LOS LIMITES ÉTICOS DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS
27-07-06
Editorial
LOS LIMITES ÉTICOS DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS
Editorial
LOS LIMITES ÉTICOS DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS
Aunque el presidente del Gobierno informó el martes en León que no se producirán acontecimientos significativos en la negociación con ETA hasta dentro de un año, la información que hoy publicamos evidencia que el Ejecutivo no está cruzado de brazos en lo que se refiere a la situación de los presos etarras, que será sin duda uno de los aspectos fundamentales del diálogo con la banda. El Gobierno elabora un plan para la concesión de beneficios penitenciarios a algunos reclusos de ETA en función de la evolución de los contactos con la organización terrorista.
Este proyecto dio pie a una instrucción transmitida por la directora general de Instituciones Penitenciarias a los directores de las cárceles en las que cumplen condena los alrededor de 500 reclusos etarras para que informaran pormenorizadamente del comportamiento de cada uno de estos internos. Los informes de evaluación del colectivo de presos de ETA ya obran en poder del ministro del Interior, con el fin de que el Gobierno pueda valorar la posibilidad de conceder los beneficios penitenciarios previstos en las leyes.
La política penitenciaria, en efecto, otorga al Ejecutivo bastantes posibilidades, en el caso de que la banda dé muestras de querer renunciar para siempre al terrorismo. El Gobierno puede acercar presos a las cárceles del País Vasco, conceder indultos -totales o parciales-, clasificar a los presos en tercer grado para que sólo vayan a la cárcel a dormir o tomar otras medidas para favorecer la comodidad en el cumplimiento de las condenas. De hecho, en la anterior tregua de ETA, el Gobierno del PP acordó el acercamiento de algunos presos etarras a cárceles vascas.
Ahora bien, el Gobierno no debe tomar ninguna de estas medidas sin una justificación política. Han de ser utilizadas con criterios éticos y dosificadas con inteligencia, dependiendo de cuál sea la actitud de ETA. Si la banda muestra voluntad de abandonar las armas, el Estado puede ser generoso y mejorar las condiciones de cumplimiento de las penas e incluso plantear indultos individualizados, puesto que sin violencia estas personas no serán ya peligrosas para la sociedad. En cambio, mientras ETA deje abierta la posibilidad de volver a las andadas sólo quienes se arrepientan o rompan con la organización -al modo de Suares Gamboa- deben recuperar anticipadamente la libertad.
En todo caso, como muy bien dijo ayer el ministro de Justicia, los autores de crímenes horrendos no pueden ser incluidos en el «proceso» porque han de recibir el castigo adecuado a lo que hicieron. Juan Fernando López Aguilar los calificó como «psicópatas» -poniendo como ejemplo a Txapote, el asesino de Miguel Angel Blanco y Fernando Múgica- y manifestó que tienen que «pagar enteramente» y «sin remisión» su responsabilidad penal por los crímenes cometidos. Lo contrario sería agraviar a las víctimas y a todos los españoles por extensión.
Este proyecto dio pie a una instrucción transmitida por la directora general de Instituciones Penitenciarias a los directores de las cárceles en las que cumplen condena los alrededor de 500 reclusos etarras para que informaran pormenorizadamente del comportamiento de cada uno de estos internos. Los informes de evaluación del colectivo de presos de ETA ya obran en poder del ministro del Interior, con el fin de que el Gobierno pueda valorar la posibilidad de conceder los beneficios penitenciarios previstos en las leyes.
La política penitenciaria, en efecto, otorga al Ejecutivo bastantes posibilidades, en el caso de que la banda dé muestras de querer renunciar para siempre al terrorismo. El Gobierno puede acercar presos a las cárceles del País Vasco, conceder indultos -totales o parciales-, clasificar a los presos en tercer grado para que sólo vayan a la cárcel a dormir o tomar otras medidas para favorecer la comodidad en el cumplimiento de las condenas. De hecho, en la anterior tregua de ETA, el Gobierno del PP acordó el acercamiento de algunos presos etarras a cárceles vascas.
Ahora bien, el Gobierno no debe tomar ninguna de estas medidas sin una justificación política. Han de ser utilizadas con criterios éticos y dosificadas con inteligencia, dependiendo de cuál sea la actitud de ETA. Si la banda muestra voluntad de abandonar las armas, el Estado puede ser generoso y mejorar las condiciones de cumplimiento de las penas e incluso plantear indultos individualizados, puesto que sin violencia estas personas no serán ya peligrosas para la sociedad. En cambio, mientras ETA deje abierta la posibilidad de volver a las andadas sólo quienes se arrepientan o rompan con la organización -al modo de Suares Gamboa- deben recuperar anticipadamente la libertad.
En todo caso, como muy bien dijo ayer el ministro de Justicia, los autores de crímenes horrendos no pueden ser incluidos en el «proceso» porque han de recibir el castigo adecuado a lo que hicieron. Juan Fernando López Aguilar los calificó como «psicópatas» -poniendo como ejemplo a Txapote, el asesino de Miguel Angel Blanco y Fernando Múgica- y manifestó que tienen que «pagar enteramente» y «sin remisión» su responsabilidad penal por los crímenes cometidos. Lo contrario sería agraviar a las víctimas y a todos los españoles por extensión.
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