El PP recurre al Constitucional 114 de los 223 artículos del Estatuto catalán
1-08-06
MODELO DE ESTADO / Los diputados 'populares' señalan que son inconstitucionales 114 de sus 223 artículos y 12 de sus 22 disposiciones / Afirman que tratan de evitar que con su entrada en vigor se produzcan «daños irreparables»
El PP recurre al Constitucional 114 de los 223 artículos del Estatuto catalán
Considera que es una 'Constitución paralela' y argumenta que se trata de 'impedir que los daños se conviertan en irreparables' El Gobierno acusa al PP de 'ignorar y pisotear' la Carta Magna
AGUSTIN YANEL
MADRID.- Tal y como Mariano Rajoy había anunciado desde el primer momento, el PP presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que el Congreso aprobó en marzo pasado y que entrará en vigor el 9 de agosto. Los populares afirman que, más que una ley para la comunidad catalana, es una auténtica «Constitución paralela», que invade competencias que corresponden al Estado.
Consideran inconstitucionales nada menos que 114 de sus 223 artículos y 12 de sus 22 disposiciones, más de la mitad de su texto.
(.../...)
Los diputados Federico Trillo-Figueroa y Soraya Sáenz de Santamaría, que han preparado el recurso asesorados por un numeroso grupo de catedráticos de Derecho, lo presentaron ayer en el Tribunal Constitucional. Después explicaron a los periodistas que han recurrido ahora, sin esperar siquiera a que entre en vigor el próximo 9 de agosto, para «impedir que los daños se conviertan en irreparables».
El Gobierno, mediante declaraciones del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, acusó al PP de «ignorar y pisotear» la Constitución por haber planteado un recurso contra el Estatuto catalán.
El nuevo Estatuto de Autonomía catalán es, según el PP, «un texto oscuro, sin prestancia técnica, difícil de interpretar y con determinaciones pormenorizadas que provocarán innumerables conflictos». «Una comunidad histórica como Cataluña, con los valores que el nuevo Estatuto proclama en su preámbulo, no merece una norma de tan ínfima calidad», añade.
Los populares piden al Tribunal Constitucional que tramite el recurso con carácter «prioritario y urgente», para evitar que entre en vigor y provoque los daños irreparables que, según el PP, acarreará. En este sentido, recuerdan que su puesta en práctica obligará a modificar más de 30 leyes del Estado, cosa que no se realizará si los magistrados acepten sus argumentos.
En los 408 folios del recurso, que firman 100 diputados del PP -el doble de los 50 exigidos legalmente-, se analizan con detalle todos los aspectos que los populares han combatido desde que el proyecto de ley empezó a ser tramitado. Estos son algunos argumentos:
La 'nación' catalana.
En el preámbulo del nuevo Estatuto se indica que «el Parlamento catalán, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación».
Frente a esa definición, el PP indica que el concepto de nación corresponde exclusivamente «al conjunto del pueblo o del Estado», tal y como se recoge en la actual Constitución y como ha indicado en numerosas sentencias el Constitucional.
«Para nosotros no hay más nación que la nación española, sin que puedan equipararse las nacionalidades y regiones», dijo Trillo.
La lengua catalana.
El PP impugna todos los apartados del Estatuto que, según se indica en el recurso, «imponen el deber de conocer la lengua catalana», cuando lo que debe ser es un derecho, según la diputada Sáenz de Santamaría. En este sentido, los populares consideran inconstitucional que no se establezca el derecho de los padres a elegir la enseñanza en castellano para sus hijos cuando lo deseen; la obligación de utilizar la lengua autonómica en la Administración de Justicia, fiscalías y registros públicos; las exigencias a las empresas en esta materia...
Derechos y deberes.
También impugna los apartados del Estatuto en los que se establece una serie de derechos y deberes porque, según explicó Federico Trillo, «no puede haber una regulación diferente a la de la Constitución» porque esto significaría ir en contra de la igualdad de todos los españoles.
«Impugnamos todos los preceptos que rompen esa igualdad y que suponen un intervencionismo en la vida de los catalanes que la Constitución no permite», añadió.
Poder Judicial.
Es uno de los capítulos más extensos del recurso del PP. Y, según los populares, esta parte del texto es en la que se demuestra de manera más clara que pretende convertirse en «una Constitución paralela».
Por eso, el PP denuncia que no puede existir un Poder Judicial propio de Cataluña, puesto que rompería la unidad del Poder Judicial de todo el Estado, lo que se traduciría de nuevo en una vulneración del principio de igualdad de los españoles.
Según el PP, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deja al Tribunal Supremo competencias sólo para resolver los recursos de unificación de la doctrina. También impugnan la creación de un Consejo de Justicia catalán que no tiene sólo carácter consultivo, sino que es un órgano de gobierno de los jueces, equiparable al Consejo General del Poder Judicial para el conjunto del Estado. ¿Por qué se hace esto? En opinión de Trillo, «porque se quiere aplicar un Poder Judicial autonómico y territorializado, que rompe el esquema básico en cualquier estado de Derecho de la unidad del Poder Judicial».
Competencias.
En el PP consideran inconstitucional que en el Estatuto se fijen unas competencias exclusivas de la Generalitat: eso se debe hacer en la Constitución y corresponde al Estado, no a una ley autonómica, indican los populares.
Relaciones Estado-Generalitat.
El PP rechaza que en el Estatuto se establezca una relación «bilateral» entre la Generalitat catalana y el Estado. Los parlamentarios populares consideran que este aspecto no sólo supone otro ataque a la igualdad de todos los españoles, con independencia del lugar en donde vivan, sino que sustituye el principio de «colaboración» entre las distintas comunidades por un modelo de «dualismo» entre el Gobierno catalán y el Estado.
Financiación.
En el PP dicen que el sistema de financiación «propio y distinto» que establece el Estatuto para Cataluña rompe el principio de solidaridad entre las distintas autonomías.
En el PP están convencidos de que el Constitucional admitirá su recurso y les dará la razón. Esperan que lo resuelva antes de concluir esta legislatura, dentro de dos años.
Las claves del recurso
Constitución. «Es constitucionalmente inaceptable que un Estatuto pretenda suplantar la función normativa de la Constitución o tratar de equipararse, ni siquiera en su aspecto externo, a aquélla».
Bilateralidad. «Resultan completamente inaceptables innumerables determinaciones del Estatuto, según las cuáles las relaciones entre la Generalitat y el Estado se rigen por el principio de bilateralidad».
Competencias. «El denominado 'blindaje' de las competencias ha consistido en que el Estatuto ha asumido, en sustitución de la legislación básica estatal, la tarea de precisar las competencias no sólo autonómicas, sino que ha fijado qué le corresponde al Estado».
Nación. «Declarar en el preámbulo que el Parlamento catalán ha establecido que Cataluña es una nación no es acogible en una ley del Estado por el simple hecho de que el Parlamento de Cataluña lo haya acordado».
Enseñanza. «Es inconstitucional establecer el derecho a recibir la enseñanza en catalán, sin hacerlo al mismo tiempo con la enseñanza en castellano».
Poder Judicial. «Son inconstitucionales todos los artículos que regulan aspectos esenciales de la organización del CGPJ».
Financiación. «El Estatuto ha 'elaborado' los Presupuestos del Estado para siete años y se trata de imponerlos a las Cortes».
Texto íntegro del recurso
El PP recurre al Constitucional 114 de los 223 artículos del Estatuto catalán
Considera que es una 'Constitución paralela' y argumenta que se trata de 'impedir que los daños se conviertan en irreparables' El Gobierno acusa al PP de 'ignorar y pisotear' la Carta Magna
AGUSTIN YANEL
MADRID.- Tal y como Mariano Rajoy había anunciado desde el primer momento, el PP presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que el Congreso aprobó en marzo pasado y que entrará en vigor el 9 de agosto. Los populares afirman que, más que una ley para la comunidad catalana, es una auténtica «Constitución paralela», que invade competencias que corresponden al Estado.
Consideran inconstitucionales nada menos que 114 de sus 223 artículos y 12 de sus 22 disposiciones, más de la mitad de su texto.
(.../...)
Los diputados Federico Trillo-Figueroa y Soraya Sáenz de Santamaría, que han preparado el recurso asesorados por un numeroso grupo de catedráticos de Derecho, lo presentaron ayer en el Tribunal Constitucional. Después explicaron a los periodistas que han recurrido ahora, sin esperar siquiera a que entre en vigor el próximo 9 de agosto, para «impedir que los daños se conviertan en irreparables».
El Gobierno, mediante declaraciones del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, acusó al PP de «ignorar y pisotear» la Constitución por haber planteado un recurso contra el Estatuto catalán.
El nuevo Estatuto de Autonomía catalán es, según el PP, «un texto oscuro, sin prestancia técnica, difícil de interpretar y con determinaciones pormenorizadas que provocarán innumerables conflictos». «Una comunidad histórica como Cataluña, con los valores que el nuevo Estatuto proclama en su preámbulo, no merece una norma de tan ínfima calidad», añade.
Los populares piden al Tribunal Constitucional que tramite el recurso con carácter «prioritario y urgente», para evitar que entre en vigor y provoque los daños irreparables que, según el PP, acarreará. En este sentido, recuerdan que su puesta en práctica obligará a modificar más de 30 leyes del Estado, cosa que no se realizará si los magistrados acepten sus argumentos.
En los 408 folios del recurso, que firman 100 diputados del PP -el doble de los 50 exigidos legalmente-, se analizan con detalle todos los aspectos que los populares han combatido desde que el proyecto de ley empezó a ser tramitado. Estos son algunos argumentos:
La 'nación' catalana.
En el preámbulo del nuevo Estatuto se indica que «el Parlamento catalán, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación».
Frente a esa definición, el PP indica que el concepto de nación corresponde exclusivamente «al conjunto del pueblo o del Estado», tal y como se recoge en la actual Constitución y como ha indicado en numerosas sentencias el Constitucional.
«Para nosotros no hay más nación que la nación española, sin que puedan equipararse las nacionalidades y regiones», dijo Trillo.
La lengua catalana.
El PP impugna todos los apartados del Estatuto que, según se indica en el recurso, «imponen el deber de conocer la lengua catalana», cuando lo que debe ser es un derecho, según la diputada Sáenz de Santamaría. En este sentido, los populares consideran inconstitucional que no se establezca el derecho de los padres a elegir la enseñanza en castellano para sus hijos cuando lo deseen; la obligación de utilizar la lengua autonómica en la Administración de Justicia, fiscalías y registros públicos; las exigencias a las empresas en esta materia...
Derechos y deberes.
También impugna los apartados del Estatuto en los que se establece una serie de derechos y deberes porque, según explicó Federico Trillo, «no puede haber una regulación diferente a la de la Constitución» porque esto significaría ir en contra de la igualdad de todos los españoles.
«Impugnamos todos los preceptos que rompen esa igualdad y que suponen un intervencionismo en la vida de los catalanes que la Constitución no permite», añadió.
Poder Judicial.
Es uno de los capítulos más extensos del recurso del PP. Y, según los populares, esta parte del texto es en la que se demuestra de manera más clara que pretende convertirse en «una Constitución paralela».
Por eso, el PP denuncia que no puede existir un Poder Judicial propio de Cataluña, puesto que rompería la unidad del Poder Judicial de todo el Estado, lo que se traduciría de nuevo en una vulneración del principio de igualdad de los españoles.
Según el PP, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deja al Tribunal Supremo competencias sólo para resolver los recursos de unificación de la doctrina. También impugnan la creación de un Consejo de Justicia catalán que no tiene sólo carácter consultivo, sino que es un órgano de gobierno de los jueces, equiparable al Consejo General del Poder Judicial para el conjunto del Estado. ¿Por qué se hace esto? En opinión de Trillo, «porque se quiere aplicar un Poder Judicial autonómico y territorializado, que rompe el esquema básico en cualquier estado de Derecho de la unidad del Poder Judicial».
Competencias.
En el PP consideran inconstitucional que en el Estatuto se fijen unas competencias exclusivas de la Generalitat: eso se debe hacer en la Constitución y corresponde al Estado, no a una ley autonómica, indican los populares.
Relaciones Estado-Generalitat.
El PP rechaza que en el Estatuto se establezca una relación «bilateral» entre la Generalitat catalana y el Estado. Los parlamentarios populares consideran que este aspecto no sólo supone otro ataque a la igualdad de todos los españoles, con independencia del lugar en donde vivan, sino que sustituye el principio de «colaboración» entre las distintas comunidades por un modelo de «dualismo» entre el Gobierno catalán y el Estado.
Financiación.
En el PP dicen que el sistema de financiación «propio y distinto» que establece el Estatuto para Cataluña rompe el principio de solidaridad entre las distintas autonomías.
En el PP están convencidos de que el Constitucional admitirá su recurso y les dará la razón. Esperan que lo resuelva antes de concluir esta legislatura, dentro de dos años.
Las claves del recurso
Constitución. «Es constitucionalmente inaceptable que un Estatuto pretenda suplantar la función normativa de la Constitución o tratar de equipararse, ni siquiera en su aspecto externo, a aquélla».
Bilateralidad. «Resultan completamente inaceptables innumerables determinaciones del Estatuto, según las cuáles las relaciones entre la Generalitat y el Estado se rigen por el principio de bilateralidad».
Competencias. «El denominado 'blindaje' de las competencias ha consistido en que el Estatuto ha asumido, en sustitución de la legislación básica estatal, la tarea de precisar las competencias no sólo autonómicas, sino que ha fijado qué le corresponde al Estado».
Nación. «Declarar en el preámbulo que el Parlamento catalán ha establecido que Cataluña es una nación no es acogible en una ley del Estado por el simple hecho de que el Parlamento de Cataluña lo haya acordado».
Enseñanza. «Es inconstitucional establecer el derecho a recibir la enseñanza en catalán, sin hacerlo al mismo tiempo con la enseñanza en castellano».
Poder Judicial. «Son inconstitucionales todos los artículos que regulan aspectos esenciales de la organización del CGPJ».
Financiación. «El Estatuto ha 'elaborado' los Presupuestos del Estado para siete años y se trata de imponerlos a las Cortes».
Texto íntegro del recurso
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