Un mando de la Guardia Civil acusa al coronel Hernando de mentir al Parlamento
30-04-07
JUICIO POR UNA MASACRE / La investigación
Un mando de la Guardia Civil acusa al coronel Hernando de mentir al Parlamento
JUICIO POR UNA MASACRE / La investigación
Un mando de la Guardia Civil acusa al coronel Hernando de mentir al Parlamento
El teniente coronel Aldea informó al 'número 2' del Cuerpo en nota secreta de que el jefe de la UCO dio un testimonio «rotundamente falso» para evitar las «consecuencias» por su actuación previa al 11-M
CASIMIRO GARCIA-ABADILLO
MADRID. - El jefe de la Comandancia de Oviedo de la Guardia Civil, teniente coronel Fernando Aldea, acusó al coronel Félix Hernando, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), de haber dado información falsa en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, que se produjo el 20 de julio de 2004.
Como consecuencia de la declaración de diversos mandos de la Guardia Civil sobre la actuación de dicho Cuerpo en la investigación previa a los atentados del 11-M, el subdirector general de Operaciones, general José Manuel García Varela, solicitó al teniente coronel Aldea que le remitiera un escrito dándole cuenta de lo ocurrido.
El informe, calificado de secreto, que consta de 12 folios y figura en el sumario del 11-M, fue enviado al general García Varela el 11 de agosto de 2004.
En el citado escrito, Aldea se muestra enormemente crítico con Hernando, quien mantuvo ante la comisión parlamentaria que su unidad dejó de investigar la trama de la dinamita en febrero de 2003 y que en esas mismas fechas pasó toda la información de que disponía a la Comandancia de Asturias, porque, en opinión del jefe de la UCO, ésta era la «competente» para hacerlo.
(.../...)
«Es rotundamente falso», afirma el teniente coronel Aldea. En una nota elaborada por la UCO el 6 de marzo de 2003, se informa que dicha unidad «cubre una entrevista en la que se habla de tráfico de armas, conspiración para cometer un asesinato y de actividades en Madrid y Cádiz». «Claramente -señala Aldea- estamos ante un asunto de delincuencia organizada y de ámbito nacional».
El teniente coronel también acusa a Hernando de mentir al Parlamento cuando afirmó que los protocolos de la UCO obligaban a dar traslado de la investigación a Asturias. Según argumenta Aldea, «el manual de la Policía Judicial, vigente en esas fechas, especifica claramente que los asuntos de delincuencia organizada son competencia de la UCO. Es más, el vigente manual, le reserva en exclusiva los asuntos de tráfico de armas y explosivos».
El máximo responsable de la Comandancia de Oviedo reprocha al jefe de la UCO que dijera en el Congreso que se traspasó toda la información sobre la trama de explosivos a su Comandancia. «La nota -a la que hizo referencia el coronel Hernando- informa 'para conocimiento'. Prueba de que la UCO no finaliza (la investigación) es la nota de fecha 6-3-2003, donde se informa de los avances en la investigación y se demuestran las conexiones con mafias organizadas y de ámbito nacional», sostiene Aldea.
En la información remitida al general García Varela, el teniente coronel Aldea también denuncia la inaudita petición del alférez Jaime Trigo (más conocido como Víctor, el controlador de Rafá Zouhier) de destrucción de pruebas. «Jaime Trigo -relata Aldea-, en la tarde anterior a su comparecencia ante la Comisión del 11-M, se pone en contacto con el comandante jefe de Operaciones de esta Comandancia (Javier Jambrina) para pedirle que destruya esa nota de la que sólo obra copia en ambas unidades.
Aldea da una explicación coherente en su escrito a esta sospechosa petición por parte del ahora teniente Víctor: «Todo esto pone de manifiesto que la UCO, viéndose comprometida por su actuación en la investigación de la trama de los explosivos, decidió aferrarse a la nota anterior (27-2-2004) para presentarla como un documento de cierre y traspaso de su investigación, para poder desentenderse de consecuencias posteriores».
El documento remitido por Aldea no sólo supone un rotundo varapalo para Hernando, sino que cuestiona también la actuación del entonces jefe de la Comandancia de Asturias (entonces, coronel Pedro Laguna) y del jefe de la Comandancia de Gijón (entonces, teniente coronel Antonio Rodríguez Bolinaga).
Ambos, según el teniente coronel Aldea, subestimaron la información suministrada por su Comandancia (recabada fundamentalmente por el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Oviedo, Pedro Amable Marful), sino que se opusieron a la creación de un equipo de investigación conjunto de la Policía Judicial de las comandancias (EDOA) de Asturias.
La UCO, por su parte, se negó a aportar información en tiempo y forma sobre la actividad delictiva de la trama asturiana para poder lograr, como pretendía Marful, autorización judicial para pinchar los teléfonos de Suárez Trashorras y Antonio Toro, entre otros.
Aun con todas las dificultades, la Comandancia de Oviedo siguió investigando dicha trama hasta septiembre de 2003, dejándola a partir de esa fecha «en estado durmiente».
Como es sabido, el Ministerio del Interior decidió en noviembre de 2004 destituir a Rodríguez Bolinaga de su puesto por «pérdida de confianza». Como se recordará, el ex jefe de la Comandancia de Gijón ocultó al juez la llamada cinta de Cancienes, en la que se recogía la conversación entre el agente Campillo y su confidente Lavandera. Laguna, sin embargo, fue ascendido a general. Hernando continúa siendo responsable de la UCO.
Víctor fue informado por parte de Rafa Zouhier de la trama de explosivos al frente de la cual se encontraban Toro y su cuñado Suárez Trashorras (a quien la UCO llegó incluso a fotografiar). También recibió información por parte de la fuente identificada como «A-1» de que Toro poseía 150 kilos de explosivos.
Como se recordará, el presidente del tribunal del 11-M, Javier Gómez Bermúdez, llamó la atención a Víctor porque éste olvidara mencionar en su declaración ante el juez instructor el detalle de que una fuente le hubiera informado de que Toro tenía dicha cantidad de explosivo.
La gran incógnita todavía por despejar es hasta cuando la UCO siguió investigando la trama de los explosivos, si es que alguna vez dejó de hacerlo antes del 11 de Marzo.
CASIMIRO GARCIA-ABADILLO
MADRID. - El jefe de la Comandancia de Oviedo de la Guardia Civil, teniente coronel Fernando Aldea, acusó al coronel Félix Hernando, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), de haber dado información falsa en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, que se produjo el 20 de julio de 2004.
Como consecuencia de la declaración de diversos mandos de la Guardia Civil sobre la actuación de dicho Cuerpo en la investigación previa a los atentados del 11-M, el subdirector general de Operaciones, general José Manuel García Varela, solicitó al teniente coronel Aldea que le remitiera un escrito dándole cuenta de lo ocurrido.
El informe, calificado de secreto, que consta de 12 folios y figura en el sumario del 11-M, fue enviado al general García Varela el 11 de agosto de 2004.
En el citado escrito, Aldea se muestra enormemente crítico con Hernando, quien mantuvo ante la comisión parlamentaria que su unidad dejó de investigar la trama de la dinamita en febrero de 2003 y que en esas mismas fechas pasó toda la información de que disponía a la Comandancia de Asturias, porque, en opinión del jefe de la UCO, ésta era la «competente» para hacerlo.
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«Es rotundamente falso», afirma el teniente coronel Aldea. En una nota elaborada por la UCO el 6 de marzo de 2003, se informa que dicha unidad «cubre una entrevista en la que se habla de tráfico de armas, conspiración para cometer un asesinato y de actividades en Madrid y Cádiz». «Claramente -señala Aldea- estamos ante un asunto de delincuencia organizada y de ámbito nacional».
El teniente coronel también acusa a Hernando de mentir al Parlamento cuando afirmó que los protocolos de la UCO obligaban a dar traslado de la investigación a Asturias. Según argumenta Aldea, «el manual de la Policía Judicial, vigente en esas fechas, especifica claramente que los asuntos de delincuencia organizada son competencia de la UCO. Es más, el vigente manual, le reserva en exclusiva los asuntos de tráfico de armas y explosivos».
El máximo responsable de la Comandancia de Oviedo reprocha al jefe de la UCO que dijera en el Congreso que se traspasó toda la información sobre la trama de explosivos a su Comandancia. «La nota -a la que hizo referencia el coronel Hernando- informa 'para conocimiento'. Prueba de que la UCO no finaliza (la investigación) es la nota de fecha 6-3-2003, donde se informa de los avances en la investigación y se demuestran las conexiones con mafias organizadas y de ámbito nacional», sostiene Aldea.
En la información remitida al general García Varela, el teniente coronel Aldea también denuncia la inaudita petición del alférez Jaime Trigo (más conocido como Víctor, el controlador de Rafá Zouhier) de destrucción de pruebas. «Jaime Trigo -relata Aldea-, en la tarde anterior a su comparecencia ante la Comisión del 11-M, se pone en contacto con el comandante jefe de Operaciones de esta Comandancia (Javier Jambrina) para pedirle que destruya esa nota de la que sólo obra copia en ambas unidades.
Aldea da una explicación coherente en su escrito a esta sospechosa petición por parte del ahora teniente Víctor: «Todo esto pone de manifiesto que la UCO, viéndose comprometida por su actuación en la investigación de la trama de los explosivos, decidió aferrarse a la nota anterior (27-2-2004) para presentarla como un documento de cierre y traspaso de su investigación, para poder desentenderse de consecuencias posteriores».
El documento remitido por Aldea no sólo supone un rotundo varapalo para Hernando, sino que cuestiona también la actuación del entonces jefe de la Comandancia de Asturias (entonces, coronel Pedro Laguna) y del jefe de la Comandancia de Gijón (entonces, teniente coronel Antonio Rodríguez Bolinaga).
Ambos, según el teniente coronel Aldea, subestimaron la información suministrada por su Comandancia (recabada fundamentalmente por el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Oviedo, Pedro Amable Marful), sino que se opusieron a la creación de un equipo de investigación conjunto de la Policía Judicial de las comandancias (EDOA) de Asturias.
La UCO, por su parte, se negó a aportar información en tiempo y forma sobre la actividad delictiva de la trama asturiana para poder lograr, como pretendía Marful, autorización judicial para pinchar los teléfonos de Suárez Trashorras y Antonio Toro, entre otros.
Aun con todas las dificultades, la Comandancia de Oviedo siguió investigando dicha trama hasta septiembre de 2003, dejándola a partir de esa fecha «en estado durmiente».
Como es sabido, el Ministerio del Interior decidió en noviembre de 2004 destituir a Rodríguez Bolinaga de su puesto por «pérdida de confianza». Como se recordará, el ex jefe de la Comandancia de Gijón ocultó al juez la llamada cinta de Cancienes, en la que se recogía la conversación entre el agente Campillo y su confidente Lavandera. Laguna, sin embargo, fue ascendido a general. Hernando continúa siendo responsable de la UCO.
Víctor fue informado por parte de Rafa Zouhier de la trama de explosivos al frente de la cual se encontraban Toro y su cuñado Suárez Trashorras (a quien la UCO llegó incluso a fotografiar). También recibió información por parte de la fuente identificada como «A-1» de que Toro poseía 150 kilos de explosivos.
Como se recordará, el presidente del tribunal del 11-M, Javier Gómez Bermúdez, llamó la atención a Víctor porque éste olvidara mencionar en su declaración ante el juez instructor el detalle de que una fuente le hubiera informado de que Toro tenía dicha cantidad de explosivo.
La gran incógnita todavía por despejar es hasta cuando la UCO siguió investigando la trama de los explosivos, si es que alguna vez dejó de hacerlo antes del 11 de Marzo.
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