LOS PERITOS Y ETA: UN ESCANDALO DENTRO DE OTRO ESCANDALO
13-11-06
Editorial
LOS PERITOS Y ETA: UN ESCANDALO DENTRO DE OTRO ESCANDALO
Editorial
LOS PERITOS Y ETA: UN ESCANDALO DENTRO DE OTRO ESCANDALO
Él tiene el pelo cano y las espaldas cansadas por 30 años de meticuloso y sobresaliente servicio público. Ella no ha querido que su única imagen pública fuera la de una mujer marcada, obligada a taparse el rostro ante el acoso de la prensa hostil. Son los dos primeros facultativos en el escalafón de la Policía Científica y, después de seis semanas de avatares judiciales, han decidido romper su silencio ante la opinión pública.
Su testimonio de hoy ante Casimiro García-Abadillo corrobora con la fuerza de la autenticidad que, por mucho que el Gobierno, sus aliados parlamentarios y sus siameses mediáticos hayan tratado primero de distorsionarlo y después de minimizarlo, estamos ante un doble escándalo de gravísimas implicaciones políticas.
(.../...)
El hecho de que, al cabo de haber realizado y firmado más de 3.000 análisis e informes durante 30 años de brillante desempeño, Escribano no haya vivido ningún otro episodio como este, en el que se le conmina «por orden de la superioridad» a modificar un documento para eliminar «lo de ETA», es ya suficientemente expresivo de la trascendencia de lo ocurrido. No estamos -como se ha pretendido- ante una rutinaria intervención de los mandos para enmendar el trabajo insatisfactorio de un subordinado, sino ante la insólita interferencia de un criterio político en un trabajo escrupulosamente profesional.
Durante esos 30 años de democracia nunca había ocurrido nada igual en la Policía Científica: ETA no podía aparecer vinculada al 11-M, ni siquiera a través de un vínculo lateral como la coincidencia en la posesión de ácido bórico. Tan inusual es el episodio que ambos peritos alegan, con muy buen fundamento, que la iniciativa tuvo que trascender el ámbito de la propia Policía Científica y que los cuatro mandos que la juez Gallego está a punto de sentar en el banquillo probablemente compartieron la decisión con la propia Comisaría General de Información que había encargado -a través de la UCIE- el informe.
Es obvio que, al margen del procedimiento judicial, aquí hay unas responsabilidades políticas que depurar, pues lo ocurrido demuestra que se manipuló la información del 11-M, privando al juez de un elemento cuya relevancia le tocaba a él ponderar, para favorecer las tesis gubernamentales sobre el atentado. Pero este escándalo que es policial y político encierra, además, en su interior otro escándalo que es judicial y político. Nos referimos al montaje urdido en la Audiencia por el juez Garzón y el fiscal jefe Zaragoza para darle la vuelta a la tortilla, exonerar a los mandos e imputar a los peritos. Ni un solo jurista digno de tal nombre ha avalado hasta ahora la peregrina argumentación que dio paso al linchamiento de quienes denunciaron la falsificación por el conducto reglamentario.
Los peritos afirman hoy que fueron víctimas de una «encerrona», fruto de un «apaño» entre el juez estrella y la «superioridad». Aportan para ello un dato esencial: la víspera de su comparecencia ante Garzón habían reconstruido ya con todo detalle lo ocurrido ante el instructor nombrado por el departamento de Asuntos Internos de la Policía. Toda la escenificación de Garzón, sintiéndose engañado al «descubrir» que los peritos habían vuelto a firmar la reimpresión de su documento en una fecha distinta de la consignada en el original, no habría sido pues sino puro teatro procesal para utilizarles como cortafuegos con el que proteger al Gobierno.
Todo esto es tan verosímil y probable que ha llegado el momento de cogerle la palabra al portavoz socialista Diego López Garrido, quien anunció su propósito de investigar quienes habían sido «los instigadores políticos de la falsificación». Zaplana dijo entonces que «por primera vez en mucho tiempo» estaba de acuerdo con él y le emplazó a que el Parlamento averiguara lo ocurrido. Ha llegado la hora de formalizar ese emplazamiento. Monsergas y divagaciones al margen, el PP tiene una excelente ocasión de demostrar su compromiso con la búsqueda de la verdad y su eficacia en la esencial labor opositora de controlar y denunciar los desmanes del Gobierno. Porque los desmanes están aquí muy claros y la mano del Gobierno, también.
Su testimonio de hoy ante Casimiro García-Abadillo corrobora con la fuerza de la autenticidad que, por mucho que el Gobierno, sus aliados parlamentarios y sus siameses mediáticos hayan tratado primero de distorsionarlo y después de minimizarlo, estamos ante un doble escándalo de gravísimas implicaciones políticas.
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El hecho de que, al cabo de haber realizado y firmado más de 3.000 análisis e informes durante 30 años de brillante desempeño, Escribano no haya vivido ningún otro episodio como este, en el que se le conmina «por orden de la superioridad» a modificar un documento para eliminar «lo de ETA», es ya suficientemente expresivo de la trascendencia de lo ocurrido. No estamos -como se ha pretendido- ante una rutinaria intervención de los mandos para enmendar el trabajo insatisfactorio de un subordinado, sino ante la insólita interferencia de un criterio político en un trabajo escrupulosamente profesional.
Durante esos 30 años de democracia nunca había ocurrido nada igual en la Policía Científica: ETA no podía aparecer vinculada al 11-M, ni siquiera a través de un vínculo lateral como la coincidencia en la posesión de ácido bórico. Tan inusual es el episodio que ambos peritos alegan, con muy buen fundamento, que la iniciativa tuvo que trascender el ámbito de la propia Policía Científica y que los cuatro mandos que la juez Gallego está a punto de sentar en el banquillo probablemente compartieron la decisión con la propia Comisaría General de Información que había encargado -a través de la UCIE- el informe.
Es obvio que, al margen del procedimiento judicial, aquí hay unas responsabilidades políticas que depurar, pues lo ocurrido demuestra que se manipuló la información del 11-M, privando al juez de un elemento cuya relevancia le tocaba a él ponderar, para favorecer las tesis gubernamentales sobre el atentado. Pero este escándalo que es policial y político encierra, además, en su interior otro escándalo que es judicial y político. Nos referimos al montaje urdido en la Audiencia por el juez Garzón y el fiscal jefe Zaragoza para darle la vuelta a la tortilla, exonerar a los mandos e imputar a los peritos. Ni un solo jurista digno de tal nombre ha avalado hasta ahora la peregrina argumentación que dio paso al linchamiento de quienes denunciaron la falsificación por el conducto reglamentario.
Los peritos afirman hoy que fueron víctimas de una «encerrona», fruto de un «apaño» entre el juez estrella y la «superioridad». Aportan para ello un dato esencial: la víspera de su comparecencia ante Garzón habían reconstruido ya con todo detalle lo ocurrido ante el instructor nombrado por el departamento de Asuntos Internos de la Policía. Toda la escenificación de Garzón, sintiéndose engañado al «descubrir» que los peritos habían vuelto a firmar la reimpresión de su documento en una fecha distinta de la consignada en el original, no habría sido pues sino puro teatro procesal para utilizarles como cortafuegos con el que proteger al Gobierno.
Todo esto es tan verosímil y probable que ha llegado el momento de cogerle la palabra al portavoz socialista Diego López Garrido, quien anunció su propósito de investigar quienes habían sido «los instigadores políticos de la falsificación». Zaplana dijo entonces que «por primera vez en mucho tiempo» estaba de acuerdo con él y le emplazó a que el Parlamento averiguara lo ocurrido. Ha llegado la hora de formalizar ese emplazamiento. Monsergas y divagaciones al margen, el PP tiene una excelente ocasión de demostrar su compromiso con la búsqueda de la verdad y su eficacia en la esencial labor opositora de controlar y denunciar los desmanes del Gobierno. Porque los desmanes están aquí muy claros y la mano del Gobierno, también.
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