ETA suspendió tras el 11-M un atentado múltiple previsto para el mes de julio
09-10-04
ETA suspendió tras el 11-M un atentado múltiple previsto para el mes de julio
Había planeado hacer estallar simultáneamente cuatro coches bomba - Según la documentación incautada, la dirección había ordenado construir una 'cárcel del pueblo' para realizar un secuestro
ANGELES ESCRIVA
ETA suspendió tras el 11-M un atentado múltiple previsto para el mes de julio
Había planeado hacer estallar simultáneamente cuatro coches bomba - Según la documentación incautada, la dirección había ordenado construir una 'cárcel del pueblo' para realizar un secuestro
ANGELES ESCRIVA
BILBAO.- La banda terrorista ETA diseñó una estrategia consistente en varios atentados y al menos un secuestro que iba a ser desarrollada a partir del pasado verano pero que fue abortada por la matanza del 11 de Marzo en Madrid.
Esto es lo que se deduce de una parte de la información incautada en la operación policial que se desarrolló en la madrugada del pasado domingo y en la que fueron detenidos Mikel Albizu, Antza, y Soledad Iparragirre, Anboto.
(.../...)
Según la citada información, ETA había planeado antes del mes de marzo la colocación de cuatro coches bomba que iban a ser preparados para estallar de manera simultánea. Todavía se desconoce la ciudad o ciudades que habían sido elegidas como objetivo de dichos atentados, pero sí se sabe que la banda terrorista tenía la intención de que el plan fuera ejecutado en julio de 2004.
Se trataría de emular con mayor contundencia los atentados que la banda perpetró, en este caso de manera encadenada, durante los días en que se celebró la cumbre final de la presidencia española de la Unión Europea, mediante una acción que tendría una evidente lectura política.
Las Fuerzas de Seguridad también han podido encontrar documentación en la que se recogen órdenes precisas para la construcción de un zulo donde ocultar a un secuestrado, y con el que se intentaría suplir los lugares donde fueron encerrados Ortega Lara y Cosme Delclaux, que fueron desmantelados. Los investigadores están convencidos de que, desde que esa orden fue impartida hasta ahora, a ETA le ha dado tiempo de construir el habitáculo -la que denominan, en terminología etarra, «cárcel del pueblo»- y, aunque buscan pistas para su localización, son conscientes de la dificultad que esto entraña y de las pocas posibilidades de conseguirlo.
Atribuyen su construcción a un grupo dedicado exclusivamente a estas funciones, distinto del que ha estado empleándose en la ejecución de los llamados secuestros express, por los que varios empresarios han sido retenidos durante horas mientras su familia depositaba el dinero que se les exigía. No se descarta de hecho, y es una hipótesis que las Fuerzas de Seguridad han venido manejando en los últimos meses, que, precisamente un empresario, fuera la víctima destinada a ocupar el zulo.
Se hace referencia asimismo a la colocación de un coche bomba durante la celebración de un partido de fútbol internacional, para obligar a suspenderlo y conseguir de este modo una mayor repercusión fuera de nuestras fronteras.
El hecho es que el atentado del 11 de marzo obligó a la banda terrorista a suspender sus planes, consciente de que en aquellos momentos podían ser contraproducentes incluso entre parte de sus propias bases, y a sustituirlos por una campaña de verano de perfil bajo.
Estas referencias demuestran, por otra parte, que la banda terrorista no había puesto en marcha una tregua tácita como han llegado a asegurar representantes de la izquierda abertzale radical ante su inactividad y que tampoco estaba dispuesta a que transcurrieran en calma los meses previos a la aprobación o desestimación del Plan Ibarretxe en el Parlamento vasco.
Cambios
Las investigaciones van cambiando asimismo algunas impresiones que, sobre algunos puntos de la operación, trascendieron en un primer momento. Fuentes de la investigación confirman que Anboto y Antza fueron localizados por casualidad cuando lo que se buscaba era desmantelar el llamado «supermercado de ETA», en referencia a los almacenes donde la banda guardaba el material recientemente comprado en el mercado negro. No se descarta que los terroristas puedan tener explosivos en otros lugares.
Respecto a los misiles, puede que la banda hubiera logrado hacerlos operativos, pero hay documentación que demuestra que los propios terroristas consideraban que habían realizado una «mala compra» y tenían la intención de ponerse en contacto con quienes se los habían vendido, porque algún defecto les había impedido considerarlos válidos.
Por otra parte, han sido puestos en libertad seis de los siete detenidos entre el miércoles y el jueves de esta semana en el País Vasco y Navarra por su presunta relación con ETA. Tres de ellos lo fueron por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, y otros tres por la propia Guardia Civil, que ha solicitado al magistrado prorrogar la detención policial del último de los arrestados, José Luis Beotegi Sánchez, que previsiblemente prestará declaración el próximo lunes.
Apagón
Los liberados son Aimar Aiarza, Juan José Zarautz, Maria Aránzazu Sánchez Larrarte, Ramón Unanue Urdanpilleta, Aimar Guzón y Ascensión Canellada. A la espera, por tanto, de lo que decida el magistrado con respecto a Beotegi, por el momento únicamente ha ingresado en prisión, de los arrestados en España, el camionero Pedro María Alcantarilla, detenido en Burgos el pasado domingo y considerado, entre otras cosas, quien propuso a la dirección de ETA que se efectuaran los sabotajes contra las instalaciones de alta tensión realizados los pasados 25 y 26 de septiembre en Guipúzcoa.
ETA, según la agencia Europa Press, pretendía provocar un gran apagón a ambos lados de la frontera con la colocación de los citados artefactos. Este camionero, que se negó a declarar ante el juez, también ha confesado en los interrogatorios efectuados por la Guardia Civil haber conducido al etarra Asier Oiartzabal hasta la vivienda que un militar español posee en el sur de Francia y haber propuesto los sabotajes contra la construcción de la presa Navarra de Itoiz. Estas obras han sufrido varias agresiones, que en una ocasión costaron a sus autores penas de cuatro años y 10 meses de cárcel.
Su declaración ante el juez se produjo de manera inhabitual: el magistrado permitió que le asistiera su abogado, rompiendo así la incomunicación a la que los miembros de ETA suelen estar sujetos.
Los siete arrestos habidos entre el miércoles y el jueves lo fueron, asimismo, a raíz de los datos proporcionados por Alcantarilla, quien aseguró que había dado a ETA los nombres de los detenidos, convencido de que mostrarían su interés en colaborar. Varios desmintieron que la banda terrorista se hubiera puesto en contacto con ellos y otros aseguraron haber dado una negativa tajante a quien intentó captarlos.
Esto es lo que se deduce de una parte de la información incautada en la operación policial que se desarrolló en la madrugada del pasado domingo y en la que fueron detenidos Mikel Albizu, Antza, y Soledad Iparragirre, Anboto.
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Según la citada información, ETA había planeado antes del mes de marzo la colocación de cuatro coches bomba que iban a ser preparados para estallar de manera simultánea. Todavía se desconoce la ciudad o ciudades que habían sido elegidas como objetivo de dichos atentados, pero sí se sabe que la banda terrorista tenía la intención de que el plan fuera ejecutado en julio de 2004.
Se trataría de emular con mayor contundencia los atentados que la banda perpetró, en este caso de manera encadenada, durante los días en que se celebró la cumbre final de la presidencia española de la Unión Europea, mediante una acción que tendría una evidente lectura política.
Las Fuerzas de Seguridad también han podido encontrar documentación en la que se recogen órdenes precisas para la construcción de un zulo donde ocultar a un secuestrado, y con el que se intentaría suplir los lugares donde fueron encerrados Ortega Lara y Cosme Delclaux, que fueron desmantelados. Los investigadores están convencidos de que, desde que esa orden fue impartida hasta ahora, a ETA le ha dado tiempo de construir el habitáculo -la que denominan, en terminología etarra, «cárcel del pueblo»- y, aunque buscan pistas para su localización, son conscientes de la dificultad que esto entraña y de las pocas posibilidades de conseguirlo.
Atribuyen su construcción a un grupo dedicado exclusivamente a estas funciones, distinto del que ha estado empleándose en la ejecución de los llamados secuestros express, por los que varios empresarios han sido retenidos durante horas mientras su familia depositaba el dinero que se les exigía. No se descarta de hecho, y es una hipótesis que las Fuerzas de Seguridad han venido manejando en los últimos meses, que, precisamente un empresario, fuera la víctima destinada a ocupar el zulo.
Se hace referencia asimismo a la colocación de un coche bomba durante la celebración de un partido de fútbol internacional, para obligar a suspenderlo y conseguir de este modo una mayor repercusión fuera de nuestras fronteras.
El hecho es que el atentado del 11 de marzo obligó a la banda terrorista a suspender sus planes, consciente de que en aquellos momentos podían ser contraproducentes incluso entre parte de sus propias bases, y a sustituirlos por una campaña de verano de perfil bajo.
Estas referencias demuestran, por otra parte, que la banda terrorista no había puesto en marcha una tregua tácita como han llegado a asegurar representantes de la izquierda abertzale radical ante su inactividad y que tampoco estaba dispuesta a que transcurrieran en calma los meses previos a la aprobación o desestimación del Plan Ibarretxe en el Parlamento vasco.
Cambios
Las investigaciones van cambiando asimismo algunas impresiones que, sobre algunos puntos de la operación, trascendieron en un primer momento. Fuentes de la investigación confirman que Anboto y Antza fueron localizados por casualidad cuando lo que se buscaba era desmantelar el llamado «supermercado de ETA», en referencia a los almacenes donde la banda guardaba el material recientemente comprado en el mercado negro. No se descarta que los terroristas puedan tener explosivos en otros lugares.
Respecto a los misiles, puede que la banda hubiera logrado hacerlos operativos, pero hay documentación que demuestra que los propios terroristas consideraban que habían realizado una «mala compra» y tenían la intención de ponerse en contacto con quienes se los habían vendido, porque algún defecto les había impedido considerarlos válidos.
Por otra parte, han sido puestos en libertad seis de los siete detenidos entre el miércoles y el jueves de esta semana en el País Vasco y Navarra por su presunta relación con ETA. Tres de ellos lo fueron por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, y otros tres por la propia Guardia Civil, que ha solicitado al magistrado prorrogar la detención policial del último de los arrestados, José Luis Beotegi Sánchez, que previsiblemente prestará declaración el próximo lunes.
Apagón
Los liberados son Aimar Aiarza, Juan José Zarautz, Maria Aránzazu Sánchez Larrarte, Ramón Unanue Urdanpilleta, Aimar Guzón y Ascensión Canellada. A la espera, por tanto, de lo que decida el magistrado con respecto a Beotegi, por el momento únicamente ha ingresado en prisión, de los arrestados en España, el camionero Pedro María Alcantarilla, detenido en Burgos el pasado domingo y considerado, entre otras cosas, quien propuso a la dirección de ETA que se efectuaran los sabotajes contra las instalaciones de alta tensión realizados los pasados 25 y 26 de septiembre en Guipúzcoa.
ETA, según la agencia Europa Press, pretendía provocar un gran apagón a ambos lados de la frontera con la colocación de los citados artefactos. Este camionero, que se negó a declarar ante el juez, también ha confesado en los interrogatorios efectuados por la Guardia Civil haber conducido al etarra Asier Oiartzabal hasta la vivienda que un militar español posee en el sur de Francia y haber propuesto los sabotajes contra la construcción de la presa Navarra de Itoiz. Estas obras han sufrido varias agresiones, que en una ocasión costaron a sus autores penas de cuatro años y 10 meses de cárcel.
Su declaración ante el juez se produjo de manera inhabitual: el magistrado permitió que le asistiera su abogado, rompiendo así la incomunicación a la que los miembros de ETA suelen estar sujetos.
Los siete arrestos habidos entre el miércoles y el jueves lo fueron, asimismo, a raíz de los datos proporcionados por Alcantarilla, quien aseguró que había dado a ETA los nombres de los detenidos, convencido de que mostrarían su interés en colaborar. Varios desmintieron que la banda terrorista se hubiera puesto en contacto con ellos y otros aseguraron haber dado una negativa tajante a quien intentó captarlos.
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