Dos años de instrucción contra Trashorras
04-09-06
11-M LA INVESTIGACION/ La labor judicial
Dos años de instrucción contra Trashorras
Del Olmo considera que hay elementos suficientes para concluir que el ex minero fue «el generador de la trama» de los explosivos
MANUEL MARRACO
11-M LA INVESTIGACION/ La labor judicial
Dos años de instrucción contra Trashorras
Del Olmo considera que hay elementos suficientes para concluir que el ex minero fue «el generador de la trama» de los explosivos
MANUEL MARRACO
MADRID.- «Respecto a José Emilio Suárez Trashorras, se ha acreditado indiciariamente que resulta ser el generador de la trama organizativa y humana que presuntamente facilitó la recepción de las sustancias explosivas y detonadores por parte de la célula terrorista islamista».
Con esta rotundidad comienza el juez Juan del Olmo la larga enumeración de indicios contra el ex minero asturiano. Los reúne en su último gran auto del 11-M, fechado el pasado 5 de julio, en el que rechaza todos los recursos de reforma presentados por los imputados a los que tres meses antes había decidido sentar en el banquillo.
(.../...)
Sobre Trashorras pesan acusaciones tan graves que, si la Audiencia le declara culpable, se auparía junto con un núcleo muy reducido de islamistas hasta la mayor condena de la historia, multiplicando las de los etarras más sanguinarios.
El ex minero tendrá dentro de dos semanas la última oportunidad, al menos teórica, de eludir el banquillo. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional revisará el auto de procesamiento de Del Olmo y podría concluir que no hay elementos suficientes para proceder contra él. Las posibilidades de que eso suceda son entre remotas y nulas: «La investigación realizada tanto por el Cuerpo Nacional de Policía como por la Guardia Civil confluyen en el mismo [Trashorras] como elemento nuclear de dicha trama», afirma el juez instructor.
Según resume el propio magistrado, los indicios racionales de criminalidad contra el procesado «se fundan en los contactos personales acreditados, las relaciones de origen delictivo reconocidas por el propio procesado, llamadas telefónicas, presencia en lugares, etcétera, [....] amén de existir declaraciones de testigos y de coimputados/procesados que le implicarían en las operaciones dirigidas por Jamal Ahmidan [El Chino, uno de los líderes de la célula] y personas de su grupo para conseguir las sustancias explosivas y detonadores».
El relato sobre el ex minero arranca tres años antes de los atentados. «Se ha puesto en evidencia que al menos desde 2001 Trashorras y [Antonio] Toro tenían capacidad para obtener y proporcionar sustancia explosiva en cantidad notoria». La afirmación se basa en las declaraciones prestadas en la Audiencia por Francisco Javier Lavandera, que en 2001 ya había informado a la Guardia Civil de la trama de los explosivos.
«Aprovechándose de su trabajo anterior en Mina Conchita y su conocimiento de la actividad minera», prosigue el magistrado, «ofreció sustancias explosivas en 2003 [...] De forma habitual desde octubre de 2003 y durante los primeros meses de 2004 mantuvo contactos telefónicos y personales con los presuntos implicados en la ejecución de los atentados [...] dirigidos a conseguir las sustancias explosivas y detonadores a utilizar en los atentados del 11 de marzo, así como los del 2 de abril [AVE] y 3 de abril [Leganés]».
Los autos subrayan que Trashorras «carecía de la capacidad económica legítimamente obtenida para mantener su nivel de vida, lo que propiciaba una necesidad para conseguir ingresos económicos suplementarios (el análisis de las operaciones de sus tarjetas de débito muestra una ausencia de saldo)».
Primera negociación
Siguiendo el relato del magistrado, esa «disponibilidad» de Goma 2 «fue la que llevó» al primer contacto personal con la célula terrorista. El encuentro tuvo lugar el 28 de octubre de 2003 en Madrid. En un Mc Donald's de Carabanchel se encontraron Trashorras y El Chino, junto a otros procesados. «En esa reunión a José Emilio Suárez Trashorras se le pidieron, por parte de Jamal Ahmidan, 60 kilos de sustancia explosiva». El encuentro, al que siguieron otros, fue clave: «A raíz de esa reunión se genera la relación entre Trashorras y Ahmidan dirigida a facilitar sustancias explosivas».
Del Olmo se muestra convencido «del conocimiento que tenía Trashorras del radicalismo islamista de Jamal Ahmidan y su grupo, así como del destino que podían dar a los explosivos». Ese conocimiento es lo que le conduce a acusarle no sólo de traficar con la Goma 2 -como sucede con otros procesados, como los hermanos Toro-, sino de todos los asesinatos del 11-M y el 3 de abril. Para ello, el magistrado se basa en las declaraciones judiciales de El Gitanillo y en los careos que el propio Trashorras mantuvo con Antonio Toro y Rafa Zouhier.
El menor Gabriel M. V., el Gitanillo, es el único condenado hasta el momento por el 11-M. Pactó con la Fiscalía una condena de seis años de internamiento -que le permitía no tener que ingresar en una prisión común- a cambio de reconocer su participación en el traslado de la Goma 2, en un relato que implicaba de lleno a Trashorras.
Antes del gran traslado de explosivos que tuvo lugar dos semanas antes de los atentados, Trashorras organizó otros envíos menores utilizando tres correos. El Gitanillo y los procesados Iván Reis Palicio y Sergio Alvarez Sánchez «habrían realizado viajes desde Asturias a Madrid encomendados por Trashorras para trasladar presuntamente sustancias explosivas y/o detonadores que debían entregar a Jamal Ahmidan».
El juez considera clave un pasaje de una de las declaraciones de El Gitanillo: «Dice que un día hubo algo relacionado con un atentado de 500 kilos de explosivo y una furgoneta en un polígono, que eso podrían haber sido los moros, pero al ver que era un tema de ETA se olvidó de ello. Que días más tarde fueron los atentados del 11 de marzo, y Emilio le dijo textualmente: 'Menuda la que armó Mowgly [otro apodo de El Chino]'».
Según el magistrado, esta expresión implica «un conocimiento de las circunstancias que concurrían en Ahmidan para hacerle pensar a quien la pronuncia, que unos atentados como los del 11-M se los podía atribuir a Ahmidan inmediatamente de ejecutados».
Por otra parte, de los careos con Toro y Zouhier, cruzados con los datos de llamadas del los días 11 y 12 de marzo, sirven a Del Olmo para afirmar que «ya en ese momento Trashorras centró en Ahmidan y su grupo la presunta autoría de los atentados. Esta supuesta atribución sólo podría descansar en el conocimiento del radicalismo de Ahmidan [...] en su capacidad operativa para realizar tales atentados [...] y en una previa razón de confianza o de relación en orden a conocer las circunstancias previas a los atentados por su directa intervención en ellos».
El juez desestima por inverosímil la explicación aportada por Trashorras para los viajes entre Avilés y Madrid en enero y febrero de 2004. En lugar de llevar Goma 2, el ex minero mantuvo que lo que hacía era «devolver hachís en mal estado».
Un solo origen
Una vez que el juez da por acreditada «la coincidencia del origen de los detonadores y los explosivos, la empresa Caolines del Merillés [a la que pertenecía Mina Conchita]», añade la siguiente secuencia para explicar cómo el ex minero pudo hacerse con el material: había trabajado en esa empresa minera; siguió manteniendo contactos hasta febrero de 2004 con un empleado de la mina, Raúl González Peláez, al que suministraba cocaína; se desplazó a la mina y sus inmediaciones en el primer trimestre de 2004; tras alguno de esos desplazamientos, «hubo frases de Trashorras en el sentido de que todo estaba hecho (que todo estaba acordado y preparado para la entrega de la sustancia explosiva).
A continuación se produjo el traslado de la mayor parte del explosivo: «El 28 y 29 de febrero se desplazaron desde Madrid a Avilés tres de los suicidas de Leganés, y la única persona con la que contactaron en esos desplazamientos fue con Trashorras; Trashorras, junto al menor El Gitanillo, trasladó a los tres islamistas a Mina Conchita». Por último, «el propio Trashorras reconoció ante el juez que en el maletero del coche de los tres islamistas vio bolsas de explosivos».
Récord de acusaciones
MADRID.- Los más de dos años que el juez Del Olmo ha empleado en instruir la causa se traducen, en el caso de Trashorras, en un procesamiento por siete delitos diferentes, desde el asesinato consumado hasta el tráfico de drogas, un macabro récord que no supera ningún otros acusado del 11-M.
El juez le hace responsable de los 191 asesinatos consumados y los 1.755 en grado de tentativa (heridos) del 11 de marzo de 2004. Puesto que él fue quien presuntamente proporcionó el explosivo -algo indispensable para el atentado y además de difícil obtención por otras vía- Del Olmo le atribuye el papel de «cooperador necesario», que el Código Penal equipara al autor.
Pero, puesto que los explosivos también fueron empleados por los terroristas para suicidarse el 3 de abril en Leganés, también debe considerarse a Trashorras cooperador necesario en el asesinato del geo Torronteras. La responsabilidad se extiende a las heridas que recibieron otros 18 agentes del Grupo Especial de Operaciones.
Además, la legislación antiterrorista lleva a acusarle de cinco delitos de estragos: cuatro por los cuatro focos del atentado del 11-M y otro por Leganés. Por supuesto, el ex minero está procesado por un delito de tráfico, tenencia, suministro y depósito de sustancias explosivas.
Trashorras completa la larga lista con un delito de robo de vehículo (el Toyota Corolla que supuestamente le entregó 'El Chino'), otro de falsificación de documento oficial (por las placas de matrícula y documentación para lograr la transferencia del vehículo) y, por último, un delito contra la salud pública (tráfico de hachís).
En cuanto a la responsabilidad civil, el juez le reclama -de manera solidaria junto a Zougam y Bouchar- un total de 453.411.064 euros. Además, deberá hacer frente a la responsabilidad civil por el atentado en Leganés, que Del Olmo cifra en 8.387.451 euros: 400.000 euros por el geo fallecido, 3.600.000 por los heridos y 4.387.451 por los daños materiales.
Con esta rotundidad comienza el juez Juan del Olmo la larga enumeración de indicios contra el ex minero asturiano. Los reúne en su último gran auto del 11-M, fechado el pasado 5 de julio, en el que rechaza todos los recursos de reforma presentados por los imputados a los que tres meses antes había decidido sentar en el banquillo.
(.../...)
Sobre Trashorras pesan acusaciones tan graves que, si la Audiencia le declara culpable, se auparía junto con un núcleo muy reducido de islamistas hasta la mayor condena de la historia, multiplicando las de los etarras más sanguinarios.
El ex minero tendrá dentro de dos semanas la última oportunidad, al menos teórica, de eludir el banquillo. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional revisará el auto de procesamiento de Del Olmo y podría concluir que no hay elementos suficientes para proceder contra él. Las posibilidades de que eso suceda son entre remotas y nulas: «La investigación realizada tanto por el Cuerpo Nacional de Policía como por la Guardia Civil confluyen en el mismo [Trashorras] como elemento nuclear de dicha trama», afirma el juez instructor.
Según resume el propio magistrado, los indicios racionales de criminalidad contra el procesado «se fundan en los contactos personales acreditados, las relaciones de origen delictivo reconocidas por el propio procesado, llamadas telefónicas, presencia en lugares, etcétera, [....] amén de existir declaraciones de testigos y de coimputados/procesados que le implicarían en las operaciones dirigidas por Jamal Ahmidan [El Chino, uno de los líderes de la célula] y personas de su grupo para conseguir las sustancias explosivas y detonadores».
El relato sobre el ex minero arranca tres años antes de los atentados. «Se ha puesto en evidencia que al menos desde 2001 Trashorras y [Antonio] Toro tenían capacidad para obtener y proporcionar sustancia explosiva en cantidad notoria». La afirmación se basa en las declaraciones prestadas en la Audiencia por Francisco Javier Lavandera, que en 2001 ya había informado a la Guardia Civil de la trama de los explosivos.
«Aprovechándose de su trabajo anterior en Mina Conchita y su conocimiento de la actividad minera», prosigue el magistrado, «ofreció sustancias explosivas en 2003 [...] De forma habitual desde octubre de 2003 y durante los primeros meses de 2004 mantuvo contactos telefónicos y personales con los presuntos implicados en la ejecución de los atentados [...] dirigidos a conseguir las sustancias explosivas y detonadores a utilizar en los atentados del 11 de marzo, así como los del 2 de abril [AVE] y 3 de abril [Leganés]».
Los autos subrayan que Trashorras «carecía de la capacidad económica legítimamente obtenida para mantener su nivel de vida, lo que propiciaba una necesidad para conseguir ingresos económicos suplementarios (el análisis de las operaciones de sus tarjetas de débito muestra una ausencia de saldo)».
Primera negociación
Siguiendo el relato del magistrado, esa «disponibilidad» de Goma 2 «fue la que llevó» al primer contacto personal con la célula terrorista. El encuentro tuvo lugar el 28 de octubre de 2003 en Madrid. En un Mc Donald's de Carabanchel se encontraron Trashorras y El Chino, junto a otros procesados. «En esa reunión a José Emilio Suárez Trashorras se le pidieron, por parte de Jamal Ahmidan, 60 kilos de sustancia explosiva». El encuentro, al que siguieron otros, fue clave: «A raíz de esa reunión se genera la relación entre Trashorras y Ahmidan dirigida a facilitar sustancias explosivas».
Del Olmo se muestra convencido «del conocimiento que tenía Trashorras del radicalismo islamista de Jamal Ahmidan y su grupo, así como del destino que podían dar a los explosivos». Ese conocimiento es lo que le conduce a acusarle no sólo de traficar con la Goma 2 -como sucede con otros procesados, como los hermanos Toro-, sino de todos los asesinatos del 11-M y el 3 de abril. Para ello, el magistrado se basa en las declaraciones judiciales de El Gitanillo y en los careos que el propio Trashorras mantuvo con Antonio Toro y Rafa Zouhier.
El menor Gabriel M. V., el Gitanillo, es el único condenado hasta el momento por el 11-M. Pactó con la Fiscalía una condena de seis años de internamiento -que le permitía no tener que ingresar en una prisión común- a cambio de reconocer su participación en el traslado de la Goma 2, en un relato que implicaba de lleno a Trashorras.
Antes del gran traslado de explosivos que tuvo lugar dos semanas antes de los atentados, Trashorras organizó otros envíos menores utilizando tres correos. El Gitanillo y los procesados Iván Reis Palicio y Sergio Alvarez Sánchez «habrían realizado viajes desde Asturias a Madrid encomendados por Trashorras para trasladar presuntamente sustancias explosivas y/o detonadores que debían entregar a Jamal Ahmidan».
El juez considera clave un pasaje de una de las declaraciones de El Gitanillo: «Dice que un día hubo algo relacionado con un atentado de 500 kilos de explosivo y una furgoneta en un polígono, que eso podrían haber sido los moros, pero al ver que era un tema de ETA se olvidó de ello. Que días más tarde fueron los atentados del 11 de marzo, y Emilio le dijo textualmente: 'Menuda la que armó Mowgly [otro apodo de El Chino]'».
Según el magistrado, esta expresión implica «un conocimiento de las circunstancias que concurrían en Ahmidan para hacerle pensar a quien la pronuncia, que unos atentados como los del 11-M se los podía atribuir a Ahmidan inmediatamente de ejecutados».
Por otra parte, de los careos con Toro y Zouhier, cruzados con los datos de llamadas del los días 11 y 12 de marzo, sirven a Del Olmo para afirmar que «ya en ese momento Trashorras centró en Ahmidan y su grupo la presunta autoría de los atentados. Esta supuesta atribución sólo podría descansar en el conocimiento del radicalismo de Ahmidan [...] en su capacidad operativa para realizar tales atentados [...] y en una previa razón de confianza o de relación en orden a conocer las circunstancias previas a los atentados por su directa intervención en ellos».
El juez desestima por inverosímil la explicación aportada por Trashorras para los viajes entre Avilés y Madrid en enero y febrero de 2004. En lugar de llevar Goma 2, el ex minero mantuvo que lo que hacía era «devolver hachís en mal estado».
Un solo origen
Una vez que el juez da por acreditada «la coincidencia del origen de los detonadores y los explosivos, la empresa Caolines del Merillés [a la que pertenecía Mina Conchita]», añade la siguiente secuencia para explicar cómo el ex minero pudo hacerse con el material: había trabajado en esa empresa minera; siguió manteniendo contactos hasta febrero de 2004 con un empleado de la mina, Raúl González Peláez, al que suministraba cocaína; se desplazó a la mina y sus inmediaciones en el primer trimestre de 2004; tras alguno de esos desplazamientos, «hubo frases de Trashorras en el sentido de que todo estaba hecho (que todo estaba acordado y preparado para la entrega de la sustancia explosiva).
A continuación se produjo el traslado de la mayor parte del explosivo: «El 28 y 29 de febrero se desplazaron desde Madrid a Avilés tres de los suicidas de Leganés, y la única persona con la que contactaron en esos desplazamientos fue con Trashorras; Trashorras, junto al menor El Gitanillo, trasladó a los tres islamistas a Mina Conchita». Por último, «el propio Trashorras reconoció ante el juez que en el maletero del coche de los tres islamistas vio bolsas de explosivos».
Récord de acusaciones
MADRID.- Los más de dos años que el juez Del Olmo ha empleado en instruir la causa se traducen, en el caso de Trashorras, en un procesamiento por siete delitos diferentes, desde el asesinato consumado hasta el tráfico de drogas, un macabro récord que no supera ningún otros acusado del 11-M.
El juez le hace responsable de los 191 asesinatos consumados y los 1.755 en grado de tentativa (heridos) del 11 de marzo de 2004. Puesto que él fue quien presuntamente proporcionó el explosivo -algo indispensable para el atentado y además de difícil obtención por otras vía- Del Olmo le atribuye el papel de «cooperador necesario», que el Código Penal equipara al autor.
Pero, puesto que los explosivos también fueron empleados por los terroristas para suicidarse el 3 de abril en Leganés, también debe considerarse a Trashorras cooperador necesario en el asesinato del geo Torronteras. La responsabilidad se extiende a las heridas que recibieron otros 18 agentes del Grupo Especial de Operaciones.
Además, la legislación antiterrorista lleva a acusarle de cinco delitos de estragos: cuatro por los cuatro focos del atentado del 11-M y otro por Leganés. Por supuesto, el ex minero está procesado por un delito de tráfico, tenencia, suministro y depósito de sustancias explosivas.
Trashorras completa la larga lista con un delito de robo de vehículo (el Toyota Corolla que supuestamente le entregó 'El Chino'), otro de falsificación de documento oficial (por las placas de matrícula y documentación para lograr la transferencia del vehículo) y, por último, un delito contra la salud pública (tráfico de hachís).
En cuanto a la responsabilidad civil, el juez le reclama -de manera solidaria junto a Zougam y Bouchar- un total de 453.411.064 euros. Además, deberá hacer frente a la responsabilidad civil por el atentado en Leganés, que Del Olmo cifra en 8.387.451 euros: 400.000 euros por el geo fallecido, 3.600.000 por los heridos y 4.387.451 por los daños materiales.
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