españoles no se merecen un Gobierno que les mienta». Los liberales españoles, ante la encrucijada del 11-M, queremos solemnemente afirmar algo aún más importante en una verdadera democracia liberal: la sociedad civil española no se merece un Parlamento que no le dé información completa y fidedigna del mayor atentado terrorista de nuestra Historia.Queremos saber, como exigen sus víctimas, la verdad del 11-M.

Enrique Boto es patrono de la fundación Foro Encuentro en la Libertad y promotor de la plataforma cívica ausentes.org.


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